Abel Martínez Mendoza

Expediente 327/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
327/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
31/01/2019

Partes del expediente

  • Abel Martínez Mendoza
  • Abel Martínez Mendoza y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Mesa de Amparo V-B "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de enero de dos mil diecinueve. La Síndico Procurador y Representante Legal del Honorable Ayuntamiento de Matías Romero Avendaño, Juchitán Oaxaca, solicita se tenga por apersonada al presente juicio. Asimismo, revoca delegados y autorizados designados con anterioridad, y el domicilio que tiene señalado en autos. En su atención se provee: Téngase a la Síndico Procurador y Representante Legal del Honorable Ayuntamiento de Matías Romero Avendaño, Juchitán Oaxaca, por apersonada en el presente asunto con el carácter de tercero interesada. Se tiene designando como sus delegados y autorizados para recibir notificaciones a las personas que menciona en el oficio de cuenta; y, como nuevo domicilio para recibir notificaciones el ubicado en calle Guerrero número 105, Colonia Centro, Matías Romero Avendaño, Oaxaca. Notifíquese.

  2. Principal

    Mesa de Amparo V-B "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de mayo de dos mil dieciocho. En atención a la cuenta que antecede, el titular del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca determina lo siguiente: I. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. II. Con apoyo en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el expediente principal como asunto concluido. III. En cumplimiento a lo señalado en el artículo décimo primero, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, como en el auto dictado en este juicio se sobreseyó fuera de audiencia, se estima que este expediente es susceptible de destrucción. IV. Se considera que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. V. De igual forma, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del mencionado acuerdo. VI. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del referido acuerdo, el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá a la Dirección de Recepción, Tratamiento y Resguardo Documental del Centro de Manejo Documental y Digitalización del Consejo de la Judicatura Federal, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. VII. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.

  3. Principal

    Mesa de Amparo V-B * "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio señalado en la cuenta al expediente en que se actúa y téngase al síndico Procurador y Representante Legal del Honorable Ayuntamiento de Matías Romero Avendaño, Oaxaca, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y como autorizados a las personas que refiere; por otra parte, como lo solicita remítasele copia de la demanda de amparo motivo del presente juicio. Por otra parte, dígasele a la autoridad oficiante, que con fecha veinticinco de abril del año en curso se sobreseyó el presente juicio. Notifíquese.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de abril de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado descrito en la cuenta y dése vista a las partes. En atención al informe justificado que remite la autoridad oficiante, al que acompaño copia con firmas autógrafas del acuerdo de fecha veinte de abril del año en curso , con el que indica haber dado respuesta a la petición formulada por el quejoso en el escrito de siete de agosto de dos mil diecisiete. Esta circunstancia conduce al suscrito a señalar que ha sobrevenido una causa de improcedencia que impide continuar con la tramitación del presente asunto. En efecto, en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues está probado que lo reclamado a la autoridad responsable cesó en sus efectos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha desarrollado diversos criterios jurisprudenciales a fin de responder cuándo estamos en una situación en la que los efectos del acto reclamado deban considerarse que han cesado. De acuerdo con los más significativos, la cesación de efectos es una condición que sólo puede entenderse actualizada ante la total e incondicional destrucción de éstos. Así, se ha reiterado, para que los efectos de un acto puedan considerarse cabalmente destruidos, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional; esto es, como si se hubiera otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Al respecto, pueden consultarse los criterios jurisprudenciales de rubros: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO" y "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL". En el caso concreto, el quejoso reclamó en esencia a la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, la omisión de proveer el escrito de requerimiento de pago de fecha siete de agosto de dos mil diecisiete. En ese tenor, si en el presente juicio constitucional -como se advierte del informe justificado de cuenta - está probado que la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, por acuerdo de veinte de abril del año en curso, acordó la petición formulada del quejoso en el escrito de siete de agosto de dos mil diecisiete, queda claro que cesaron los efectos del acto reclamado. Esta determinación deriva de los criterios adoptados en las tesis de jurisprudencia citadas, en cuanto precisan el contenido de la causal de improcedencia prevista ahora en el artículo 61, fracción XXI de la nueva Ley de Amparo (antes artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo abrogada). Por tanto, se estima procedente sobreseer fuera de audiencia con base en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. Es aplicable, por analogía la tesis de jurisprudencia 2a./J. 10/2003, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En vista de lo anterior, se deja sin efecto la fecha y hora señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional (catorce horas con cincuenta minutos del diez de mayo de dos mil dieciocho). Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma el juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, Leonel Medina Rubio, ante la secretaria licenciada Alfa Orquídea Monterrubio Valencia, que autoriza y da fe.

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