Abel Monjaraz Cruz

Expediente 93/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 19 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
93/2017
Año
2017
Actuaciones
19
Última actuación
11/10/2017

Partes del expediente

  • Abel Monjaraz Cruz
  • Abel Monjaraz Cruz y Otros.
  • Secretario de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, con sede en Oaxaca de Juárez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el mensaje telegráfico del director General de Reinserción Social, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por el que solicita se le informe, el estado actual que guarda el presente juicio de amparo; en atención a su contenido dígase a la autoridad oficiante que mediante proveído de tres de octubre de dos mil diecisiete (foja 277), quedó firme el auto por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; lo cual, se hizo de su conocimiento mediante oficio número 3684-IV, de esa misma fecha.

  2. Principal

    Visto el contenido de la certificación de cuenta, en atención a que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión en contra del auto de cinco de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 251-254), mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia este juicio de amparo; con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en vigor, se declara que dicho auto queda firme para todos los efectos legales procedentes; en consecuencia,' háganse las anotaciones en el libro de gobierno; gírese oficio a la autoridad responsable, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; asimismo, se destaca que en el presente expediente no se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el punto segundo, fracción XVIII, del citado Acuerdo General, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; como consecuencia de lo anterior, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, es susceptible de destrucción. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  3. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio número CJ/JEP/RC/1619/2017-J, signado por el juez de Ejecución de Penas del Sistema Acusatorio Adversarial, con sede en esta ciudad, y anexo, sin que haya lugar a emitir mayor pronunciamiento, toda vez que el cinco del mes y año en curso (fojas 251-254), se proveyó lo conducente al ser recibido dicho oficio y anexo por vía fax (fojas 246-250).

