Abigail Betsabe Robles Basto

Expediente 1479/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1479/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
11/02/2019

Partes del expediente

  • Abigail Betsabe Robles Basto
  • Abigail Betsabe Robles Basto y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, once de febrero de dos mil diecinueve. Atento a lo informado por el Secretario en la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra del auto de dieciséis de enero de dos mil diecinueve, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por lo tanto, con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de la Materia, se declara que aquella resolución ha causado estado, para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que en el aludido acuerdo se sobreseyó en este juicio de amparo y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción II del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción. Asimismo, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. De igual forma, sin que sea el obstáculo a lo anterior, el hecho de que no obre en autos constancia de notificación al tercero interesado Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, del acuerdo de dieciséis de enero del año en curso, toda vez que por el sentido en que se resuelve el presente asunto, es evidente que no se le vulnera derecho alguno, aunado de que en el presente caso se actualizó de una manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia antes citada. Por otro lado, se agrega a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda, el alegato ministerial número 866/2018 signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, mediante el cual formula sus alegaciones correspondientes y solicita se le expida copia certificada de la sentencia que se dicte en el presente expediente. Ahora bien, por lo que respecta a las manifestaciones vertidas en el alegato de mérito, no se hace pronunciamiento alguno en virtud de que el dieciséis de enero del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo por cesación de efectos del acto reclamado. Finalmente, como lo solicita la representante social de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, expídasele copia certificada de la constancia que solicita. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Anita Morales del Porte, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciséis de enero de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que inmediatamente antecede, se tiene por recibido el informe justificado y anexo que acompaña rendido por el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, los cuales se ordena agregar a estos autos para que obren como legalmente correspondan. Ahora bien, de la lectura del informe de cuenta y constancias anexas al mismo, se advierte la existencia de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que señala: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa en esencia hizo consistir el acto reclamado en la omisión por parte del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios del Estado de Yucatán de acordar el escrito de dos de agosto de dos mil diecisiete, presentado ante su potestad el mismo día. Asimismo, del informe justificado y constancias anexas, las cuales tienen valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2o. de la Ley de Amparo, se advierte que el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con residencia en esta ciudad de Mérida en autos del juicio laboral 46/2015, mediante acuerdo de diez de enero de dos mil diecinueve, proveyó lo conducente al escrito presentado el dos de agosto de dos mil diecisiete, determinación que le fue notificada a las partes el once y quince de enero de dos mil diecinueve; esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que lo fue el doce de diciembre de dos mil dieciocho. En las relatadas consideraciones, en el presente caso opera la causal de improcedencia, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues habiéndose reclamado la omisión por parte de la responsable de dar contestación al escrito de la quejosa de dos de agosto de dos mil diecisiete, es incuestionable que cesaron los efectos del acto reclamado, desde el momento en que la responsable, dio contestación a dicho memorial, y lo hizo del conocimiento de la peticionaria del amparo; lo cual motiva el sobreseimiento en este juicio de amparo, por lo tanto, se sobresee en el presente juicio, con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la invocada Ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior por similitud de razón, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, visible en la página 38, cuyo rubro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUÍDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI, y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En virtud de lo anterior se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con treinta minutos del dieciséis de enero de dos mil diecinueve. De igual forma, sin que sea el obstáculo a lo anterior, el hecho de que no obre en autos constancia de que hubiese sido emplazado a juicio el tercero interesado Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, toda vez que por el sentido en que se resuelve el presente asunto, es evidente que no se le vulnera derecho alguno, aunado de que en la especie se actualizó de una manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia antes citada. Es aplicable la tesis P. V/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 45, Tomo VII, Febrero de 1998, Materia Común, con el rubro y texto siguientes: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado." Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Anita Morales del Porte, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    II. ART. 27 FRACC I INCISO C DE LA NUEVA LEY DE AMPARO. Mérida, Yucatán, dieciséis de enero de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que inmediatamente antecede, se tiene por recibido el informe justificado y anexo que acompaña rendido por el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, los cuales se ordena agregar a estos autos para que obren como legalmente correspondan. Ahora bien, de la lectura del informe de cuenta y constancias anexas al mismo, se advierte la existencia de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que señala: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa en esencia hizo consistir el acto reclamado en la omisión por parte del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios del Estado de Yucatán de acordar el escrito de dos de agosto de dos mil diecisiete, presentado ante su potestad el mismo día. Asimismo, del informe justificado y constancias anexas, las cuales tienen valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2o. de la Ley de Amparo, se advierte que el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con residencia en esta ciudad de Mérida en autos del juicio laboral 46/2015, mediante acuerdo de diez de enero de dos mil diecinueve, proveyó lo conducente al escrito presentado el dos de agosto de dos mil diecisiete, determinación que le fue notificada a las partes el once y quince de enero de dos mil diecinueve; esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que lo fue el doce de diciembre de dos mil dieciocho. En las relatadas consideraciones, en el presente caso opera la causal de improcedencia, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues habiéndose reclamado la omisión por parte de la responsable de dar contestación al escrito de la quejosa de dos de agosto de dos mil diecisiete, es incuestionable que cesaron los efectos del acto reclamado, desde el momento en que la responsable, dio contestación a dicho memorial, y lo hizo del conocimiento de la peticionaria del amparo; lo cual motiva el sobreseimiento en este juicio de amparo, por lo tanto, se sobresee en el presente juicio, con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la invocada Ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior por similitud de razón, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, visible en la página 38, cuyo rubro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUÍDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI, y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En virtud de lo anterior se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con treinta minutos del dieciséis de enero de dos mil diecinueve. De igual forma, sin que sea el obstáculo a lo anterior, el hecho de que no obre en autos constancia de que hubiese sido emplazado a juicio el tercero interesado Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, toda vez que por el sentido en que se resuelve el presente asunto, es evidente que no se le vulnera derecho alguno, aunado de que en la especie se actualizó de una manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia antes citada. Es aplicable la tesis P. V/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 45, Tomo VII, Febrero de 1998, Materia Común, con el rubro y texto siguientes: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado." Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Anita Morales del Porte, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    AVISO .. Mérida, Yucatán, catorce de diciembre de dos mil dieciocho. V i s t o s los autos del juicio de amparo indirecto 1578/2017-II, para resolver si se ha cumplido o no la sentencia ejecutoriada emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito en el Estado de Yucatán, que en su primer punto resolutivo confirmó la sentencia impugnada y en el segundo punto resolutivo concedio el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; y, R e s u l t a n d o: Primero. En sentencia ejecutoriada firmada el veinte de febrero de dos mil dieciocho, se concedió el amparo en contra del acto reclamado al Juez Segundo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, para los efectos siguientes: "Deberá dejar insubsistente la sentencia reclamada y dictará otra en la cual, podrá reiterar los aspectos que no son parte de la concesión del amparo. Asimismo, en lo restante, deberá considerar lo siguiente: Dejar insubsistente la resolución de catorce de diciembre de dos mil diecisiete, dictada en contra del quejoso, en la causa penal número 41/2016. Dictar una nueva resolución en la decrete auto de libertad a favor del quejoso, por existir deficiencia por parte del Ministerio Público en el pliego de consignación en el análisis correspondiente al cuerpo del delito y la probable responsabilidad y ante la falta de precisión de los hechos imputados." Segundo. Por oficio número 2165 y anexo el Juez Segundo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado informó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y, para acreditarlo, exhibió copia certificada de la resolución de veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho que obra en la causa penal 41/2016. Mediante proveído de treinta de noviembre de dos mil dieciocho, se dio vista a las partes con tales documentos para que dentro del término de tres días, manifestaran lo que a su interés conviniera; y, C o n s i d e r a n d o: Único. Las partes no hicieron manifestación alguna respecto a la vista que se les otorgó. Por tanto, con los elementos de convicción que obran en autos, este órgano de control constitucional procede a resolver si la ejecutoria se encuentra o no cumplida. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, página 243, con el rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Del examen de las documentales consistentes en el oficio número 2165 y anexo enviado por el Juez Segundo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, las cuales merecen pleno valor, de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se desprende que en resolución de veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho la autoridad responsable dejó insubsistente la resolución de catorce de diciembre de dos mil diecisiete en la que decretó auto de sujeción a proceso en contra de la parte quejosa, como probable responsable del delito de lesiones ilícito previsto y sancionado con pena alternativa por los artículos 357 y 358 y en relación al 365 todos del Código Penal del Estado, querellado por Ana María Uicab Maas en la causa penal número 41/2016 y dictó otra en la que decretó auto de no sujeción a proceso a favor de la parte quejosa por el delito de lesiones. De lo anterior, se advierte el cumplimiento de la ejecutoria, para los efectos del artículo 192 de la Ley de Amparo. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de la Materia, al no advertirse exceso o defecto en el cumplimiento, procede declarar cumplida la ejecutoria de amparo. Hágase saber a las partes que cuentan con el término de quince días legalmente computados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, en términos de los artículos 201 y 202 del mencionado cuerpo legal, para que manifiesten ante este Juzgado su inconformidad con esta determinación, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del término señalado se tendrá por consentida. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Francisco Javier Cetina

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