Abel Rodríguez Herrera
Expediente 550/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 550/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Abel Rodríguez Herrera
Actuaciones
- Principal
El veintidós de julio de dos mil diecinueve la licenciada María de los Ángeles Saldaña Hernández, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, trascurrió del quince al diecinueve de julio del año en curso, contra el auto que desechó la demanda de derechos. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos para devolver a la parte quejosa con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Doy fe. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintidós de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto que desechó la demanda de derechos; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, al no haber diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo del expediente en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Ahora bien, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, éste expediente es susceptible de destrucción. En consecuencia, dese el trámite correspondiente establecido en el punto décimo primero del referido Acuerdo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante María de los Ángeles Saldaña Hernández, secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
CUENTA. El diez de julio de dos mil diecinueve, se da cuenta con la demanda de amparo promovida por Abel Rodríguez Herrera, registrada con el folio 9977 y nueve copias que se adjuntan. Conste. Zacatecas, Zacatecas, diez de julio de dos mil diecinueve. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Abel Rodríguez Herrera, contra actos del juez de Primera Instancia y de lo Civil de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, con sede en Villa de Cos y otra autoridad, por considerar que transgrede en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 5, 14, 16 y 17 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 550/2019, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. DESECHAMIENTO. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como establece el precepto 113 de la Ley de Amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Bajo esa tesitura, quien aquí resuelve considera que se surte de manera notoria la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracciones III, inciso b), y V, de la Ley de Amparo, mismos que establecen: Artículo 107.- Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan; . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; De la lectura de los preceptos legales antes transcritos, se llega a la conclusión de que se determina la procedencia del amparo indirecto cuando se trate de actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación (de acuerdo al inciso b) de la fracción III, del artículo 107 constitucional), o que cuyos efectos sean de imposible reparación (en términos del numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo). En tales condiciones, para determinar si una violación es o no reclamable en amparo indirecto, lo que debe observarse es la exigencia a que se refiere la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en el sentido de que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación. Luego, el alcance de tales disposiciones, obliga a precisar que los actos tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Sobre la base de datos previamente referida, se tiene que en la especie, de un atento análisis de la demanda que se provee, se advierte que la misma resulta notoriamente improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, éste último aplicado a contrario sensu. Como se precisó, la ejecución de imposible reparación de un acto jurisdiccional, para fines de la procedencia del juicio de amparo indirecto, sólo se da cuando, por sí o a través de sus consecuencias, se afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y no en los casos en que sólo se afectan derechos adjetivos o procesales, cuyos efectos y consecuencias pueden desaparecer. Por lo que hace al concepto de ejecución de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido la jurisprudencia número 189, publicada en el del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 154, con el epígrafe y sinopsis siguientes: EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen 'ejecución irreparable' los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. Ahora bien, al advertir los elementos de esta definición de "ejecución irreparable", y aplicarlos al acto reclamado consistente en el auto de diecisiete de junio de dos mil diecinueve, dentro del juicio ejecutivo mercantil 5/2017, a través del cual no se acordó de conformidad la solicitud del demandado René Torres Ruíz, de designación de abogado al ahora quejoso, al no cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 1069 del Código de Comercio, así como la omisión del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de no haber hecho del conocimiento sobre los datos de registro de la cédula profesional del aquí quejoso al Juzgado de Primera Instancia y de lo Civil de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, con sede en Villa de Cos, Zacatecas. De ahí que resulta evidente, que los actos que se reclaman en este contradictorio constitucional, sólo se pueden afectar derechos adjetivos o procesales del impetrante, que únicamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva, esto es, los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por medio de las garantías individuales, como serían la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera. En este sentido, se puede afirmar que dichos actos reclamados en la demanda que se provee, no reviste la categoría de actos que sean de imposible reparación, ya que no encuadra en ninguno de los supuestos definidos por el artículo 107 de la Ley de Amparo, para que proceda el juicio de amparo biinstancial. Apoya las anteriores consideraciones, la tesis de jurisprudencia número VI.2o.C. J/209, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, Octubre de 2001, página 1060, que establece lo siguiente: VIOLACIONES PROCESALES MATERIA DEL AMPARO DIRECTO. Si bien en los juicios civiles las violaciones al procedimiento reclamables en amparo directo deben impugnarse en el curso mismo del procedimiento, esto no autoriza a reclamar la resolución de esas impugnaciones en el amparo indirecto, pues con esto se estaría desvirtuando la finalidad perseguida por la Ley de Amparo al reservar el conocimiento de determinadas violaciones para el juicio de garantías uniinstancial, que es la de evitar el entorpecimiento del procedimiento natural a través de la promoción de diversos juicios de amparo que harían interminable la solución del asunto natural, por eso precisamente contempla en su artículo 161 que las violaciones al procedimiento sólo podrán reclamarse en amparo directo, combatiéndolas en el curso mismo del procedimiento mediante el recurso ordinario que prevea la legislación aplicable, o si ésta no concede el recurso, o concediéndolo, el recurso fuere desechado o declarado improcedente, se debe invocar la violación como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera. Luego, con base en la naturaleza de los actos que se reclaman, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107 fracción V, interpretado a contrario sensu, y en relación con el 113, del propio ordenamiento, por lo que se desecha de plano la demanda de amparo por su notoria improcedencia. Aunado a lo anterior, se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 