Abel Mendoza Cruz
Expediente 370/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 370/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Abel Mendoza Cruz
Actuaciones
- Principal
Agréguense a los autos los oficios 25154 y 25369, signados por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, mediante los cuales, con el primero, transcribe al auto de treinta de agosto de dos mil diecinueve, del que se advierte, aceptó la competencia declinada por este órgano jurisdiccional, avocándose al conocimiento de asunto, mismo que quedó registrado con el número de juicio de amparo 799/2019; así también, solicita, se le remita copia certificada del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 26/2019, para los efectos legales correspondientes; por consiguiente, como lo insta la autoridad oficiante, remítasele la copia certificada que solicita; y con el segundo, solicita se haga disponible el expediente electrónico del presente juicio, a fin de poderlo vincular al expediente electrónico de su índice; por consiguiente, se instruye a la analista jurídica encargada del "Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0)", a fin de que habilite los permisos correspondientes del expediente electrónico relativo al juicio de amparo 370/2019, del índice de este Juzgado, para los efectos legales a que haya lugar Lo anterior, hágase de conocimiento de la autoridad oficiante. En consecuencia, atendiendo a la certificación que antecede, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en los artículos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Ahora, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve; asimismo, se destaca que en el presente expediente no existen documentos originales, y que este Juzgado declaró carecer de competencia para conocer del asunto, como consecuencia de lo anterior, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, es susceptible de destrucción por ubicarse en el supuesto de la fracción I, del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General, debiéndose hacer la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Principal
Por recibidas las documentales de cuenta consistentes en copia autorizada de la interlocutoria de treinta y uno de julio del año en curso, dictada en el juicio de amparo 26/2019 del índice de este juzgado, promovida por Abel Mendoza Cruz; copia certificada del juicio citado y un anexo consistente en copia certificada del tomo uno del duplicado de la causa penal 124/2016 del índice del Juzgado Primero Penal del Distrito Judicial del Centro, con sede en Santa María Ixcotel, Centro, Oaxaca, que se instruye en contra de Abel Mendoza Cruz y otros, como probable responsable de la comisión del delito de despojo agravado, cometido en perjuicio patrimonial del Comisariado de Bienes Comunales de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca. Ahora, en acatamiento a la citada interlocutoria de treinta y uno de julio del año en curso, este juicio de amparo se ocupará únicamente del acto reclamado, consistente en la orden de aprehensión librada en contra del quejoso Abel Mendoza Cruz, por el Juez Primero Penal del Distrito Judicial del Centro, con sede en Santa María Ixcotel, Centro, Oaxaca, que deriva del expediente de origen número 124/2016, y su ejecución, atribuida al Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones, Director de Investigaciones y Titular de la Primera Comandancia Operativa, todas con residencia en La Experimental, San Antonio de la Cal, Oaxaca, y Fiscal General del Estado de Oaxaca, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec; regístrese en el libro de gobierno respectivo y fórmese el expediente de amparo con el número 370/2019, que le corresponde. Antes de pronunciarse sobre la admisión de la demanda de amparo resulta necesario verificar si este Juzgado Sexto de Distrito, es competente para conocer de la misma, por ser éste un presupuesto procesal cuyo estudio es de orden público. Al respecto, cabe destacar que el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: . El numeral transcrito establece diversas reglas para fijar la competencia de los órganos jurisdiccionales federales, a saber: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente el juez de la jurisdicción ante el que se presente la demanda; y, 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. Lo que distingue las dos primeras reglas de la tercera, es que en ésta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la actualización de las otras exige esta ejecución; y lo que hace la diferencia entre las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios Jueces Federales, ya que la primera regla se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción, mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. Así, como se adelantó, son los actos de ejecución los que determinan la competencia de los Jueces de Distrito; entonces, respecto a la primera regla competencial, que es la fundamental, debe establecerse que es el lugar donde vaya a ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado lo que fija la competencia del Juez de Distrito, es decir, es Juez competente aquél en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar donde los actos de ejecución se vayan a realizar o se hayan realizado; sin que obste que los actos ordenadores o decisorios emanen de una autoridad cuya residencia no pertenezca a dicha circunscripción. Luego, para determinar la competencia de un Juez de Distrito en el conocimiento de un juicio de amparo donde se reclamen actos que tengan ejecución material, debe atenderse al lugar donde éstos se realicen, traten de realizarse o se hayan realizado, de manera que la residencia de la autoridad ordenadora es irrelevante para la fijación competencial, esto es, el sitio donde los actos reclamados vayan a ejecutarse materialmente, se ejecuten o se hayan ejecutado, es lo que establece la competencia de los Jueces de Distrito. En relación a la segunda hipótesis de competencia, los actos de ejecución son susceptibles de realizarse en diferentes lugares comprendidos dentro de