Abelardo López Maldonado

Expediente 55/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
55/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
17/07/2018

Partes del expediente

  • Abelardo López Maldonado

Actuaciones

  1. Principal

    Por recibido el oficio 2757, signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria de veintiuno de junio de dos mil dieciocho, pronunciada en el recurso de queja 69/2018, interpuesto por el quejoso Abelardo López Maldonado, contra el proveído de quince de febrero de dos mil dieciocho, dictado en este juicio de amparo (fojas 33 a 37); acúsese el recibo correspondiente. Ahora bien, en virtud de que el Tribunal de Alzada en la ejecutoria de referencia, declaró infundado el recurso de queja interpuesto por el aludido quejoso, contra el acuerdo de quince de febrero de esta anualidad, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la materia, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; asimismo, se destaca que en el presente expediente se desechó la demanda de amparo, no se concedió la suspensión de plano y no existen documentos ofrecidos por la parte quejosa, considerados como originales por el punto Segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General Conjunto 1/2009, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; por consiguiente, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, es susceptible de destrucción, por encuadrar en el supuesto previsto en el artículo vigésimo primero, fracción I, del Capítulo V, del citado Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio 5226/2018, signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, mediante el cual acusa recibo del oficio 469-III, por el que se rindió informe justificado, con relación al recurso de queja interpuesto por el quejoso Abelardo López Maldonado, contra el auto de quince de febrero de dos mil dieciocho, dictado en este juicio, por el que se desechó su demanda de amparo, y se remitió copia certificada de las constancias deducidas de este expediente, así como el original del escrito de interposición del recurso y expresión de agravios. Asimismo, informa que se admitió a trámite dicho recurso, el cual quedó registrado con el número de queja 69/2018.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el escrito del quejoso Abelardo López Maldonado, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del acuerdo de quince de febrero de dos mil dieciocho (fojas 33 a 37), dictado en este juicio, por el que se desechó de plano su demanda de amparo; por consiguiente, glósese a los autos copia del escrito de queja y expresión de agravios que acompaña con el de cuenta. Ahora, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, primer párrafo, 99, 100 y 101, primer párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, ríndase informe sobre la materia de la queja, en el sentido de ser cierto el acto reclamado, toda vez que esta autoridad en el presente juicio de amparo 55/2018, dictó el auto de quince de febrero de dos mil dieciocho, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, promovida por el quejoso recurrente Abelardo López Maldonado, al estimarse que la misma resultaba improcedente en términos de los artículos 17 y 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, por haberse promovido fuera del plazo de quince días, siguientes al día en que el quejoso manifestó tener conocimiento de la existencia del acto reclamado. Ahora bien, toda vez que del escrito de cuenta se advierte que la parte recurrente señala como constancias para remitirse al órgano jurisdiccional que deba resolver el recurso de queja interpuesto, todo lo actuado en el presente juicio de amparo; por consiguiente, se ordena remitir copia certificada de dichas constancias, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, así como el original del escrito de interposición del recurso de queja y expresión de agravios, y el informe sobre la materia de la queja, para la substanciación del recurso interpuesto. Hágase la anotación en el libro de gobierno.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve ABELARDO LÓPEZ MALDONADO, contra actos del Juez Segundo Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Escondido, Oaxaca; en consecuencia, fórmese y regístrese el expediente de amparo con el número que le corresponda. Ahora bien, por ser cuestión de orden público y de estudio preferente a la admisión de la demanda, primeramente se analizará, si la misma, está afecta a alguna de las causas de improcedencia que previene el artículo 61 de la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 62, que dice: .. La recta intelección de los preceptos legales transcritos, debidamente correlacionados en su aspecto integral, conducen a concluir que el plazo genérico con que cuenta un gobernado que se siente agraviado por un acto de autoridad, para reclamarlo en la vía de amparo es de quince días, contados a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley que rige el acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; al en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución; con la consecuencia procesal que de no hacerlo dentro del indicado plazo, entonces el juicio de amparo resultará improcedente por haberse consentido tácitamente el acto. Sentada la premisa de que para la procedencia del ejercicio de la acción constitucional, se requiere que ésta se promueva dentro del plazo de quince días, contados a partir del siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley que rige el acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; al en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución; se concluye que el amparo pedido por el quejoso ABELARDO LÓPEZ MALDONADO, contra el acto reclamado en su demanda de amparo, resulta improcedente en términos de los artículos 17 y 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, por haberse promovido la demanda de amparo fuera del plazo de quince días, siguientes al día en que el quejoso manifestó tener conocimiento de la existencia de dicho acto reclamado, y se advierte fue notificado del mismo, con la documental que acompaña con su escrito de demanda . En efecto, del escrito de demanda, específicamente del apartado de narración de los antecedentes de los actos reclamados, se advierte que el quejoso, manifestó bajo protesta de decir verdad, lo cual constituye una confesión en términos del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, párrafo segundo, y que adquiere eficacia probatoria plena acorde a lo señalado por el artículo 199 de la legislación procesal civil mencionada, que el diecinueve de enero de dos mil dieciocho, tuvo conocimiento de la existencia del acto reclamado. Lo anterior se desprende de la narración que literalmente el quejoso hace en el apartado relativo a los hechos o abstenciones del acto reclamado, en los siguientes términos: ".Mediante comparecencia de fecha diecinueve de enero del