Abel Rodríguez Aguayo

Expediente 136/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 17 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
136/2016
Año
2016
Actuaciones
17
Última actuación
04/05/2016

Partes del expediente

  • Abel Rodríguez Aguayo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    En cuatro de mayo de dos mil dieciséis, la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICA: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió sin que se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este Juzgado dentro del juicio de amparo 136/2016-6.- DOY FE. En la misma fecha la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra doy cuenta al Secretario en funciones de Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, cuatro de mayo de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación asentada por la Secretaria adscrita a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido para la parte quejosa el término señalado por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada el cinco de abril de dos mil dieciséis, en la que se sobreseyó el presente juicio de garantías; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el presente expediente como asunto concluido. Por otra parte, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que tanto el expediente principal como el cuaderno original del incidente de suspensión SÍ SON SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN, en virtud que en relación al primero se decretó el sobreseimiento; y en el segundo se negó la suspensión definitiva; además de que este Juzgado considera que no revisten valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; en atención a ello, glósese al principal el original del incidente. Asimismo, el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. En consecuencia, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del Acuerdo en cita, remítase este expediente por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto Décimo Tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Finalmente, en virtud de que en el expediente en que se actúa obra agregada una copia certificada del poder otorgado por Abel Rodríguez Aguayo en favor de Salvador Esaú Constantino Ruiz exhibida por la parte quejosa, con su escrito inicial de demanda; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el punto décimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se pone a disposición de la parte quejosa dicho documento por el término de noventa días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, a fin de que lo recoja, apercibida que de no hacerlo dentro del plazo conferido, correrá la misma suerte que el juicio principal en que se actúa. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Lo proveyó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario de Juzgado, en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, comunicada mediante oficio SEPLE./GEN./004/3450/2016, firmado por el licenciado Gonzalo Moctezuma Barragán, Secretario Ejecutivo del Pleno de dicho consejo, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe. *María del Carmen*

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN FECHA CUATRO DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b), DE LA LEY DE AMPARO: En cuatro de mayo de dos mil dieciséis, la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICA: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió sin que se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este Juzgado dentro del juicio de amparo 136/2016-6.- DOY FE. En la misma fecha la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra doy cuenta al Secretario en funciones de Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, cuatro de mayo de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación asentada por la Secretaria adscrita a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido para la parte quejosa el término señalado por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada el cinco de abril de dos mil dieciséis, en la que se sobreseyó el presente juicio de garantías; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el presente expediente como asunto concluido. Por otra parte, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que tanto el expediente principal como el cuaderno original del incidente de suspensión SÍ SON SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN, en virtud que en relación al primero se decretó el sobreseimiento; y en el segundo se negó la suspensión definitiva; además de que este Juzgado considera que no revisten valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; en atención a ello, glósese al principal el original del incidente. Asimismo, el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. En consecuencia, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del Acuerdo en cita, remítase este expediente por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto Décimo Tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Finalmente, en virtud de que en el expediente en que se actúa obra agregada una copia certificada del poder otorgado por Abel Rodríguez Aguayo en favor de Salvador Esaú Constantino Ruiz exhibida por la parte quejosa, con su escrito inicial de demanda; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el punto décimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se pone a disposición de la parte quejosa dicho documento por el término de noventa días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, a fin de que lo recoja, apercibida que de no hacerlo dentro del plazo conferido, correrá la misma suerte que el juicio principal en que se actúa. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 136/2016; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de Amparo. En escrito presentado el veintinueve de enero de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Salvador Esaú Constantino Ruíz, apoderado de Abel Rodríguez Aguayo, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades, actos y por violación a las garantías individuales contenidas en los preceptos constitucionales, que enseguida se precisan. Autoridades responsables "III. AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES. A. Señalamos como responsables ordenadoras: 1. C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE ZACATECAS. 