Abel Vásquez Reyes

Expediente 1117/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 19 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1117/2022
Año
2022
Actuaciones
19
Última actuación
22/05/2023

Partes del expediente

  • Abel Vásquez Reyes
  • Magistrado Titular de la Quinta Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de mayo de dos mil veintitrés. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que el quejoso interpusiera el recurso de revisión contra la sentencia donde se le negó el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b), de la fracción I, del numeral 18 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración, por lo que deberá conservarse la demanda de amparo y la sentencia. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Devuélvase al presidente de la Quinta Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, los medios de convicción que acompañó a su informe justificado. Notifíquese.

  2. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de mayo de dos mil veintitrés. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que se concedieron las suspensiones provisional y definitiva solicitadas; y que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se concedió la suspensión provisional y en parte la definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se ordena la depuración del original del presente incidente de suspensión, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) de la fracción I, artículo 18 del citado Acuerdo General . Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en razón que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del cuaderno original, para lo cual se ordena conservar la demanda de amparo, el proveído de ocho de agosto de dos mil veintidós e interlocutoria de quince de agosto siguiente, de conformidad con lo establecido con los criterios de valoración a que alude el séptimo transitorio del multicitado acuerdo en relación con lo dispuesto por el capítulo 7.5. punto 1 relativo al tratamiento del incidente de suspensión original del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de mayo de dos mil veintitrés. Agréguense el oficio señalado en la cuenta para que surtan sus efectos legales correspondientes, por medio del cual el Magistrado de la Quinta Sala Penal Unitaria, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, solicita copia certificada de las ejecutorias ***/*** y ***/**** del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo, del Decimotercer Circuito. En consecuencia, remítase a la autoridad las constancias solicitadas. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA DEBIDO A QUE NO ACUDIO AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL NO OBSTANTE EL CITATORIO QUE SE LE DEJÓ PARA TAL EFECTO. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. El Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos en la Ley de Amparo, emite la siguiente: S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 1117/2022, promovido por ***********, por propio derecho, en contra de un acto de la Quinta Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec. El problema jurídico en el presente asunto consiste en analizar, en caso de que se reúnan los requisitos procesales correspondientes, si la quejosa logra desvirtuar las consideraciones de la sala responsable, para emitir la resolución de cuatro de julio de dos mil veintidós, en el toca penal ***********, la cual revocó el auto de no vinculación a proceso emitido en la causa penal ****** del índice del Juez de Control del Distrito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca y determinó vincular a proceso a **********, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de equiparado a la violación, cometido en agravio de la persona de identidad reservada con iniciales ***. I. ANTECEDENTES De las documentales aportadas al sumario se tiene acreditado que ante el Juzgado de Control del Distrito Judicial de Control del Distrito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca, se tramita la causa penal *****, la cual se instruye en contra de ******, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de equiparado a la violación, cometido en agravio de la persona de identidad reservada con iniciales *.*.*. En audiencia de trece de diciembre de dos mil veintiuno, el juez de control responsable, consideró que no se acreditaba ni de manera probable el hecho que se les imputó a ********, consistente en el ilícito de equiparado a la violación; por ende, resolvió dictar auto de no vinculación a proceso a favor del referido imputado. Inconforme con esa determinación la víctima del delito por conducto de su representante legal, interpusieron recurso de apelación, medio de impugnación que correspondió conocer a la Quinta Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, quien lo radicó bajo el consecutivo *********. El tribunal de apelación mediante resolución de cuatro de julio de dos mil veintidós, revocó el auto de no vinculación a proceso emitido en la causa penal de origen y determinó vincular a proceso a ***********, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de equiparado a la violación, cometido en agravio de la persona de identidad reservada con iniciales *.*.*. (Determinación que constituye el acto reclamado) II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO **********, depositó un escrito el cinco de agosto de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y por el acto que más adelante se precisará. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. La demanda de amparo se turnó al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, quien por auto de ocho de agosto de dos mil veintidós, la registró bajo el consecutivo ***/****; admitió a trámite; solicitó informe justificado a la autoridad responsable; otorgó intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a ese juzgado; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. El titular del referido juzgado, estimó que carecía de competencia legal por cuestión de turno para conocer del asunto y lo remitió a este juzgado para que se emitiera el pronunciamiento respectivo. Dilucidada esa cuestión, en proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, este Juzgado Federal aceptó la competencia planteada; registró la demanda bajo el amparo 1117/2022; convalidó las actuaciones emitidas por el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, y, se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se celebró el diecisiete de abril de dos mil veintitrés. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se discute la legalidad de un acto emitido por una autoridad de la jurisdicción del propio juzgado. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que la parte quejosa reclama de la Quinta Sala Penal Unitaria del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, lo siguiente: La resolución de cuatro de julio de dos mil veintidós, dictada en el toca penal *********, mediante la cual revoca el auto de no vinculación a proceso de trece de diciembre de dos mil veintiuno, pronunciado por el Juez de Control del Distrito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca, en la causa penal ***/**** y determina vincular a proceso a *******, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de equiparado a la violación, cometido en agravio de la persona de identidad reservada con iniciales *.*.*. V. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS El Magistrado Presidente de la Quinta Sala Penal Unitaria del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, al rendir su informe justificado, reconoció la existencia del acto que se le atribuye. Esa confesión se estiman suficiente para tener por acreditada la certeza o existencia de la determinación reclamada. Por tanto, se le tiene como plenamente probado en términos de la Tesis Jurisprudencial número 305, que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, visible en la foja 206 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse ésta como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Lo que se corroboró con el original del toca penal ***********, que acompañó la sala responsable en apoyo a su informe de ley, así como los discos versátiles (DVD), relativos al registro en audio y video de diversas audiencias llevadas dentro de la causa penal ***/****; medios de prueba que adquieren valor probatorio pleno, al tenor de los normativos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. Cobra aplicación en tal supuesto, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena.". Así como la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), visible en la página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." VI. LEGITIMACIÓN **********, se encuentra legitimado para promover el presente juicio de amparo, en términos del numeral 6 de la Ley de Amparo, ya que tiene el carácter de imputado reconocido en la causa penal de origen y con la resolución que combate, a su decir se deja en estado de indefensión, ya que la obliga a seguir un proceso penal en su contra, por un ilícito que refiere no cometió. Por consiguiente, tienen legitimación para controvertir la resolución de segunda instancia en sede constitucional. VII. OPORTUNIDAD Del original del toca penal ********* que acompañó la sala responsable en apoyo a su informe de ley, se advierte que el actuario correspondiente notificó a la parte imputada vía electrónica (vía correo electrónico). En efecto, realizó la certificación de envío el doce de agosto de dos mil veintidós. Bien, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en los numerales 82, fracción I, inciso b, 83 y 87 del Código Nacional de Procedimientos Penales, del tenor siguiente: "CAPÍTULO V NOTIFICACIONES Y CITACIONES Artículo 82. Formas de notificación Las notificaciones se practicarán personalmente, por lista, estrado o boletín judicial según corresponda y por edictos: I. Personalmente podrán ser: a) En Audiencia; b) Por alguno de los medios tecnológicos señalados por el interesado o su representante legal; [.]" "Artículo 83. Medios de notificación Los actos que requieran una intervención de las partes se podrán notificar mediante fax y correo electrónico, debiendo imprimirse copia de envío y recibido, y agregarse al registro, o bien se guardará en el sistema electrónico existente para tal efecto; asimismo, podrá notificarse a las partes por teléfono o cualquier otro medio, de conformidad con las disposiciones previstas en las leyes orgánicas o, en su caso, los acuerdos emitidos por los órganos competentes, debiendo dejarse constancia de ello. El uso de los medios a que hace referencia este artículo, deberá asegurar que las notificaciones se hagan en el tiempo establecido y se transmita con claridad, precisión y en forma completa el contenido de la resolución o de la diligencia ordenada. En la notificación de las resoluciones judiciales se podrá aceptar el uso de la firma digital." "Artículo 87. Forma especial de notificación La notificación realizada por medios electrónicos surtirá efecto el mismo día a aquel en que por sistema se confirme que recibió el archivo electrónico correspondiente. [.]" Énfasis propio De dichas porciones normativas, se puede apreciar que una de las forma de notificación permitidas por la ley es por medios tecnológicos señalados por el interesado o su representante legal, como los correos electrónicos. En el que el notificador correspondiente deberá imprimir copia de envío y recibido, y agregarse al registro, o bien se guardará en el sistema electrónico existente