Abigail Hernández Pérez
Expediente 10/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 10/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Abigail Hernández Pérez
- Nadia Gisel Ortiz Solis
- Diego Antonio García
- Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
Actuaciones
- Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad
Cuernavaca, Morelos, a ocho de noviembre de dos mil veintidós. Vista la razón de cuenta, con fundamento en los artículos 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio suscrito por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, mediante el cual acusa de recibo los autos de la Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 10/2022, del índice de este Órgano Jurisdiccional y hace del conocimiento que se avoca al conocimiento del mismo, el cual quedó radicado con el diverso número 11/2022, de su índice. De lo anterior, téngase por hecha la comunicación anterior para los efectos legales a que haya lugar. Por lo anterior, se ordena el archivo del presente cuaderno de antecedentes. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso j) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que este juzgador se declaró incompetente para conocer del presente juicio. Lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad
Cuernavaca, Morelos, a veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos se advierte que la Subdirectora Jurídica del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud de Morelos, interpuso recurso de queja en contra del auto de ocho de octubre dos mil veintiuno, en el que se concedió de plano la suspensión del acto reclamado a favor de la menor S.O.J., y que a la fecha se encuentran pendientes diversas notificaciones de dicho auto, a las autoridades responsables que radican fuera de la residencia de este juzgado. No obstante lo anterior, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en Turno, copia certificada de las constancias que integran el expediente que nos ocupa, así como el escrito original de expresión de agravios y copia del mismo para el Agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción y demás constancias que se estiman necesarias para el conocimiento del asunto. Sin que sea obstáculo para tal circunstancia, que no obre la totalidad de las constancias de notificación del citado recurso a las autoridades responsables, pues dicha circunstancia no es obstáculo para remitir el citado medio de impugnación a la superioridad. Lo anterior es así, dado lo resuelto en la contradicción de criterios 86/2022, que originó la jurisprudencia 126/2022, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. LA OBLIGACIÓN QUE TIENE EL JUEZ DE DISTRITO DE REMITIR EL RECURSO CON LAS CONSTANCIAS DE NOTIFICACIÓN DEL AUTO QUE LO TUVO POR INTERPUESTO, NO PUEDE SER UN IMPEDIMENTO PARA SEGUIR SU TRÁMITE [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 26/2017 (10a.)]. HECHOS: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios discrepantes sobre la aplicabilidad de la jurisprudencia 1a./J. 26/2017 (10a.), con relación a la procedencia del recurso de queja de carácter urgente. Así, uno de ellos consideró que la sustanciación del recurso se encuentra supeditada a que el Juez de Distrito remita al Tribunal Colegiado de Circuito las constancias de notificación a las partes del auto en el cual se tuvo por interpuesto el recurso, estimando la aplicabilidad del criterio jurisprudencial de manera implícita. En contraposición, el otro Tribunal Colegiado no aplicó la jurisprudencia porque consideró que era violatoria del derecho a la justicia pronta, centrando su argumentación en torno a la reforma al artículo 17, párrafo tercero, de la Constitución General. CRITERIO JURÍDICO: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que si bien es cierto que para la sustanciación del recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, interpuesto en contra de la concesión o negativa de la suspensión de plano o provisional, existe la obligación establecida en el artículo 101, párrafo quinto, de la propia ley, en el sentido de que el Juez de Distrito debe remitir las constancias de notificación al Tribunal Colegiado de Circuito, también lo es que, en atención a los artículos 17, párrafo tercero, de la Constitución General y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no puede paralizarse el proceso so pretexto de que no se cuenta con las constancias de notificación, porque a la vez, existe un deber de dictar la resolución en un plazo de 48 horas. JUSTIFICACIÓN: Aun cuando esta Primera Sala en la jurisprudencia 1a./J. 26/2017 (10a.) había determinado que el trámite del recurso de queja de carácter urgente estaba supeditado a que el Juez de Distrito remitiera las constancias de notificación al Tribunal Colegiado de Circuito, lo cierto es que el criterio fue emitido antes de la reforma al artículo 17, párrafo