Abir Hanssan Faysal

Expediente 981/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 8 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
981/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Abir Hanssan Faysal
  • Sayem .

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se trae a colación el oficio firmado por la Jefa de Departamento de Asuntos Jurídicos 10, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con sede en esta ciudad, y anexos, con número de promoción 16969, con la cual en cumplimiento al proveído de dieciséis de octubre del año en curso (fojas 128-130), remitió diversas constancias relativas a los actos reclamados (fojas 136-166). Documentales a las que se les concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2. Al respecto, sirve de apoyo la jurisprudencia del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Ahora, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados a la autoridad responsable, consistentes en la dilación en el inicio del trámite para obtener la condición de refugiado, lo cual le impide tener acceso a la obtención de la Clave Única de Refugiado (CUR) y la Clave Única de Registro de Población (CURP). Lo anterior lleva aparejado, que se regularice su situación migratoria, se le otorgue acceso a servicios estatales de atención de la salud, educación, inscripción al servicio de administración tributaria, así como servicios financieros, acceso al trabajo en el sector formal, entre otros y gocen plenamente del derecho a su identidad y libre desarrollo de la personalidad. Se afirma de esa manera, porque el dieciocho de junio de dos mil dieciocho, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación una reforma al Instructivo Normativo para la Asignación de la Clave Única de Registro de Población , en la cual fueron establecidos nuevos supuestos jurídicos para que los extranjeros puedan adquirir una Clave Única de Registro de Población de carácter temporal , con la finalidad de que accedan a estos sistemas integrados de registro e identificación. En este sentido, se ha añadido como supuesto de asignación de la Clave Única de Registro de Población a los extranjeros solicitantes de la condición de refugiado y protección complementaria bajo las siguientes consideraciones: (..) El otorgamiento de la Clave Única de Registro de Población (CURP) temporal ha sido destacado por el Estado Mexicano en el Informe Anual del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones, como un logro del gobierno en los compromisos adquiridos, ya que, con este documento, "se facilita el acceso a servicios públicos a las personas solicitantes de la condición de refugiado" . Sin embargo, el mismo gobierno reconoció que para maximizar el impacto positivo de la Clave Única de Registro de Población (CURP) temporal , todavía se busca mejorar su expedición a los solicitantes de asilo y extender su cobertura. De esta manera, como parte de los compromisos nacionales del Marco Integral Regional de Protección y Soluciones en el dos mil diecinueve, el Estado mexicano asumió que, el Registro Nacional de Población facilitará la expedición de la Clave Única de Registro de Población temporal a los solicitantes de la condición de refugiado para permitirles el acceso a servicios estatales de atención de la salud, educación, inscripción al servicio de administración tributaria, así como servicios financieros, acceso al trabajo en el sector formal, entre otros . Argumentos que se sostienen con las consideraciones llevadas a cabo en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, consultable en el Libro 14, junio de 2022, Tomo V, página 4170, registro digital 2024808, cuyo rubro y contenido son del tenor siguiente: "PERSONAS SOLICITANTES DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO. DE LA INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE MIGRACIÓN DERIVA QUE CUENTAN CON EL ACCESO EFECTIVO A LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP) MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO PREVISTO PARA ELLO.(...) Por razón de técnica jurídica en el juicio constitucional, las causales de improcedencia que aleguen las partes o se adviertan de oficio, por ser éstas una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, según lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA POR QUEJOSOS QUE SE DESECHÓ SU TRÁMITE. En ese orden de ideas, cabe precisar que en la especie, respecto de los mencionados actos reclamados, esta Juzgadora de oficio, advierte que se actualiza la causal de improcedencia manifiesta e indudable, prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. [.].". Como se ve, el juicio de amparo es improcedente cuando se reclama un acto que emana de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo en forma de juicio, y ese acto fue sustituido por uno dictado con posterioridad en el mismo procedimiento, de tal suerte que surge un impedimento jurídico para analizar el acto reclamado ya que no puede efectuarse su estudio sin afectar la nueva situación de derecho existente. En ese entendido, para estar en aptitud de resolver sobre la improcedencia de que se