Abel Rodríguez Herrera
Expediente 686/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 12 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 686/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 05/10/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Abel Rodríguez Herrera
- Tribunal de Conciliación Y Arbitraje En el Estado de Zacatecas.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
En cinco de octubre de dos mil quince, el Secretario de Juzgado licenciado Jorge Martín Zamora González, CERTIFICA: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, transcurrió para la parte quejosa del catorce al veintiocho de septiembre del año en curso, con exclusión de cinco días por ser inhábiles, sin que se haya interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este Juzgado el cuatro de septiembre próximo pasado, dentro del juicio de amparo 686/2015.- DOY FE. En la misma fecha, se da cuenta al Juez, con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada por este Juzgado el cuatro de septiembre de dos mil quince, en la cual se sobreseyó el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. Devuélvase a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Zacatecas, las constancias que remitió en su informe, consistentes en copias certificadas de los expedientes números 216/2013, 217/2013, 231/2013, 232/2013, 233/2013, 234/2013, 236/2013 y 241/2013. Por lo que en su oportunidad de conformidad con el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de la Materia vigente, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otro lado, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el expediente principal como los cuadernos del incidente de suspensión definitiva SÍ SON SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN, en virtud que en relación al primero se decretó el sobreseimiento, y en el segundo, se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados; además de que este Juzgado considera que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse. Asimismo, respecto al CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo, es también SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES Y POR OFICIO A LA RESPONSABLE. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza.- DOY FE. Sonia
- Principal
El veintitrés de septiembre de dos mil quince, el Secretario de Juzgado licenciado Jorge Martín Zamora González, da cuenta al Juez, con un oficio registrado con el folio 18795. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintitrés de septiembre de dos mil quince. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes, el escrito de cuenta signado por ROMULO GALLEGOS SÁNCHEZ, ORLANDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, JUAN JOSÉ TOVAR ZASVALA, HUGO CÉSAR GALLEGOS HERNÁNDEZ, EVARISTO PÉREZ RANGEL, ALBERTICO COLUNGA JUÁREZ Y FELIPE GONZÁLEZ LÓPEZ, en su carácter de terceros interesados; en atención a su contenido, téngaseles por renunciando al término que se les concedió para ejercer el derecho del recurso de revisión dentro del juicio de amparo en que se actúa, con excepción de JUAN CARDONA MUÑOZ, por no haber firmado el escrito; asimismo dígaseles que una vez que transcurra el término a que alude el artículo 86 de la Ley de Amparo, se dictará la ejecutoria correspondiente. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza.- DOY FE. Sonia
- Principal
Resolución Constitucional Visto para resolver el juicio de amparo indirecto número 686/2015, promovido por Abel Rodríguez Herrera, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, que considera violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el seis de mayo de dos mil quince, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, ABEL RODRÍGUEZ HERRERA, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por el acto que enseguida se precisan: "III.- LA AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES: a) El H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Zacatecas, [.]." "IV.- ACTO RECLAMADO: Consiste en el AUTO DE FECHA TRECE Y CATORCE DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE, dictado por la Autoridad ahora señalada como responsable dentro de los juicios laborales marcados con los números 216/2013; 217/2013; 231/2013; 232/2013; 233/2013; 234/2013; 236/2013; y 241/2013, que se sigue en contra del H. Ayuntamiento de Villa Hidalgo, Zacatecas, mismo en el que, el H. Tribunal Laboral dijo textualmente lo siguiente: 'Se tiene por recibido el escrito de cuenta y anexo que le acompaña, ordenando se agregue a los autos para su constancia legal, atento a lo anterior se le tiene al licenciado OSWALDO BELTRÁN SAUCEDO, como apoderado legal de la actora del presente juicio, de conformidad a la carta poder exhibida, revocando cualquier designación que se haya realizado con antelación, lo cual con ese actuar se me deja en completo estado de indefensión y con flagrante violación a las garantías individuales de audiencia y legalidad de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; porque el Tribunal Laboral no tomó en cuenta ni mucho menos se me dice en que parte de los autos en que se actúa; los ahora Terceros Perjudicados, me designaron como su Apoderado Legal o a que revocación se refiere la ahora autoridad señalada como responsable porque en cada uno de los autos en que la responsable tiene a los ahora terceros perjudicados con la carta poder en la que designan nuevo apoderado legal, en ninguna de sus partes de los autos dictados por la responsable y que impugno en este momento, señala o especifica que se me haya hecho alguna designación de apoderado legal y no lo señala la ahora responsable porque dentro de los autos en que se actúa no existe autorización y/o documento que respalde la designación de apoderado legal a mi favor hecha por los ahora terceros interesados, es por lo que la responsable viola las garantías de audiencia y legalidad que consagran los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal porque no me especifica o mejor dicho no señala con claridad o describe fehacientemente a que revocación se refiere, cuando dice