para tal efecto. Así, la notificación realizada por medios electrónicos surtirá efecto el mismo día a aquel en que por sistema se confirme que recibió el archivo electrónico correspondiente. En el caso concreto, se presentó la demanda de amparo el cinco de agosto de dos mil veintidós (antes de la notificación de la autoridad responsable); por ende, es inconcuso que su presentación es oportuna. VIII. ROCEDENCIA En el presente asunto no se advierte la actualización de ninguna causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de la Ley de Amparo. Tampoco se advierte la concurrencia de alguna de las causales de sobreseimiento previstas en el diverso artículo 63 de la misma ley reglamentaria que obliguen a dar por concluido el juicio sin hacer una declaratoria sobre el acto reclamado, por lo que, a consideración de este juzgador, el amparo es procedente en términos del artículo 107, fracción V, del citado ordenamiento legal. IX. ESTUDIO DEL ASUNTO Los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa se tienen por reproducidos en este considerando en obvio de repeticiones innecesarias; por no ordenar su transcripción precepto legal alguno, y no disponerlo así el artículo 74 de la Ley de Amparo, además de que con ello no se afectan las defensas de las partes . No obstante lo anterior, sus conceptos de violación torales son los siguientes: La sala responsable al reasumir jurisdicción vincula a proceso al quejoso apoyándose únicamente con el dato de prueba consistente en la declaración de la víctima. Existen irregularidades en los datos de prueba consistente en la denuncia de la víctima, ello al no estar firmada por parte de la institución ministerial; así como el dictamen pericial al emitir conclusiones de diversa persona de iniciales ***, cuando el nombre correcto de la víctima es ****.; y, dictamen médico, al referir que la víctima presentó lesiones (zona vaginal) el seis de octubre de dos mil veintiuno, cuando los hechos se suscitaron el siete de octubre de ese año. Bien, previo a calificar los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, conviene destacar que los ordinales 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales disponen lo siguiente: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." De la lectura de los dispositivos transcritos conduce a establecer que el auto de vinculación a proceso debe satisfacer ciertos requisitos formales y otros más de índole material, a saber: en cuanto a la forma, constitucionalmente se establece que en dicho fallo deben precisarse la conducta típica que se reprocha al imputado y el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución y, respecto al fondo, esa determinación debe apoyarse en datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su perpetración. Cabe aclarar que para dictar vinculación a proceso basta que los datos de prueba permitan establecer de manera idónea, pertinente y, en su conjunto, la probable intervención del inculpado en el hecho delictuoso imputado. Además, el auto de vinculación debe cumplir con los principios de legalidad y de seguridad jurídica previstos por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que de manera imperativa dispone que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, lo cual se traduce en la obligación del órgano judicial que emita una resolución de citar los preceptos legales en que se funde para ello y señalar las circunstancias especiales, las razones particulares o las causas inmediatas que haya tenido en consideración para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su perpetración. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 204, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, materia Común, Séptima Época, 1917-2000, página ciento setenta y seis, del contenido siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Asimismo, la tesis XIII.P.A.30 P, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, abril de dos mil once, Novena Época, página mil doscientos veintiocho, que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO PUEDEN VIOLARSE DERECHOS PÚBLICOS SUBJETIVOS DISTINTOS A LOS CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008 (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE OAXACA). El hecho de que el citado precepto constitucional establezca los requisitos de fondo y forma que todo auto de vinculación a proceso puede contener, no significa que para su dictado sólo deba cumplirse con dicho artículo. Ello es así, pues para que la afectación que sufre el gobernado en sus intereses, con motivo de ese acto de autoridad, pueda considerarse como válida, debe reunir, además de los mencionados requisitos, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en las garantías de seguridad jurídica consagradas en la Carta Magna, entre otras, que dicho auto conste por escrito, proceda de una autoridad judicial y se encuentre fundado y motivado; garantías que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidas en un solo artículo, deben ser aplicadas armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al particular. En tal virtud se concluye que en el dictado del auto de vinculación a que se refiere el título octavo, Etapas del proceso, capítulo I, Etapa preliminar, sección 8, Vinculación del imputado a proceso, del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca, pueden violarse derechos públicos subjetivos diversos a los que consagra el aludido precepto constitucional, lo que dependerá de que las autoridades cumplan o no con todas y cada una de las referidas garantías." El citado derecho constitucional de fundamentación y de motivación si bien resulta ser técnicamente un requisito formal que la determinación combatida debe cumplir, de igual forma tiene que ver directamente con los aspectos