Abel Ordaz Monreal

Expediente 1062/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 6 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1062/2017
Año
2017
Actuaciones
6
Última actuación
31/01/2018

Partes del expediente

  • Abel Ordaz Monreal

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    El treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, Jorge Martín Zamora González, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICA: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del diecisiete al treinta de enero del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la resolución de doce de enero de la presente anualidad (fojas 30 a 35), dictada por este Juzgado, dentro del juicio de amparo número 1062/2017. Que al revisar el expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales. Que existe un tomo de pruebas por devolver a la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje con sede en esta ciudad. De igual forma, se hace constar que no se aperturó incidente de suspensión, por lo cual no se exhibió billete o alguna otra garantía sobre la cual deba proveerse. Lo que se asienta para los efectos legales correspondientes. CONSTE. En la misma fecha, se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, treinta y uno de enero de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada por este Juzgado el día doce de enero de dos mil dieciocho (fojas 30-35), en la cual se negó a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Por otra parte, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, en razón de que se negó la protección constitucional solicitada, con excepción del escrito inicial de demanda (ampliación), de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, en razón de que este Juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico que amerite su conservación. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Por último, devuélvase a la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, el legajo de copias certificadas del expediente laboral 148/IV/2012, que en su oportunidad remitió en apoyo a su informe justificado. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado, ante Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza.- Doy fe. BEGE