6, ambos de la Ley de Amparo, en concordancia con el diverso 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." (.)" "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. Él juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." [.] De las disposiciones transcritas se conoce que el amparo puede promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que le ley lo permita expresamente; lo cual refleja que la persona que ocurre al amparo debe tener legitimación para hacerlo. En el caso, el quejoso comparece al presente juicio de amparo, señalando como actos reclamados el auto de diecisiete de junio de dos mil diecinueve, dentro del juicio ejecutivo mercantil 5/2017, a través del cual no se acordó de conformidad la solicitud del demandado René Torres Ruíz, de designación de abogado al ahora quejoso, al no cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 1069 del Código de Comercio, así como la omisión de no haber hecho del conocimiento del Juzgado de Primera Instancia y de lo Civil de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, con sede en Villa de Cos, Zacatecas. Analizados los citados actos, frente al artículo 6 de la Ley de Amparo, que dispone que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley; asimismo, para el caso de que el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que la ley lo permita expresamente. Por tanto, los actos de los que se duele el quejoso no se le causan perjuicio alguno, al carecer de legitimación para instar la acción constitucional. Lo anterior, porque si bien en el acuerdo del que se duele, el juez responsable niega acordar de conformidad la solicitud del demandado en el juicio de origen, de designar como abogado al ahora quejoso; pero con ello no se le causa perjuicio, sino al demandado en el juicio de origen, porque es quien lo designó para asesorarlo en el juicio natural, de ahí que si en el acuerdo reclamado se le niega el carácter de autorizado por no cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 1069 del Código de Comercio, es inconcuso que a él no le cause ningún agravio porque aun y cuando se le negó la personalidad para intervenir en el juicio ejecutivo mercantil, ello no le afecta. Por tanto, si en el procedimiento de donde emana el reclamo del quejoso deriva de la negativa de tenerlo como abogado patrono del demandado en el juicio de origen, y como quedó precisado en líneas precedentes en éste sólo intervienen las partes, en el caso el actor y demandado y autorizados de éstos; se puede concluir que el ahora promovente no tiene legitimación para intervenir en el procedimiento ejecutivo mercantil, del índice del juzgado de Primera Instancia y de lo Civil de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, con sede en Villa de Cos, ni tampoco para acudir a la presente instancia, en atención a la naturaleza del juicio de origen. Es aplicable en lo conducente la tesis de rubro y texto siguiente: "ENDOSATARIO EN PROCURACION. IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISION INTERPUESTO POR EL. A NOMBRE PROPIO. Atento a lo establecido en los artículos 107 fracción I de la Constitución General de la República, 4o. y 5o., fracción III inciso a), de la Ley de Amparo, los terceros perjudicados en los juicios de amparo en los que el acto reclamado emane de un juicio civil, pueden intervenir en la controversia constitucional por sí o a través de su representante legal; y si en la especie el tercero perjudicado se apersonó al juicio de garantías por conducto de su endosatario en procuración en el juicio de origen, es decir, de su representante legal en términos del artículo 35 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, por ello es incuestionable que la sentencia que concedió el amparo, no afecta de manera directa e inmediata los intereses jurídicos del endosatario en procuración, sino de su mandatario, y por ende, carece de legitimación procesal para interponer el recurso de revisión en contra de dicha sentencia por su propio derecho y debe estimarse improcedente dicho recurso, dado que en el juicio constitucional rige el principio de instancia de parte agraviada". De igual manera, la tesis que se lee: "AMPARO. FALTA DE LEGITIMACION PARA PROMOVERLO DEL ENDOSATARIO EN PROCURACION, EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO LO HACE POR SU PROPIO DERECHO. No acredita su legitimación para promover el juicio de amparo el endosatario en procuración de un juicio ejecutivo mercantil, si ante la potestad federal promueve por su propio derecho y no con el carácter con el que compareció al juicio, mismo que le fue reconocido por la autoridad responsable y con el que apeló inclusive de la sentencia de primer grado. Al respecto, debe considerarse que, conforme a lo dispuesto en el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el juicio de garantías únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto reclamado, lo que no sucede en la especie, a virtud de que como se ha dicho, el quejoso acciona por su propio derecho, no siendo titular del derecho ejercitado en el juicio natural, ya que sólo se le otorgaron a través del endoso en procuración, facultades de endosatario, y por ende, de procurador para el cobro del documento cambiario, en esa tesitura, es evidente que los actos reclamados no le irrogan un agravio en lo personal, sino sólo en su carácter de endosatario en procuración, calidad con la que no se ostentó, por lo que procede sobreseer el juicio constitucional con fundamento y apoyo en los artículos 73, fracción XVIII ( en relación con los artículos 4o. y 5o. fracción I ) y 74 fracción III, de la Ley de Amparo, por falta de legitimación del promovente". Es por lo antes expuesto, que resulta patente su falta de legitimación para acudir al amparo indirecto reclamando el auto de diecisiete de junio de dos mil diecinueve, dentro del juicio ejecutivo mercantil 5/2017, a través del cual no se acordó de conformidad la solicitud del demandado en el citado juicio, de designación de abogado al ahora quejoso, al no cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 1069 del Código de Comercio, así como la omisión de no haber hecho del conocimiento sobre los datos de registro de la cédula profesional del quejoso al Juzgado de Primera Instancia y de lo Civil de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, con sede en Villa de Cos, Zacatecas, porque no es a través del juicio de amparo, como vía de control constitucional extraordinario, en donde el quejoso pueda hacer valer posibles afectaciones a sus derechos individuales. Los razonamientos expuestos, ponen de relieve lo manifiesto e indudable de la improcedencia del juicio constitucional. Por lo expuesto, y con apoyo en el artículo 113, en relación con el diversos 61, fracción XXIII, 5° fracción I, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se hace del conocimiento de las partes que se les permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. AUTORIZADOS Y DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. No ha lugar a tener como domicilio los estrados de éste juzgado, toda vez que no constituye domicilio propio, en consecuencia, conforme lo establece el artículo las notificaciones que tengan el carácter de personales, practíquensele por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este Juzgado Federal, con fundamento en los artículos 27, fracción III, inciso a) y 29 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza. Doy fe. Rimb/Regina.
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