Abelina Castañeda Aradero

Expediente 1653/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 48 actuaciones registradas, la última del 7 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1653/2019
Año
2019
Actuaciones
48
Última actuación
07/02/2023

Partes del expediente

  • Abelina Castañeda Aradero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 48.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, siete de febrero de dos mil veintitrés. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por ********************, quien dice ser Delegado del Ayuntamiento de Cuautla, quinen solicita se autorice la consulta vía electrónica del presente juicio a través del usuario "********************"; al respecto, dígasele que no ha lugar de acordar de conformidad lo solicitado en su oficio de cuenta, toda vez que no tiene acreditada personalidad alguna, además, que no es autoridad responsable el citado Ayuntamiento en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cuatro de mayo de dos mil veintidós Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de uno de abril de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha ninguna de las partes ejerciera ese derecho; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ". En consecuencia, procede conceder el amparo a la quejosa, para el efecto de que el tribunal responsable de inmediato, con base en el estado de los autos, y en términos de los artículos 150 y 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicios del Estado, antes citados, dicte un nuevo proveído en el que cite la medida de apremio a la que se hará acreedor el ayuntamiento demandado en caso de no dar cumplimiento al laudo, y en su caso, tomando en consideración la conducta contumaz del ayuntamiento demandado, realice lo necesario para lograr de manera inmediata eficaz y pronta el cumplimiento de laudo dictado en el juicio laboral de origen. .". Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. Al respecto, la autoridad responsable a través del oficio con terminación 2676/2022, de treinta de marzo de dos mil veintidós, exhibió copia certificada de un convenio celebrado el diecisiete de marzo de dos mil veintidós de la cual se advierte que las partes del juicio laboral 31/14/2016, en ese acto llevaron a cabo la ratificación de un convenio y procedieron a dar cumplimiento al mismo entregando la parte actora la cantidad acordada tal como se desprende de dicha diligencia, convenio el cual fue aprobado y sancionado en todas y cada una de sus partes por la junta quien lo tuvo por cumplido en sus términos en dicha diligencia de diecisiete de marzo de dos mil veintidós y en consecuencia de ello procedió a ordenar el archivo definitivo del juicio laboral antes citado, por carecer de materia para su continuación; constancias con las cuales se ordenó correr traslado y dar vista a la quejosa. Así se tiene que, al llegar a un convenio las partes del juicio natural, con el cual fue acatado el Laudo condenatorio, al proceder además a ordenar el archivo definitivo del juicio laboral como asunto concluido, este órgano jurisdiccional estima que existe una imposibilidad material y jurídica para que la responsable dé pleno cumplimiento al fallo constitucional. Lo anterior se afirma, máxime que no produciría ningún efecto jurídico el dictado de un nuevo acuerdo para requerir a la Junta realice las gestiones necesarias para dar cumplimiento al laudo condenatorio dictado en el juicio laboral 31/14/2016, conforme a lo ordenado en la ejecutoria de amparo, si este dejó de subsistir en el mundo jurídico, situación que conlleva a declarar sin materia la ejecución de la ejecutoria de amparo. Sobre este tópico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que si de las constancias de autos aparece probado que la sentencia concesoria aún no ha sido cumplida, pero atendiendo a la naturaleza del acto reclamado existe imposibilidad jurídica para acatarla, el incidente respectivo debe declararse sin materia, lo cual puede presentarse por cambio en la situación jurídica que imperaba al momento de concederse la protección constitucional, porque han quedado insubsistentes las actuaciones de donde dimana ese acto reclamado, o bien, aun en la hipótesis de que subsista no pueda surtir efecto legal o material alguno en perjuicio de la quejosa, en virtud de la modificación del entorno en el cual se emitió, que tornaría jurídicamente imposible restituirla en el goce de la garantía que se estimó vulnerada en la sentencia, por lo que ninguna trascendencia jurídica tendría insistir en el cumplimiento del fallo protector, dado que no existe materia alguna susceptible de reparación constitucional. Tales consideraciones quedaron plasmadas en la jurisprudencia número 2a./J. 2/2008, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, página 431, que a la letra dice lo siguiente: ".INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO SI AL CAMBIAR LA SITUACIÓN JURÍDICA SE HACE IMPOSIBLE SU CUMPLIMIENTO. Si de las constancias de autos aparece que la sentencia que otorgó el amparo no fue cumplida, pero por la naturaleza del acto reclamado cambió la situación jurídica que imperaba al momento de la concesión del amparo, y por ello existe imposibilidad jurídica y de hecho para cumplirla, el incidente de inejecución de sentencia debe declararse sin materia.". En consecuencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 de la ley en comento, se declara que no hay materia para la ejecución del fallo protector dictado en éste juicio de amparo. Por lo anterior, resulta irrelevante analizar en el presente asunto lo relativo a prejuzgar necesariamente sobre posible exceso o defecto en el cumplimiento al haber una imposibilidad material y jurídica en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurra seis meses a esta fecha, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en los párrafos que anteceden y a lo que establece el artículo el artículo 18, fracción I, inciso a), y 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado guardar únicamente el original. Por otra parte, con apoyo en el artículo 21 inciso c), en el término señalado en su oportunidad, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser destruido, toda vez que, tanto la suspensión provisional como la definitiva se determinó negarlas. En atención que dicho Incidente (duplicado y original) de suspensión carecen de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que en los términos señalados respectivamente pueden ser destruidos en términos de lo dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y demás disposiciones jurídicas aplicables, además en observancia y cumplimiento a lo dispuesto por los 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, uno de abril de dos mil veintidós. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Ivonne Nava Ide, Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual informa que por auto de diecisiete de marzo de la presente anualidad, las partes celebraron convenio para cumplir con el laudo a que fue condenado el Ayuntamiento de Tepalcingo, Morelos, por lo que ordenó el archivo del expediente 01/29/2017. En consecuencia, de conformidad con el artículo 196, de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejosa con el oficio, anexos de cuenta y dese vista a las partes por el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciocho de marzo de dos mil veintidós. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Ivonne Nava Ide, Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual remite copia de la constancia de notificación del auto de veintiuno de febrero del año en curso, auto en el que señaló las trece horas del dieciséis de marzo de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la diligencia de requerimiento de pago. Al respecto, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a Ivonne Nava Ide, Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que en el término de tres días, contados a partir del momento al que quede legalmente notificado del presente proveído, dé cumplimiento a lo siguiente: Remita copia certificada de la diligencia que señaló para las trece horas del dieciséis de marzo de dos mil veintidós, relativa a la diligencia de requerimiento de pago, ordenado en el expediente laboral 01/29/2017. Se apercibe a la autoridad responsable que en el caso de ser omisa y de actualizarse dicho supuesto, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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