sustanciales de ésta, ya que los fundamentos y los motivos que el Juez de control plasme en su resolución constituyen la base en que descansa la acreditación de los elementos de fondo que exige el dispositivo 19 Constitucional, atinentes al establecimiento de que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su consumación. Dicho esto, conviene destacar un elemento esencial que rige el marco jurídico del recurso de apelación conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, a saber: "Artículo 456. Reglas generales. Las resoluciones judiciales podrán ser recurridas sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos en este Código. Para efectos de su impugnación, se entenderán como resoluciones judiciales, las emitidas oralmente o por escrito. El derecho de recurrir corresponderá tan sólo a quien le sea expresamente otorgado y pueda resultar afectado por la resolución. En el procedimiento penal sólo se admitirán los recursos de revocación y apelación, según corresponda." "Artículo 461. Alcance del recurso. El Órgano jurisdiccional ante el cual se haga valer el recurso, dará trámite al mismo y corresponderá al Tribunal de alzada competente que deba resolverlo, su admisión o desechamiento, y sólo podrá pronunciarse sobre los agravios expresados por los recurrentes, quedando prohibido extender el examen de la decisión recurrida a cuestiones no planteadas en ellos o más allá de los límites del recurso, a menos que se trate de un acto violatorio de derechos fundamentales del imputado. En caso de que el Órgano jurisdiccional no encuentre violaciones a derechos fundamentales que, en tales términos, deba reparar de oficio, no estará obligado a dejar constancia de ello en la resolución. Si sólo uno de varios imputados por el mismo delito interpusiera algún recurso contra una resolución, la decisión favorable que se dictare aprovechará a los demás, a menos que los fundamentos fueren exclusivamente personales del recurrente." "Artículo 481. Materia del recurso Interpuesto el recurso de apelación por violaciones graves al debido proceso, no podrán invocarse nuevas causales de reposición del procedimiento; sin embargo, el Tribunal de alzada podrá hacer valer y reparar de oficio, a favor del sentenciado, las violaciones a sus derechos fundamentales". Como se puede apreciar de la disposición citada, en tratándose de los recursos previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, el recurso de revocación y el de apelación, por regla general, imperan los principios de estricto derecho y de litis cerrada, es decir, generalmente, el tribunal de alzada deberá circunscribir su materia de estudio, estrictamente, a los aspectos que hayan sido planteados por las partes y, únicamente, en el supuesto de transgresiones a derechos fundamentales, el Ad quem podrá reparar de oficio, cualquier transgresión que advierta en dicho rubro, reasumir jurisdicción y pronunciarse conforme a derecho. Puntualizado lo anterior, cabe destacar que en audiencia de ampliación de término constitucional de trece de diciembre de dos mil veintiuno en la causa penal ***/****, el Juez de Control del Circuito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca, determinó que con los datos de prueba aportados a la causa penal no se acreditó ni de manera probable la participación del aquí quejoso en el hecho delictivo que se le imputa; por ende, emitió determinación de no vinculación a proceso a su favor. Inconforme con esa determinación la víctima interpuso recurso de apelación ante la Quinta Sala Penal Unitaria del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, quien radicó dicho medio de impugnación bajo el toca penal ************. Es así que en resolución de cuatro de julio de dos mil veintidós (acto reclamado), la sala responsable no compartió lo resulto por el juez de control de origen y estimó que con los datos de prueba se acreditó de manera probable la partición de ********* en los hechos delictivos que se le imputan. Este juzgado federal comparte ese argumento. Para justificar lo anterior y exponer que no existe violación a derechos fundamentales del aquí quejoso, basta con reproducir los discos versátiles certificados que remitió el Juez de control de origen, relativos a las audiencias de ocho y trece de diciembre de dos mil veintiuno celebradas en la causa penal ***/****. De su contenido se advierte que se respetó al aquí quejoso el principio constitucional de presunción de inocencia, debido a que se le trató como tal, se le otorgó oportunidad de defensa al estar asistido por un defensor de oficio, se le hizo saber su derecho a guardar silencio o no declarar y la trascendencia de éste, su derecho a ofrecer pruebas, a la información, el conocimiento del motivo por el que estuvo en la sala de audiencias y su derecho a una impartición de justicia pronta. También, debe señalarse que se cumplió con lo previsto por el ordinal 4 del Código Nacional de Procedimientos Penales , ya que la audiencia se desahogó con apego a los principios rectores del proceso penal acusatorio y oral. Publicidad. Dicha audiencia fue pública, ya que así se parecía y se hizo constar de las videograbaciones que remitió la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado. Inmediatez. Se advierte que la participación de las partes fue ininterrumpida, sin intermediarios. Contradicción. Se aprecia que las partes ejercieron libremente su derecho a controvertir los datos de convicción comunicados e incorporados verbalmente. Continuidad y concentración. En razón de que los actos desarrollados en la audiencia se realizaron en una sola, se llevaron a cabo con los recesos indispensables propios por la naturaleza de este tipo de procedimiento y todo, en forma oral. Es aplicable, en lo conducente la jurisprudencia 11/2014 