2. LEGISLATURA DEL ESTADO DE ZACATECAS. 3. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS. 4. ADMINISTRADOR DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS. 5. SECRETARIO DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS. 6. H. AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE, ZACATECAS. B. Señalando como responsables ejecutoras: 1. TESORERO MUNICIPAL DE GUADALUPE, ZACATECAS. 2. DIRECTOR DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZACATECAS. 3. DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZACATECAS. "IV.- LEY O ACTO QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA. La ley de ingresos del municipio de Guadalupe, Zacatecas para el año dos mil dieciséis, que se publicó mediante publicado en el periódico oficial de Gobierno del Estado de Zacatecas en fecha treinta de diciembre de dos mil quince, en específico en su Capítulo II Derechos de Prestación de Servicios, Sección Quinta, artículo 70 en la que establece el Derecho de Servicio Público de Alumbrado; a las autoridades responsables marcadas con los números 1, 3, 4 y 5 le reclamamos su promulgación, refrendo y publicación, a las autoridades marcadas con el número 2 y 6 le reclamamos la discusión, aprobación y expedición en cada uno de sus ámbitos de competencia. A las autoridades señaladas como ejecutoras se les imputan los actos tendientes al cumplimiento, aplicación y ejecución de la ley antes señalada para el ejercicio fiscal 2016 en su Capítulo II Derechos de Prestación de Servicios, Sección Quinta, artículo 70 en la que establece el Derecho de Servicio Público de Alumbrado. Asimismo, se reclaman los actos tendientes a la notificación y cobro del Derecho de Servicio Público de Alumbrado ya sea mediante el Procedimiento Administrativo de Ejecución con todos sus efectos y consecuencias legales, principalmente la suspensión del servicio de alumbrado público, solicitando la devolución del pago del Derecho de Alumbrado Público. Igualmente se reclama a la Tesorería del municipio de Guadalupe, Zacatecas, a través de la Dirección de Ingresos del municipio de antes indicado y por conducto de la Comisión Federal de Electricidad la futura facturación correspondiente a los periodos que seremos sujetos al pago del tributo que se objeta de inconstitucional, en vista de que, en representación de la ficción que represento se convino a través de actos jurídicos el suministro de energía eléctrica". SEGUNDO. ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES VIOLADOS. La parte quejosa manifestó que el acto reclamado transgrede en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16, 31, primer párrafo fracción IV, 73, fracciones VII, X y XXIX, inciso 5, subinciso a), 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. La demanda de garantías de referencia, se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito, cuyo Titular mediante proveído de tres de febrero de dos mil dieciséis, se ordenó su admisión y registro bajo el expediente número 136/2016; se pidió informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Tribunal Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por reclamarse actos de ejecución de autoridades residentes dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión y certeza de los actos reclamados. Previo a establecer la certeza del acto reclamado, debe precisarse cuál es éste, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, para lo cual se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda, con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias de los rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese sentido, de una lectura integral del libelo constitucional y anexos, que forman un todo, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, consiste en: a). La aprobación, expedición, promulgación, refrendo, y orden de publicación del decreto por el que se expidió la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalupe, Zacatecas, para el Ejercicio Fiscal de dos mil dieciséis. b) Aplicación de la disposición reclamada, que se traduce en el cobro del Derecho de Alumbrado Público, consistente en 8% sobre el consumo de energía eléctrica. TERCERO. Inexistencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinados los actos reclamados, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, presunción o certeza del mismo, tal y como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la siguiente tesis de rubro y texto: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." Las autoridades responsables al rendir su respectivo informe justificado, se pronunciaron en los términos siguientes: a). La LXI Legislatura del Estado, a través del Director de Procesos Legislativos y Asuntos Jurídicos, manifestó que son ciertos los actos que se reclaman a ese órgano legislativo, relativos a la autorización del Decreto 547, por el que se expidió la Ley de Ingresos del municipio de Guadalupe, Zacatecas, para el Ejercicio Fiscal del año 2016. b). El Gobernador del Estado de Zacatecas, por conducto del Coordinador General Jurídico, manifestó que son ciertos los actos que se le reclaman consistentes en la promulgación y orden de publicación de la Ley de Ingresos del municipio de Guadalupe, Zacatecas, para el Ejercicio Fiscal del año 2016. c). El Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas, reconoció que es cierto el refrendo de la Ley impugnada. d). El Administrador del Periódico Oficial del Gobierno del Estado reconoció la certeza del acto que se le atribuye, relativo a la publicación de la ley impugnada. Además, la existencia de los actos reclamados a las citadas responsables se acredita con el Decreto 547, por el que se expidió la Ley de Ingresos del municipio de Guadalupe, Zacatecas, para