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las diez horas con cuarenta minutos del doce de enero de dos mil dieciocho, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de derechos 1062/2017, estando en audiencia pública Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Luis Felipe Ruiz Martínez Lasso, secretario que autoriza y da fe; con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, inició su celebración, sin contar con la asistencia de las partes. Enseguida, el secretario da lectura de las constancias que integran el presente juicio de derechos, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, acorde a lo establecido en la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 185, Tomo IV, primera parte, julio a diciembre de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que refiere: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". Al respecto, el juez acuerda: Téngase hecha la relación de constancias; en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo, rendido el informe justificado de la autoridad responsable junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, (foja 23); de igual forma se tienen por emplazados a juicio en su calidad de terceros interesados a la Empresa Integradora de Ejidos Asociados, Sociedad Anónima de Capital Variable, Oscar Tovar Santa Cruz, Noel Arellano Cárdenas, José Cruz Argumedo González, Gerardo Cardona Monreal, Abel Martínez Alonso, Salvador Martínez Monreal, Ismael Molina Monreal, Maricela Calderon Castillo, Adalberto Pinedo Valenzuela, J. Armando Molina Ruiz y José Luis Ordaz Betrado (fojas 14, 16 y 22). A continuación, en el período de pruebas, el secretario da cuenta con las ofrecidas por el quejoso consistentes en la instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto, legal y humano, así como con la documental allegada por la junta responsable consistente en un legajo de copias certificadas del expediente laboral 148/IV/2012 (guardado por separado). El juez acuerda: en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse desahogadas la pruebas referidas, en atención a su propia y especial naturaleza. Con lo anterior, se declara cerrado el período probatorio y se pasa al de alegatos, en el que el secretario relaciona los formulados por la agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado mediante el pedimento registrado con número de folio 71 (fojas 25 y 26); a lo que el juez acuerda: ténganse formulados los alegatos referidos y precluído el derecho de las demás partes para expresarlos. Consecuentemente, al no haber diligencias pendientes por desahogar, se levanta la presente acta en términos del artículo 124 de la ley de la materia, y se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la sentencia que en derecho corresponda. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 1062/2017; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en Zacatecas, Abel Ordaz Monreal, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por el acto que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite. Conforme al artículo 107, fracción VII de la Constitución Federal se admitió a trámite la demanda y se celebró la audiencia constitucional que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en Zacatecas, es competente para conocer del presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1º, fracción I, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se reclaman actos de una autoridad residente en donde este juzgado ejerce competencia. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El numeral 74, fracción I de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, lo que se logra a partir de un estudio integral de todas las constancias que integran el juicio de amparo. Con base en lo anterior, de la demanda de amparo, este juzgador considera que la parte quejosa reclama: 1. De la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas: - La sentencia interlocutoria de veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, que resolvió el incidente de nulidad de actuaciones, dictado en el juicio laboral 148/IV/2012. TERCERO. Oportunidad. La interposición de la demanda de amparo se estima oportuna en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo, lo anterior por así desprenderse de las constancias que conforman el juicio natural, toda vez que la parte quejosa fue notificada del acto reclamado el treinta de noviembre de dos mil diecisiete (foja 402 vuelta del tomo de pruebas), surtiendo efectos dicha notificación el mismo día, de conformidad con el artículo 747 de la Ley Federal del Trabajo por lo tanto, el plazo para la interposición del amparo transcurrió del uno al veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, con descuento de los días dos, tres, nueve, diez, dieciséis y diecisiete de diciembre del año en cita, por haber sido días inhábiles; consecuentemente si la demanda de amparo se presentó el ocho de diciembre de dos mil diecisiete, es claro que el juicio en que se actúa fue promovido oportunamente. CUARTO. Certeza del acto reclamado. La Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas (foja 23 del juicio de amparo), al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por cierto el mismo. Certeza que se acredita con copia certificada del expediente 148/IV/2012 (un tomo de pruebas que obra por separado); documentales a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º. QUINTO. Análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo. Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, al haberse analizado y valorado previamente todas y cada una de las constancias que conforman el presente juicio, se concluye que no se actualiza algún motivo de improcedencia de manera obvia y objetiva, ni se advierte que las partes hubieran hecho valer alguna, por lo que procede el estudio del fondo del asunto. SEXTO. Concepto de violación. La parte quejosa formuló conceptos de violación que se tienen por reproducidos y no se transcriben, dado que no existe disposición en la Ley de Amparo que obligue a ello, y por encontrar sustento en la jurisprudencia 2a./J.58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, Materia Común, registro 164618, página 830, del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SÉPTIMO. Estudio de fondo. Son infundados los conceptos de violación aun suplidos en su deficiencia, de conformidad con el artículo 79 de la Ley de Amparo. En los concepto de violación, la parte quejosa aduce que la interlocutoria reclamada transgrede en su perjuicio los artículos 14, 16, 17 y 123 constitucionales, en virtud