trata, es importante destacar cuándo se produce un cambio de situación jurídica. Al efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió el criterio sustentado en la tesis aislada número 2a. CXI/96, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. (..) Ahora, los supuestos que se prevén para la actualización de dicha causal son los que a continuación se reiteran: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (o en su caso, a la emisión del acto reclamado) se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Ahora bien, en el presente controvertido constitucional, se encuentran colmadas las hipótesis previamente descritas. Ciertamente, los requisitos establecidos en los incisos a) y b) se encuentran satisfechos, al haberse gestado en la secuela procesal el cambio de situación jurídica y con posterioridad a la presentación de la demanda. Ello se afirma, en tanto que se cuenta con las documentales públicas remitidas por la autoridad responsable, consistente en la copia certificada de la determinación emitida el veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés (fojas 141, 144 y 148), de la cual se advierte que la Oficina de Representación de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con sede en esta ciudad, en la citada fecha, desechó el trámite de los quejosos ***, para obtener la condición de refugiado, ante la falta de interés jurídico para darle continuidad, debido a que la parte promovente no se presentó ante esa autoridad para continuar con el inicio del trámite del procedimiento de condición de refugiado, y con ello, se declaró imposibilitada para continuar con el procedimiento del mismo; documental pública que tiene pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2o de la Ley de Amparo. Atendiendo a lo expuesto, es evidente que, se actualiza un cambio de la situación jurídica, quedando consumadas irreparablemente las posibles violaciones cometidas respecto de los actos reclamados; dado que no es factible emitir un pronunciamiento respecto a los actos impugnados, sin afectar la ulterior y nueva situación jurídica generada con posterioridad con motivo del acuerdo dictado el veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, en el que la autoridad responsable, desechó el trámite ante la falta de interés jurídico de la parte quejosa, toda vez que ésta no se presentó ante esa autoridad para continuar con el trámite de procedimiento de condición de refugiado. Aspectos éstos, que llevan a determinar la actualización de las hipótesis consagradas en los incisos c) y d); a saber, que no puede decidirse sobre la constitucionalidad de los actos reclamados, sin afectar la nueva situación jurídica; toda vez que hay autonomía entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo. Lo anterior es así, en razón de que la parte quejosa instó la acción constitucional, por los actos que se describieron con anterioridad, los cuales son sustituidos con motivo de la emisión del proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, en el que la autoridad responsable desechó el trámite ante la falta de interés jurídico de la parte quejosa, al no presentarse a continuar con el trámite de procedimiento de condición de refugiado, lo cual genera diversas consecuencias legales que se ven reflejadas en la esfera jurídica de aquélla. En ese tenor, es aplicable por las consideraciones que la rigen, la tesis I.11o.C.61 K (10a.), publicada en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 16, Agosto de 2022, Tomo V, página 4390, Undécima Época, con registro digital: 2025083, del rubro y texto: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA CUANDO EN EL JUICIO DE AMPARO SE RECLAME UN ACTO PROCESAL VINCULADO EXPRESAMENTE CON ALGUNA DE LAS ETAPAS PROCESALES QUE CONFORMAN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO EN EL QUE SE EMITE RESOLUCIÓN CON LA QUE CONCLUYE O DILUCIDA LA CONTROVERSIA PRINCIPAL O INCIDENTAL PLANTEADA. (...) CESACIÓN DE EFECTOS POR DIVERSO QUEJOSO QUE OBTUVO SU CURP. En ese orden de ideas, cabe precisar que, en la especie, respecto de los mencionados actos reclamados, esta Juzgadora de oficio, advierte que se actualiza la causal de improcedencia manifiesta e indudable, prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (...)". Del precepto legal transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra los actos cuyos efectos han cesado, para lo cual, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma incondicional. Lo anterior es así, porque al cesar los efectos del acto de autoridad reclamado, las cosas deben volver al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido la protección constitucional solicitada como lo dispone el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, ya que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por la concesión de la protección constitucional pedida. Respecto de esta causa de improcedencia, se tiene que existen dos hipótesis: a) por revocación y b) por sustitución. La primera se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial, mientras que el segundo supuesto consiste en que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo, por