Aberartegui, Sociedad Civil
Expediente 844/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 14 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 844/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 23/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Aberartegui, Sociedad Civil
- Aberartegui, Sociedad Civil y Otros.
- Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente y atento a lo informado en la cuenta que antecede, en el sentido que en auto de diecisiete de junio de la presente anualidad, se tuvo por cumplida la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes se hubieren inconformado con el auto que tuvo por cumplida la sentencia dictada por este Juzgado de Distrito; con fundamento en el numeral 196 de la invocada Ley de la Materia, se ordena archivar este expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Ahora bien, toda vez que por sentencia ejecutoria dictada en el presente juicio, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa; en consecuencia, este asunto encuadra en el supuesto previsto en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; por tanto, se hace la observación que el presente expediente es susceptible de depuración, debiendo conservarse únicamente la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al juicio. Ahora, atento al estado de autos, se advierte que la autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, remitió a este Juzgado federal, como parte de su informe justificado, las documental siguientes: Copia certificada totalidad de las constancias que integran el juicio laboral 268/2010 de su índice. Atento a ello, y toda vez que en la propia fecha se está ordenando el archivo de este asunto, al ser innecesaria la retención de la prueba de referencia, devuélvase las mismas a la autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, solicitándole el acuse de recibo de estilo. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Juan Armando Cortés Carabias, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecisiete de junio de dos mil veintidós. V i s t o s los autos del juicio de amparo indirecto 844/2021-II, para resolver si se ha cumplido o no la sentencia ejecutoriada; y, R e s u l t a n d o: (...) En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de la Materia, al no advertirse exceso o defecto en el cumplimiento, procede declarar cumplida la ejecutoria de amparo. Finalmente, hágase saber a las partes que cuentan con el término de quince días legalmente computados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, en términos de los artículos 201 y 202 del mencionado cuerpo legal, para que manifiesten ante este Juzgado su inconformidad con esta determinación, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del término señalado se tendrá por consentida la misma. Notifíquese personalmente. (...)
- Principal
Mérida, Yucatán, veinte de mayo de dos mil veintidós. Atento a lo informado por el Secretario en la razón que antecede y toda vez que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso alguno en contra de la sentencia firmada el dieciséis de febrero de dos mil veintidós, dictada por este Juzgado Federal, en la que en el punto resolutivo primero se concedió el amparo de la Justicia de la Unión a la parte quejosa; con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado, se declara que aquella sentencia, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. En consecuencia, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, para que dentro del término de tres días siguientes contados desde que reciba el oficio con el que se le transcribe el presente acuerdo, se sirva informar a este Juzgado de Distrito sobre el cumplimiento que haya dado a la ejecutoria de amparo o bien, los actos realizados para ese fin, en el entendido de que los efectos concedidos en el presente juicio de amparo fueron los siguientes: ".la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, emita, como en derecho proceda y con plenitud de jurisdicción, la resolución que deba recaer a la revisión de actos del Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, interpuesto en contra del auto de cuatro de mayo de dos mil dieciséis en el juicio reclamatorio laboral 268/2010 del índice de dicha junta." En ese sentido, la autoridad responsable deberá remitir a este órgano federal las constancias relativas a todo lo actuado con motivo de dicho cumplimiento; con el apercibimiento que de no hacerlo así, dentro del término legal que para tal efecto se les señala, se procederá conforme al artículo 193 de la Ley de Amparo y acorde a lo estipulado en la fracción XVI, del artículo 107 de la Constitución Federal, esto es, se les impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado de este acuerdo, con fundamento en los artículos 238 y 258, de la Ley de la Materia, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado a que corresponda o en su caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 54/2014, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el catorce de noviembre de dos mil catorce, que a la letra dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." En atención a las medidas de contingencia, se hace del conocimiento de la autoridad ya nombrada que podrá hacer llegar a este Juzgado los oficios en donde informen el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo o cualquier otro documento relacionado con este juicio, enviándolos al correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional que es el siguiente 1jdo14cto@correo.cjf.gob.mx. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario Juan Armando Cortés Carabias, que autoriza y da fe.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del presente juicio de amparo 844/2021-II, promovido por Roberto Everardo Reyes Colula apoderado legal de Aberartegi, Sociedad Civil, contra actos que reclama de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, por estimarlo violatorio de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, Roberto Everardo Reyes Colula apoderado legal de Aberartegi, Sociedad Civil solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Segundo. admisión de la demanda. Por auto de siete de junio de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo, se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se emplazó a la parte tercero interesada, se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede, por lo que es procedente pronunciar la sentencia correspondiente. C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 35 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, al reclamarse omisiones a una autoridad con residencia dentro del ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de actos. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Sirve de apoyo lo anterior, la tesis jurisprudencial número P./J 40/2000, Novena época, visible en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Jurisprudencia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación cuyo rubro y texto es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". De igual forma, apoya a lo anterior la tesis Jurisprudencial número P. VI/2004, Novena época, visible en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Al respecto, debe decirse que de la lectura integral de la demanda de amparo y del informe rendido por la autoridad responsable se advierte que la parte quejosa reclama: - La omisión de resolver la revisión de actos del Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, interpuesto en contra del auto de cuatro de mayo de dos mil dieciséis en el juicio reclamatorio laboral 268/2010 del índice de dicha junta. Tercero. Certeza del acto reclamado. La Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en su informe justificado negó la existencia del acto reclamado, no obstante, del contenido de dicho informe se advierte la existencia del mismo, lo que se corrobora con las constancias remitidas, las cuales cuentan con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo; de ahí que el acto reclamado deba considerarse como existente. Cuarto. Antecedentes del acto reclamado. Las copias certificadas de constancias relativas al juicio laboral número 268/2010, remitidas por la autoridad responsable, brindaron la información siguiente: 1. El seis de agosto de dos mil diez, se admitió a trámite la demanda laboral promovida por Carlos Jorge Yabur Cortés, en contra de Aberartegi, Sociedad Civil y otro, reclamándoles diversas prestaciones; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de ley, y se ordenó al actuario notificar a la demandada y correrle traslado con copia de la demanda. 2. El diecinueve de septiembre de dos mil catorce, se elaboró proyecto de resolución de laudo y el dos de octubre del referido año, la Junta del conocimiento elevó dicho proyecto a la categoría de laudo, que condenó a la quejosa a pagar al actor las cantidades y conceptos señalados. 3. Mediante auto de treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, la junta responsable admitió la revisión de actos del Presidente interpuesto en contra del auto de cuatro de mayo de dos mil dieciséis dictado en el juicio reclamatorio laboral 268/2010 del índice de la responsable. 4. Mediante la audiencia de pruebas y alegatos de cuatro de julio de dos mil dieciséis, la junta responsable tuvo por presentadas a las partes y por ofrecidas las diversas probanzas presentadas por las mismas, reservándose resolver la referida revisión en contra de actos de presidente. Quinto. Estudio de fondo. El concepto de violación aducido por la parte quejosa, en el que refiere que la omisión de resolver la revisión de actos del Presidente interpuesto en contra del auto de cuatro de mayo de dos mil diecisiete dictado en el juicio de origen, contraviene la garantía de acceso efectivo a la justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, es fundado, de acuerdo con las consideraciones legales que a continuación se expresan: El mencionado precepto establece: "ARTÍCULO 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando prohibidas las costas judiciales." El derecho fundamental contenido en el artículo transcrito dispone que los tribunales jurisdiccionales impartirán justicia en forma expedita y gratuita; de tal forma que entre los diversos derechos fundamentales que se tutelan en ese numeral, está el relativo a tener acceso efectivo a la administración de justicia; pero, para su debido acatamiento no basta que se permita a los gobernados instar ante un órgano jurisdiccional, sino que tal acceso debe hacerse efectivo en la medida en que pueda obtenerse una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley, se resuelva si le asiste o no razón sobre los derechos cuya tutela jurisdiccional ha solicitado. De acuerdo con lo expuesto y apreciando el artículo 17 de la Constitución Federal, en función del procedimiento ordinario laboral, puede decirse que los Tribunales Laborales faltan a la garantía de administración de justicia pronta cuando no tramitan ni resuelven los juicios laborales en los plazos y términos precisados en la Legislación Laboral. De ahí que le asista razón a la parte quejosa, ya que la autoridad responsable, con su actuar omiso, vulneró en su perjuicio lo establecido en los artículos 849, 850, 851 y 852 de la Ley Federal del Trabajo vigentes al momento de la presentación de dicho incidente, los cuales disponen: "Artículo 849.- Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión. Artículo 850. De la revisión conocerán: I. La Junta Especial de la de Conciliación y Arbitraje correspondiente, integrada con los representantes de los patrones y de los trabajadores y con el auxiliar que esté conociendo del asunto, conforme al artículo 635 de esta Ley, cuando se trate de actos de los Presidentes de las mismas; II. El Presidente de la Junta o el de la Junta Especial correspondiente, cuando se trate de actos de los actuarios o de los funcionarios legalmente habilitados; y III. La Junta de Conciliación y Arbitraje con la participación del Secretario General de Acuerdos, cuando se trate de actos del Presidente de ésta o cuando se trate de un conflicto que afecte dos o más ramas de la industria. Artículo 851.- La revisión deberá presentarse por escrito ante la autoridad competente, dentro de los tres días siguientes al en que se tenga conocimiento del acto que se impugne. Artículo 852.