el Ejercicio Fiscal del año 2016, en que se contiene el artículo 70 que aquí se impugna, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo. Al respecto, tiene aplicación por las razones que la informan, la tesis del rubro y texto siguientes: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." e). Por su parte el Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, Jefe del Departamento de Alumbrado Público, Síndico municipal y Director de Ingresos todos del municipio de Guadalupe, Zacatecas, al rendir su informe justificado que a su parte corresponde, negaron la existencia del acto reclamado; sin embargo, tales manifestaciones se encuentran desvirtuadas, en razón de que al quedar demostrado que se expidió el Decreto número 547 que contiene la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciséis de ese municipio, inconcuso resulta que las cantidades que la parte quejosa pague por concepto de derecho de alumbrado público, tendrán como destino las arcas de ese Ayuntamiento; por tanto, debe considerarse acreditada la existencia del acto que se les reclama. TERCERO. Procedencia del juicio de amparo. El estudio de la procedencia del juicio de garantías es una cuestión de orden público y preferente a la materia de fondo de la litis constitucional, según lo dispone el artículo 62, de la Ley de Amparo vigente. Al respecto, es aplicable, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe y contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". En lo referente a los actos reclamados relativos al Decreto que contiene la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciséis, del municipio de Guadalupe, Zacatecas, las autoridades responsables Gobernador del Estado de Zacatecas, Secretario General de Gobierno y Director de Procesos Legislativos y asuntos Jurídicos de la H. LXI Legislatura del Estado, hacen valer la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo vigente, en virtud de que de la lectura de las constancias que acompañó el quejoso a su demanda de garantías, se advierte inexistencia de medio probatorio alguno que permita inferir que la parte quejosa haya hecho algún pago con motivo de la disposición jurídica que pretende impugnar. La causa de improcedencia es fundada, acorde a lo siguiente: En efecto, el numeral 61, fracción XII de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el diverso artículo 5 del propio ordenamiento legal establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; Por su parte el artículo 5 del ordenamiento legal en cita, en lo conducente, establece: Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o. de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; ..." Lo anterior es así, pues de las constancias que obran en autos, no se advierte que en relación con lo antes señalado, la parte quejosa haya acreditado su interés jurídico, entendiéndose por tal, aquella facultad de ejercitar la acción constitucional, la que únicamente está reservada a quienes resienten un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley misma, perjuicio que supone la existencia de un derecho objetivo legítimamente tutelado a través de una o varias normas, que cuando es transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional a solicitar el cese de dicha transgresión, ello es lo que constituye el interés jurídico que toma en cuenta la Ley de Amparo para la procedencia del juicio de garantías. Así las cosas, resultaba necesario, que la parte quejosa acreditara una afectación a su esfera jurídica, por parte de los actos de autoridad que reclama, que traducido en otras palabras, requería que el acto reclamado consistente en la aprobación, expedición, promulgación, refrendo, y orden de publicación del decreto por el que se expidió la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalupe, Zacatecas, para el Ejercicio Fiscal de dos mil dieciséis, así como el cobro del derecho por servicio de alumbrado público, le irrogara algún perjuicio, derivado de un derecho legítimo del que se le estaba privando. Sin embargo, de autos no se desprende que se afecte algún derecho a la persona moral quejosa, con los actos a que se alude, pues no obra en autos material probatorio fehaciente para acreditar tales extremos. En efecto, debe decirse que la parte quejosa no acompaña documento alguno en donde la expedición de la Ley de Ingresos del municipio de Guadalupe, Zacatecas para el Ejercicio Fiscal de dos mil dieciséis, le haya irrogado algún perjuicio, así como el cobro de energía eléctrica correspondiente a un determinado servicio. En esas condiciones, debe concluirse que la parte quejosa no acreditó que los actos de autoridad que reclama, en cuanto al decreto relativo al citado municipio de Guadalupe, Zacatecas, efectivamente le hubiesen causado perjuicio a la esfera de sus derechos. En consecuencia, al reclamar la parte quejosa como primer acto de aplicación de la disposición relativa al decreto antes mencionado, el cobro del derecho de servicio de alumbrado público, que dice tiene contratado con la Comisión Federal de Electricidad, y siendo que, no acredita de manera fehaciente la afectación sufrida, traducida en el pago efectuado por dicho "derecho de alumbrado público" respecto del servicio de energía eléctrica en su domicilio ubicado en el municipio de Guadalupe, Zacatecas; o cuando menos, la recepción del aviso recibo en que se contenga el cobro por el propio derecho, es por lo que la suscrita juez sostiene, que no se acredita el interés jurídico respecto de los actos que se señalan como reclamados, relativos a la aprobación, expedición, promulgación, refrendo, y orden de publicación del decreto por el que se expidió la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalupe, Zacatecas, para el Ejercicio Fiscal de dos mil dieciséis, y al cobro del derecho por servicio de alumbrado público que la persona moral quejosa tilda de inconstitucional. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por la extinta Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se transcribe: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL. El artículo 4o. de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: "El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona". Este alto tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, "no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados" (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sea estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial". Asimismo tiene aplicación, la tesis aislada del siguiente rubro y texto: "ALUMBRADO PÚBLICO. EL INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO EL DERECHO RELATIVO, SE ACREDITA CON EL AVISO-RECIBO EXPEDIDO POR LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD QUE CONSTITUYE EL ACTO CONCRETO DE APLICACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, VIGENTE PARA 2004.- El artículo 81 de la citada ley que establece el derecho que por concepto de alumbrado público debe aportarse al Municipio a través de una cuota fija mensual o bimestral que determine la Comisión Federal de Electricidad tiene carácter de una ley heteroaplicativa que por su sola entrada en vigor no causa perjuicio ni modifica alguna situación jurídica existente, ya que la obligación de contribuir al gasto público ocasionado por ese servicio será exigible cuando el gobernado conozca el monto de esa contribución hasta que la autoridad administrativa, mediante el recibo que para ese efecto emita, efectúe su cobro; acto diverso a la simple expedición de la norma que condiciona su aplicación a la realización de aquel evento, el cual constituye el acto concreto de aplicación. Ahora bien, el hecho de que el monto consignado en el aviso-recibo no corresponda a la tarifa de usuario en que se clasificó a la quejosa, no implica que no se haya aplicado la cuota fija que establecen las disposiciones legales impugnadas, pues su inclusión en el documento de mérito, al especificar en el concepto "DAP" cierta cantidad, no puede tener otro soporte que aquéllas, dado que cuando una norma jurídica no es expresada por la autoridad como el sustento de su actuación, el interés jurídico para impugnarla mediante el juicio de amparo proviene tanto de la disposición legal como de su aplicación. Así, con independencia de que la autoridad someta su actuar a los precisos términos de las disposiciones que debieron aplicarse, debe tenerse en cuenta que dicha documental fue expedida en uso de la facultad que le otorga tanto la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica como la Ley de Ingresos combatida". Además, debe decirse que el interés jurídico es un elemento de procedibilidad, y por ende es de aquellos que deben encontrarse plenamente probados en el juicio y no inferirse a base de presunciones, cobra relevancia al respecto, la jurisprudencia que a la letra dice: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Por lo anterior, debe insistirse, que en la especie, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que el aviso-recibo relativo al pago de derechos de alumbrado público derivado de una Ley de Ingresos Municipal constituye un acto de aplicación de las normas que establecen dichos derechos; sin embargo, es preciso que el quejoso justifique dicho acto, pues de lo contrario evidentemente que no se encontrará acreditado dicho acto. Es aplicable a lo anterior, la tesis cuyo rubro y texto son: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EMISIÓN DEL AVISO-RECIBO RELATIVO AL PAGO DE DERECHOS DE ALUMBRADO PÚBLICO, DERIVADO DE UNA LEY DE INGRESOS MUNICIPAL, CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS QUE ESTABLECEN DICHOS DERECHOS. La Ley de Ingresos Municipal que establece como ingresos de la hacienda pública el pago de derechos por el servicio de alumbrado público, cuyo monto se conoce hasta la notificación del recibo, es heteroaplicativa, ya que por su sola entrada en vigor no causa perjuicio ni modifica alguna situación jurídica existente, sino que la obligación de contribuir al gasto público ocasionado por ese servicio será exigible hasta que el gobernado conozca el monto de esa contribución respecto de determinada periodicidad cuando la Comisión Federal de Electricidad, mediante el aviso-recibo que para ese efecto emita, realice su cobro; por tanto, dicho aviso constituye el acto concreto de aplicación de las normas que establecen los derechos por el servicio de alumbrado público, porque en él se encuentran especificadas la determinación y cuantificación de los referidos derechos." En las relatadas condiciones y al actualizare la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V ambos de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se impone decretar también el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio de amparo, respecto de los actos reclamados relativos al Decreto que contiene la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciséis, del Ayuntamiento del Municipio de Guadalupe, Zacatecas. Cabe señalar, que no pasa inadvertido para la suscrita juzgadora que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que cuando ha sido declarada la inconstitucionalidad de una ley, como en el caso que nos ocupa, en que por jurisprudencia se estableció que las leyes o códigos locales que prevén como referencia para el cobro del derecho por servicio de alumbrado público, el consumo de energía eléctrica, son inconstitucionales porque invaden la esfera de atribuciones de la federación; opera la suplencia de la deficiencia de la queja a que se refiere el artículo 79, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, dado que el propósito fundamental de esta disposición es salvaguardar y asegurar la supremacía de la Constitución. Sin embargo, la suplencia de la queja deficiente no implica soslayar las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de garantías, ya que aquélla opera sólo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio, pues sería absurdo pretender que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma declarada inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia de todo juicio de amparo. Sirve de apoyo el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia que establece: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. NO IMPLICA SOSLAYAR CUESTIONES DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS.- De conformidad con el proceso legislativo que culminó con la reforma al artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de octubre de 1967, el fin inmediato de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declara inconstitucional una ley es salvaguardar y asegurar la supremacía de la Constitución. Ahora bien, una vez integrada la jurisprudencia, si fuera el caso de suplir la queja deficiente en el juicio de amparo en términos del artículo 76 Bis, fracción I, de la ley de la materia, aquélla podrá aplicarse, pero sin soslayar las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de garantías, ya que la suplencia de mérito opera sólo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio, pues sería absurdo pretender que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma declarada inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia de todo juicio de amparo." Finalmente, no se soslaya el hecho de que el agente del Ministerio Público Federal adscrito haga valer diversa causal de improcedencia, sin embargo, al haberse decretado el sobreseimiento del presente juicio por la causal de improcedencia anteriormente analizada, resulta innecesario resolver si opera o no alguna otra, ya que ello no cambiaría el sentido de esta resolución. Sirve de sustento a lo anterior, la segunda tesis relacionada con la Jurisprudencia número 1799, consultable en la página 2900, de la Segunda Parte Salas y Tesis del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que dice: "SOBRESEIMIENTO, LEGALIDAD DEL. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, SIN ENTRAR AL DE TODAS LAS QUE CONCURRAN.- Al quedar demostrado que los juicios de garantías que intentan los quejosos son improcedentes y que deben sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de esta resolución". Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, fracción I, 124 y 217 de la Ley de Amparo vigente se RESUELVE ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de garantías, promovido por Abel Rodríguez Aguayo, a través de su apoderado Salvador Esaú Constantino Ruíz, contra los actos reclamados de las autoridades responsables. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA, Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo resolvió y firma el licenciado ISAURA ROMERO MENA, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza, hasta el día de hoy cinco de abril de dos mil dieciséis en que lo permitieron las labores del juzgado. DOY FE.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA SENTENCIA DICTADA EN FECHA CINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c), DE LA LEY DE AMPARO: "VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 136/2016; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de Amparo. En escrito presentado el veintinueve de enero de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Salvador Esaú Constantino Ruíz, apoderado de Abel Rodríguez Aguayo, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades, actos y por violación a las garantías individuales contenidas en los preceptos constitucionales, que enseguida se precisan. Autoridades responsables "III. AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES. A. Señalamos como responsables ordenadoras: 1. C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE ZACATECAS. 2. LEGISLATURA DEL ESTADO DE ZACATECAS. 3. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS. 4. ADMINISTRADOR DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS. 5. SECRETARIO DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS. 6. H. AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE, ZACATECAS. B. Señalando como responsables ejecutoras: 1. TESORERO MUNICIPAL DE GUADALUPE, ZACATECAS. 2. DIRECTOR DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZACATECAS. 3. DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZACATECAS. "IV.- LEY O ACTO QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA. La ley de ingresos del municipio de Guadalupe, Zacatecas para el año dos mil dieciséis, que se publicó mediante publicado en el periódico oficial de Gobierno del Estado de Zacatecas en fecha treinta de diciembre de dos mil quince, en específico en su Capítulo II Derechos de Prestación de Servicios, Sección Quinta, artículo 70 en la que establece el Derecho de Servicio Público de Alumbrado; a las autoridades responsables marcadas con los números 1, 3, 4 y 5 le reclamamos su promulgación, refrendo y publicación, a las autoridades marcadas con el número 2 y 6 le reclamamos la discusión, aprobación y expedición en cada uno de sus ámbitos de competencia. A las autoridades señaladas como ejecutoras se les imputan los actos tendientes al cumplimiento, aplicación y ejecución de la ley antes señalada para el ejercicio fiscal 2016 en su Capítulo II Derechos de Prestación de Servicios, Sección Quinta, artículo 70 en la que establece el Derecho de Servicio Público de Alumbrado. Asimismo, se reclaman los actos tendientes a la notificación y cobro del Derecho de Servicio Público de Alumbrado ya sea mediante el Procedimiento Administrativo de Ejecución con todos sus efectos y consecuencias legales, principalmente la suspensión del servicio de alumbrado público, solicitando la devolución del pago del Derecho de Alumbrado Público. Igualmente se reclama a la Tesorería del municipio de Guadalupe, Zacatecas, a través de la Dirección de Ingresos del municipio de antes indicado y por conducto de la Comisión Federal de Electricidad la futura facturación correspondiente a los periodos que seremos sujetos al pago del tributo que se objeta de inconstitucional, en vista de que, en representación de la ficción que represento se convino a través de actos jurídicos el suministro de energía eléctrica". SEGUNDO. ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES VIOLADOS. La parte quejosa manifestó que el acto reclamado transgrede en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16, 31, primer párrafo fracción IV, 73, fracciones VII, X y XXIX, inciso 5, subinciso a), 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. La demanda de garantías de referencia, se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito, cuyo Titular mediante proveído de tres de febrero de dos mil dieciséis, se ordenó su admisión y registro bajo el expediente número 136/2016; se pidió informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Tribunal Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por reclamarse actos de ejecución de autoridades residentes dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión y certeza de los actos reclamados. Previo a establecer la certeza del acto reclamado, debe precisarse cuál es éste, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, para lo cual se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda, con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias de los rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese sentido, de una lectura integral del libelo constitucional y anexos, que forman un todo, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, consiste en: a). La aprobación, expedición, promulgación, refrendo, y orden de publicación del decreto por el que se expidió la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalupe, Zacatecas, para el Ejercicio Fiscal de dos mil dieciséis. b) Aplicación de la disposición reclamada, que se traduce en el cobro del Derecho de Alumbrado Público, consistente en 8% sobre el consumo de energía eléctrica. TERCERO. Inexistencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinados los actos reclamados, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, presunción o certeza del mismo, tal y como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la siguiente tesis de rubro y texto: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." Las autoridades responsables al rendir su respectivo informe justificado, se pronunciaron en los términos siguientes: a). La LXI Legislatura del Estado, a través del Director de Procesos Legislativos y Asuntos Jurídicos, manifestó que son ciertos los actos que se reclaman a ese órgano legislativo, relativos a la autorización del Decreto 547, por el que se expidió la Ley de Ingresos del municipio de Guadalupe, Zacatecas, para el Ejercicio Fiscal del año 2016. b). El Gobernador del Estado de Zacatecas, por conducto del Coordinador General Jurídico, manifestó que son ciertos los actos que se le reclaman consistentes en la promulgación y orden de publicación de la Ley de Ingresos del municipio de Guadalupe, Zacatecas, para el Ejercicio Fiscal del año 2016. c). El Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas, reconoció que es cierto el refrendo de la Ley impugnada. d). El Administrador del Periódico Oficial del Gobierno del Estado reconoció la certeza del acto que se le atribuye, relativo a la publicación de la ley impugnada. Además, la existencia de los actos reclamados a las citadas responsables se acredita con el Decreto 547, por el que se expidió la Ley de Ingresos del municipio de Guadalupe, Zacatecas, para el Ejercicio Fiscal del año 2016, en que se contiene el artículo 70 que aquí se impugna, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo. Al respecto, tiene aplicación por las razones que la informan, la tesis del rubro y texto siguientes: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." e). Por su parte el Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, Jefe del Departamento de Alumbrado Público, Síndico municipal y Director de Ingresos todos del municipio de Guadalupe, Zacatecas, al rendir su informe justificado que a su parte corresponde, negaron la existencia del acto reclamado; sin embargo, tales manifestaciones se encuentran desvirtuadas, en razón de que al quedar demostrado que se expidió el Decreto número 547 que contiene la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciséis de ese municipio, inconcuso resulta que las cantidades que la parte quejosa pague por concepto de derecho de alumbrado público, tendrán como destino las arcas de ese Ayuntamiento; por tanto, debe considerarse acreditada la existencia del acto que se les reclama. TERCERO. Procedencia del juicio de amparo. El estudio de la procedencia del juicio de garantías es una cuestión de orden público y preferente a la materia de fondo de la litis constitucional, según lo dispone el artículo 62, de la Ley de Amparo vigente. Al respecto, es aplicable, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe y contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". En lo referente a los actos reclamados relativos al Decreto que contiene la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciséis, del municipio de Guadalupe, Zacatecas, las autoridades responsables Gobernador del Estado de Zacatecas, Secretario General de Gobierno y Director de Procesos Legislativos y asuntos Jurídicos de la H. LXI Legislatura del Estado, hacen valer la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo vigente, en virtud de que de la lectura de las constancias que acompañó el quejoso a su demanda de garantías, se advierte inexistencia de medio probatorio alguno que permita inferir que la parte quejosa haya hecho algún pago con motivo de la disposición jurídica que pretende impugnar. La causa de improcedencia es fundada, acorde a lo siguiente: En efecto, el numeral 61, fracción XII de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el diverso artículo 5 del propio ordenamiento legal establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; Por su parte el artículo 5 del ordenamiento legal en cita, en lo conducente, establece: Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o. de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; ..." Lo anterior es así, pues de las constancias que obran en autos, no se advierte que en relación con lo antes señalado, la parte quejosa haya acreditado su interés jurídico, entendiéndose por tal, aquella facultad de ejercitar la acción constitucional, la que únicamente está reservada a quienes resienten un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley misma, perjuicio que supone la existencia de un derecho objetivo legítimamente tutelado a través de una o varias normas, que cuando es transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional a solicitar el cese de dicha transgresión, ello es lo que constituye el interés jurídico que toma en cuenta la Ley de Amparo para la procedencia del juicio de garantías. Así las cosas, resultaba necesario, que la parte quejosa acreditara una afectación a su esfera jurídica, por parte de los actos de autoridad que reclama, que traducido en otras palabras, requería que el acto reclamado consistente en la aprobación, expedición, promulgación, refrendo, y orden de publicación del decreto por el que se expidió la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalupe, Zacatecas, para el Ejercicio Fiscal de dos mil dieciséis, así como el cobro del derecho por servicio de alumbrado público, le irrogara algún perjuicio, derivado de un derecho legítimo del que se le estaba privando. Sin embargo, de autos no se desprende que se afecte algún derecho a la persona moral quejosa, con los actos a que se alude, pues no obra en autos material probatorio fehaciente para acreditar tales extremos. En efecto, debe decirse que la parte quejosa no acompaña documento alguno en donde la expedición de la Ley de Ingresos del municipio de Guadalupe, Zacatecas para el Ejercicio Fiscal de dos mil dieciséis, le haya irrogado algún perjuicio, así como el cobro de energía eléctrica correspondiente a un determinado servicio. En esas condiciones, debe concluirse que la parte quejosa no acreditó que los actos de autoridad que reclama, en cuanto al decreto relativo al citado municipio de Guadalupe, Zacatecas, efectivamente le hubiesen causado perjuicio a la esfera de sus derechos. En consecuencia, al reclamar la parte quejosa como primer acto de aplicación de la disposición relativa al decreto antes mencionado, el cobro del derecho de servicio de alumbrado público, que dice tiene contratado con la Comisión Federal de Electricidad, y siendo que, no acredita de manera fehaciente la afectación sufrida, traducida en el pago efectuado por dicho "derecho de alumbrado público" respecto del servicio de energía eléctrica en su domicilio ubicado en el municipio de Guadalupe, Zacatecas; o cuando menos, la recepción del aviso recibo en que se contenga el cobro por el propio derecho, es por lo que la suscrita juez sostiene, que no se acredita el interés jurídico respecto de los actos que se señalan como reclamados, relativos a la aprobación, expedición, promulgación, refrendo, y orden de publicación del decreto por el que se expidió la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalupe, Zacatecas, para el Ejercicio Fiscal de dos mil dieciséis, y al cobro del derecho por servicio de alumbrado público que la persona moral quejosa tilda de inconstitucional. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por la extinta Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se transcribe: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL. El artículo 4o. de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: "El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona". Este alto tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, "no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados" (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sea estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial". Asimismo tiene aplicación, la tesis aislada del siguiente rubro y texto: "ALUMBRADO PÚBLICO. EL INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO EL DERECHO RELATIVO, SE ACREDITA CON EL AVISO-RECIBO EXPEDIDO POR LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD QUE CONSTITUYE EL ACTO CONCRETO DE APLICACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, VIGENTE PARA 2004.- El artículo 81 de la citada ley que establece el derecho que por concepto de alumbrado público debe aportarse al Municipio a través de una cuota fija mensual o bimestral que determine la Comisión Federal de Electricidad tiene carácter de una ley heteroaplicativa que por su sola entrada en vigor no causa perjuicio ni modifica alguna situación jurídica existente, ya que la obligación de contribuir al gasto público ocasionado por ese servicio será exigible cuando el gobernado conozca el monto de esa contribución hasta que la autoridad administrativa, mediante el recibo que para ese efecto emita, efectúe su cobro; acto diverso a la simple expedición de la norma que condiciona su aplicación a la realización de aquel evento, el cual constituye el acto concreto de aplicación. Ahora bien, el hecho de que el monto consignado en el aviso-recibo no corresponda a la tarifa de usuario en que se clasificó a la quejosa, no implica que no se haya aplicado la cuota fija que establecen las disposiciones legales impugnadas, pues su inclusión en el documento de mérito, al especificar en el concepto "DAP" cierta cantidad, no puede tener otro soporte que aquéllas, dado que cuando una norma jurídica no es expresada por la autoridad como el sustento de su actuación, el interés jurídico para impugnarla mediante el juicio de amparo proviene tanto de la disposición legal como de su aplicación. Así, con independencia de que la autoridad someta su actuar a los precisos términos de las disposiciones que debieron aplicarse, debe tenerse en cuenta que dicha documental fue expedida en uso de la facultad que le otorga tanto la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica como la Ley de Ingresos combatida". Además, debe decirse que el interés jurídico es un elemento de procedibilidad, y por ende es de aquellos que deben encontrarse plenamente probados en el juicio y no inferirse a base de presunciones, cobra relevancia al respecto, la jurisprudencia que a