dos mil dieciocho, la señora Francisca Hernández Bustamante, solicitó en esa fecha reitera su solicitud separación de cónyuges mediante acto prejudicial por lo cual el Juez del Juzgado Segundo Mixto de Primera Instancia, declara abierta la diligencia y tiene la actora ratificando lo solicitado en su escrito de fecha nueve de enero del año dos mil dieciocho; por lo cual ordena el traslado del personal actuante al domicilio del suscrito, ubicado en Calle la Lucerna sin número, Rancho la Lucerna, San Pedro Mixtepec, Juquila, Oaxaca, constituyéndose hasta mi domicilio y sacándome del mismo, asimismo la señora Francisca Hernández Bustamante e dicha diligencia solicitó que se me requiriera para que no la molesta a ella y a los trabajadores en los centros de trabajo, es decir, el local de carnicería número 75, ubicado en el interior del mercado "Benito Juárez" de Puerto Escondido y sucursal de la matriz la porteña, ubicado en camino real, sin número, San Pedro Mixtepec." (sic) Asimismo, de la documental que acompaña el quejoso con su escrito de demanda, consistente en un cuadernillo de copias certificadas de las constancias deducidas del expediente 14/2018, relativo a la solicitud como acto prejudicial de separación de domicilio conyugal del cónyuge varón Abelardo López Maldonado, promovida por Francisca Hernández Bustamante, del índice del Juzgado Segundo Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Escondido, Oaxaca, con valor probatorio pleno en su calidad de actuaciones judiciales acorde a lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, obra la diligencia de separación de cónyuges reclamada, de fecha diecinueve de enero de dos mil dieciocho, de la que se advierte que la misma fue llevada a cabo con presencia de Abelardo López Maldonado; diligencia en la que una vez decretada la separación del cónyuge varón, a solicitud de la promovente del acto prejudicial, el Juez responsable requirió en ese acto al cónyuge varón aquí quejoso, para que se abstenga de molestar a su aún cónyuge, en su domicilio conyugal o centros de trabajo, asentándose en la diligencia de mérito, que las determinaciones ahí decretadas cobraban vigencia y surtían sus efectos a partir de ese momento, y debería observarse por los involucrados, quienes manifestaron quedar enterados y darse por notificados legalmente. En ese tenor, al existir confesión expresa del quejoso, respecto de la fecha en que se ostentó sabedor de la existencia del acto reclamado, lo que se corroboró con lo asentado en la actuación judicial señalada en el párrafo que antecede, siendo dicha fecha, el diecinueve de enero de dos mil dieciocho, resulta evidente que, la acción constitucional entablada en contra del acto reclamado, resulta improcedente de conformidad con lo señalado por los artículos 17 y 61, fracción XIV, de la nueva Ley de Amparo. Se considera así, en la medida que, el plazo de quince días con que contaba el quejoso para promover demanda de amparo en contra del acto reclamado, empezó a transcurrir a partir del día hábil siguiente en que tuvo conocimiento de la existencia del acto reclamado o fue notificado del mismo, esto es, el veintidós de enero de dos mil dieciocho, y feneció dicho plazo el doce de febrero del presente año, sin contar los días inhábiles que mediaron entre ambas fechas, siendo estos, el veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de enero, tres, cuatro, cinco, diez y once de febrero de esta anualidad, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Amparo. De lo anterior, se sigue que, si el agraviado hasta el trece de febrero de dos mil dieciocho, promovió demanda de amparo contra el acto reclamado, resulta claro que el plazo de quince días que tenía para ello, ya había transcurrido, pues como se dijo, tuvo hasta el doce de febrero de dos mil dieciocho, para presentar su demanda de amparo. En el entendido que los criterios jurisprudenciales citados en este acuerdo, son aplicables de conformidad con lo establecido en el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo vigente, dado no se oponen a las disposiciones de dicha ley. Por las razones expuestas, con fundamento en los artículos 17, 61, fracción XIV, y 217 de la Ley de Amparo, por motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo que promueve ABELARDO LÓPEZ MALDONADO, contra el acto reclamado al Juez Segundo Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Escondido, Oaxaca. Como el quejoso señala los estrados de este Juzgado como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones, y los artículos 26, fracción III, y 29, de la Ley de Amparo, regulan las notificaciones por lista que se publican en los estrados de este Juzgado, por consiguiente, por ser esa la voluntad del quejoso y estar ajustada a derecho, como lo pide, las notificaciones que le correspondan en el presente asunto, aún las de carácter personal, hágansele mediante lista de acuerdos. Asimismo, se tiene por autorizadas únicamente para recibir notificaciones personales e imponerse de autos a las personas que menciona el quejoso en su escrito de demanda, esto es, sin las amplias facultades del mencionado precepto legal, toda vez que no acreditan contar con cédula profesional de la licenciatura en derecho, circunstancia a la cual estaban obligadas en la medida de que se trata de un juicio de amparo en materia civil, aunado a que no se encontró registro alguno a sus nombres en el Módulo de Cedulas Profesionales de la Red Internet de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, lo mismo que en los Libros de Registros de Cedulas Profesionales que se llevan en este Juzgado. Hágase saber a la parte quejosa que las determinaciones de carácter público que se dicten en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, de acuerdo al procedimiento de acceso a la información y tomando en cuenta lo previsto en el artículo 8, primer párrafo, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, que dice: "Si las partes ejercen en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el respectivo órgano jurisdiccional."; por tanto, las partes pueden ejercer en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales, el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para oponerse a que se publiquen sus datos personales, cuando se presente solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, para que sea tomado en consideración por la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo, y en su caso, determine si tal oposición puede o no surtir efectos. En la inteligencia que, aun cuando las partes no ejerzan la oposición a que se refiere el artículo 8 para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para que se hagan públicas las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que éstas puedan contener, procurando que dicha supresión de datos no impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional.

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