lo que para efectos del juicio de amparo respecto del primero de los supuestos citados el amparo resulta improcedente. Resulta aplicable por no oponerse a la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, Junio de 1999, página 38, Novena Época, registro digital 193758, del rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. (...) Luego, para que se actualice una cesación de efectos, se requiere lo siguiente: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. En el caso concreto, la parte quejosa, como se mencionó, se duele de la dilación en el inicio del trámite para obtener la condición de refugiado, lo cual le impide tener acceso a la obtención de la Clave Única de Refugiado (CUR) y la Clave Única de Registro de Población (CURP). Lo cual lleva aparejado que se regularice la situación migratoria de la parte quejosa, para que se le otorgue acceso a servicios estatales de atención de la salud, educación, inscripción al servicio de administración tributaria, así como servicios financieros, acceso al trabajo en el sector formal, entre otros y goce plenamente del derecho a su identidad y libre desarrollo de la personalidad. Ahora, como se estableció con antelación, la Jefa de Departamento de Asuntos Jurídicos 10, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaria de Gobernación, con sede en esta ciudad, exhibió las siguientes documentales: (...) De lo anterior, se aprecia que mediante acuerdo de dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, se previno a la parte quejosa, y por diverso auto de veinte del mismo mes y año, se admitió a trámite la solicitud de la condición de refugiada de aquélla, y le asignó la correspondiente Clave Única de Registro de Población (CURP). De igual manera, el veinte de septiembre del año en curso, la autoridad responsable admitió a trámite la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado y emitió en favor de la parte quejosa, la constancia de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento de condición de refugiado, con la que se le garantiza la no devolución a su país de origen fuera de procedimiento y, además, le generó la Constancia Temporal de la Clave Única de Registro de Población para Extranjeros; documentales a las que se les otorgó valor probatorio pleno en párrafos que anteceden. De lo expuesto con antelación, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia ya descrita, en consideración que se dio el trámite correspondiente a la solicitud de la parte quejosa, y emitió las constancias de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado (CUR), y la Constancia Temporal de la Clave Única de Registro de Población (CURP), en favor de la parte quejosa, circunstancia que se realizó el veinte de septiembre de dos mil veintitrés; es decir, en fecha posterior a la presentación de la demanda que dio origen al presente asunto (cinco de septiembre de dos mil veintitrés); por tanto, es evidente que han cesado los efectos de los referidos actos reclamados, toda vez que se admitió a trámite la solicitud de la parte quejosa, misma que culminó. En ese contexto, con el contenido de las documentales anteriormente reseñadas, es dable sostener que con las acciones desplegadas por la autoridad responsable desaparecieron total e incondicionalmente los actos cuya constitucionalidad se combate, en tanto que se admitió a trámite su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado y se expidieron las constancias cuya falta de emisión reclamó la parte quejosa, mismas que le fueron entregadas en forma personal. De ese modo, quien hoy resuelve, concluye que lo actuado por la autoridad responsable se equipara a los efectos que produce la concesión de la protección constitucional, retrotrayendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación alegada que motivó la promoción del juicio de amparo en que se actúa. Luego, de las precisiones realizadas con antelación se concluyó que los actos reclamados relativos a la omisión de expedirle su constancia de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado (CUR), y la negativa de otorgarle su respectiva clave única de registro de población (CURP), han cesado en sus efectos. En esas condiciones, es inconcuso que al presente asunto sobrevienen las causales de improcedencia precisadas por las fracciones XVII y XXI, del artículo 61, en relación con la fracción V, del artículo 63, ambas de la Ley de Amparo, respecto de los aludidos actos reclamados; por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 184572, Novena Época, localizable en el Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- (...) Es menester precisar que las jurisprudencias y tesis aislada citadas, se atienden por considerar que no se oponen a la Ley de Amparo, tal y como lo indica el artículo Sexto Transitorio de esa ley. SE DEJA SIN EFECTOS AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En atención a lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional que se encuentra señalada para las once horas con veinte minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Lo anterior, pues a nada práctico conduciría continuar con la tramitación del presente asunto, pues la causal de improcedencia antes invocada resulta insuperable, ante la falta de interés de la parte quejosa, de presentarse ante la autoridad responsable, a continuar con el trámite de procedimiento de condición de refugiado. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes ***. Captura de resolución en el sistema integral de seguimiento de expedientes y elaboración de versión pública. De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes ***, con la certificación secretarial respectiva; por tanto, agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Asimismo, en términos de lo que establecen los artículos 30, 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, en relación con el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de sentencias y resoluciones de órganos jurisdiccionales en sistemas electrónicos de gestión" emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye a los actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas de la sentencia, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Finalmente, comuníquesele a la autoridad responsable, que en caso de que con anterioridad a la presente determinación, se le hubieran requerido constancias relacionadas con los actos reclamados, se deja sin efecto tal requerimiento, en virtud de que las precisadas en párrafos que anteceden, fueron necesarias para decretar el sobreseimiento del presente juicio fuera de audiencia; por tanto, resulta innecesario que dicha autoridad las remita a este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, y por oficio a la autoridad responsable.

  2. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el oficio firmado electrónicamente por el Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaria de Gobernación en representación del Titular de la Oficina de Representación en Tapachula Chiapas de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite diversas constancias relativas a los actos reclamados; lo anterior en atención a lo requerido por auto de dos de octubre del año en curso (68-71). Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por recibida la documental que anexa la autoridad responsable de cuenta, prueba que se admite y desahoga dada su especial y propia naturaleza, sin perjuicio que se haga relación de la misma en la audiencia constitucional. Ahora bien, del análisis integro de los anexos del oficio de cuenta, relativos a los expedientes administrativos de los directos quejosos ***, se advierte que la oficiante de trato fue omisa en remitir las constancias que a continuación se describen: La clave única de registro de población *** y la constancia de notificación del auto de veinte de septiembre del año en curso respecto de ***. Las constancias de notificación de los autos de veintiocho de septiembre del año en curso dictados en los expedientes administrativos de los quejosos ***, determinación con la que hizo constar la imposibilidad jurídica para continuar con sus respectivos tramites, respecto al trámite la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiados. Requiere de nueva cuenta a la oficiante de mérito para que en el término de tres días, contado a partir de su legal notificación, remita a esta autoridad, en copia certificada las constancias correspondientes y de la totalidad de las actuaciones del expediente administrativo de los citados quejosos. En la inteligencia que subsiste el apercibimiento con el que se le conmino en auto de dos de octubre del año en curso (68-71), esto es, una multa de cien unidades de medida y actualización, que arroja la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), con fundamento en lo dispuesto por los artículos 237 fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo, y tomando como base el valor inicial diario equivalente a $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional), conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Hágase del conocimiento de la autoridad responsable que se autoriza que realice el envío de constancias a través de medios electrónicos atendiendo, en su caso, a los acuerdos de interconexión o a través del correo institucional 4jdo20cto@correo.cjf.gob.mx. Notifíquese y por oficio a la autoridad responsable.

  3. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que para esta fecha está señalada la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, no se está en aptitud de celebrarla, toda vez que se encuentra pendiente notificar a la autoridad responsable Titular de la Oficina Representativa en Chiapas, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con sede en esta ciudad, del auto de dos de octubre del año en curso (fojas 68-71), por el que se le requirió comunicara a este Juzgado el trámite que le dio en cuanto a la Clave Única de Registro de Población (CURP), de los peticionarios de amparo ***, y en su caso, envíe copia certificada completa y legible de las constancias que sustente su informe. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y en su lugar se fijan las DOCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese.

