Abiel Alonso Vázquez Prado
Expediente 1263/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1263/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 30/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Abiel Alonso Vázquez Prado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente y atento a lo informado en la cuenta que antecede, en el sentido que en auto de catorce de febrero de dos mil veinte se tuvo por cumplida la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes se hubieren inconformado con el auto que tuvo por cumplida la sentencia dictada por este Juzgado de Distrito; con fundamento en el numeral 196 de la invocada Ley de la Materia, se ordena archivar este expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Ahora bien, toda vez que por sentencia ejecutoria dictada el veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa; en consecuencia, este asunto encuadra en el supuesto previsto en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; por tanto, se hace la observación que el presente expediente es susceptible de depuración, debiendo conservarse únicamente la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al juicio. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, doce de diciembre de dos mil diecinueve. Atento a lo informado por la secretaria en la razón que antecede y toda vez que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso alguno en contra de la sentencia dictada veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, en la que en su primer punto resolutivo se concedió al quejoso Abiel Alonso Vázquez Prado, el amparo y protección de la Justicia Federal; con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado, se declara que aquella sentencia, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. Ahora bien, toda vez que en el resolutivo primero de la sentencia de mérito, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, de conformidad con en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, para que dentro del término de tres días siguientes contados desde que reciba el oficio en el que se le transcribe el presente acuerdo, se sirva informar a este Juzgado de Distrito sobre el cumplimiento que haya dado a la ejecutoria de amparo o bien, los actos realizados para ese fin, el entendido de que el efecto concedido en el presente juicio de amparo fue el siguiente: "De conformidad con el numeral 17 Constitucional proceda de inmediato a emitir la resolución correspondiente al incidente de liquidación promovido en el juicio laboral de origen 482/2017 y la notifique a las partes como legalmente corresponda." En ese sentido, deberá remitir a este Juzgado Federal las constancias certificadas relativas a todo lo actuado con motivo de dicho ordenamiento, dentro del término legal antes señalado; con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo que se le señala, con apoyo en el numeral 193 de la aludida legislación y en la fracción XVI del artículo 107 Constitucional, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado del presente acuerdo, con fundamento en los artículos 238 y 258, ambos de la ley reglamentaria vigente en esta fecha, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado a que corresponda o en su caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 54/2014, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el catorce de noviembre de dos mil catorce, que a la letra dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo". Finalmente, sin que en el caso se proceda a proveer como lo dispone el artículo 192, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, esto es, requerir al superior jerárquico de la autoridad responsable denominada Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, ya que dicha autoridad no cuenta con esta superioridad. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria licenciada Bereniz Cortés Sandoval, que autoriza y da fe.
- Principal
En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las trece horas con veinte minutos del veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, hora y día señalados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo número 1263/2019-I, se procede a celebrarla ante la presencia del licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, quien actúa ante la secretaria Bereniz Cortés Sandoval, que autoriza y da fe, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo. El Juez declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes. A continuación, la secretaría da cuenta con el escrito inicial de demanda, con el informe justificado rendido por la autoridad responsable y con las demás constancias que obran en autos. Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las documentales y la presuncional en su doble aspecto legal y humano que la parte quejosa ofreció en su escrito de demanda y con las documentales que la autoridad responsable remitió en apoyo a su informe justificado. A lo que el Juez acuerda: de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas y desahogadas por su naturaleza las probanzas de referencia; con lo anterior, se cierra dicho periodo de prueba. Posteriormente, se abre el período de alegatos, en el que la secretaría da cuenta con el alegato ministerial número 645/2019 de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán (fojas 51 a 54). En atención a lo cual el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por formulado el alegato ministerial de cuenta para todos los efectos legales pertinentes; con lo anterior se cierra el período de alegatos. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y al encontrarse debidamente integrado este expediente, se procede a dictar la correspondiente resolución. Doy fe. Vistos, para resolver los autos del presente juicio de amparo 1263/2019-I promovido por Abiel Alonso Vázquez Prado, contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, por violación al artículo 17 Constitucional; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de Amparo. En demanda de amparo presentada el nueve de septiembre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, Abiel Alonso Vázquez Prado, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado. Segundo. Admisión de demanda. Por auto de diez de septiembre de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de amparo, se ordenó dar a la Representante Social de la Federación adscrita, la intervención legal que le compete y se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, el cual se tuvo por rendido en tiempo y forma, se ordenó emplazar a la parte tercero interesada, lo cual se hizo en sus términos y se fijó fecha y hora para llevar a cabo la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo, en términos del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Juzgado de Distrito; lo anterior, porque se reclama un acto omisivo que carece de ejecución pero presentado en la oficina de correspondencia común a los juzgados de distrito en esta entidad y turnado posteriormente a este juzgado. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclama: La abstención por parte de la autoridad responsable de dictar la resolución correspondiente al incidente de liquidación promovido en el juicio labora de origen 482/2017, de su índice Tercero. Actos existentes. La Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, al rendir su informe justificado, admitió la existencia del acto reclamado, por lo que se tiene por cierto el mismo. Cuarto. Estudio de fondo. El concepto de violación aducido por la parte quejosa es fundado, ya que en el caso a estudio se contraviene el derecho humano de acceso efectivo a la justicia, prevista en el artículo 17 constitucional. El mencionado precepto establece: "ARTÍCULO 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando prohibidas las costas judiciales." El derecho humano contenido en el artículo transcrito dispone que los tribunales jurisdiccionales impartirán justicia en forma expedita y gratuita; de tal forma que entre los diversos derechos fundamentales que se tutelan en ese numeral, está el relativo a tener un acceso efectivo a la administración de justicia; empero, para su debido acatamiento no basta el que se permita a los gobernados instar ante un órgano jurisdiccional, sino que tal acceso debe hacerse efectivo en la medida en que pueda obtenerse una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley, se resuelva si le asiste o no razón sobre los derechos cuya tutela jurisdiccional ha solicitado. Por tal motivo, la impartición de justicia y por ende, su efectivo acceso por el quejoso, se debe sujetar a los plazos y términos que fije en la Ley Federal del Trabajo. La norma constitucional en análisis pertenece al tipo de las garantías de seguridad jurídica, que en lo atinente, establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. Estos cuatro atributos de la garantía concerniente a la administración de justicia, han sido explicitados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación, en la tesis 2ª. L/2002, visible en la página 299, del tomo XV, del mes de mayo 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y tenor siguiente: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales". Del texto constitucional, se advierte que la prontitud comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento, como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia. Estos principios generales, aplicados a la materia específica, deben entenderse referidos al juicio laboral. Una de las características esenciales del juicio ordinario laboral, además de su sencillez, es la prontitud con la cual se van desarrollando cada una de sus etapas, en las cuales algunos de los actos se desenvuelven en forma inmediata, lo que no deja lugar a dudas de la expedités en la tramitación y resolución de los juicios laborales. Lo anterior se desprende de los artículos 735, 761, 763 y 843 de la Ley Federal del Trabajo, disponen: Artículo 735. Cuando la realización o práctica de algún acto procesal o el ejercicio de un derecho, no tengan fijado un término, éste será el de tres días hábiles. Artículo 761. Los incidentes se tramitarán dentro del expediente principal donde se promueve, salvo los casos previstos en esta Ley. Artículo 763. Cuando en una audiencia o diligencia se promueva incidente de falta de personalidad, se sustanciará de inmediato oyendo a las partes y se resolverá, continuándose el procedimiento. En los demás casos a que se refiere el artículo anterior, se señalará día y hora para la celebración de la audiencia incidental, que se realizará dentro de las veinticuatro horas siguientes, en la que las partes podrán ofrecer y desahogar pruebas documentales e instrumentales para que de inmediato se resuelva el incidente, continuándose el procedimiento. Los incidentes que no tengan señalada una tramitación especial en esta Ley se resolverán de plano oyendo a las partes. Artículo 843. En los laudos, cuando se trate de prestaciones económicas, se determinará el salario que sirva de base a la condena; cuantificándose el importe de la prestación se señalarán las medidas con arreglo a las cuales deberá cumplirse con la resolución. Sólo por excepción podrá ordenarse que se abra incidente de liquidación."