la Responsable en los acuerdos que ahora se impugnan lo siguiente: '.de conformidad a la carta poder exhibida revocando cualquier designación que se haya realizado con antelación', dejándome con ese actuar en completo estado de indefensión porque no especifica a cual designación se refiere; y que haya hecho el trabajador y la fecha en que se haya realizado dicha designación de apoderado legal a favor del suscrito, porque manifestó que a la fecha nunca se me ha hecho designación de apoderado legal en favor de los terceros interesados, entonces a que revocación se refiere la autoridad ahora señalada como responsable y debe responder por esa ilegalidad que se está cometiendo dentro de los autos de los expedientes señalados con antelación." SEGUNDO. Por razón de turno correspondió el conocimiento de la demanda a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad capital, y en auto de siete de mayo de dos mil quince, se registró y admitió a trámite bajo el número 686/2015; se solicitó a la autoridad señalada como responsable su informe justificado, se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados, se otorgó intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación y, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, iniciada al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, Zacatecas, es competente para resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 Constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción II, de la Ley de Amparo en vigor, así como en los diversos 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, la competencia para conocer de este asunto, se sustenta en el Acuerdo General 53/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación en veintiuno de noviembre de dos mil catorce. SEGUNDO. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Para tal efecto, se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda y actos reclamados con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de los calificativos sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las Jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004. El análisis integral de la demanda de amparo, en armonía con la totalidad de la información allegada a este expediente, revela que el quejoso señaló como actos reclamados, los siguientes: - Los autos de trece y catorce de abril de dos mil quince, dictados en los expedientes laborales 216/2013, 217/2013, 231/2013, 232/2013, 233/2013, 224/2013, 236/2013 y 241/2013, en los que se proveyó respecto a la solicitud de revocación del licenciado Abel Rodríguez Herrera como apoderado legal de los aquí terceros interesados y, se designó como nuevo apoderado legal al licenciado Oswaldo Beltrán Saucedo. TERCERO. Es cierto el acto atribuido al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad, pues así lo manifestó la Magistrada Presidenta al rendir su informe justificado (fojas 16 y 17 de autos). Sobre el particular resulta aplicable la Jurisprudencia siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Lo que además se corrobora con las constancias certificadas de los expedientes laborales números 216/2013, 217/2013, 231/2013, 232/2013, 233/2013, 224/2013, 236/2013 y 241/2013, a las que se asigna valor probatorio pleno conforme con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, lo que basta para demostrar la certeza de tal reclamo. CUARTO. La procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y de estudio preferente previo a la materia del fondo del asunto, ya sea de oficio o por planteamiento de alguna de las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 62, de la Ley de Amparo y con la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." De manera preliminar es importante precisar que lo que combate el peticionario de amparo en la presente instancia constitucional, son los autos de trece y catorce de abril de dos mil quince, dictados en los expedientes laborales 216/2013, 217/2013, 231/2013, 232/2013, 233/2013, 224/2013, 236/2013 y 241/2013, en los que se proveyó respecto a la solicitud de revocación del licenciado Abel Rodríguez Herrera como apoderado legal de los aquí terceros interesados y, se designó como nuevo apoderado legal al licenciado Oswaldo Beltrán Saucedo. En el caso, debe tenerse en cuenta, que el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el amparo procede: "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan; y [...] ". Ese supuesto de procedencia del juicio de amparo biinstancial se recoge en el dispositivo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, del siguiente tenor: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. [.] ". En interpretación de un precepto de similar redacción de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 24/92, bajo registro 205651, visible en la página once, de la Gaceta 56, correspondiente al mes de agosto de mil novecientos noventa y dos, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". En términos de ese marco normativo, el amparo indirecto contra actos dictados dentro de un juicio sólo procede cuando se afectan derechos sustantivos, lo que excluye la posibilidad de instar la acción constitucional contra actos en juicio que sólo afectan derechos adjetivos o intraprocesales, o bien, que no trascienden a los derechos sustantivos de los gobernados, pues en estos casos la eventual afectación que ocasione el acto impugnado puede repararse con el dictado de un fallo favorable. Ahora bien, el que esto resuelve considera que las determinaciones aquí reclamadas, afectan únicamente derechos intraprocesales de las partes en juicio, en el caso, del quejoso Abel Rodríguez Herrera, y no tienen una ejecución de imposible reparación que ameriten su estudio inmediato en la vía constitucional, por tanto, es claro que no traen consigo la afectación directa de algún derecho sustantivo, pues el hecho de que se haya revocado su nombramiento de apoderado legal de los aquí terceros interesados y, designado como nuevo apoderado legal al licenciado Oswaldo Beltrán Saucedo, sólo trastoca derechos procesales de éste y no los de naturaleza