Abel Flores MIguel
Expediente 988/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 988/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/08/2019
Partes del expediente
- Abel Flores MIguel
- Abel Flores MIguel y Otros.
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, seis de agosto de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que la quejosa no interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental. Finalmente, con fundamento en el punto undécimo, último párrafo del acuerdo referido, dese vista a la parte quejosa, a efecto de que en un plazo de noventa días, acuda a este órgano de control constitucional a recibir el documento que exhibió al promover su demanda.
- Principal
Toluca, Estado de México, veinticuatro de julio de dos mil diecinueve. FORMACIÓN DE EXPEDIENTE Vista la demanda promovida por Abel, Roman ambos de apellidos Flores Miguel, Miguel Bonifacio Martínez y Juan Barrios Antonio, quienes se ostentan como miembros del Núcleo Ejidal de San Jerónimo Ixtlapantongo Municipio de Ixtlahuaca, Estado de México, en representación sustituta del mismo, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 988/2019-II-D. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA Al respecto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5o., y 6o y 10, de la Ley de Amparo, los cuales son de estudio preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de las causas en ello contenidas, deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Robustece lo anterior la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página noventa y cinco del Tomo VII del Semanario Judicial de la Federación de mayo de mil novecientos noventa y uno, Octava Época, cuyo sumario es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En tal virtud, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 1o., 6o., 107, fracción I, y 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo por su manifiesta e indudable improcedencia, en atención a lo siguiente: De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia se debe desechar de plano; lo manifiesto, se presenta cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable, resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En el caso, Abel, Roman ambos de apellidos Flores Miguel, Miguel Bonifacio Martínez y Juan Barrios Antonio, pretenden promover la demanda de amparo en representación sustituta del Núcleo Ejidal de San Jerónimo Ixtlapantongo Municipio de Ixtlahuaca, Estado de México, ante la omisión en realizar adecuadamente sus funciones de los órganos de representación de dicho ejido. Es decir, pretenden promover en representación sustituta del órgano de representación del ejido, al indicar que éste no actuó para defender los derechos de los ejidatarios pertenecientes a dicho núcleo ejidal, lo que hace patente desechar la demanda de amparo. Ello es así, pues los artículos 5o., 6o. y 10 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. (...) "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (.)." "Artículo 10. La representación del quejoso y del tercero interesado se acreditará en juicio en los términos previstos en esta ley. En los casos no previstos, la personalidad en el juicio se justificará en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado y cuando ésta no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles. (.)" De los artículos citados, se advierte quienes son partes en el juicio de amparo, cual es la personalidad con la que se puede instar dicho medio de impugnación y de qué manera se acreditara dicha representación. Por su parte, los artículos 12, 21, 22, 32, 33, 35 y 99 de la Ley Agraria, establecen las formas de representación del ejido y de la comunidad, los cuales establecen: "Artículo 12.- Son ejidatarios los hombres y las mujeres titulares de derechos ejidales." "Artículo 21.- Son órganos de los ejidos: I. La asamblea; II. El comisariado ejidal; y III. El consejo de vigilancia." "Artículo 22.- El órgano supremo del ejido es la asamblea, en la que participan todos los ejidatarios." "Artículo 23.- La asamblea se reunirá por lo menos una vez cada seis meses o con mayor frecuencia cuando así lo determine su reglamento o su costumbre. Serán de la competencia exclusiva de la asamblea los siguientes asuntos: (.)" "Artículo 32.- El comisariado ejidal es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como de la representación y gestión administrativa del ejido. Estará constituido por un Presidente, un Secretario y un Tesorero, propietarios y sus respectivos suplentes. Asimismo, contará en su caso con las comisiones y los secretarios auxiliares que señale el reglamento interno. Este habrá de contener la forma y extensión de las funciones de cada miembro del comisariado; si nada dispone, se entenderá que sus integrantes funcionarán conjuntamente." "Artículo 33.- Son facultades y obligaciones del comisariado: I. Representar al núcleo de población ejidal y administrar los bienes comunes del ejido, en los términos que fije la asamblea, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas; II. Procurar que se respeten estrictamente los derechos de los ejidatarios; III. Convocar a la asamblea en los términos de la ley, así como cumplir los acuerdos que dicten las mismas; IV. Dar cuenta a la asamblea de las labores efectuadas y del movimiento de fondos, así como informar a ésta sobre los trabajos de aprovechamiento de las tierras de uso común y el estado en que éstas se encuentren; V. Las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido." "Artículo 35.