Abel Nolasco Ordoñez

Expediente 115/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
115/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
03/05/2022

Partes del expediente

  • Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca
  • Abel Nolasco Ordoñez

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de mayo de dos mil veintidós. Agréguense a los autos para que surtan sus efectos legales correspondientes los oficios firmados electrónicamente por la secretaria de acuerdos del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal, en el Estado de Puebla, por medio de los cuales informa que aceptó la competencia declinada por este Juzgado y admitió a trámite la demanda de amparo promovida por ****. En consideración a lo anterior, de conformidad a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente sumario constitucional se determinó que carece de competencia para conocer del juicio de amparo, quien esto provee considera que este expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso j) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de abril de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y la certificación señalada en la nota de cuenta se advierte lo siguiente: a) el oficio 3531/2022 enviado a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en Puebla, que contiene la inserción del auto de dos de febrero de dos mil veintidós, dictado en este juicio de amparo, al cual se anexó la demanda de amparo con firma autógrafa de Abel Nolasco Ordoñez y su copia de traslado, para que a su vez lo remitiera al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en Puebla, en turno, a fin de que el Titular de ese órgano jurisdiccional decidiera si aceptaba o no el conocimiento del presente asunto e informara a este Juzgado Federal el sentido de su determinación, conforme a lo establecido por el arábigo 48 de la Ley de Amparo, fue entregado a su destinatario el cuatro de febrero de dos mil veintidós; y, b) la información anterior se constató al consultar la liga de la página de Internet de la empresa de mensajería acelerada "ESTAFETA" siguiente https://www.estafeta.com/Herramientas/Rastreo que arroja la fecha indicada como aquella en la que se realizó la entrega del citado comunicado y sus anexos, relativo a la correspondencia registrada con el código de rastreo 0358795776 y guía 9015015548-24A506139819, circunstancia que se invoca como un hecho notorio, en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por lo que se ordena glosar al expediente en el que se actúa una impresión del documento electrónico en donde constan los datos indicados que aparecen en la página de Internet señalada. En respaldo de lo anterior, se cita la tesis I.3o.C.35 K (10a.) sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que informa: "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. Los datos publicados en documentos o páginas situados en redes informáticas constituyen un hecho notorio por formar parte del conocimiento público a través de tales medios al momento en que se dicta una resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El acceso al uso de Internet para buscar información sobre la existencia de personas morales, establecimientos mercantiles, domicilios y en general cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de información de que se trate. De ahí que, si bien no es posible afirmar que esa información se encuentra al alcance de todos los sectores de la sociedad, lo cierto es que sí es posible determinar si por el tipo de datos un hecho forma parte de la cultura normal de un sector de la sociedad y pueda ser considerado como notorio por el juzgador y, consecuentemente, valorado en una decisión judicial, por tratarse de un dato u opinión común indiscutible, no por el número de personas que conocen ese hecho, sino por la notoriedad, accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este conocimiento. Por tanto, el contenido de una página de Internet que refleja hechos propios de una de las partes en cualquier juicio, puede ser tomado como prueba plena, a menos que haya una en contrario que no fue creada por orden del interesado, ya que se le reputará autor y podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus términos." Por otro lado, de este sumario se advierte que se encuentra pendiente que el Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en Puebla, en turno, al que haya correspondido proveer sobre el contenido del oficio 3466/2022, que contiene la inserción del acuerdo de dos de febrero del año en curso, dictado en este medio extraordinario de defensa, informe sí aceptó o no la competencia declinada a su favor para conocer de la demanda de amparo presentada por Rosalino Díaz Villaseñor. En otro punto, dado que aún no se tiene conocimiento del órgano jurisdiccional al que correspondió conocer del escrito inicial presentado por Rosalino Díaz Villaseñor, por razón de turno, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, requiérase a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en