sustantiva establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros. Corolario de lo expuesto, si lo reclamado en el presente juicio de amparo no constituye un acto de imposible reparación, ya que sólo implica la infracción de derechos adjetivos que únicamente producen efectos intraprocesales entre las partes, es inconcuso que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis número I.13o.A.3 K, que literalmente establece: "DERECHOS SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS, DIFERENCIA DE LOS, CUANDO SE TRATA DE ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. El artículo 107, fracción III, inciso b, de nuestro Texto Constitucional señala que: "Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ... III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: ... b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan.". Del texto anterior se desprende que cuando se reclaman, en amparo indirecto, actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aun no ha concluido, resulta indispensable que los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros, los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en nuestro Texto Constitucional a través de las llamadas garantías individuales, en virtud de que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable en el juicio; por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de una sentencia favorable; por lo que si esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo." Asimismo, se cita en apoyo la Jurisprudencia cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE. Al establecer los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo, que reglamentan la disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento judicial, administrativo o del trabajo, a través del amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, se pretende evitar una cadena interminable de juicios de garantías, esto es, que el fin que se persigue es impedir que en el trámite del juicio las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan a demandar el amparo por la vía indirecta, lo que entorpecería el curso natural de los juicios; lo anterior no significa de manera alguna transgredir la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17 constitucional, habida cuenta que frente al interés de los particulares se encuentra el interés público de que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatoria, precisamente, la citada garantía, debido a la demora en la solución de los conflictos." En esas condiciones, dado que los actos reclamados no tienen una ejecución de imposible reparación, sino sus efectos sólo impactan en cuestiones adjetivas relativas a la controversia materia de los juicios de origen, es evidente la actualización de la causal de improcedencia que se deduce de lo previsto en los numerales 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; por lo que lo debido es decretar el SOBRESEIMIENTO en este juicio de derechos fundamentales, conforme al artículo 63, fracción V, de la propia legislación secundaria. Es aplicable al respecto la tesis que a la letra se lee: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE, SIN ULTERIOR RECURSO, DESECHA O DESESTIMA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE COMPETENCIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Acorde con los lineamientos de la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de junio de 2014 a las 12:30 horas y en su Gaceta, Décima Época, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, página 39, de título y subtítulo: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", a partir del 3 de abril de 2013 en que entró en vigor la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, precisa el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por éstos se entienden los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, por lo que, con esta aclaración, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para promover el juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal previó que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad, que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Bajo esa línea argumentativa, se concluye que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra la resolución que, sin ulterior recurso, desecha o desestima la excepción de falta de competencia, pues para promoverlo contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o en el procedimiento deben cumplirse dos condiciones: 1. Que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y, 2. Que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva, lo que sucede en el caso indicado". Por lo anteriormente expuesto y fundado, se Resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo número 686/2015, promovido por Abel Rodríguez Herrera, contra el actos que reclamó de la autoridad señalada como responsable, por los motivos expuestos en el último considerando de esta resolución. Notifíquese vía oficio a la autoridad responsable y personalmente a las demás partes. Así lo resolvió y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido del licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario con quien actúa y da fe hasta hoy cuatro de septiembre de dos mil quince, fecha en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional. Doy fe.- ALFONSO