jurisdicciones territoriales pertenecientes a diversos Jueces de Distrito, por lo que la competencia para conocer del amparo respectivo se surte a favor del juez ante el que se presente la demanda. Establecido lo anterior, debe destacarse que en el caso, el peticionario de amparo, esencialmente, reclama a través de este juicio de amparo, la orden de aprehensión librada en contra del quejoso Abel Mendoza Cruz, por el Juez Primero Penal del Centro de Oaxaca, con sede en Santa María Ixcotel, Centro, Oaxaca, que deriva del expediente de origen número 124/2016, y su ejecución, atribuida al Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones, Director de Investigaciones y Titular de la Primera Comandancia Operativa, todas con residencia en La Experimental, San Antonio de la Cal, Oaxaca, y Fiscal General del Estado de Oaxaca, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec. Asimismo, el aquí quejoso en la demanda de amparo señala que su domicilio se encuentra ubicado en calle Aldama Número cuarenta y dos, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca (foja 6). En este tenor, con base en los antecedentes expuestos, resulta evidente que el acto reclamado a través de esta vía constitucional, por su naturaleza, tienen ejecución en Santa Cruz Xoxocotlán, esto es, fuera de la circunscripción correspondiente a este órgano jurisdiccional; en consecuencia, es obvio que se surte la primera regla competencial, que es el lugar en donde tienen ejecución los actos reclamados, es decir, es juez competente aquél en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar donde el acto de ejecución se realiza. En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 97, Séptima Época, publicada en el Informe 1972, Parte II, de rubro y texto siguientes: . En ese orden, en términos del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, la competencia se surte a favor de un Juzgado de Distrito con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, por ser éste el que tiene competencia en Santa cruz Xoxocotlán, Oaxaca, lugar donde se ejecuta o deba tener ejecución el acto reclamado, y en el que tiene su domicilio el aquí quejoso Abel Mendoza Cruz, mismo que no se encuentra dentro de los municipios en que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción territorial, como lo establece el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que dispone: . En las relatadas consideraciones, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, y Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta autoridad declara carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo en cuestión, declinándola a favor del Juez de Distrito en turno, con residencia en San Bartolo Coyotepec; por consiguiente, previa copia certificada que se deje en los presentes autos, remítasele las constancias de cuenta consistentes en copia autorizada de la interlocutoria de treinta y uno de julio del año en curso, dictada en el juicio de amparo 26/2019 del índice de este juzgado, promovida por Abel Mendoza Cruz; copia certificada del juicio citado y un anexo consistente en copia certificada del tomo uno del duplicado de la causa penal 124/2016 del índice del Juzgado Primero Penal del Distrito Judicial del Centro, con sede en Santa María Ixcotel, Centro, Oaxaca, que se instruye en contra de Abel Mendoza Cruz y otros, como probable responsable de la comisión del delito de despojo agravado, cometido en perjuicio patrimonial del Comisariado de Bienes Comunales de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, así como el original de la papeleta de turno, para que proceda conforme a sus facultades legales, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Fórmese cuaderno de antecedentes. No se hace pronunciamiento respecto a la suspensión provisional de los actos reclamados, toda vez que ya se resolvió sobre el mismo en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 26/2019, del índice de este Juzgado. Se tiene por autorizado con todas las facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, en relación a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, al licenciado RAMIRO GUADALUPE HERNÁNDEZ JARQUÍN, no obstante que no se encuentra registrada su cédula profesional EN EL SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO, ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO, ya que fue proporcionado el número de su cédula profesional 8636320, se realizó la búsqueda respectiva en el Registro Nacional de Profesiones, encontrándose debidamente registrada; y las notificaciones que surjan aun las de carácter personal hágansele por lista de acuerdos que se fije en los estrados de este Juzgado, como esta ordenado en proveído de siete de febrero de dos mil diecinueve (foja 82). Hágase saber a las partes que la sentencia ejecutoria y demás resoluciones públicas que se dicten en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, de acuerdo al procedimiento de acceso a la información y tomando en cuenta lo previsto en el artículo 8, primer párrafo, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, que dice: "Si las partes ejercen en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el respectivo órgano jurisdiccional."; por tanto, las partes pueden ejercer en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales, el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para oponerse a que se publiquen sus datos personales, cuando se presente solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, para que sea tomado en consideración por la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo, y en su caso, determine si tal oposición puede o no surtir efectos. En la inteligencia que, aun cuando las partes no ejerzan la oposición a que se refiere el artículo 8 para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para que se hagan públicas las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que éstas puedan contener, procurando que dicha supresión de datos no impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional.
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