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro tres, febrero de dos mil catorce, Tomo I, página 396, de la literalidad siguiente: "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza." Por otra parte, en cuanto a los requisitos de fondo, cabe precisar que en el auto de vinculación a proceso el derecho fundamental de legalidad previsto en el artículo 16 constitucional, se satisface con una correcta y sana crítica de los datos de prueba relacionados. Este último emitido como bien se indicó, por la sala responsable al reasumir jurisdicción y pronunciarse conforme a derecho, con motivo del medio de impugnación interpuesto por la víctima del delito. Para lo cual deben observarse las reglas de la lógica, conjugado con los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia en la valoración de aquellos elementos (individual y global), que han servido de base, y que llevan a establecer si los datos de prueba son suficientes para establecer la existencia de un hecho calificado por la ley como delito y, después, la probabilidad de que el imputado lo cometió. La sala responsable expone en la resolución en estudio, para que se configure el hecho delictivo consistente en equiparado a la violación agravada, previsto por el numeral 246 bis, fracción I, en relación con el diverso 248 bis, fracción I del Código Penal del Estado de Oaxaca , se necesitan los hechos y conductas siguientes: La existencia de una cópula. i. Que dicha acción se realice con personas mayor de doce años y menor de dieciocho. ii. Que se obtenga su consentimiento por medio de la seducción y el engaño. iii. Que dicha conducta fuera cometida por un pariente de la víctima sin limitación de grado en línea recta ascendente o descendente, o hasta el cuarto grado en línea colateral. iv. Con tal conducta se lesionó el bien jurídico tutelado por la norma penal, consistente en el normal desarrollo psicosexual de la víctima. Ahora, en cuanto a la valoración de los datos de prueba para establecer la existencia de un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que en el auto de vinculación a proceso, para satisfacer el requisito relativo a que la ley señale el hecho imputado como delito, basta con que el juez encuadre la conducta prohibida por la norma penal, de manera que permita identificar las razones que lo llevan a determinar el tipo penal aplicable . Sostuvo que el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal. 1. Lo anterior es así, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio. 2. Esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. 3. De ahí que, con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. 4. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito -sostuvo-, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. 5. Dicho nivel de exigencia -dijo-, es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada; es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. 6. Bien, los datos de prueba que aportó el Ministerio Público, los cuales son los siguientes: La declaración de la persona adolecente de identidad reservada de iniciales ***; esta declaración fue rendida ante la institución ministerial el día trece de octubre del año dos mil veintiuno, con asistencia de la progenitora, la señora ***********, con asistencia también de la licenciada en psicología *****, y estuvo presente la víctima, la adolecente ***. La declaración de la señora *********; esta declaración fue rendida también ante la institución ministerial el día trece de octubre del año dos mil veintiuno. Un dictamen psicológico de fecha siete de noviembre del año dos mil veintiuno, el cual fue emitido por la licenciada en psicología ********, quien cuanta con una cedula profesional ***** en donde establece que valoró a la víctima de iniciales *. *. *. Una valoración médica, ginecológica y proctológica, así como también informe de zonas erógenas, emitido por la doctora ******, quien cuenta con cedula profesional *******, esta valoración la llevo a cabo a las 12:00 horas del día catorce de octubre del año dos mil veintiuno. Indica que valoró a la víctima de iniciales *. *. *; su planteamiento del problema en este caso es emitir un certificado médico, una exploración ginecológica y proctológica de la víctima. La inspección ocular de fecha diecisiete de noviembre del año dos mil veintiuno, que fue realizada por el ciudadano ******, con número de identificación ***; esta inspección ocular la realizó en la carretera o camino de terracería que conduce a la población de Yosondaya, Juxtlahuaca Oaxaca. La inspección ocular que la realizó el ciudadano *********, con placa de numero ***, el día veintidós de noviembre del año dos mil veintiuno, esto sobre la carretera camino de terracería que conduce a la población de Santa María Natividad, Ixpantepec Nieves, Oaxaca; de igual manera indica que se constituyó en compañía de la propia víctima adolecente, en compañía también de **********. El acta de nacimiento, el certificado de nacimiento de la víctima de iniciales *. *. *; de fecha siete de febrero del año dos mil catorce, con fecha de nacimiento once de agosto del año dos mil cuatro. Una copia del registro de ******, con número de acta 247340, expedida a favor de ****, que se encuentra registrada en la oficialía número 1, en el libro número 1, en el acta numero 60; de igual manera, se encuentra expedida por el oficial del registro civil ***** de Ixpantepec Nieves. La copia del acta de matrimonio de número de folio ****, en donde en la oficialía número 1, en el libro número 4, en el acta número 6, se encuentran las personas que aparecen como contrayentes ********y ********. El acta de nacimiento del señor *********, con número de folio *****, que se encuentra registrado en la oficialía número 1, en el acta número 9, se encuentra registrada esta persona, siendo sus progenitores ****y ****. Una inscripción del acta extranjera de nacimiento, para darle mayor validez precisamente al acta de nacimiento que fue expedida por un diverso país y que cuenta con un número de folio *****, en donde se encuentra con fecha de registro de veinticuatro de febrero del año dos mil dieciséis; en donde se establece precisamente la nacionalidad de la víctima ****. 