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA SENTENCIA DICTADA EN FECHA CUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c), DE LA LEY DE AMPARO: "Resolución Constitucional Visto para resolver el juicio de amparo indirecto número 686/2015, promovido por Abel Rodríguez Herrera, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, que considera violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el seis de mayo de dos mil quince, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, ABEL RODRÍGUEZ HERRERA, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por el acto que enseguida se precisan: "III.- LA AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES: a) El H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Zacatecas, [.]. IV.- ACTO RECLAMADO: Consiste en el AUTO DE FECHA TRECE Y CATORCE DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE, dictado por la Autoridad ahora señalada como responsable dentro de los juicios laborales marcados con los números 216/2013; 217/2013; 231/2013; 232/2013; 233/2013; 234/2013; 236/2013; y 241/2013, que se sigue en contra del H. Ayuntamiento de Villa Hidalgo, Zacatecas, mismo en el que, el H. Tribunal Laboral dijo textualmente lo siguiente: 'Se tiene por recibido el escrito de cuenta y anexo que le acompaña, ordenando se agregue a los autos para su constancia legal, atento a lo anterior se le tiene al licenciado OSWALDO BELTRÁN SAUCEDO, como apoderado legal de la actora del presente juicio, de conformidad a la carta poder exhibida, revocando cualquier designación que se haya realizado con antelación, lo cual con ese actuar se me deja en completo estado de indefensión y con flagrante violación a las garantías individuales de audiencia y legalidad de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; porque el Tribunal Laboral no tomó en cuenta ni mucho menos se me dice en que parte de los autos en que se actúa; los ahora Terceros Perjudicados, me designaron como su Apoderado Legal o a que revocación se refiere la ahora autoridad señalada como responsable porque en cada uno de los autos en que la responsable tiene a los ahora terceros perjudicados con la carta poder en la que designan nuevo apoderado legal, en ninguna de sus partes de los autos dictados por la responsable y que impugno en este momento, señala o especifica que se me haya hecho alguna designación de apoderado legal y no lo señala la ahora responsable porque dentro de los autos en que se actúa no existe autorización y/o documento que respalde la designación de apoderado legal a mi favor hecha por los ahora terceros interesados, es por lo que la responsable viola las garantías de audiencia y legalidad que consagran los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal porque no me especifica o mejor dicho no señala con claridad o describe fehacientemente a que revocación se refiere, cuando dice la Responsable en los acuerdos que ahora se impugnan lo siguiente: '.de conformidad a la carta poder exhibida revocando cualquier designación que se haya realizado con antelación', dejándome con ese actuar en completo estado de indefensión porque no especifica a cual designación se refiere; y que haya hecho el trabajador y la fecha en que se haya realizado dicha designación de apoderado legal a favor del suscrito, porque manifestó que a la fecha nunca se me ha hecho designación de apoderado legal en favor de los terceros interesados, entonces a que revocación se refiere la autoridad ahora señalada como responsable y debe responder por esa ilegalidad que se está cometiendo dentro de los autos de los expedientes señalados con antelación. SEGUNDO. Por razón de turno correspondió el conocimiento de la demanda a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad capital, y en auto de siete de mayo de dos mil quince, se registró y admitió a trámite bajo el número 686/2015; se solicitó a la autoridad señalada como responsable su informe justificado, se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados, se otorgó intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación y, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, iniciada al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, Zacatecas, es competente para resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 Constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción II, de la Ley de Amparo en vigor, así como en los diversos 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, la competencia para conocer de este asunto, se sustenta en el Acuerdo General 53/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación en veintiuno de noviembre de dos mil catorce. SEGUNDO. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Para tal efecto, se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda y actos reclamados con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de los calificativos sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las Jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004. El análisis integral de la demanda de amparo, en armonía con la totalidad de la información allegada a este expediente, revela que el quejoso señaló como actos reclamados, los siguientes: - Los autos de trece y catorce de abril de dos mil quince, dictados en los expedientes laborales 216/2013, 217/2013, 231/2013, 232/2013, 233/2013, 224/2013, 236/2013 y 241/2013, en los que se proveyó respecto a la solicitud de revocación del licenciado Abel Rodríguez Herrera como apoderado legal de los aquí terceros interesados y, se designó como nuevo apoderado legal al licenciado Oswaldo Beltrán Saucedo. TERCERO. Es cierto el acto atribuido al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad, pues así lo manifestó la Magistrada Presidenta al rendir su informe justificado (fojas 16 y 17 de autos). Sobre el particular resulta aplicable la Jurisprudencia siguiente: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Lo que además se corrobora con las constancias certificadas de los expedientes laborales números 216/2013, 217/2013, 231/2013, 232/2013, 233/2013, 224/2013, 236/2013 y 241/2013, a las que se asigna valor probatorio pleno conforme con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, lo que basta para demostrar la certeza de tal reclamo. CUARTO. La procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y de estudio preferente previo a la materia del fondo del asunto, ya sea de oficio o por planteamiento de alguna de las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 62, de la Ley de Amparo y con la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. De manera preliminar es importante precisar que lo que combate el peticionario de amparo en la presente instancia constitucional, son los autos de trece y catorce de abril de dos mil quince, dictados en los expedientes laborales 216/2013, 217/2013, 231/2013, 232/2013, 233/2013, 224/2013, 236/2013 y 241/2013, en los que se proveyó respecto a la solicitud de revocación del licenciado Abel Rodríguez Herrera como apoderado legal de los aquí terceros interesados y, se designó como nuevo apoderado legal al licenciado Oswaldo Beltrán Saucedo. En el caso, debe tenerse en cuenta, que el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el amparo procede: Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan; y [...]