- En la tramitación de la revisión se observarán las normas siguientes: Al promoverse la revisión se ofrecerán las pruebas respectivas; II. Del escrito de revisión se dará vista a las otras partes por tres días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y ofrezcan las pruebas que juzguen pertinentes; y Se citará a una audiencia de pruebas y alegatos, dentro de los diez días siguientes a la presentación de la revisión, en la que se admitirán y desahogarán las pruebas procedentes y se dictará resolución. Declarada procedente la revisión, se modificará el acto que la originó en los términos que procedan y se aplicarán las sanciones disciplinarias a los responsables, conforme lo señalan los artículos 637 al 647 de esta Ley." Ahora bien, de las copias certificadas deducidas del juicio laboral de origen remitidas por la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, se obtiene que en la audiencia de pruebas y alegatos de cuatro de julio de dos mil dieciséis, se tuvo por presentadas a las partes y por ofrecidas las diversas probanzas presentadas por las mismas, reservándose la autoridad responsable resolver la revisión de actos de presidente de dicha junta de fecha cuatro de mayo de dos mil dieciséis, en el juicio reclamatorio laboral 268/2010. De ahí, la Junta responsable ha sido omisa en dictar la resolución relativa a la revisión de actos de presidente referido en el párrafo que antecede y que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo, ya que de las constancias remitidas por la misma en el presente juicio, no se advierte que se haya resuelto la referida revisión. Asimismo, del numeral 852 de la Ley Federal de Trabajo aplicable, se advierte que la autoridad competente en relación a la revisión de actos de presidencia, citará a una audiencia de pruebas y alegatos, dentro de los diez días siguientes a la presentación de la revisión, en la que se admitirán y desahogarán las pruebas procedentes y se dictará resolución. Motivo por el cual, la autoridad responsable no cumplió con lo establecido por dicha normativa, toda vez que de las constancias que obran en autos, se advierte que hasta la fecha no ha resuelto la revisión de actos de presidente planteada por la aquí parte quejosa, pues en la audiencia de pruebas y alegatos de cuatro de julio de dos mil dieciséis, se reservó resolver dicha revisión, cuando la ley reglamentaria de la materia ordena resolver la misma en la citada audiencia. Por lo que, de lo antes narrado, puede concluirse que existe una dilación en el procedimiento que viola lo dispuesto en los artículos 849, 850, 851 y 852 de la Ley Federal del Trabajo, antes referidos, en virtud de que no existe causa justificada para que no se hubiera emitido la resolución incidental correspondiente en el juicio laboral de que se trata. Es decir, no se puede considerar que el actuar de la Junta responsable se encuentra apegado a derecho, pues no se ha emitido la resolución incidental correspondiente que afecta en forma directa e inmediata a la parte quejosa, vulnerándose el principio de celeridad contenido en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo conducente estatuye que los tribunales estarán expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, y deberán emitir sus resoluciones en forma pronta, completa e imparcial. En las relatadas condiciones, con esta actitud de dilación y demora, la autoridad responsable infringió las reglas del procedimiento laboral, en contravención a la ley que rige el acto reclamado, lo que implica violación a la garantía denominada derecho a la jurisdicción, que consagra el precepto 17 de la Carta Magna, la cual instituye a favor de los gobernados el disfrute de diversos derechos relacionados con la administración de justicia. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 192/2007, emitida por la Segunda Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del rubro siguiente: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES" En este contexto, debe concluirse que la autoridad responsable al omitir resolver la revisión de actos de presidente interpuesta en contra del proveído de cuatro de mayo de dos mil dieciséis en autos del juicio laboral 268/2010, indebidamente incurrió en omisiones y dilaciones que hacen nugatorio el derecho de mérito, con lo que transgrede la garantía constitucional de justicia pronta y expedita en perjuicio de la parte quejosa. No pasa desapercibido para este resolutor, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado, haya manifestado que mediante acuerdo de cuatro de mayo de dos mil dieciséis, entregó a la parte actora un cheque en relación al laudo dictado en el juicio laboral de origen y en consecuencia ordenó el archivo del mismo como asunto totalmente concluido, y que mediante diverso auto de tres de diciembre de dos mil diecinueve, hizo entrega de la parte aquí quejosa diversos billetes de depósito, pues precisamente lo que reclama la parte quejosa en el presente juicio de amparo, es la omisión de la autoridad responsable de resolver la revisión de actos de presidente relativo al referido proveído de cuatro de mayo de dos mil dieciséis, lo cual, hasta la presente fecha no ha acontecido. Sexto. Efectos de la sentencia. En las relatadas condiciones, lo procedente en el caso es conceder a Aberartegi, Sociedad Civil por conducto de su apoderado legal, el amparo y protección de la Justicia Federal que insta, para el efecto de que la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, emita, como en derecho proceda y con plenitud de jurisdicción, la resolución que deba recaer a la revisión de actos del Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, interpuesto en contra del auto de cuatro de mayo de dos mil dieciséis en el juicio reclamatorio laboral 268/2010 del índice de dicha junta. Séptimo. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, y demás relativos de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R e s u e l v e: Primero. La Justicia de la Unión ampara y protege a Aberartegi, Sociedad Civil por conducto de su apoderado legal, en contra de los actos que reclamó de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, para los efectos señalados en el considerando sexto de este fallo. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el Secretario licenciado Juan Armando Cortés Carabias, que autoriza y da fe, hasta el día de hoy dieciséis de febrero de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del Juzgado.
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