7. Con base en ello, la sala responsable al reasumir jurisdicción estimó que con base en los datos de prueba aportado por la institución ministerial se acreditaron los hechos siguientes: "1. La adolescente identificada con iniciales ***. nació el once de agosto del año dos mil cuatro, que a la época de los hechos contaba con la edad de dieciséis años. 2. Que entre el mes de enero y febrero del año dos mil veinte, aproximadamente, el imputado ******comenzó a realizar conductas y verbalizaciones encaminadas a seducir y engañar a la adolescente victima identificada con iniciales ***. 3. Que el día seis de marzo del año dos mil veinte, aproximadamente entre las doce y trece horas el imputado llevó a bordo de una camioneta a la adolescente víctima, hasta la carretera de entrada a la comunidad de Yosandaya, Juxtlahuaca, Oaxaca, lugar donde estacionó dicho vehículo de motor, posteriormente comenzó a besar a la víctima en la boca y en el cuello, el imputado ******* le quitó su ropa a la víctima para enseguida introducirle el pene en la vagina. 4. Que el día siete de octubre del año dos mil veintiuno, aproximadamente a las cero horas con treinta minutos, el imputado llevó a bordo de un vehículo de motor a la adolescente víctima de iniciales *** hasta el camino de terracería que conduce a Santa María Natividad Ixpantepec, Nieves, Silacayoapam, Oaxaca, para luego estacionar dicha unidad, enseguida le quitó la ropa a la adolescente, le hizo lo mismo, posteriormente le introdujo el pene en la vagina. 5. Que la persona adolescente de identidad reservada identificada con iniciales *.*.*., es sobrina política del imputado ******. 6. La victima derivado de estos hechos que denuncia se vio alterada en su estado emocional." 8. Ello, pues analizado en su conjunto los datos de prueba referidos, se advierte que son idóneos y pertinentes para establecer a manera de probabilidad que al aquí quejoso *******, intervino en los hechos que la ley describe como el delito de que se le imputa como autor material de dicha conducta. 9. En efecto, la información obtenida precisa que probablemente fue el aquí quejoso tuvo cópula con la victima de identidad reservada, la cual es menor de edad. Así, para obtener su consentimiento hizo uso de la seducción y el engaño. 10. La persona de identidad reservada es pariente del agresor, siendo su sobrina política. 11. Así, adverso a la pretensión de la parte quejosa, dicho hecho se encuentra hasta este momento acreditado de manera probable, entre otras, con la declaración de la víctima directa rendida ante la institución ministerial, en el que relató la manera en cómo sucedieron los hechos que se le imputan al aquí quejoso, a la cual la sala responsable correctamente otorgó valor probatorio. 12. Lo que se considera atinado porque la declaración de la referida persona, percibe hechos propios que son capaces de mencionar por cualquier persona, identifica el momento en el que sucede el hecho que da origen a la causa penal de origen; se advierten circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución del hecho que manifestó a la institución ministerial, a saber, que a partir del mes de marzo de dos mil veinte, inició una relación sentimental con el imputado, quien es su tío. El imputado le decía que era una niña muy linda, le hablaba, le daba regalos, le indicaba que ya nada no tenía relación con su esposa, que estaban juntos por los niños y discutían contantemente. 13. Le indicó que el hablaría con su padres para decirles que ellos tenían un relación, pero que no se lo comentara a nadie porque sería un secreto entre ellos, a lo que la víctima accedió a tener una relación. Precisó que cada encuentro que se suscitaba tenían relaciones sexuales, siendo la última vez el seis de marzo de dos mil veintiuno, cuando su tío la llevó al terreno en donde siembra chilares, el cual se ubica con dirección al camino a Santa María Natividad. 14. Dicho dato de prueba, como atinadamente lo indicó la sala responsable, se encuentra apoyado con la declaración de ********(progenitora de la víctima). 15. En dicha relatoría precisa como empezó a advertir que el imputado tenía comunicación con su hija; por esas razones, comenzó a revisarle el celular y posteriormente la citada menor le confesó que tenía encuentros a escondidas con su tío de nombre *********. 16. De igual forma, como bien lo indicó el tribunal de alzada, robustece lo expuesto el dictamen psicológico que se practicó a la víctima, el cual arrojó como resultado, una persona adolecente que presentaba lesiones psicológicas, derivado del evento de denuncia y no presentó datos de simulación durante el proceso de evaluación. Se detalló que presentó ánimo deprimido, disminución en su interés en actividades placenteras, ánimo irritable y altamente sensible. 17. Así como la pericial médica a cargo de la médico ******, en la cual arrojó lo siguiente: "en cuanto a la exploración general no se encontró lesiones; en cuanto a la exploración ginecológica indica que no se encontraron huellas de lesiones recientes externas al momento de la certificación, que existe un himen de forma fimbriado con dos desgarros completos a las siete y a las once, según la carátula del reloj, esta clasificación legal que ella le da a estas lesiones, indica que son más de ocho días de evolución, que abarcan piel y tejidos blandos, de naturaleza activa; a la exploración proctológica no encontró lesión [.]" 