. Ese supuesto de procedencia del juicio de amparo biinstancial se recoge en el dispositivo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, del siguiente tenor: Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. [.]. En interpretación de un precepto de similar redacción de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 24/92, bajo registro 205651, visible en la página once, de la Gaceta 56, correspondiente al mes de agosto de mil novecientos noventa y dos, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. Ahora bien, el que esto resuelve considera que las determinaciones aquí reclamadas, afectan únicamente derechos intraprocesales de las partes en juicio, en el caso, del quejoso Abel Rodríguez Herrera, y no tienen una ejecución de imposible reparación que ameriten su estudio inmediato en la vía constitucional, por tanto, es claro que no traen consigo la afectación directa de algún derecho sustantivo, pues el hecho de que se haya revocado su nombramiento de apoderado legal de los aquí terceros interesados y, designado como nuevo apoderado legal al licenciado Oswaldo Beltrán Saucedo, sólo trastoca derechos procesales de éste y no los de naturaleza sustantiva establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros. Corolario de lo expuesto, si lo reclamado en el presente juicio de amparo no constituye un acto de imposible reparación, ya que sólo implica la infracción de derechos adjetivos que únicamente producen efectos intraprocesales entre las partes, es inconcuso que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis número I.13o.A.3 K, que literalmente establece: "DERECHOS SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS, DIFERENCIA DE LOS, CUANDO SE TRATA DE ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. El artículo 107, fracción III, inciso b, de nuestro Texto Constitucional señala que: Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ... III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: ... b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan.". Del texto anterior se desprende que cuando se reclaman, en amparo indirecto, actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aun no ha concluido, resulta indispensable que los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros, los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en nuestro Texto Constitucional a través de las llamadas garantías individuales, en virtud de que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable en el juicio; por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de una sentencia favorable; por lo que si esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo." Asimismo, se cita en apoyo la Jurisprudencia cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE. En esas condiciones, dado que los actos reclamados no tienen una ejecución de imposible reparación, sino sus efectos sólo impactan en cuestiones adjetivas relativas a la controversia materia de los juicios de origen, es evidente la actualización de la causal de improcedencia que se deduce de lo previsto en los numerales 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; por lo que lo debido es decretar el SOBRESEIMIENTO en este juicio de derechos fundamentales, conforme al artículo 63, fracción V, de la propia legislación secundaria. Es aplicable al respecto la tesis que a la letra se lee: AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE, SIN ULTERIOR RECURSO, DESECHA O DESESTIMA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE COMPETENCIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Acorde con los lineamientos de la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de junio de 2014 a las 12:30 horas y en su Gaceta, Décima Época, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, página 39, de título y subtítulo: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)., a partir del 3 de abril de 2013 en que entró en vigor la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, precisa el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por éstos se entienden los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, por lo que, con esta aclaración, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para promover el juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal previó que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad, que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Bajo esa línea argumentativa, se concluye que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra la resolución que, sin ulterior recurso, desecha o desestima la excepción de falta de competencia, pues para promoverlo contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o en el procedimiento deben cumplirse dos condiciones: 1. Que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y, 2. Que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva, lo que sucede en el caso indicado". Por lo anteriormente expuesto y fundado, se Resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo número 686/2015, promovido por Abel Rodríguez Herrera, contra el actos que reclamó de la autoridad señalada como responsable, por los motivos expuestos en el último considerando de esta resolución. Notifíquese vía oficio a la autoridad responsable y personalmente a las demás partes. Así lo resolvió y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido del licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario con quien actúa y da fe hasta hoy cuatro de septiembre de dos mil quince, fecha en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional. Doy fe.- ALFONSO"
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