tercero, de la Constitución General, por lo que, de una reinterpretación del proceso, se considera que esta Sala interrumpe dicha jurisprudencia y, por tanto, es necesario hacer una reinterpretación del criterio contenido en ella para evitar una metodología que privilegie la forma sobre el fondo. Entonces, atendiendo a la inmediatez con la cual debe sustanciarse el recurso de queja de carácter urgente por ser interpuesto en contra de una determinación con relación a la suspensión de plano o provisional (medida cautelar que busca la protección de derechos humanos), la obstaculización de su trámite por un formalismo sería contrario al derecho a un recurso sencillo, rápido y efectivo, porque se privilegiaría un requisito que podría dejar sin efectividad al juicio de amparo." Asimismo, infórmese al Tribunal Colegiado que corresponda conocer del recurso de queja interpuesto, que el veintitrés de febrero de dos mil veintidós, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; además, comuníquese que en auto de veintiuno de octubre de este año, causó estado el citado acuerdo de sobreseimiento. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecisiete de febrero de dos mil veintidós. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos los oficios signados por Aidee Ludivina Domínguez Rangel y Perla Jacqueline Tejada Romero, Juez y Actuaria del Juzgado Menor Mixto de la Tercera Demarcación Territorial del Estado de Morelos, mediante los cuales la fedataria judicial informa que la misiva 32042/2021, fue recibida en ese juzgado el once de febrero del año en curso, a su vez la titular comunica que los oficios 32041/2021, 32042/2021 y 3214/2022, se recibieron el quince de febrero de la presente anualidad y en el último de ellos remite copia de la resolución de quince de febrero del año dos mil veintidós, dictada en el juicio especial de desahucio, dejando sin efecto todo lo actuado en el juicio de origen y ordenó emplazar José Alfredo Limas Gutiérrez, también conocido como Alfredo Limas y/o Alfredo Limas Gutiérrez, y remite copia certificada para acreditar su dicho, lo anterior para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Al respecto, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a Aidee Ludivina Domínguez Rangel y Perla Jacqueline Tejada Romero, Juez y Actuaria del Juzgado Menor Mixto de la Tercera Demarcación Territorial del Estado de Morelos, para que en el término de tres días, contados a partir del momento al que quede legalmente notificado del presente proveído, dé cumplimiento a lo siguiente: Remita copia certificada con las constancias idóneas si procedió a emplazar a José Alfredo Limas Gutiérrez, también conocido como Alfredo Limas y/o Alfredo Limas Gutiérrez, dentro del en el juicio especial de desahucio 18/2019-2. Así también acredite haber dejado sin efectos los actos de ejecución, tal como lo refiere la ejecutoria de amparo. Se apercibe a las autoridades responsables que en el caso de ser omisa y de actualizarse dicho supuesto, se les impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a seis de enero de dos mil veintidós. Vista la razón de cuenta de la Secretaría, téngase por recibido el oficio con anexo signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, mediante el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo en que se actúa 669/2020 y su acumulado 671/2020, y tres anexos de pruebas, asimismo, remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada en sesión de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, dentro del toca correspondiente al amparo de revisión 207/2021, en el cual en sus puntos resolutivos determinó: ".PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida.SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Gabriela Acosta Ortega.". Sin que haya lugar a acusar el recibo correspondiente, ello por el motivo que expone la autoridad oficiante, agréguese el cuaderno de antecedentes respectivo. Ahora, tomando en consideración que en los juicios de amparo acumulados 669/2020 y 671/2020, del presente asunto, se formó por duplicado y cuerda separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurra seis meses a esta fecha, previo cumplimiento del requisito antes citados y con fundamento en el artículo 20, fracción II inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción de los duplicados guardando únicamente los originales. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18 fracción I inciso a) del multicitado Acuerdo General, los originales de los cuadernillos incidentales de los juicios de amparo acumulados 669/2020 y 671/2020, son susceptibles de ser depurados, toda vez que, se determinó conceder la suspensión provisional en ambos juicios. En tal virtud, con fundamento en los numerales 192 y 193 de la Ley de la Materia, requiérase a las autoridades responsables, para que en el término de TRES DÍAS, contado a partir del momento al en que queden notificadas del presente auto, cumplan con la ejecutoria en los términos precisados en la citada ejecutoria para lo cual se ordena remitir copia simple de la misma, informando en ese lapso sobre su cumplimiento, apercibidas que de no hacerlo así en el término que se les concede, el siguiente requerimiento se les hará por conducto de su superior jerárquico, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194, de la Ley de Amparo, y en su caso remitir el expediente al Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito en Turno o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso; por tal motivo, se les hace del conocimiento que dichos órganos al momento de resolver el incidente de inejecución de sentencia que en su caso se formule, están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, es decir, no solo verifican el cabal cumplimiento de la ejecutoria dictada, sino, también si hubo retardo en el cumplimiento de la misma, aplicando a las autoridades responsables las sanciones previstas en el artículo 107, Constitucional, ya que el cumplimiento extemporáneo no exime a las autoridades responsables de su responsabilidad, ni se decretará sin materia el incidente, puesto que en esa etapa se determina si hubo responsabilidad o no en el cumplimiento. En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia siguiente: Tesis: P./J. 60/2014 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2007912 Pleno Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I Pag. 7 Jurisprudencia (Común) ".CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." ".En caso de que el órgano de amparo que conozca del procedimiento para el cumplimiento de una sentencia concesoria estime que las autoridades responsables y/o vinculadas a su cumplimiento han incurrido en una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que propicien el retardo en su acatamiento y, en consecuencia, remita los autos al órgano correspondiente, Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, debe estimarse que estos órganos están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, o que el cumplimiento se llevó a cabo fuera de los plazos establecidos para tal efecto en la Ley de Amparo, incluso, podrán verificar la legalidad de las multas que se hubieren impuesto, tomando en cuenta si la autoridad responsable y/o vinculada han cumplido con los plazos previstos en la Ley de Amparo o bien adviertan la existencia de una causa justificada para no cumplir en esos términos. Ahora bien, si una vez concluido el plazo otorgado para el cumplimiento de la sentencia de amparo y antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el cumplimiento de la sentencia de amparo, dando lugar a que el órgano que concedió el amparo determine que éste se ha acatado, ello no dará lugar a que por ese hecho el asunto quede sin materia, pues de lo contrario se haría nugatorio lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el incumplimiento extemporáneo no exime de responsabilidad cuando sea injustificado. De este modo, deberá ser valorado por el órgano que corresponda Juez de Distrito, Tribunal Colegiado de Circuito o incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando los autos estén radicados en ésta, si en el caso existe justificación para el cumplimiento extemporáneo, pues de considerar lo contrario, deben aplicarse las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI constitucional. Cabe agregar que en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la determinación sobre la justificación del cumplimiento extemporáneo corresponde, en principio, al Ministro Ponente, el cual con base en la resolución que hubiere causado estado en el sentido de que el fallo constitucional ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos, podrá valorar en el dictamen en el que se proponga declarar sin materia el incidente respectivo las causas de justificación de la extemporaneidad. Lo anterior, sin menoscabo de que cuando se estime necesario revocar las multas impuestas en el respectivo procedimiento de ejecución o se considere dudosa la justificación del cumplimiento extemporáneo, la competencia para resolver lo conducente corresponda a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.". Con independencia de lo anterior, se hará efectiva una medida de apremio equivalente a cien días el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 192 y 258, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo; sin perjuicio de que, una vez que este órgano jurisdiccional agote las etapas del procedimiento de ejecución, se remita al Tribunal Colegiado de este circuito, para la continuación del procedimiento de ejecución respectivo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria quien autoriza y da fe. Doy fe. CARLOS C. O.
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