Puebla, para que en el plazo de tres días, contado a partir del momento siguiente al en el que reciba la comunicación que derive de este proveído, informe a qué Juzgado Federal turnó el oficio 3466/2022 que contiene la inserción del proveído de dos de febrero pasado, al cual se anexó la demanda de amparo con firma autógrafa de Rosalino Díaz Villaseñor y su copia de traslado, a fin de estar en aptitud de solicitar a ese órgano de administración de justicia que de no existir impedimento legal alguno informe a este Juzgado Federal sí aceptó o no la competencia declinada a su favor para conocer de ese escrito inicial y acuse recibo de ese ocurso a fin de estar en aptitud de acordar lo que en derecho corresponda respecto del archivo o no de este cuaderno. Se apercibe a esa autoridad administrativa que de no atender la prevención indicada se impondrá en su contra una multa por cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la conducta sancionada, esto es, $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos moneda nacional), numerario que resulta de multiplicar las veces referidas del valor diario de dicha medida por $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos moneda nacional), que es el valor actual de esa unidad, según lo previsto por los artículos 237, fracción I, y 259 fracción IV, de la Ley de Amparo. Notifíquese. Por otro lado, de este sumario se advierte que se encuentra pendiente que el Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en Puebla, en turno, al que haya correspondido proveer sobre el contenido del oficio 3531/2022, que contiene la inserción del acuerdo de dos de febrero de dos mil veintidós, dictado en este medio extraordinario de defensa, informe sí aceptó o no la competencia declinada a su favor para conocer de la demanda de amparo presentada por Abel Nolasco Ordoñez. En otro punto, dado que aún no se tiene conocimiento del órgano jurisdiccional al que correspondió conocer del escrito inicial presentado por Abel Nolasco Ordoñez, por razón de turno, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, requiérase a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en Puebla, para que en el plazo de tres días, contado a partir del momento siguiente al en el que reciba la comunicación que derive de este proveído, informe a qué Juzgado Federal turnó el oficio 3531/2022 que contiene la inserción del proveído de dos de febrero de dos mil veintidós, al cual se anexó la demanda de amparo con firma autógrafa de Abel Nolasco Ordoñez y su copia de traslado, a fin de estar en aptitud de solicitar a ese órgano de administración de justicia que de no existir impedimento legal alguno informe a este Juzgado Federal sí aceptó o no la competencia declinada a su favor para conocer de ese escrito inicial y acuse recibo de ese ocurso a fin de estar en aptitud de acordar lo que en derecho corresponda respecto del archivo o no de este cuaderno. Se apercibe a esa autoridad administrativa que de no atender la prevención indicada se impondrá en su contra una multa por cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la conducta sancionada, esto es, $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos moneda nacional), numerario que resulta de multiplicar las veces referidas del valor diario de dicha medida por $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos moneda nacional), que es el valor actual de esa unidad, según lo previsto por los artículos 237, fracción I, y 259 fracción IV, de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    MESA IV-A. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de febrero de dos mil veintidós. Téngase por recibido el escrito inicial señalado en la nota de cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el progresivo 115/2022 Incompetencia. Enseguida es necesario señalar que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público y de estudio oficioso, por lo que debe considerarse si en el caso la demanda de amparo que Abel Nolasco Ordoñez presentó, da pauta para que este órgano jurisdiccional se avoque a su conocimiento y, en su oportunidad, esté en aptitud de analizar la regularidad constitucional de los actos atacados, ya que de no hacerlo así, se violarían las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo en perjuicio de las partes. En esa línea, se tiene en cuenta que el dispositivo 38 de la Ley de Amparo dispone que es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva en contra de los actos de un Juez de Distrito, otro del propio distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca. Por otra parte, el numeral 48 de la ley de la materia dispone, en lo que interesa, que cuando se presente una demanda de amparo ante Juez de Distrito y estime que carece de competencia la remitirá de plano con sus anexos al Juez competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En aludido precepto legal también estatuye que una vez que el órgano jurisdiccional requerido reciba la demanda y sus anexos decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. En el caso de que acepte la competencia comunicará su resolución al Tribunal requirente, previa notificación de las partes. En el caso contrario, devolverá el escrito inicial a la autoridad judicial requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Ahora, la lectura de la demanda de amparo da lugar a sostener que el justiciable Abel Nolasco Ordoñez reclama de los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Octavo, Noveno, Décimo y Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta localidad, así como de este Juzgado Quinto de Distrito en esta entidad federativa, con sede en esta ciudad, además, de los Jueces Sexto y Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con domicilio en Salina Cruz, la orden de aprehensión y/o reaprehensión dictadas en su contra y la ejecución de ese mandamiento. En ese contexto, dado que este Juzgado Federal fue señalado con el carácter de responsable se advierte la existencia de una incompatibilidad con sus funciones como autoridad jurisdiccional encargada de la impartición de justicia, porque no es factible que este órgano jurisdiccional en el proceso deba rendir informe justificado en su carácter de ente responsable y a su vez analizarlo para determinar si su actuación fue apegada a la ley o no, por lo que esa situación revela una condición de incompetencia para que conozca de la demanda de amparo, dado que no se puede ser Juez y parte en el presente juicio constitucional; de ahí que este órgano de control constitucional estima que carece de competencia legal para conocer y resolver el medio extraordinario de defensa que el justiciable promovió. Se sostiene lo anterior, porque conforme con la finalidad del juicio constitucional, a partir de lo previsto por los arábigos 38 y 48 de la ley de la materia que establecen las reglas de competencia para el conocimiento de los juicios de amparo indirecto -en primera instancia- por parte de los Juzgados de Distrito se tiene que será competente para conocer contra los actos de un Juez de Distrito, otro del propio distrito y especialización en su caso y, sino lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca, por lo que el primero de esos dispositivos hace especial énfasis que quien tiene que conocer del asunto debe ser un órgano ajeno al que se le atribuye el acto. Luego, si la demanda de amparo fue turnada a este órgano jurisdiccional y en dicho escrito este Tribunal fue señalado con el carácter de autoridad responsable, es inconcuso que no cuenta con las facultades para conocer y resolver el asunto sometido a su consideración, por lo tanto, procede declarar que este Juzgado Federal carece de competencia legal, dado que se actualiza un supuesto de incompetencia funcional conforme a lo establecido por los dispositivos examinados. Por otra parte, si en el caso concreto, todos los órganos jurisdiccionales que pertenecen a este Decimotercer Circuito, fueron señalados como autoridades responsables, entonces es al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, en turno, a quien compete legalmente conocer del presente asunto, porque es el juzgado federal más cercano a la circunscripción territorial que abarca el Décimo Tercer Circuito, al que pertenecen los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad, en términos de lo estatuido por el normativo 38 de la Ley de Amparo. En otro punto, debe destacarse que los actos reclamados a los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Octavo, Noveno, Décimo y Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta localidad, a los Jueces Sexto y Séptimo de Distrito en esta entidad federativa, con domicilio en Salina Cruz, incluido a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta ciudad, consistentes en la orden de aprehensión y/o reaprehensión dictadas en su contra y la ejecución de ese mandamiento, no constituyen alguna de las actuaciones que se enuncian en el ordinal 48 de la ley que rige al juicio de amparo, porque no se tratan de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Carta Magna, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; en ese sentido, no es factible emitir un pronunciamiento sobre la admisión de la demanda y tampoco respecto de la suspensión de los actos reclamados por el inconforme. En ese contexto, con fundamento en lo estatuido por los arábigos 38 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta ciudad, declara que carece de competencia legal para conocer y resolver sobre la demanda de amparo presentada por Abel Nolasco Ordoñez; por tanto, declina la competencia a favor del Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, en turno, dado que estima que ese presupuesto procesal se surte a su favor, porque es el juzgado federal más cercano al Décimo Tercer Circuito, al que pertenecen los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca. Es aplicable al caso en lo conducente la tesis I 1º P 2 K sostenida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página seiscientos cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Mayo de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, que dice: COMPETENCIA. CUANDO SON SEÑALADOS COMO RESPONSABLES TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE UNA MATERIA DETERMINADA EN UN CIRCUITO. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo prevé, como regla general, el que tratándose de juicios de amparo indirecto, la competencia para conocer de ellos radica en aquel Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, se trate de ejecutar, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; en tanto que el artículo 42 de ese mismo ordenamiento, también en su párrafo primero, establece una excepción a dicha regla, pues determina que la competencia para conocer de un juicio de amparo promovido contra actos de un Juez de Distrito, recae en otro de la misma categoría, dentro del mismo Distrito, si lo hubiere o, en caso contrario, en el más inmediato dentro del circuito a que pertenezca el Juez. Ante ese contexto, aun cuando el segundo numeral no establece expresamente quién debe ser competente cuando todos los Jueces de Distrito de un mismo circuito se encuentren impedidos, es evidente que dicha laguna debe llenarse siguiendo los lineamientos establecidos por el legislador en ese mismo precepto, es decir, atendiendo al Juez de Distrito más cercano a su homólogo que está señalado como autoridad responsable; luego, el Juez de amparo competente es el que sin estar en el circuito a que pertenece la autoridad responsable, se encuentre más próximo a la localidad en que resida ésta, atendiendo a la distancia y a las vías de comunicación. No está por demás aclarar que tratándose de amparos promovidos contra actos de diversos Jueces de Distrito que, aunque pertenezcan a un mismo circuito, residan en diversas localidades, es factible que no exista identidad en el juzgado más próximo y ni siquiera, identidad entre los circuitos a que pertenezcan los juzgados más inmediatos a cada una de las autoridades responsables; sin embargo, esta situación no impide el que se continúe aplicando la regla aquí establecida, pues en esa hipótesis será competente cualquiera de dichos juzgados, a elección del solicitante de garantías. Igualmente, es oportuno aclarar que no obstaculiza la aplicación de esa regla el hecho de que dentro del circuito al que pertenecen los Juzgados de Distrito responsables residan otros juzgados de la misma jerarquía pero con competencia en otras materias, toda vez que si el principio inspirador del artículo 42 de la Ley de Amparo es el de prórroga de competencia territorial, debe aplicarse el mismo para rebasar los límites territoriales establecidos en el propio precepto y no así prorrogar la competencia hacia otras materias, pues implicaría habilitar a los órganos jurisdiccionales para conocer de una materia que el propio legislador dejó fuera de su competencia. En razón de lo anterior, sin proveer sobre el escrito inicial ni la suspensión de los actos reclamados, a través de la empresa de mensajería acelerada "ESTAFETA", remítase la demanda de amparo con firma autógrafa de Abel Nolasco Ordoñez a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, para que a su vez lo turne al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, en turno, a fin de que el Titular de ese órgano jurisdiccional decida si acepta o no el conocimiento del presente asunto e informe a este Juzgado Federal el sentido de su determinación, conforme a lo establecido por el arábigo 48 de la Ley de Amparo; también se solicita a ese órgano de control constitucional el acuse de recibo correspondiente. Fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias que revelen la historia procesal del expediente que se envía. Domicilio y autorizados del quejoso. Dado que el disidente señaló los estrados para recibir notificaciones, sin que esa vía de comunicación procesal esté prevista legalmente, con fundamento en el arábigo 27, fracción III, inciso a), de la ley de materia notifíquese por lista esta resolución judicial, así como las ulteriores determinaciones, incluidas las de carácter personal, hasta en tanto el justiciable señale un domicilio procesal. Téngase como autorizados del promovente en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que designa, por encontrarse registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. Medios de contacto para comunicaciones no procesales. Por otro lado, se tiene al inconforme señalando el correo electrónico y el número de teléfono que proporciona, únicamente como medios de contacto entre las partes y este órgano jurisdiccional en el caso de las comunicaciones no procesales, conforme a lo dispuesto por los numerales 5 y 22 Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que la quejosa por sí o por conducto de la persona que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas en el Acuerdo General Adjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. NOTIFÍQUESE.

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