la letra dice: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Por lo anterior, debe insistirse, que en la especie, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que el aviso-recibo relativo al pago de derechos de alumbrado público derivado de una Ley de Ingresos Municipal constituye un acto de aplicación de las normas que establecen dichos derechos; sin embargo, es preciso que el quejoso justifique dicho acto, pues de lo contrario evidentemente que no se encontrará acreditado dicho acto. Es aplicable a lo anterior, la tesis cuyo rubro y texto son: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EMISIÓN DEL AVISO-RECIBO RELATIVO AL PAGO DE DERECHOS DE ALUMBRADO PÚBLICO, DERIVADO DE UNA LEY DE INGRESOS MUNICIPAL, CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS QUE ESTABLECEN DICHOS DERECHOS. La Ley de Ingresos Municipal que establece como ingresos de la hacienda pública el pago de derechos por el servicio de alumbrado público, cuyo monto se conoce hasta la notificación del recibo, es heteroaplicativa, ya que por su sola entrada en vigor no causa perjuicio ni modifica alguna situación jurídica existente, sino que la obligación de contribuir al gasto público ocasionado por ese servicio será exigible hasta que el gobernado conozca el monto de esa contribución respecto de determinada periodicidad cuando la Comisión Federal de Electricidad, mediante el aviso-recibo que para ese efecto emita, realice su cobro; por tanto, dicho aviso constituye el acto concreto de aplicación de las normas que establecen los derechos por el servicio de alumbrado público, porque en él se encuentran especificadas la determinación y cuantificación de los referidos derechos." En las relatadas condiciones y al actualizare la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V ambos de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se impone decretar también el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio de amparo, respecto de los actos reclamados relativos al Decreto que contiene la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciséis, del Ayuntamiento del Municipio de Guadalupe, Zacatecas. Cabe señalar, que no pasa inadvertido para la suscrita juzgadora que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que cuando ha sido declarada la inconstitucionalidad de una ley, como en el caso que nos ocupa, en que por jurisprudencia se estableció que las leyes o códigos locales que prevén como referencia para el cobro del derecho por servicio de alumbrado público, el consumo de energía eléctrica, son inconstitucionales porque invaden la esfera de atribuciones de la federación; opera la suplencia de la deficiencia de la queja a que se refiere el artículo 79, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, dado que el propósito fundamental de esta disposición es salvaguardar y asegurar la supremacía de la Constitución. Sin embargo, la suplencia de la queja deficiente no implica soslayar las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de garantías, ya que aquélla opera sólo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio, pues sería absurdo pretender que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma declarada inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia de todo juicio de amparo. Sirve de apoyo el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia que establece: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. NO IMPLICA SOSLAYAR CUESTIONES DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS.- De conformidad con el proceso legislativo que culminó con la reforma al artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de octubre de 1967, el fin inmediato de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declara inconstitucional una ley es salvaguardar y asegurar la supremacía de la Constitución. Ahora bien, una vez integrada la jurisprudencia, si fuera el caso de suplir la queja deficiente en el juicio de amparo en términos del artículo 76 Bis, fracción I, de la ley de la materia, aquélla podrá aplicarse, pero sin soslayar las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de garantías, ya que la suplencia de mérito opera sólo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio, pues sería absurdo pretender que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma declarada inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia de todo juicio de amparo." Finalmente, no se soslaya el hecho de que el agente del Ministerio Público Federal adscrito haga valer diversa causal de improcedencia, sin embargo, al haberse decretado el sobreseimiento del presente juicio por la causal de improcedencia anteriormente analizada, resulta innecesario resolver si opera o no alguna otra, ya que ello no cambiaría el sentido de esta resolución. Sirve de sustento a lo anterior, la segunda tesis relacionada con la Jurisprudencia número 1799, consultable en la página 2900, de la Segunda Parte Salas y Tesis del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que dice: "SOBRESEIMIENTO, LEGALIDAD DEL. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, SIN ENTRAR AL DE TODAS LAS QUE CONCURRAN.- Al quedar demostrado que los juicios de garantías que intentan los quejosos son improcedentes y que deben sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de esta resolución". Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, fracción I, 124 y 217 de la Ley de Amparo vigente se RESUELVE ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de garantías, promovido por Abel Rodríguez Aguayo, a través de su apoderado Salvador Esaú Constantino Ruíz, contra los actos reclamados de las autoridades responsables. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA, Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo resolvió y firma el licenciado ISAURA ROMERO MENA, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza, hasta el día de hoy cinco de abril de dos mil dieciséis en que lo permitieron las labores del juzgado. DOY FE."

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