Abigail Hernández Pérez

Expediente 981/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
981/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
18/08/2022

Partes del expediente

  • Abigail Hernández Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a dieciocho de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el plazo de cinco días que establece el numeral 98, de la Ley de Amparo para interponer el recurso de queja, en contra de la determinación que desechó la presente demanda de amparo, ha transcurrido según se desprende de la certificación de cuenta y de la constancia de notificación que obra en este expediente, sin que la parte quejosa lo haya interpuesto; por tanto, QUEDA FIRME la resolución de referencia. Lo anterior, comuníquese a las partes, y en consecuencia, en su oportunidad archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y del expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de la hipótesis contemplada en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Devolución de documentos Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en días y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se les haga entrega de los documentos originales que se hubieren exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo acordó y firma Jaime César Pereyra Román, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del diecisiete al treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el seis de junio del presente año, en términos del artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995 realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716, del tomo XXXI, mayo de 2010, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/2215/2022, asistido de María del Rosario García Jiménez, Secretaria quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cuatro de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales que haya lugar, el escrito de José Emanuel Villa Amaro, apoderado de los quejosos Abigail Hernández Pérez y Diego Antonio García Pérez, por medio del cual desahoga la prevención que se formuló en auto de veintinueve de julio de este año; en tal virtud, se tiene por desahogada dicha prevención y se provee: Desechamiento de la demanda: Con fundamento en lo dispuesto por los ordinales 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo indirecto, en atención a que de su contenido y con base en el escrito de cuenta, este órgano de control constitucional advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, cuyo estudio corresponde efectuar oficiosamente de acuerdo con el numeral 62 de la ley de la materia. En efecto, para el caso que nos ocupa, se tiene que el quejoso del amparo reclamó de la autoridad responsable, lo siguiente: Autoridades responsables: Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Acto reclamado: ".la omisión de dictar el laudo dentro del expediente laboral 01/542/21." En el escrito de desahogo de prevención, el apoderado de los quejosos, aduce: ".La fecha en que se declaró cierre de instrucción lo fue el 19 mayo del 2002." En ese sentido, se advierte que el acto reclamado es la omisión de dictar laudo en el juicio laboral 01/542/21. Sin embargo, dicha omisión no es susceptible de analizarse en esta sede constitucional, tal y como a continuación se explicará: 1. Improcedencia del juicio de amparo indirecto por violaciones de carácter adjetivo: El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establece la procedencia del juicio de amparo contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendidos estos como aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Ahora, de acuerdo con lo sustentado por el Alto Tribunal, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera consiste en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, se refiere al sentido en que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión ?esta última? que se opone con la de "formal o adjetiva". Luego, tomando en consideración que en la demanda de amparo se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, así como violaciones a los artículos 14 y 17 de la Constitución general, el acto que reclama no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra la parte quejosa. Ello, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8º constitucional. Sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que la quejosa es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Es así que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones, de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. Robustece lo anterior, la tesis P./J.37/2014, sustentada por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal, publicada en la página treinta y nueve, libro siete, tomo I, junio de dos mil catorce, décima época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden '...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;'; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de 'imposible reparación', no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto '...aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a 'derechos sustantivos', y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza 'material' de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." 2. El juicio de amparo indirecto es improcedente debido a que el procedimiento laboral de origen no se encuentra paralizado En primer lugar, debe atenderse al contenido de los artículos 885 al 901 de la Ley Federal del Trabajo, relativos al procedimiento para la emisión de un laudo, que consisten en las siguientes etapas: 1. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se declaró cerrada la instrucción, el auxiliar elaborará el proyecto del laudo respectivo. 2. Se entregará copia del proyecto elaborado a cada uno de los integrantes de la junta. Luego, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. Para tal efecto, la Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas. 3. Transcurrido el término anterior, o en su caso, desahogadas las diligencias que se hubieren ordenado, el presidente de la Junta citará a los miembros para la discusión y votación del proyecto, el cual deberá llevarse a cabo dentro de los diez días siguientes a aquel en que hubiere concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias. 4. Engrosado el laudo, el secretario recogerá, en su caso, las firmas de los miembros de la Junta y turnará el expediente al actuario para que de inmediato notifique el laudo a las partes. Con base en lo expuesto, el plazo aproximado con el que cuenta la junta responsable para emitir el laudo en el procedimiento laboral de origen transcurre de la siguiente forma: Cierre de Instrucción Plazo para emitir el proyecto de resolución (Diez días) Plazo para que los integrantes de la Junta soliciten la práctica de diligencias (Cinco días) Plazo para la discusión y aprobación del proyecto de laudo (Diez días) Diecinueve de mayo de dos mil veintidós Del veinte de mayo al dos de junio de dos mil veintidós Del tres al nueve de junio de dos mil veintidós Del diez al veintitrés de junio de dos mil veintidós Como puede verse del recuadro anterior, el plazo aproximado con el que cuenta la autoridad responsable para la emisión del laudo, transcurrió del veinte de mayo al veintitrés de junio del año en curso. Aunado a lo anterior, debe tenerse presente que este Juzgado de Distrito fue informado mediante oficio JLCA/1883/2022, de la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, que esa Junta Local y las Especiales Uno, Uno bis, Dos, Tres y Cuatro, gozarían de su primer periodo vacacional correspondiente al año dos mil veintidós, durante el periodo comprendido del dieciocho al veintinueve de julio de este año. En ese sentido, si la demanda de amparo fue ingresada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Morelos, el veintiocho de julio del presente año, no puede considerarse que la responsable se ha excedido en el plazo con el que cuenta para emitir la resolución que ponga fin al juicio laboral. Lo anterior se robustece con el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 294/2018, en la cual se sostuvo que para estimar que existe una dilación excesiva por parte de los tribunales laborales, deben transcurrir más de cuarenta y cinco días naturales a partir de la fecha en que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o diligenciarse los actos procesales respectivos. Para pronta referencia, a continuación se transcribe el rubro y texto de la jurisprudencia 2ª/J. 33/2019, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización y texto, a continuación se transcriben: Décima época Registro: 2019400 Instancia: Segunda Sala Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 01 de marzo de 2019 Materias: Común y laboral Tesis: 2ª/J. 33/2019 "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." Por lo anteriormente expuesto, debido a que la parte quejosa reclama actos que no son de imposible reparación y tampoco afectan algún derecho sustantivo, ni se advierte que exista una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo, con apoyo en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo indirecto por improcedente. Sirve de apoyo a la conclusión anterior, la jurisprudencia 2ª/J. 48/2016, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya sinopsis dice: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Finalmente, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar, el oficio signado por el Encargado de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, mediante el cual comunica que se realizó la compensación y remite la boleta correspondiente, para los efectos legales correspondientes; al respecto, se tiene por hecha la comunicación vertida. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con el Secretario Julián Pantaleón Suarez, que autoriza y da fe. Doy fe