18. De ese modo, atendiendo a que esos dictámenes realizados tienen congruencia externa y es corroborado con los diversos datos de prueba, por lo tanto genera valor indiciario, para considerar que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito. 19. En sustento a lo anterior, se cita la jurisprudencia 256, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 188, Tomo II, Penal, Jurisprudencia SCJN, Sexta Época, Apéndice 2000, del tenor siguiente: "PERITOS. VALOR PROBATORIO DE SU DICTAMEN.-Dentro del amplio arbitrio que la ley y la jurisprudencia reconocen a la autoridad judicial para justipreciar los dictámenes periciales, el juzgador puede negarles eficacia probatoria o concederles hasta el valor de prueba plena, eligiendo entre los emitidos en forma legal, o aceptando o desechando el único o los varios que se hubieran rendido, según la idoneidad jurídica que fundada y razonadamente determine respecto de unos y otros." 20. Lo cual se robustece con las diversas documentales aportadas por la institución ministerial, consistente en el atestado de nacimiento de la víctima directa, lo cual acredita la minoría de edad al momento de los hechos delictivos. 21. Así, como el acta de matrimonio del imputado con la diversa persona de nombre ************* lo cual establece el vínculo familiar con la menor de edad. Documentales que acertadamente la sala responsable les otorgó valor probatorio indiciario. 22. De igual forma la sala responsable correctamente tomó en consideración lo informado por el agente estatal de investigaciones, el cual corroboró el lugar de los hechos que relata la víctima directa. 23. Resulta aplicable al caso la tesis aislada 1a. CLXVI/2016 (10a.), consultable en la página 693, Libro 31, Junio de 2016, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "DILIGENCIAS PRACTICADAS POR AGENTES DE LA POLICÍA JUDICIAL FEDERAL O LOCAL. EL ARTÍCULO 287, PÁRRAFO ÚLTIMO, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, QUE LES OTORGA EL VALOR DE TESTIMONIOS, NO VIOLA LOS DERECHOS FUNDAMENTALES AL DEBIDO PROCESO Y A LA SEGURIDAD JURÍDICA. El precepto citado, al prever que las diligencias practicadas por los agentes de la Policía Judicial Federal o local tendrán el valor de testimonios, no viola los derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad jurídica, ya que reglamenta la valoración judicial de dichos medios de convicción -entre los que se encuentran los informes o partes informativos, que deben realizarse en términos del artículo 3o., fracción IX, del ordenamiento adjetivo referido-, con el objetivo de guiar la actividad intelectual del juzgador cuando éste se enfrenta a su ponderación valorativa. Así, tomando en cuenta que las reglas de la valoración de la prueba constituyen un elemento central del derecho al debido proceso, el artículo 287, párrafo último, del Código Federal de Procedimientos Penales, otorga a las diligencias policiales el mismo valor probatorio aplicable a las pruebas testimoniales, con la finalidad de que el juez de la causa aprecie las actuaciones bajo el mismo método de ponderación, pues la prueba testimonial se ubica entre los medios de convicción que para efectos de valoración judicial tienen el carácter de indicio, por lo que requiere de la existencia de otros elementos de prueba para que pueda afirmarse la demostración del hecho al que se refiere. Asimismo, en cuanto a las diligencias de la policía que son comunicadas al Ministerio Público mediante informes suscritos por los servidores públicos que las practicaron, en términos de las reglas procesales de valoración de las pruebas, aplicadas en sentido estricto, el informe de la policía o parte informativo constituye un documento público, como a los que se refiere el artículo 280 del código citado, con valor probatorio pleno. Sin embargo, dadas las características y la trascendencia de las diligencias de la policía, el propio legislador limitó el parámetro con el que debe valorarlas el juzgador; de ahí que, a pesar de que los informes de la policía constituyen documentos públicos, el legislador consideró prudente que para su análisis fuera procedente someterlos a las condiciones de valoración de la prueba testimonial, que supone que quien lo rindió es una persona que estaba presente en el lugar y el momento en que el hecho relevante tuvo lugar, por lo que puede poner dicha información en conocimiento de la autoridad. Circunstancia que, lejos de afectar los derechos de defensa y contradicción de quienes son parte en el proceso penal, permite ejercerlos en mejores condiciones, al otorgar la posibilidad de que el contenido del informe policial sea cuestionado y someter a quien lo rinde a ratificarlo mediante cuestionamiento directo, lo que permite configurar plenamente la prueba testimonial al introducirse el contenido del dictamen al juicio a través de su suscriptor.". 24. De ahí que los datos de prueba relatados por el fiscalía sean aptos para acreditar, a título de probabilidad, la conducta desplegada por el imputado; la cual, desde luego, incursiona en el campo de lo ilícito, y por ende, hasta esta etapa procesal, son suficientes para vincularla a proceso. 25. Se explica. 26. El estándar probatorio exigido para la emisión de un acto de autoridad, como el ahora analizado, es mínimo, puesto que no se necesita comprobar plenamente el hecho delictivo, con cada uno de sus elementos típicos, sino que únicamente se requiere que existan indicios razonables, que representan un estado de convencimiento de probabilidad, a través de un hecho indicador (dato probatorio) de cada uno de sus elementos y no convencimiento fuera de toda duda razonable. 