de que la interlocutoria reclamada, se encuentra indebidamente fundada y motivada toda vez que la responsable no tomó en cuenta los argumentos que hizo valer en la contestación a la demanda incidental. Al respecto, aduce que la responsable no tomó en consideración las manifestaciones que expresó al contestar el aludido incidente, en las que manifestó que la notificación combatida se encontraba practicada conforme a derecho, ya que se practicó en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones por la demandada, sin que obste que hayan señalado un diverso domicilio para tal efecto, toda vez que la demandada en ningún momento revocó el primer domicilio, y la autoridad jamás acordó el nuevo domicilio, evidenciando con ello que las notificaciones serían válidas en cualquiera de los domicilios indicados. Tales motivos de disenso son infundados. En principio debe decirse que este juzgador advierte, como el quejoso lo expresa, que la autoridad responsable no valoró ni tomó en cuenta las manifestaciones que la aquí quejosa realizó en su contestación al incidente de nulidad interpuesto por su contraparte en el juicio laboral de origen, en las que en esencia manifestó que la parte demandada al señalar el nuevo domicilio nunca revocó el domicilio anterior, además que la responsable nunca acordó de conformidad el nuevo domicilio, y por lo tanto resultaba infundado el incidente de nulidad planteado, en virtud de que se podía notificar en cualquiera de los domicilios indicados por la demandada para oír y recibir notificaciones. Sin embargo, no obstante lo anterior, y si bien como el quejoso lo aduce, la responsable incurrió en la omisión apuntada en el párrafo precedente toda vez que ésta no valoró las manifestaciones que emitió en la contestación a la demanda incidental (fojas 390 a 393 del tomo de prueba) al resolver el incidente de nulidad planteado por su contraparte en el juicio laboral de origen, lo cierto es que no obstante tal omisión, lo infundado de los motivos de disenso se actualiza ante la irrelevancia de ésta, toda vez que los argumentos que hizo valer en su contestación a la demanda incidental no resultan aptos para resolver el incidente en forma favorable a los intereses del quejoso, por lo que a nada práctico conduciría conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que se analicen, ya que se reitera, el sentido de la interlocutoria reclamada sería el mismo, de ahí lo infundado de las manifestaciones del quejoso. Lo anterior es así, toda vez que de manera contraria a lo manifestado por el inconforme, las notificaciones personales deben practicarse en el último de los domicilios señalados para ese efecto, aunque no haya una manifestación expresa de la parte que lo señala en el sentido de que se tenga por insubsistente el señalado con antelación, y no obstante que la autoridad que conozca del juicio no haya emitido un acuerdo teniendo por hecha dicha designación, de ahí que conceder el amparo para el efecto de que la responsable valore dichos argumentos resultaría ocioso e incluso atentaría en contra del derecho fundamental contenido en el artículo 17 constitucional, toda vez que el sentido del acto reclamado sería el mismo. En efecto, para arribar a lo anterior, es necesario citar el artículo 741 de la Ley Federal del Trabajo, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 741. Las notificaciones personales se harán en el domicilio señalado en autos, hasta en tanto no se designe nueva casa o local para ello; y las que se realicen en estas condiciones, surtirán plenamente sus efectos." El artículo citado con antelación, señala que las notificaciones se harán en el domicilio señalado en autos, hasta en tanto no se designe nueva casa o local para ello. Así, de manera contraria a lo que expresa el quejoso, en los litigios, al designar un nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones, no se requiere que las partes expresamente manifiesten que se revoca o se deja sin efectos la anterior designación de un domicilio, ni que se pronuncie un proveído en el cual se tenga por señalado el nuevo domicilio, pues ni el citado artículo ni algún otro de la Ley Federal del Trabajo, explícita o implícitamente exigen que se haga tal revocación ni que para que surta efectos la nueva designación del domicilio tenga que dictarse un acuerdo por la Junta acordando tal situación. Esto es, la ley que rige el acto reclamado, únicamente le impone la carga al litigante de comunicar de forma debida a la autoridad el cambio de dicho domicilio para oír y recibir notificaciones, pero no le impone la carga de revocar el señalado con antelación, ni que se deba esperar a que la autoridad lo apruebe para que surta efectos dicha designación. Máxime que el artículo 741 de la Ley Federal del Trabajo en la parte en la que señala que las notificaciones personales se harán en el domicilio señalado en autos, hasta en tanto no se designe nueva casa o local para ello, se debe interpretar en el sentido de que apenas el litigante haga una nueva designación, dejarán de hacerse las notificaciones en el domicilio señalado. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen C, Tercera Parte, Sexta Época, página 33, del rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES PERSONALES. DEBEN PRACTICARSE EN EL ULTIMO DE LOS DOMICILIOS SEÑALADOS PARA ESTE EFECTO, AUNQUE NO HAYA UNA MANIFESTACION DE LA PARTE EN EL SENTIDO DE QUE SE TENGA POR INSUBSISTENTE EL ANTERIOR SEÑALAMIENTO DE DOMICILIO, Y NO OBSTANTE QUE EL JUEZ NO HAYA EMITIDO UN ACUERDO TENIENDO POR HECHA LA NUEVA DESIGNACION. Para que las notificaciones ya no deban hacerse en determinado lugar, que anteriormente se había señalado, y que el Juez estableció en un acuerdo, no se requiere que la parte interesada expresamente manifieste que revoca, o que deja sin efectos, la anterior designación, ni que se pronuncie un proveído en el cual se tenga por señalado el nuevo domicilio. El artículo 307 del Código Federal de Procedimientos Civiles (supletoriamente aplicable, por disponerlo así el artículo 2o. de la Ley de Amparo), no exige, ni explícita ni implícitamente, que se haga tal revocación, ni que se dicte acuerdo por el Juez: "Mientras un litigante no hiciere nueva designación de la casa en que han de hacérsele las notificaciones personales, seguirán haciéndosele en la casa que para ello hubiere señalado", lo cual equivale a establecer que, apenas haga el litigante nueva designación, dejarán de hacerse las notificaciones en el anterior domicilio señalado. La exposición de motivos del código no exige tampoco que haya una revocación expresa del domicilio anteriormente designado, o una aprobación judicial de la decisión de señalar un nuevo domicilio. En el comentario al artículo 307, dice la exposición que "la razón de este mandamiento consiste en que no debe dejarse a la voluntad de una de las partes la validez del desarrollo procesal, por manera que, si una parte no comunica debidamente un cambio de lugar para recibir notificaciones, las que se le hagan personalmente en el lugar señalado han de tener toda su validez y producir todos sus efectos, y si de ello resulta algún perjuicio para la parte omisa, ella es la única responsable, por no haber cumplido con un deber procesal establecido en su propio beneficio". Como fácilmente se advierte, aquí solo se trata de que la parte comunique debidamente, es decir, en forma clara y precisa, y en tiempo oportuno, el cambio de domicilio para oír notificaciones, pero no se establece que debe "revocar" las anteriores designaciones, ni que deba esperarse, como requisito para la eficacia de la designación, la aprobación judicial. Que se necesita un acuerdo del Juez para que sea, en diversos supuestos, válida la notificación practicada en lugar distinto del que se había antes señalado, se concluye del artículo 313 del propio Código Federal de Procedimientos Civiles, puesto que cuando el notificador no puede cerciorarse de que la persona con la que debe practicar la diligencia vive en la casa designada (artículo 311, segundo párrafo), o cuando tiene fundadas sospechas de que se niegue que el notificado viva en el lugar que se había designado, podrá el actuario hacer la notificación en el lugar donde el notificado habitualmente trabaje, o en cualquier lugar donde el mismo de hecho se halle. Y para hacer estas notificaciones, en lugar distinto del que anteriormente se había señalado, "no se necesita nueva determinación judicial". Sin que se pase por alto que la citada tesis interpretó el artículo 307 del Código Federal de Procedimientos Civiles, sin embargo, como se puede desprender del citado criterio, la redacción de éste guarda similitud con el artículo 741 de la Ley Federal del Trabajo que rige el acto reclamado, de ahí que la referida tesis resulte aplicable al caso en concreto. En consecuencia, por las anteriores consideraciones, y ante lo infundado de los conceptos de violación emitidos por el quejoso, aún suplidos en su deficiencia, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. OCTAVO. Jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto correspondientes a la novena época y anteriores, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicable, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 217 y demás relativos, de la Ley de Amparo vigente, se; R E S U E L V E: ÚNICO. La justicia de la Unión NO Ampara ni Protege a Abel Ordaz Monreal, contra el acto reclamado a la autoridad precisada en el considerando segundo, por los motivos vertidos en el diverso séptimo de esta resolución. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió Iván Ojeda Romo Juez Primero de Distrito en Zacatecas, quien actúa asistido del Secretario Luis Felipe Ruiz Martínez Lasso quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, cuatro de enero de dos mil dieciocho, Juan García Trejo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas CERTIFICA: Que se encuentran fijadas las nueve horas con cincuenta minutos para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo; Que se encuentra transcurriendo el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del informe justificado rendido por la autoridad responsable junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado, con residencia en esta ciudad. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede, con el estado que guardan los autos del presente asunto y con una promoción con folio 71. Conste. Zacatecas, Zacatecas, cuatro de enero de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que se encuentran señaladas las nueve horas con cincuenta minutos para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo; sin embargo, se encuentra transcurriendo el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del informe justificado rendido por la autoridad responsable junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado, con residencia en esta ciudad; por tanto, a fin de dar oportunidad a lo anterior, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para hoy, y se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DOCE DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO. En apoyo de lo anterior se invoca la Tesis aislada 2006279, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1451, Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO).El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes. Por otra parte, agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el pedimento 11/2018 signado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por hechas las manifestaciones que vierte en vía de alegatos, sin perjuicio de tomarlas en consideración en el momento oportuno; y una vez que se emita la sentencia en el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2° del ordenamiento legal invocado en segundo término, expídasele la copia que solicita; previa toma de razón que por su recibo se asiente en autos. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Luis.

  4. Principal

    El veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, se da cuenta con la promoción con el folio 16947 y anexo que se adjunta. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintiuno de diciembre dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase rendido el INFORME JUSTIFICADO de la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, por conducto de los representantes obrero y patronal; y, secretario; con su contenido, dese vista a las partes para que hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional manifiesten lo que a su interés convenga. Con fundamento en el artículo 119 de la legislación en consulta ténganse como pruebas de la citada autoridad las constancias que adjunta, consistentes en un legajo de copias certificadas del expediente laboral 148/IV/2012; las que dada su propia y especial naturaleza se tienen por desahogada, sin perjuicio de su relación que se haga al momento de la audiencia respectiva. Por último, dado el volumen de las constancias que se reciben se ordena sean guardadas por separado. Notifíquese. Así lo acordó y firmó Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. María del Carmen*

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