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintinueve de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales a que haya lugar, el escrito suscrito electrónicamente por José Emanuel Villa Amaro, en su carácter de apoderado legal de los directos quejosos Abigail Hernández Pérez y Diego Antonio García Pérez; mediante el cual promueve demanda de amparo, contra actos de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos. Registro de la demanda: Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 981/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 28/2001, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Se gira oficio para compensación: Gírese oficio al Encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, para que se sirva realizar la compensación correspondiente. Prevención: Antes de acordar sobre su admisión o desechamiento, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 108 de la Ley de Amparo, se previene a la parte promovente para que dentro del plazo de cinco días, contados a partir del siguiente día al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: PRIMERO.- Manifieste si es lo que reclama de las autoridades responsables es la omisión de dictar el laudo dentro del expediente laboral 01/542/21. SEGUNDO.- Manifieste la fecha en la cual la autoridad responsable decretó el cierre de instrucción en el expediente antes referido, a su vez la fecha en la cual fue debidamente notificado de dicho auto de cierre. TERCERO. Se hace notar al ocursante que deberá exhibir copias suficientes para distribuir entre las partes de su escrito aclaratorio. Lo anterior, con el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a lo requerido dentro del citado término, con fundamento en el artículo 114, de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Consulta del expediente vía internet y notificaciones por usuario: Por otra parte, de conformidad con lo establecido por el Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramitación del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico, a través del usuario "EmanuelVillaLic", siempre y cuando se encuentre registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se conmina a las partes para que en caso de realizar manifestación alguna respecto al presente proveído, lo haga mediante el esquema de "Juicio en línea", por lo que, en caso de optar por este medio a través de su usuario, las subsecuentes notificaciones, incluso las de carácter personal, se les efectuaran por dicha vía en términos de los artículos 26, fracción IV, y 30 de la Ley de Amparo. Lo anterior, tiene como finalidad privilegiar la administración pronta y expedita en los juicios constitucionales, derivado del fenómeno de salud social por el virus Covid-19 que enfrenta el país. Por cuanto al número de teléfono y correo electrónico que proporciona, dada la contingencia sanitaria que prevalece debido al fenómeno de salud pública derivado del virus denominado SARS-CoV2 (COVID-19), se tienen como medios de comunicación en lo referente a este asunto, y sólo en su caso, para agilizar alguna notificación relacionada con el mismo. Transparencia y acceso a la información pública (publicación de datos personales): Este asunto y los datos que en él se contengan quedan sujetos a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; en Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y, en los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Disponibilidad del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación: Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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