27. Lo anterior, es contrario a lo que acontece al emitir una sentencia definitiva dictada en juicio oral, pues esta determinación sí debe basarse en pruebas plenas desahogadas ante el juez de juicio, distinto de quien emitió la vinculación a proceso , y en esa etapa, la convicción de su culpabilidad debe ser más allá de toda duda razonable, como lo disponen los artículos 359 y 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 28. Por ende, en el estado de investigación inicial (en el que actualmente se encuentra el procedimiento de origen), no se habla de prueba, sino de dato de prueba (fuente de prueba), que constituye la información que proporciona el Ministerio Público y que el juez de control no puede valorar, al no desahogarse ante su potestad. 29. Sirve de sustento la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 45, agosto de 2017, tomo I, página 360, que señala: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." Ahora, en atención a los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, devienen infundados y jurídicamente ineficaz. Tocante al argumento que la sala responsable al reasumir jurisdicción vincula a proceso al quejoso apoyándose únicamente con el dato de prueba consistente en la declaración de la víctima, deviene infundado. Se realiza tal afirmación con el simple hecho de imponerse de la resolución en estudio y constatar que la sala responsable si bien es cierto le otorga valor a la declaración de la víctima, cierto es también que robustece con los diversos datos de prueba aportados por la institución ministerial y que se precisaron en párrafos precedentes. Respecto al diverso argumento relativo a que existen irregularidades en los datos de prueba consistente en la denuncia de la víctima, ello al no estar firmada por parte de la institución ministerial; así como, el dictamen pericial al emitir conclusiones de diversa persona de iniciales *.*.*, cuando el nombre correcto de la víctima es *.*.*.; y, dictamen médico, al referir que la víctima presentó lesiones (zona vaginal) el seis de octubre, cuando los hechos se suscitaron el siete de octubre de dos mil veintiuno. Deviene jurídicamente ineficaz. Como bien lo indicó la sala responsable, un mero formalismo no puede sobreponerse sobre el derecho de acceso a la justicia que tiene la menor víctima. Las "irregularidades" que aduce la parte quejosa no le restan valor probatorio a la declaración de la víctima, robustecida con los diversos datos de prueba antes mencionados y correctamente valorados por la sala responsable. Debe recordarse a la parte quejosa que los medios de prueba en el juicio oral penal, el cual es de corte acusatorio adversarial, deberán ser valorados conforme a la sana crítica, sin contradecir las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia. La sana crítica implica un sistema de valoración de pruebas libre, pues el juzgador no está supeditado a normas rígidas que le señalen el alcance que debe reconocerse a aquéllas; es el conjunto de reglas establecidas para orientar la actividad intelectual en la apreciación de éstas, y una fórmula de valoración en la que se interrelacionan las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, las cuales influyen de igual forma en la autoridad como fundamento de la razón, en función al conocimiento de las cosas, dado por la ciencia o por la experiencia, en donde el conocimiento científico implica el saber sistematizado, producto de un proceso de comprobación, y que por regla general es aportado en juicio por expertos en un sector específico del conocimiento. Mientras que las máximas de la experiencia son normas de conocimiento general, que surgen de lo ocurrido habitualmente en múltiples casos y que por ello pueden aplicarse en todos los demás, de la misma especie, porque están fundadas en el saber común de la gente, dado por las vivencias y la experiencia social, en un lugar y en un momento determinados. Por ende, correctamente la sala estableció y este Juzgador reitera, dichas formalismos como un error mecanográfico en la cita del nombre de la víctima no desvirtúan los hechos delictivos acontecidos. Se reitera, para el dictado del auto de vinculación a proceso el estándar probatorio exigido, es mínimo, puesto que no se necesita comprobar plenamente el hecho delictivo, con cada uno de sus elementos típicos, sino que únicamente se requiere que existan indicios razonables, que representan un estado de convencimiento de probabilidad, a través de un hecho indicador (dato probatorio), lo cual a consideración de este Juzgador de Amparo, la sala lo realizó correctamente. X. DECISIÓN Al resultar infundados y jurídicamente ineficaces los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa y no advertir deficiencia de la queja que suplir, lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso **********. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución que se atribuyen a la autoridad responsable señaladas como ejecutora, en razón de que no se le reclamaron por vicios propios, sino como consecuencia del diverso pronunciado por la sala responsable. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia VI.2o. J/338, visible en la página 69, volumen 83, Noviembre de 1994, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE. NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo, considera violatoria de garantías una resolución, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de autoridad que pretendan ejecutarla, si no se reclaman, especialmente, vicios de tal ejecución". Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se NIEGA el amparo y protección de la Justicia Federal a **********, por propio derecho, en contra de un acto de la Quinta Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, conforme a los argumentos expuestos en el apartado IX de esta sentencia. Notifíquese personalmente.

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