  4. Principal

    Vista la certificación secretarial y el estado de autos de los que se advierte que la parte quejosa, no hizo manifestación alguna respecto de la vista que se le dio en proveído de cuatro de agosto de esta anualidad (foja 201), para que dentro del plazo de tres días siguientes a su legal notificación manifestara lo que a su derecho conviniera, con relación a la causa de improcedencia advertida en este juicio de amparo. Ahora, es menester señalar que el estudio de las causales de improcedencia, por ser de orden público, son de estudio preferente, por lo que es obligación de todo órgano de control constitucional que tan pronto tenga conocimiento de la existencia de alguna causa que haga improcedente el juicio de amparo, debe realizar su estudio, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, y en acatamiento a la jurisprudencia número 11.1°. J/5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, tomo VII, Mayo de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: .. La determinación que aquí se adopta se justifica con las documentales que la autoridad responsable juez de Ejecución de Penas de la Región del istmo, del Sistema Acusatorio Adversarial, con sede en esta ciudad, acompañó a su informe justificado (fojas 153¬200), de las cuales se aprecia que mediante proveído de quince de mayo de dos mil diecisiete (foja 196), dictado por el juez de referencia, se ordenó el traslado y reingreso del quejoso Emmanuel Regalado Terán, al reclusorio de Juchitán, Oaxaca, en cumplimiento a la resolución de fecha diez de marzo de dos mil diecisiete (fojas 182-186), dictado por el citado juez de Ejecución de Penas, la cual fue confirmada por la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del estado de Oaxaca, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca (fojas 191-194); asimismo, mediante oficio SSP/SPRS/DGRS/SJ/1963/2017, de fecha veinticuatro de mayo de esta anualidad (foja 197), el director General de Reinserción Social de la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, hizo del conocimiento al citado juez de Ejecución de Penas, que siendo las cinco horas con dieciséis minutos del veintiuno de mayo de dos mil diecisiete, la persona privada de su libertad Emmanuel Regalado Terán, egresó del citado Centro de Reinserción Social. De igual forma, mediante oficio número SSP/DGRS/CRJU/656/2017, de fecha veinticuatro de mayo de esta anualidad (foja 198), el Encargado del Centro de Reinserción Social de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, informó al multicitado juez, que siendo las diecisiete horas con cuarenta minutos del veintidós de mayo de esta anualidad, el sentenciado Emmanuel Regalado Terán, ingresó al citado centro penitenciario. Documentales de las cuales se les confiere valor probatorio pleno por tratarse de una instrumental de actuación judicial, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a lo dispuesto por su artículo 2. En razón a lo anterior, en la especie se actualiza la causa de improcedencia que prevé la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de la Amparo, en razón de que han cesado los efectos del acto reclamado, ya que si bien es cierto, éste consistió en la orden de traslado del quejoso Emmanuel Regalado Terán, del reclusorio de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, al Centro de Reinserción Social Número 3 de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, lo que efectivamente aconteció, como quedó demostrado en autos; sin embargo, posteriormente mediante proveído de quince de mayo de dos mil diecisiete, se ordenó el traslado y reingreso del quejoso al reclusorio de Juchitán, Oaxaca, en cumplimiento a la resolución de fecha diez de marzo de dos mil diecisiete, dictada por el citado juez de Ejecución de Penas, la cual fue confirmada por los magistrados integrantes de la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del estado de Oaxaca, con sede en Reyes Mantecón San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, asimismo, mediante oficio SSP/SPRS/DGRS/SJM/1963/2017, de fecha veinticuatro de mayo de esta anualidad, el director General de Reinserción Social de la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, hizo del conocimiento al citado juez de Ejecución de Penas, que el veintiuno de mayo de dos mil diecisiete, la persona privada de su libertad Emmanuel Regalado Terán, egresó del citado Centro de Reinserción Social, y por oficio SSP/DGRS/CRJU/656/2017, de fecha veinticuatro de mayo de esta anualidad, el Encargado del Centro de Reinserción Social de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, informó al multicitado juez, que el veintidós de mayo de esta anualidad, el sentenciado Emmanuel Regalado Terán, ingresó a éste último centro penitenciario, lo que se corrobora con la documental que el juez responsable acompañó a su informe justificado, lo que impone decretar el sobreseimiento en este juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Por las consideraciones planteadas, es procedente decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en este expediente, respecto a los actos reclamados a las autoridades responsables juez de Ejecución de Penas de la Región del Istmo, del Sistema Acusatorio Adversarial, con sede en esta ciudad; encargado del Centro de Reinserción Social de Juchitán, Oaxaca; director general de Reinserción Social, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, y comisionado de la Policía Estatal, con sede en Santa María Coyotepec, Oaxaca, de conformidad con el artículo 61, fracción XXI, en relación con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, en aras de la pronta impartición de justicia. Por su parte, las autoridades responsables director general de asuntos jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, y subsecretaria de Prevención y Reinserción Social, residentes en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, al rendir sus informes justificados (fojas 220 y 119), negaron la existencia de los actos reclamados, sin que la parte quejosa haya aportado prueba en contrario, para desvirtuar dicha negativa, no obstante que fue notificada del contenido de los citados informes, como se aprecia de autos (fojas 222 y 121); por consiguiente, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 284, visible en la página 236, Tomo IV, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, que textualmente dice: .. Sin que el sobreseimiento dictado fuera de audiencia en el presente juicio, en atención al principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Federal, implique agravio o deje sin defensa al amparista, pues la hipótesis en que se sustenta es notoria, manifiesta e indudable, de tal suerte, que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. . Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada para el desahogo de la audiencia constitucional en el presente asunto, que se fijó por proveído de veintitrés de agosto del año en curso (foja 223), para las diez horas con diez minutos del veintidós de septiembre de dos mil diecisiete. Por último, agréguese a los autos el oficio número CJ/JEP/RC/1619/2017-J, signado por el juez de Ejecución de Penas del Sistema Acusatorio Adversaria!, con sede en esta ciudad, en atención a su contenido, digasele que se esté a lo acordado en párrafos que anteceden. Asimismo, se ordena a la secretaría de este juzgado que elabore la correspondiente versión pública siguiendo los lineamientos que al efecto establece el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por mayoría del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve y se envíe al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), protocolo vigente, toda vez que en el mismo se establece que se aplicará a las resoluciones y sentencias a las que alude el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el uso obligatorio del Módulo de Captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, al no ser derogado por el diverso Acuerdo General del Pleno del citado Consejo, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, en vigor el día siguiente. Para los efectos de la publicidad de esta sentencia, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, se toma nota que las partes no manifestaron durante esta primera instancia su oposición a que se hagan públicos sus datos personales contenidos en esta sentencia; sin embargo, aun cuando las partes no hayan ejercido la oposición a que se refiere el artículo 8 de la citada Ley, se suprimirán los datos sensibles que éstas puedan contener, procurando que dicha supresión no impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional.

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