  4. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a dos de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese con vista a las partes en el juicio de amparo en que se actúa con el informe justificado rendido por el Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaria de Gobernación, con sede en la Ciudad de México, en representación del Titular de la Oficina de Representación en Tapachula Chiapas, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con sede en esta ciudad, y anexos que acompaña; y dese nueva cuenta con el mismo en la audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas las documentales que anexa la autoridad responsable de cuenta, prueba que se admite y desahoga dada su especial y propia naturaleza, sin perjuicio que se haga relación de la misma en la audiencia constitucional. AUTORIZADOS. Con fundamento en el precepto 9 de la citada ley, se tienen como delegados de la referida autoridad responsable a las personas que cita. DOMICILIO. Ahora bien, respecto del domicilio procesal que señala la autoridad de cuenta, no ha lugar a tenerlo por designado en virtud que, la autoridad responsable que representa tiene su domicilio oficial en esta ciudad. MEDIOS ELECTRÓNICOS: En ese mismo contexto, como lo peticiona, a fin de que pueda obtener las constancias de manera más ágil e inmediata, se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de las mismas. Da sustento a lo anterior, el criterio emitido por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, en la tesis I.13o.T.15K (10a.), publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IIl, agosto de dos mil catorce, página 1560, registro digital 2007298, del rubro siguiente: "ACTUACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS PARTES PUEDEN IMPONERSE DE ELLAS Y NO SÓLO DE LOS ACUERDOS DICTADOS EN LOS EXPEDIENTES QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES DE CIRCUITO, MEDIANTE EL USO DE CÁMARAS, GRABADORAS O LECTORES ÓPTICOS (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DE LA CIRCULAR 12/2009, DE 18 DE MARZO DE 2009, EMITIDA POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL). (...) Mediante acuerdos de catorce de septiembre de dos mil veintitrés, el titular de dicho órgano administrativo, admitió a trámite las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiados de los aquí quejosos ***, mismos en los que se les previno para que en el término no mayor a cinco días, se presentaran en las oficinas de la oficiante de mérito, para realizar lo siguiente: I. Llenado del formulario de registro. II. La toma de fotografías para la emisión de la constancia de trámite. III. La recepción de datos biométricos para la emisión de la clave única de registro de población ***, y, IV. Llenado del formulario de detección de necesidades. Señalando que en misma data, dicha prevención le fue notificada de manera electrónica a la parte quejosa. Se toma conocimiento de lo informado por la responsable de trato, y se le requiere de nueva cuenta para que en el término de tres días, contado a partir de su legal notificación, informe a esta autoridad, si los quejosos de mérito comparecieron a sus instalaciones para dar cumplimiento al trámite de reconocimiento de la condición de refugiado, así como para obtener la clave única de registro de población ***, debiendo remitir en copia certificada de las constancias correspondientes y de la totalidad de las actuaciones del expediente administrativo de los citados quejosos. Bajo el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, o no manifestar el impedimento que tenga para hacerlo, se hará acreedor a una multa de cien unidades de medida y actualización, que arroja la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), con fundamento en lo dispuesto por los artículos 237 fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo, y tomando como base el valor inicial diario equivalente a $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional), conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Hágase del conocimiento de la autoridad responsable que se autoriza que realice el envío de constancias a través de medios electrónicos atendiendo, en su caso, a los acuerdos de interconexión o a través del correo institucional 4jdo20cto@correo.cjf.gob.mx. Finalmente, no pasa desapercibido lo manifestado por la autoridad oficiante, relativo a los datos que refiere confidenciales plasmados en su oficio de cuenta, por lo que la información proporcionada se atenderá con la debida formalidad y en los términos que establecen los artículos 8º, 9º, en relación con el 1º, y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; aunado a que el uso de la información proporcionada solo es del conocimiento de las partes que intervienen en este sumario constitucional y ello se gestiona así, observando los lineamientos que establecen los preceptos normativos previamente invocados. Notifíquese.

Quedan 4 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · 3,604 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano