Abel Gaytan Valadez
Expediente 2216/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 28 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 2216/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 24/05/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Abel Gaytan Valadez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
En veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, C E R T I F I C O : Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del seis al diecinueve de mayo de la presente anualidad, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia emitida el veintiuno de abril del año en curso, dictada por el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, dentro del juicio de amparo número 2216/2015-6. DOY FE. En la misma fecha la Secretaria licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, doy cuenta al Secretario en funciones de Juez, con el estado de autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por la Secretaria adscrita a este Tribunal Federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia emitida el veintiuno de abril del año en curso, dictada por el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en la que se decretó el sobreseimiento del presente juicio de garantías; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En consecuencia, y en atención a que la resolución de mérito no requiere ejecución material, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia en consulta, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción; por lo tanto, una vez que transcurra el término de tres años que establece el primer párrafo del referido punto vigésimo primero, deberán realizarse las gestiones necesarias para su destrucción. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el Punto Vigésimo Primero, fracción III, del citado Acuerdo, el cuaderno original del incidente de suspensión correspondiente al presente juicio de amparo, es susceptible de destrucción, por haberse negado la suspensión definitiva, además de que este Juzgado considera que no revisten valor jurídico o histórico ni son de relevancia documental que ameriten su conservación; en atención a ello, glósese al principal el original del incidente. De igual forma, se declara que es susceptible de destrucción el duplicado del incidente de suspensión; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado Punto Vigésimo Primero, se lleve a cabo su destrucción. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario de Juzgado, en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, comunicada mediante oficio SEPLE./GEN./004/3450/2016, firmado por el licenciado Gonzalo Moctezuma Barragán, Secretario Ejecutivo del Pleno de dicho consejo, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretario que autoriza y da fe. JESSY*
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, TANTO EL AUTO DICTADO EN FECHA VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS, ASÍ COMO LA SENTENCIA EMITIDA EL VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS, ELLO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b), DE LA LEY DE AMPARO: "En veintisiete de abril de dos mil dieciséis, la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, doy cuenta al Secretario encargado del despacho, con el oficio registrado bajo el número 8401 y anexos que se acompañan.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintisiete de abril de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, mediante el cual remite los autos del juicio de amparo 2216/2015, el cual quedó registrado en el Juzgado a su cargo como cuaderno de antecedentes 184/2016-III; en el que ya se encuentra glosada la sentencia pronunciada por dicho Juez Auxiliar, el veintiuno del mes y año en curso; asimismo, remite un disco compacto "CD", que contiene la versión pública de la resolución que emitió. Acúsese el recibo de estilo al órgano Jurisdiccional resolutor y agréguese el cuaderno de antecedentes respectivo. Ahora bien, toda vez que en la resolución emitida por el citado órgano Jurisdiccional auxiliar, se advierte que se sobreseyó el juicio de garantías promovido por Abel Gaytán Valadez, contra actos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades; en consecuencia, notifíquese personalmente a las partes; remítase copia certificada de la citada resolución a las autoridades responsables, a efecto de que se imponga de los lineamientos en los que se resolvió el presente juicio. Por otra parte, una vez que cause ejecutoria o en su caso sea recurrida la sentencia dictada dentro del presente sumario, hágase tal circunstancia del conocimiento de la ahora oficiante, para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que será este órgano jurisdiccional quien continuará con el trámite del presente asunto hasta su archivo definitivo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES, Y MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y ÓRGANO JURISDICCIONAL RESOLUTOR. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por licencia de la titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe." SENTENCIA DICTADA EL 21 DE ABRIL DE 2016. VISTOS los autos relativos al juicio de amparo 2216/2015, promovido por Abel Gaytán Valadez contra actos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y de otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el nueve de diciembre de dos mil quince ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en Zacatecas, Abel Gaytán Valadez solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos reclamados que más adelante se puntualizarán. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. El Secretario en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en Zacatecas, a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto, mediante proveído de diez de diciembre de dos mil quince lo radicó bajo el expediente 2216/2015 de su índice y previno al quejoso para que dentro del término de cinco días cumpliera con lo siguiente: a) precisara la denominación correcta de la autoridad responsable que señaló como "Gobierno del Estado de Zacatecas" y b) exhibiera una copia de la demanda de amparo. Posteriormente, en acuerdo de treinta y uno de diciembre de dos mil quince el referido Juzgado Federal estableció que transcurrió el término concedido al inconforme sin que éste realizara manifestación alguna; por tanto, hizo efectivo el apercibimiento decretado en el auto preventivo y ordenó que se continuara con el trámite de este sumario respecto de los actos reclamados y por las autoridades que no fueron materia de esa prevención; en consecuencia, admitió la demanda; solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; dio la intervención conducente al Agente del Ministerio Público de la Federación y señaló día y hora para la audiencia constitucional. Luego, en proveído de veintinueve de febrero de dos mil dieciséis el órgano jurisdiccional auxiliado declaró la inexistencia de la autoridad denominada como "Director del Departamento de Evaluación Educativa perteneciente al Instituto Nacional de Evaluación Educativa, órgano descentralizado e independiente de la Secretaría de Educación Pública, con domicilio en Guadalupe, Zacatecas". Seguidos los trámites de ley, finalmente se celebró la audiencia constitucional el quince de marzo de dos mil dieciséis. TERCERO. Designación de los órganos a apoyar en el dictado de sentencias. Mediante oficio STCCNO/1519/2015 de siete de septiembre de dos mil quince, el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal informó que la citada Comisión determinó que este Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región apoyará en el dictado de sentencias al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en Zacatecas. CUARTO. Envío de expediente. La Juez Primera de Distrito en el Estado de Zacatecas, en cumplimiento a esa comunicación remitió el juicio de amparo 2216/2015 de su estadística a la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, la cual a su vez lo turnó a este órgano jurisdiccional. QUINTO. Radicación en el Juzgado de Distrito Auxiliar. Este Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, mediante acuerdo de catorce de abril de dos mil dieciséis se avocó al conocimiento del citado juicio de amparo, lo registró en el libro electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) bajo el asunto 184/2016 y procedió al análisis del expediente para dictar la sentencia correspondiente; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto quinto, apartado 5, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito y, además, en términos del oficio STCCNO/1519/2015 de siete de septiembre de dos mil quince, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual informó que la citada Comisión determinó que este Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región apoyará en el dictado de sentencias al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en Zacatecas, en virtud de que se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclaman diversas disposiciones de observancia general con motivo de un acto de aplicación acaecido en el territorio de la jurisdicción del Juzgado Federal auxiliado. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Del análisis integral de la demanda en relación con los informes justificados, en términos de lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo se concluye que los actos impugnados son los siguientes: De la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, ambas del Congreso de la Unión; del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; del Secretario de Gobernación y del Director del Diario Oficial de la Federación se reclaman, en su respectivo ámbito de competencia, la discusión, la aprobación, la expedición, la promulgación, el refrendo y la publicación de los decretos siguientes: ? Decreto por el que se reforman los artículos 3 en sus fracciones III, VII y VIII, y 73, fracción XXV, y se adiciona un párrafo tercero, un inciso d) al párrafo segundo de la fracción II y una fracción IX al precepto 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de febrero de dos mil trece, específicamente los numerales 3, 73 y transitorios. ? Decreto por el que se expide la Ley General del Servicio Profesional Docente, particularmente los arábigos 52, 53, 68, 69, octavo y noveno transitorios; así como el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Educación y el Decreto por el que se expide la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; todos publicados en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil trece. Del Titular de la Secretaría de Educación Pública y del Secretario de Educación del Estado de Zacatecas se impugna: ? La aplicación de los decretos precisados con antelación, patentizada con el inicio del procedimiento de evaluación del desempeño docente y su notificación. Cabe precisar que el titular de la acción constitucional en su demanda de amparo señala como acto reclamado "la falta de notificación" del inicio del procedimiento de evaluación del desempeño docente a que se le ha sujetado. Sin embargo, del análisis integral del escrito inicial, el cual se verifica con un sentido de liberalidad a fin de armonizar de manera congruente los datos que emanan de ese ocurso y la información que se deriva del expediente relativo a este juicio constitucional, conforme a lo establecido en la jurisprudencia P./J. 40/2000 y en la tesis aislada P. VI/2004 se colige que en realidad el inconforme combate la notificación del inicio del citado procedimiento de evaluación y que la adjetivación relativa a "la falta de notificación" a ese procedimiento la hace derivar de los argumentos que a título de conceptos de violación vierte contra ese medio de comunicación procesal. En ese contexto, la referida notificación se precisa como acto reclamado en los términos señalados, ya que de acuerdo con el criterio contenido en la tesis invocada en último orden, al fijarse los actos impugnados no debe atenderse a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su inconstitucionalidad. TERCERO. Inexistencia de los actos impugnados. No son ciertos los actos reclamados al Titular de la Secretaría de Educación Pública, en virtud que así lo manifestó al rendir su informe justificado, sin que en la especie la parte quejosa haya desvirtuado esa negativa con probanza alguna. Asimismo, son inexistentes los actos reprochados al Secretario de Educación del Estado de Zacatecas a pesar de que al rendir su informe justificado aceptó la certeza de las actuaciones que se le adjudican, ya que tal aseveración la realizó para exponer que como autoridad local tiene la obligación de aplicar las leyes, reglamentos, decretos y todas las normas que se emitan en materia de educación tanto a nivel federal como estatal, pero de esa expresión no se advierte que haya aplicado en perjuicio de la parte quejosa las normas controvertidas en este juicio de amparo, ni que haya iniciado en contra del inconforme el procedimiento de evaluación del desempeño docente y tampoco que le haya notificado el inicio de ese procedimiento. Por otra parte, debe señalarse que la Ley de Amparo impone al quejoso la carga de demostrar la existencia de los actos reclamados sin que haya atendido ese aspecto, porque de las pruebas documentales que el promovente ofreció en copias fotostáticas simples, así como de las constancias que integran este sumario no se desprende que el Titular de la Secretaría de Educación Pública y el Secretario de Educación del Estado de Zacatecas hayan ordenado o iniciado en su contra algún proceso de evaluación de su desempeño como docente, ni que hayan notificado al peticionario de amparo el inicio de un procedimiento de esa naturaleza. Lo expuesto tiene respaldo en la jurisprudencia VI.2o. J/308, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 80, Agosto de 1994, Octava Época, Materia Común, página setenta y siete, que reza: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." Luego, si el promovente no desvirtuó la negativa expuesta por el Titular de la Secretaría de Educación Pública y las pruebas que aportó al proceso no evidencian la participación de esa autoridad ni la del Secretario de Educación del Estado de Zacatecas en los actos que les adjudican es inconcuso que se actualiza la causa de sobreseimiento prevista por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo; por tanto, lo procedente es sobreseer en este juicio constitucional respecto de los actos que se reprochan a las indicadas autoridades. Las consideraciones vertidas tienen sustento en la tesis VI.2o.A.4 K, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, Novena Época, Materia Común, página novecientos tres, de contenido siguiente: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean 'necesarias para apoyar dicho informe', en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." También en la jurisprudencia 284, visible en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación del año 2000, Tomo VI, Jurisprudencia SCJN, Sexta Época, Materia Común, página doscientos treinta y seis, que señala: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Certeza de los actos combatidos. Son ciertos los actos reclamados a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, ambas del Congreso de la Unión; al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; al Secretario de Gobernación y al Director del Diario Oficial de la Federación consistentes, en su respectivo ámbito de competencia, en la discusión, la aprobación, la expedición, la promulgación, el refrendo y la publicación de los decretos siguientes: ? Decreto por el que se reforman los artículos 3 en sus fracciones III, VII y VIII, y 73, fracción XXV, y se adiciona un párrafo tercero, un inciso d) al párrafo segundo de la fracción II y una fracción IX al precepto 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de febrero de dos mil trece, específicamente los numerales 3, 73 y transitorios. ? Decreto por el que se expide la Ley General del Servicio Profesional Docente, particularmente los arábigos 52, 53, 68, 69, octavo y noveno transitorios; así como el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Educación y el Decreto por el que se expide la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; todos publicados en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil trece. Es así, en virtud de que esa certeza es implícita en atención al principio jurídico de que el derecho no es objeto de prueba, reconocido por los numerales 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de lo dispuesto por el arábigo 2 de la Ley de Amparo. Al respecto es aplicable la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo 65, Primera Parte, Séptima Época, Materia Común, página quince, de contenido siguiente: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." También cobra vigencia la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, Novena Época, Materia Común, página doscientos sesenta, que expone: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." QUINTO. Estudio de las causales de improcedencia. Enseguida se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, al ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo y con apoyo en la jurisprudencia 158, visible en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Parte VIII, Quinta Época, Materia Común, página doscientos sesenta y dos, que señala: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Al respecto se advierte que en relación con el Decreto por el que se reforman los artículos 3 en sus fracciones III, VII y VIII, y 73, fracción XXV, y se adiciona un párrafo tercero, un inciso d) al párrafo segundo de la fracción II y una fracción IX al precepto 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de febrero de dos mil trece, específicamente los numerales 3, 73 y transitorios se actualiza la causa de improcedencia prevista por el arábigo 61, fracción I, de la Ley de Amparo. Para evidenciar tal aserto es necesario tener presente el contenido de la norma legal que establece la causa de inejercitabilidad invocada, la cual prescribe: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. Contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ." De la citada disposición se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La hipótesis de inejercicio de la acción de amparo establecida en ese precepto encuentra su fuente en la propia Ley Suprema, específicamente en su artículo 135, que estatuye: "Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de los votos de las Legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas." La norma constitucional transcrita prevé que la Constitución Federal puede ser reformada o adicionada; que para que esas reformas o adiciones sean parte de la Carta Magna se requiere que el Congreso de la Unión por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes las acuerde; además, que sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México y que el propio Congreso o la Comisión Permanente, en su caso, realicen el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas. De lo expuesto se advierte que para poder reformar la Constitución General de la República el constituyente originario configuró un órgano específico, complejo y unitario, que se integra por el Congreso de la Unión y por las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México, para que a través del procedimiento correspondiente acuerden la adición o reforma de sus disposiciones; asimismo, corresponde al propio Congreso o a la Comisión Permanente hacer el cómputo de los votos de las legislaturas y emitir la declaratoria de haber sido aprobadas esas adiciones y reformas. Así, cualquier vicio que ocurra durante la substanciación del proceso legislativo no puede separarse de su objeto, que es la aprobación y la declaratoria de reformas o adiciones a la Constitución Federal; por tanto, aquél no es susceptible de control jurisdiccional ya que lo encuentra en sí mismo, porque los órganos que en él intervienen no lo hacen en su carácter de órganos ordinarios constituidos, sino en su función extraordinaria de Órgano Reformador de la Constitución que constituye la expresión de la Nación en su conjunto; en ese sentido, realizan una función exclusivamente constitucional. Tales consideraciones fueron expuestas por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria emitida en la controversia constitucional 82/2001, que dio origen a la jurisprudencia 39/2002, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Septiembre de 2002, Materia Constitucional, Novena Época, página mil ciento treinta y seis, que reza: "PROCEDIMIENTO DE REFORMAS Y ADICIONES A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. NO ES SUSCEPTIBLE DE CONTROL JURISDICCIONAL. De acuerdo con el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el procedimiento de reformas y adiciones a la Constitución no es susceptible de control jurisdiccional, ya que lo encuentra en sí mismo; esto es, la función que realizan el Congreso de la Unión, al acordar las modificaciones, las Legislaturas Estatales al aprobarlas, y aquél o la Comisión Permanente al realizar el cómputo de votos de las Legislaturas Locales y, en su caso, la declaración de haber sido aprobadas las reformas constitucionales, no lo hacen en su carácter aislado de órganos ordinarios constituidos, sino en el extraordinario de Órgano Reformador de la Constitución, realizando una función de carácter exclusivamente constitucional, no equiparable a la de ninguno de los órdenes jurídicos parciales, constituyendo de esta manera una función soberana, no sujeta a ningún tipo de control externo, porque en la conformación compleja del órgano y en la atribución constitucional de su función, se encuentra su propia garantía." En ese contexto, si de acuerdo con las consideraciones sustentadas por el Pleno del Máximo Tribunal Constitucional de la Nación el procedimiento de adiciones y reformas a la Constitución Federal no puede ser objeto de control jurisdiccional, en términos de lo prescrito por el numeral 135 de la propia Ley Suprema es inconcuso que el legislador secundario reflejó ese aspecto en el ordinal 61, fracción I, de la Ley de Amparo al estatuir que el juicio de amparo es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Luego, si en el caso el quejoso reclama el Decreto por el que se reforman los artículos 3 en sus fracciones III, VII y VIII, y 73, fracción XXV, y se adiciona un párrafo tercero, un inciso d) al párrafo segundo de la fracción II y una fracción IX al precepto 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de febrero de dos mil trece, específicamente los numerales 3, 73 y transitorios es incuestionable que se patentiza la hipótesis de inejercicio de la acción de amparo establecida por el arábigo 61, fracción I, de la Ley de Amparo; por tanto, lo conducente en términos del ordinal 63, fracción V, de la propia legislación es sobreseer en este juicio de protección de derechos fundamentales respecto de las normas constitucionales impugnadas. En otro punto, se advierte que en relación con el Decreto por el que se expide la Ley General del Servicio Profesional Docente, particularmente los ordinales 52, 53, 68, 69, octavo y noveno transitorios; así como respecto del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Educación y del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, todos publicados en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil trece se actualiza la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo en virtud de que la parte quejosa no demostró el acto de aplicación de los citados decretos. Para evidenciar tal aserto es necesario tener presente el contenido del arábigo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que prescribe: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" De la norma transcrita se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos por el numeral 5, fracción I, de la ley de la materia, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. A su vez, los dispositivos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5, fracción I, y 6 de la Ley de Amparo prescriben lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; .". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. .". "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." La norma constitucional invocada establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada; asimismo, dispone que tiene ese carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos en la Constitución General de la República y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por otro lado, la citada disposición constitucional establece que tratándose de actos o de resoluciones que provengan de Tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. En otro punto, debe señalarse que el legislador federal en el numeral 5, fracción I, de la Ley de Amparo recogió las bases dadas por el Órgano Reformador de la Constitución en el aludido precepto constitucional al establecer que el quejoso es parte en el juicio de amparo; además, señaló que tiene ese carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, el acto o la omisión reclamados violan los derechos previstos por el artículo 1 de la Ley de Amparo y que con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Asimismo, el creador de esa norma jurídica dispuso que el interés simple en ningún caso podrá invocarse como interés legítimo. Finalmente, el precepto transcrito en último orden estatuye que el juicio de amparo puede promoverlo la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, en términos de lo prescrito por el arábigo 5, fracción I, de citada legislación; además, prescribe que el quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o bien, por cualquier persona en los casos previstos en la ley de la materia. Acorde con lo expuesto, es factible sostener que los numerales 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5, fracción I, y 6 de la Ley de Amparo atribuyen consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente del amparo, tanto al interés jurídico en sentido estricto como al interés legítimo, ya que a quien se ubique dentro de esos supuestos se le otorga legitimación para instar la acción constitucional. Ahora, la noción de perjuicio para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad faculta a su titular para acudir ante el órgano de control constitucional a demandar el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio de protección de los derechos fundamentales. Por otra parte, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio; además, debe tenerse en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando el perjuicio que una persona puede sufrir no afecte real y efectivamente sus bienes jurídicamente tutelados. Las consideraciones expuestas tienen respaldo en la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, Materia Común, Novena Época, página doscientos veinticinco, de contenido siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Por otra parte, debe señalarse que los principios y reglas de carácter adjetivo que ordenan al juicio de amparo, como son los previstos por los ordinales 107, fracción I, del Pacto Federal y 5, fracción I, y 6 de la Ley de Amparo tienen como finalidad esencial respetar la institucionalización del derecho, que en una de sus vertientes alude al carácter reglamentado de los procedimientos jurídicos de resolución de disputas. Esto es, para que la maquinaria del derecho funcione es necesario que se cumplan las reglas adjetivas que lo hacen posible, como es el caso del principio de parte agraviada. De lo contrario, el juicio de amparo quedaría desnaturalizado y dejaría de cumplir con la finalidad para la que fue creado. Consecuentemente, la causa de improcedencia en estudio se actualizará cuando el acto de autoridad que se combata en el juicio de protección de los derechos fundamentales no incida en forma alguna en la esfera jurídica del promovente, ya sea porque no le imponga una obligación o porque no se tenga un derecho subjetivo específico que se vea afectado con ese acto y, en todo caso, porque no quede demostrada de manera fehaciente tal afectación. Por tanto, para la procedencia de la acción de amparo de acuerdo con el ámbito conceptual de las normas invocadas es necesario que el acto, la omisión o la ley reclamados causen un perjuicio al quejoso. Expuesto lo anterior, debe señalarse que en atención a su naturaleza las leyes se clasifican en autoaplicativas y heteroaplicativas; las primeras admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que acorde con el imperativo en ellas contenido generan perjuicio al gobernado desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho; en tanto que las segundas se distinguen cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación. Cabe señalar que el concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer en cada caso concreto si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional e incluso comprende el acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico ajeno a la voluntad humana que lo sitúan dentro de la hipótesis legal; esto es, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada y cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se estará en presencia de una norma heteroaplicativa. Sobre el particular es aplicable la jurisprudencia P./J. 55/97, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Julio de 1997, Materia Constitucional, Común, página cinco, que reza: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." Por otro lado, para patentizar la causa de improcedencia invocada es necesario señalar que al controvertirse la constitucionalidad de ciertas normas es indispensable el análisis del acto de aplicación y la trascendencia que éste tenga sobre la esfera jurídica del quejoso, para determinar si la aplicación de las disposiciones reclamadas afecta su interés jurídico y, por tanto, resulta procedente su impugnación. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 221, visible en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación de 1995, Tomo I, Parte SCJN, Séptima Época, Materia Constitucional, página doscientos diez, que señala: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación". Asimismo, cobra vigencia la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, Novena Época, Materia Constitucional, página doscientos treinta y cinco, que expone: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: 'LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.', cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada". Ahora, es necesario señalar que el quejoso acude a esta instancia constitucional a impugnar el Decreto por el que se expide la Ley General del Servicio Profesional Docente, particularmente los arábigos 52, 53, 68, 69, octavo y noveno transitorios; así como el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Educación y el Decreto por el que se expide la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, todos publicados en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil trece, bajo el argumento de que el diez de noviembre de dos mil quince el Secretario de Educación del Estado de Zacatecas, por conducto del Director de la institución educativa donde presta sus servicios, le notificó el oficio de veinte de junio de esa anualidad, en el que le comunicó que debía someterse al procedimiento de evaluación del desempeño docente. Sin embargo, de las constancias que obran en el expediente en que se actúa no se advierte que las responsables hayan aplicado los decretos impugnados; esto es, que las citadas autoridades hayan iniciado en contra del titular de la acción constitucional el procedimiento de evaluación del desempeño docente, ni que aquéllas hayan notificado a éste esa determinación. En efecto, en el considerando tercero de la presente resolución quedó evidenciada la inexistencia del acto de aplicación de las normas controvertidas que se atribuyen a las autoridades responsables; por ello, si en la especie el peticionario de amparo acude a esta instancia constitucional con motivo de un acto de aplicación de los decretos combatidos que no acreditó en la secuela procesal es indudable que el juicio constitucional resulta improcedente. Se afirma lo anterior, en virtud de que el inconforme ofreció como pruebas copias fotostáticas simples de los documentos siguientes: ? Comprobante de pago relativo al período comprendido del uno al quince de agosto de dos mil quince; ? Credencial para votar con fotografía expedida por el entonces Instituto Federal Electoral; ? Formato único de servicios autorizado por la Coordinadora Administrativa de la entonces Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Zacatecas; y, ? Oficio de veinte de junio de dos mil quince, suscrito por el Secretario de Educación del Estado de Zacatecas. En cuanto a los documentos descritos es de establecerse que carecen de valor probatorio para demostrar la existencia de la aplicación de las normas impugnadas. Para evidenciar esa afirmación es necesario tener en cuenta lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que establece: "Artículo 217. El valor de las pruebas fotográficas, taquigráficas y de otras cualesquiera aportadas por los descubrimientos de la ciencia, quedará al prudente arbitrio judicial. Las fotografías de personas, lugares, edificios, construcciones, papeles, documentos y objetos de cualquier especie, deberán contener la certificación correspondiente que acredite el lugar, tiempo y circunstancias en que fueron tomadas, así como que corresponden a lo representado en ellas, para que constituyan prueba plena. En cualquier otro caso, su valor probatorio queda al prudente arbitrio judicial." Del segmento normativo anterior se obtiene que el valor probatorio de las copias fotostáticas de documentos o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios. Tal aserto encuentra sustento en la jurisprudencia 194, localizable en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Séptima Época, Materia Común, página ciento treinta y tres, de contenido siguiente: "COPIAS FOTOSTÁTICAS. SU VALOR PROBATORIO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, el valor probatorio de las fotografías de documentos o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios, y debe estimarse acertado el criterio del juzgador si considera insuficientes las copias fotostáticas para demostrar el interés jurídico de la quejosa." Por otra parte, es necesario señalar que el Máximo Tribunal Constitucional de este País ha sostenido que en ejercicio del arbitrio judicial a que alude el precepto legal transcrito cabe considerar que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo carecen por sí mismas de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen, pero sin que sean bastantes cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos para justificar el hecho que se pretende demostrar. Asimismo, el Alto Tribunal de este País estableció que esa apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos, de las cuales no se advierte la autenticidad de éstos es necesario que obre en autos otro elemento que relacionado con aquéllas pueda generar convicción en el Juzgador de que realmente existen. Lo expuesto tiene respaldo en la jurisprudencia 3a. 18, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 13-15, Enero-Marzo de 1989, Octava Época, Materia Común, página cuarenta y cinco, que señala: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas, de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer." Con base en esas consideraciones es factible sostener que las copias fotostáticas simples de los documentos exhibidos por la parte quejosa son insuficientes y no son viables para demostrar la existencia del acto de aplicación de los decretos impugnados, porque no obra en autos un diverso medio de prueba que adminiculado con aquéllas perfeccione su contenido. Aunado a lo anterior, no debe perderse de vista que el inconforme señala en su demanda de amparo que el acto de aplicación de esos decretos se patentiza con el inicio del procedimiento de evaluación del desempeño docente y su notificación, sin que demostrara que las autoridades a quienes atribuye esos actos los hayan realizado. Es así, porque aun cuando el oficio de veinte de junio de dos mil quince carece de valor probatorio pleno porque fue exhibido en copia fotostática simple, de su contenido sólo se advierte que el Secretario de Educación del Estado de Zacatecas comunicó al inconforme que debía aplicar los instrumentos correspondientes a la primera etapa de la evaluación del desempeño docente relativa al ciclo escolar 2015-2016 y precisó que tal determinación sólo se dirigía a quienes hayan sido notificados para presentar esa evaluación, dado que en este supuesto sus destinatarios debían hacerlo con carácter obligatorio. En esa tesitura, de la citada comunicación no se desprende que la referida autoridad haya iniciado en contra del quejoso algún proceso de evaluación del desempeño docente, ni que notificó a éste el inicio de un procedimiento de esa naturaleza, sino que sólo le informó que debía aplicar los instrumentos correspondientes a la primera etapa de la evaluación del desempeño docente relativa al ciclo escolar 2015-2016, siempre y cuando se le haya notificado que tenía que presentar esa evaluación, sin que en este sumario esté acreditado que esa notificación la haya realizado el Secretario de Educación del Estado de Zacatecas antes de emitir el referido oficio, dado que el inconforme no aportó medio de convicción alguno para evidenciar ese extremo; por tanto, ese comunicado no patentiza la aplicación de los decretos reclamados. Lo anterior adquiere mayor relieve si se tiene en cuenta que dada la naturaleza de las normas impugnadas, al estar relacionadas con los procesos de evaluación del desempeño del personal docente, el quejoso debió acreditar que las evaluaciones de alguno de los procesos que aluden esas disposiciones efectivamente le fueron aplicadas, lo que en la especie no ocurrió. Efectivamente, para evidenciar que las normas secundarias controvertidas -específicamente las relativas a la Ley General del Servicio Profesional Docente, dado que respecto de la Ley General de Educación y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación el inconforme no citó en su demanda de amparo algún precepto en particular y del material probatorio que obra en autos no se patentiza la aplicación de alguna de las disposiciones de estos últimos ordenamientos- regulan aspectos relacionados con los procesos de evaluación que deben practicarse al personal docente y, por ello, necesariamente se debe actualizar el acto a través del cual sean aplicadas es conveniente citar su contenido, las cuales prescriben: "Artículo 52. Las Autoridades Educativas y los Organismos Descentralizados deberán evaluar el desempeño docente y de quienes ejerzan funciones de dirección o de supervisión en la Educación Básica y Media Superior que imparta el Estado. La evaluación a que se refiere el párrafo anterior será obligatoria. El Instituto determinará su periodicidad, considerando por lo menos una evaluación cada cuatro años y vigilará su cumplimiento. En la evaluación del desempeño se utilizarán los perfiles, parámetros e indicadores y los instrumentos de evaluación que para fines de Permanencia sean definidos y autorizados conforme a esta Ley. Los Evaluadores que participen en la evaluación del desempeño deberán estar evaluados y certificados por el Instituto." "Artículo 53. Cuando en la evaluación a que se refiere el artículo anterior se identifique la insuficiencia en el nivel de desempeño de la función respectiva, el personal de que se trate se incorporará a los programas de regularización que la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado determine, según sea el caso. Dichos programas incluirán el esquema de tutoría correspondiente. El personal sujeto a los programas a que se refiere el párrafo anterior, tendrá la oportunidad de sujetarse a una segunda oportunidad de evaluación en un plazo no mayor de doce meses después de la evaluación a que se refiere el artículo 52, la cual deberá efectuarse antes del inicio del siguiente ciclo escolar o lectivo. De ser insuficientes los resultados en la segunda evaluación, el evaluado se reincorporará a los programas de regularización para sujetarse a una tercera evaluación que se llevará a cabo en un plazo no mayor de doce meses. En caso de que el personal no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación que se le practique, se darán por terminados los efectos del Nombramiento correspondiente sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado, según corresponda." "Artículo 68. Quienes participen en el Servicio Profesional Docente previsto en la presente Ley tendrán los siguientes derechos: I. Participar en los concursos y procesos de evaluación respectivos; II. Conocer con al menos tres meses de anterioridad los perfiles, parámetros e indicadores, con base en los cuales se aplicarán los procesos de evaluación; III. Recibir junto con los resultados del proceso de evaluación o concurso, el dictamen de diagnóstico que contenga las necesidades de regularización y formación continua que correspondan; IV. Tener acceso a los programas de capacitación y formación continua necesarios para mejorar su práctica docente con base en los resultados de su evaluación; V. Ser incorporados, en su caso, a los programas de inducción, reconocimiento, formación continua, desarrollo de capacidades, regularización, desarrollo de liderazgo y gestión que correspondan; VI. Que durante el proceso de evaluación sea considerado el contexto regional y sociocultural; VII. Ejercer el derecho de interponer su defensa en los términos del artículo 81 de esta Ley; VIII. Acceder a los mecanismos de promoción y reconocimiento contemplados en esta ley con apego y respeto a los méritos y resultados en los procesos de evaluación y concursos conforme a los lineamientos aplicables; IX. Que la valoración de los procesos de evaluación se efectúe bajo los principios de legalidad, imparcialidad y objetividad, y X. Los demás previstos en esta Ley." "Artículo 69. El Personal Docente y el Personal con Funciones de Dirección o de Supervisión en la Educación Básica y Media Superior tendrá, conforme a esta Ley, las obligaciones siguientes: I. Cumplir con los procesos establecidos para las evaluaciones con fines de Ingreso, Promoción, Permanencia y, en su caso, Reconocimiento, en términos de lo prescrito por esta Ley; II. Cumplir con el periodo de inducción al Servicio y sujetarse a la evaluación que para dichos efectos refiere esta Ley; III. Prestar los servicios docentes en la Escuela en la que se encuentre adscrito y abstenerse de cualquier cambio de adscripción, sin previa autorización, conforme a lo previsto en esta Ley; IV. Abstenerse de prestar el Servicio Docente sin haber cumplido los requisitos y procesos a que se refiere esta Ley y demás disposiciones aplicables; V. Presentar documentación fidedigna dentro de los procesos a que se refiere esta Ley; VI. Sujetarse a los procesos de evaluación a que se refiere esta Ley de manera personal; VII. Atender los programas de regularización; así como aquellos que sean obligatorios de formación continua, capacitación y actualización, y VIII. Las demás que señale esta Ley y otras disposiciones aplicables." TRANSITORIOS "Octavo. El personal que a la entrada en vigor de la presente Ley se encuentre en servicio y cuente con Nombramiento Definitivo, con funciones de docencia, de dirección o de supervisión en la Educación Básica o Media Superior impartida por el Estado y sus Organismos Descentralizados, se ajustará a los procesos de evaluación y a los programas de regularización a que se refiere el Título Segundo, Capítulo VIII de esta Ley. El personal que no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación a que se refiere el artículo 53 de la Ley, no será separado de la función pública y será readscrito para continuar en otras tareas dentro de dicho servicio, conforme a lo que determine la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado correspondiente, o bien, se le ofrecerá incorporarse a los programas de retiro que se autoricen. El personal que no se sujete a los procesos de evaluación o no se incorpore a los programas de regularización del artículo 53 de la Ley, será separado del servicio público sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado, según corresponda." "Noveno. El Personal Docente y el Personal con Funciones de Dirección o de Supervisión en la Educación Básica o Media Superior impartida por el Estado y sus Organismos Descentralizados que a la entrada en vigor de esta Ley tenga Nombramiento Provisional, continuará en la función que desempeña y será sujeto de la evaluación establecida en el artículo 52 de la presente Ley. Al personal que obtenga resultados suficientes en dicha evaluación, se le otorgará Nombramiento Definitivo y quedará incorporado al Servicio Profesional Docente conforme a lo dispuesto en esta Ley. Será separado del servicio público sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado, según sea el caso, el personal que: I. Se niegue a participar en los procesos de evaluación; II. No se incorpore al programa de regularización correspondiente cuando obtenga resultados insuficientes en el primer o segundo proceso de evaluación a que se refiere el artículo 53 de la Ley, o III. Obtenga resultados insuficientes en el tercer proceso de evaluación previsto en el artículo 53." De la lectura de los preceptos transcritos se advierte que para su actualización necesariamente requieren de un acto de aplicación, específicamente aquél en que se demuestre que el promovente fue sometido a alguno de los procesos de evaluación del desempeño docente que los propios preceptos impugnados establecen; aspecto que el peticionario de amparo no acreditó en el presente juicio constitucional. Se afirma lo anterior, porque como se indicó anteriormente, de los elementos de convicción aportados al sumario no se desprende que las autoridades responsables hayan sujetado al titular de la acción constitucional a algún proceso de evaluación o que éste haya resentido las consecuencias que prevén esas disposiciones, como resultado de una calificación desfavorable en la práctica de esas evaluaciones. Por tanto, se insiste, si el quejoso no evidenció la aplicación en su perjuicio de las normas combatidas es inconcuso que no puede considerarse que las autoridades responsables hayan afectado su universo jurídico, al no demostrar algún acto de aplicación del Decreto por el que se expide la Ley General del Servicio Profesional Docente, particularmente los arábigos 52, 53, 68, 69, octavo y noveno transitorios; así como del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Educación y del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, todos publicados en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil trece. En consecuencia, dado que el promovente de esta instancia constitucional no demostró la existencia del acto de aplicación de los decretos impugnados, ni que las responsables afectaron su esfera normativa en sentido negativo que le haya generado un perjuicio es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo; por tanto, se decreta el sobreseimiento en este medio extraordinario de defensa respecto de esos actos, en términos del numeral 63, fracción V, de la propia legislación. La determinación adoptada se sustenta en la jurisprudencia 1a./J. 4/99, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Febrero de 1999, Novena Época, Materia Común, página ciento tres, que reza: "LEY RECLAMADA CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. SI ÉSTE NO SE ACREDITA DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso reclama la inconstitucionalidad de un dispositivo legal como heteroaplicativo, con motivo del primer acto de aplicación en su perjuicio, y no acredita su existencia, procede sobreseer en el juicio de garantías, por falta de interés jurídico, con fundamento en los artículos 73, fracción V y 74, fracción III, de la Ley de Amparo." En otro aspecto, al actualizarse las hipótesis de inejercicio de la acción constitucional examinadas con antelación es innecesario el análisis de las diversas que invocan las autoridades responsables en sus respectivos informes justificados, porque aun cuando operaran las que invocan sería irrelevante, dado que no cambiaría el sentido de esta resolución. La determinación anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 54/98, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Agosto de 1998, Novena Época, Materia Común, página cuatrocientos catorce, que expone: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." Finalmente, dada la naturaleza del sobreseimiento decretado y el efecto que produce esa resolución en el proceso, este órgano de control constitucional está imposibilitado jurídicamente para realizar el estudio de los argumentos vertidos por la parte quejosa a título de conceptos de violación, porque el sobreseimiento constituye un acto procesal que termina la instancia de manera anticipada por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, sin que obste señalar que la determinación anterior no representa fuente generadora de agravios a las partes en el presente juicio de amparo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 509, publicada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, Séptima Época, Materia Común, página trescientos treinta y cinco, de contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." También se invoca en respaldo de las consideraciones expuestas, la tesis localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo 187-192, Primera Parte, Séptima Época, Materia Común, página ochenta y ocho, que señala: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Abel Gaytán Valadez respecto de los actos reclamados a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, ambas del Congreso de la Unión; al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; al Secretario de Gobernación y al Director del Diario Oficial de la Federación, consistentes en la discusión, la aprobación, la expedición, la promulgación, el refrendo y la publicación del Decreto por el que se reforman los artículos 3 en sus fracciones III, VII y VIII, y 73, fracción XXV, y se adiciona un párrafo tercero, un inciso d) al párrafo segundo de la fracción II y una fracción IX al precepto 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de febrero de dos mil trece, específicamente los numerales 3, 73 y transitorios; así como del Decreto por el que se expide la Ley General del Servicio Profesional Docente, particularmente los arábigos 52, 53, 68, 69, octavo y noveno transitorios; el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Educación y el Decreto por el que se expide la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, los tres últimos decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil trece; asimismo, en relación a los actos impugnados al Titular de la Secretaría de Educación Pública y al Secretario de Educación del Estado de Zacatecas, que consisten en la aplicación de los citados decretos patentizada con el inicio del procedimiento de evaluación del desempeño docente y su notificación, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese por conducto del Juzgado de Distrito de origen; se instruye a la Secretaria para que en términos de la circular CAR06/CCNO/2011 de quince de marzo de dos mil once, suscrita por el Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos ingrese la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y agregue en autos el acuse respectivo; anótese el sentido del fallo en el libro de registro electrónico que se lleva en este Juzgado Federal; con el original de esta resolución y disco compacto que contenga su archivo electrónico devuélvanse los autos respectivos al lugar de su procedencia, por lo que deberá quedar testimonio de ella en el cuaderno de antecedentes 184/2016 del índice de este Juzgado de Distrito. Así lo resolvió y firma Genaro Antonio Valerio Pinillos, Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, asistido de Paulina Cisneros Nájar, Secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy veintiuno de abril de dos mil dieciséis, por así permitirlo las labores de este Juzgado. Doy fe.
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En veintisiete de abril de dos mil dieciséis, la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, doy cuenta al Secretario encargado del despacho, con el oficio registrado bajo el número 8401 y anexos que se acompañan.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintisiete de abril de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, mediante el cual remite los autos del juicio de amparo 2216/2015, el cual quedó registrado en el Juzgado a su cargo como cuaderno de antecedentes 184/2016-III; en el que ya se encuentra glosada la sentencia pronunciada por dicho Juez Auxiliar, el veintiuno del mes y año en curso; asimismo, remite un disco compacto "CD", que contiene la versión pública de la resolución que emitió. Acúsese el recibo de estilo al órgano Jurisdiccional resolutor y agréguese el cuaderno de antecedentes respectivo. Ahora bien, toda vez que en la resolución emitida por el citado órgano Jurisdiccional auxiliar, se advierte que se sobreseyó el juicio de garantías promovido por Abel Gaytán Valadez, contra actos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades; en consecuencia, notifíquese personalmente a las partes; remítase copia certificada de la citada resolución a las autoridades responsables, a efecto de que se imponga de los lineamientos en los que se resolvió el presente juicio. Por otra parte, una vez que cause ejecutoria o en su caso sea recurrida la sentencia dictada dentro del presente sumario, hágase tal circunstancia del conocimiento de la ahora oficiante, para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que será este órgano jurisdiccional quien continuará con el trámite del presente asunto hasta su archivo definitivo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES, Y MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y ÓRGANO JURISDICCIONAL RESOLUTOR. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por licencia de la titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe. Jessy*
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CERTIFICACIÓN: LA SUSCRITA LICENCIADA REBECA ISABEL MEDINA BECERRA, SECRETARIA ADSCRITA AL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE ZACATECAS, HACE CONSTAR Y CERTIFICA QUE MEDIANTE OFICIO SEADS/455/2016, DE VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS, EL SECRETARIO EJECUTIVO DE ADSCRIPCIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, INFORMÓ QUE EL PLENO EN SESIÓN CELEBRADA EL PROPIO DÍA, ACORDÓ LA ADSCRIPCIÓN DE LA LICENCIADA ISAURA ROMERO MENA, COMO TITULAR DE ESTE JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE ZACATECAS, CON EFECTOS A PARTIR DEL UNO DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS; LO QUE SE ASIENTA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES. DOY FE. LA SECRETARIA. LIC. REBECA ISABEL MEDINA BECERRA En tres de marzo de dos mil dieciséis, la Secretaria licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, doy cuenta a la Juez con la certificación que antecede, con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a tres de marzo de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, hágase del conocimiento de las partes que mediante oficio SEADS/455/2016, de veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, el Secretario Ejecutivo de adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que el Pleno en sesión celebrada el propio día, acordó la adscripción de la licenciada ISAURA ROMERO MENA, como Titular de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con efectos a partir del uno de marzo del año en curso, ello para los efectos legales conducentes. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que se encuentran señaladas las nueve horas con veinticinco minutos del día de hoy, para llevar a cabo la audiencia constitucional en el expediente en que se actúa; y tomando en consideración que a partir de esta fecha la titular de éste órgano jurisdiccional lo es la licenciada Isaura Romero Mena, luego, a fin de que las partes se impongan de tal evento y que en su oportunidad pudieran plantear algún impedimento, conforme al artículo 51 de la Ley de Amparo, la audiencia a verificarse el día de hoy se DIFIERE y en su lugar se señalan las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL QUINCE DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS, para que tenga verificativo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia, 2ª./J.104/2010, visible en la página 312, Tomo XXXII, Julio de 2010, Materia Común, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación que dice: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO". En el entendido de que existe causa fundada y suficiente como lo requiere el artículo 115 de la ley de la materia, para la celebración de la citada audiencia en la nueva fecha señalada. NOTIFIQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES y PERSONALMENTE A LAS DEMAS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza.- DOY FE. Jessy*
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