." Al remitirnos al contenido de los numerales que regulan lo relativo a los incidentes, ante la ausencia de disposiciones que prevean esa institución procesal en la etapa de ejecución de laudo, se advierte que los mismos se tramitarán dentro del expediente principal donde se promuevan y cuando en una audiencia o diligencia se promueva incidente de falta de personalidad, se sustanciará de inmediato oyendo a las partes y se resolverá, continuándose el procedimiento, sin embargo en los demás casos a que se refiere el artículo anterior (como el presente), se señalará día y hora para la celebración de la audiencia incidental, que se realizará dentro de las veinticuatro horas siguientes, en la que las partes podrán ofrecer y desahogar pruebas documentales e instrumentales para que de inmediato se resuelva el incidente, continuándose el procedimiento. En el caso, de las documentales que remitió la autoridad responsable como justificación de sus actos, las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a Ley de la materia, se advierte que por escrito presentado el veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, la parte actora promovió el incidente de liquidación que fue radicado el veintiocho de febrero del propio año (fojas 22 a 24), señalándose como fecha para la celebración de la audiencia incidental las once horas del veintinueve de mayo del año en curso, la cual se llevó a cabo en sus términos y en esa misma fecha se turnaron los autos para el dictado de la resolución incidental correspondiente (fojas 43 y 44), siendo que posterior a ello no existe pronunciamiento alguno por parte de la autoridad responsable. Por lo que queda evidenciada la omisión reclamada, lo que se traduce en una violación a la garantía prevista en el artículo 17 constitucional, al no haberse emitido la resolución respectiva, en el plazo que se refiere el artículo 763, segundo párrafo, de la Ley Federal del Trabajo, pues a la fecha en que se falla este sumario, ya debió haber resuelto el incidente de liquidación en el juicio laboral de origen. Por tanto, tomando en cuenta que la violación al derecho de la parte quejosa se manifestó con el actuar de la Junta responsable al no emitir la resolución relativa al incidente de liquidación promovido en el juicio labora de origen, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 763 de la Ley Federal del Trabajo, es por ello que se considera transgredido el referido artículo 17 Constitucional. En las circunstancias relatadas, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a Abiel Alonso Vázquez Prado, a fin de restituirlo en el goce de su derecho que le fue violado. Quinto. Precisión de los efectos para los que se concede el amparo. El artículo 77 de la ley de la materia, establece que cuando el acto reclamado implique una omisión, como en el caso, la sentencia tendrá por objeto obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Considerando que el acto reclamado deriva de un procedimiento ordinario, la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, deberá realizar lo siguiente: - De conformidad con el numeral 17 Constitucional proceda de inmediato a emitir la resolución correspondiente al incidente de liquidación promovido en el juicio laboral de origen 482/2017 y la notifique a las partes como legalmente corresponda. Sexto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto y con fundamento además en los artículos 76 al 78 de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e : Primero. La Justicia de la Unión ampara y protege a Abiel Alonso Vázquez Prado, contra el acto que reclama de la autoridad responsable, por los razonamientos y para los efectos precisados en los considerandos cuarto y quinto de esta sentencia. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo resoluvió y firma Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente y toda vez que de conformidad con el primer párrafo del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el secretario encargado del despacho no está facultado para resolver en definitiva el presente juicio de amparo; en consecuencia, DIFIÉRASE la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las trece horas con veinte minutos del veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis visible en la página 433 del Tomo V, Enero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es el siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CARECE DE VALIDEZ LA SENTENCIA EMITIDA EN LA, SI FUE DICTADA POR EL SECRETARIO DEL JUZGADO ENCARGADO DEL DESPACHO SIN LA AUTORIZACIÓN FORMAL Y EXPRESA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL". Sin que este acuerdo deba notificarse por oficio a la autoridad responsable, por no considerarse de trascendencia, acorde a la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargado del despacho por licencia del Titular, de conformidad con lo establecido en el párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria que autoriza y da fe.
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