- El consejo de vigilancia estará constituido por un Presidente y dos Secretarios, propietarios y sus respectivos suplentes y operará conforme a sus facultades y de acuerdo con el reglamento interno; si éste nada dispone, se entenderá que sus integrantes funcionarán conjuntamente." "Artículo 99.- Los efectos jurídicos del reconocimiento de la comunidad son: I. La personalidad jurídica del núcleo de población y su propiedad sobre la tierra; II. La existencia del Comisariado de Bienes Comunales como órgano de representación y gestión administrativa de la asamblea de comuneros en los términos que establezca el estatuto comunal y la costumbre; III. La protección especial a las tierras comunales que las hace inalienables, imprescriptibles e inembargables, salvo que se aporten a una sociedad en los términos del artículo 100 de esta ley; y IV. Los derechos y las obligaciones de los comuneros conforme a la ley y el estatuto comunal." Como se ve, resulta necesario precisar que, de acuerdo con los numerales citados, la representación legal de los núcleos ejidales corresponde al Comisariado Ejidal, el cual se encuentra constituido en forma Colegiada por un Presidente, Secretario y Tesorero; además los miembros del comisariado son electos por la Asamblea General que es el órgano máximo de la comunidad. En el presente caso, según refiere el promovente, el acto reclamado afecta derechos colectivos de los ejidatarios del Núcleo Ejidal de San Jeronimo Ixtlapantongo, Municipio de Ixtlahuaca, Estado de México, es por ello que corresponde a los miembros del comisariado ejidal representar a la citada comunidad con las facultades establecidas para actos de administración, pleitos y cobranzas. Lo anterior, dado que la Ley de Amparo, no establece de manera expresa la forma en que se ejercerá la representación legal para promover el juicio de amparo en nombre de un núcleo de población, aunado a que en su artículo 10 establece que la personalidad se justificará en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado y que cuando ésta no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles. En ese orden de ideas, cabe destacar que en la organización interna de los ejidos, la Asamblea, el Comisariado Ejidal y el Consejo de Vigilancia, se conciben como órganos de representación y ejecución, que se encuentran obligados, en todo momento, a respetar la voluntad de sus mandantes. Por ello, si la representación del ejido corresponde al Comisariado Ejidal como ya se vio y, la ley de la materia actualmente, ya no contempla la figura de representación sustituta, lo procedente es desechar la demanda de amparo promovida por los quejosos Abel, Roman ambos de apellidos Flores Miguel, Miguel Bonifacio Martínez y Juan Barrios Antonio, quienes se ostentan como ejidatario del Núcleo Ejidal de San Jerónimo Ixtlapantongo, Municipio de Ixtlahuaca, Estado de México, al carecer de legitimación para activar el amparo de dicho núcleo ejidal. Lo anterior, en términos de la parte conducente de la jurisprudencia visible en la página 13, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 151-156, Primera Parte, Materia(s) Administrativa, Séptima Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "AGRARIO. DERECHOS COLECTIVOS DE LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN, AFECTACIÓN DE. AMPARO PROMOVIDO POR EJIDATARIOS POR SU PROPIO DERECHO. FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA. El Tribunal Pleno hace suyo el criterio sustentado en la tesis jurisprudencial número 27 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1975, Tercera Parte, que dice: si unos ejidatarios promueven por su propio derecho el juicio de garantías y los actos reclamados son de aquéllos que afectan derechos agrarios colectivos del núcleo de población, con fundamento en los artículos 4o. y 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 74, fracción III, del mismo ordenamiento, debe sobreseerse el juicio porque los quejosos carecen de legitimación procesal activa para ejercitar la acción que intentan. En efecto, el artículo 43, fracción I, del Código Agrario, atribuye a los comisariados ejidales la representación de los núcleos de población ante las autoridades administrativas y judiciales, con las facultades de un mandatario general, y aun cuando el artículo 8o. bis, fracción II, de la Ley de Amparo, reconoce la representación sustituta para promover el juicio de garantías a nombre de un núcleo, a los miembros del comisariado o del consejo de vigilancia o a cualquier ejidatario perteneciente al núcleo de población perjudicado, tal representación únicamente opera si, después de transcurridos quince días de la notificación del acto reclamado, el comisariado no ha promovido juicio de amparo, y siempre que los que lo interpongan lo hagan ostentando la representación sustituta prevista legalmente." Asimismo, cabe ser mención que en la Ley de Amparo de anterior vigencia, establecía en su Libro Segundo titulado "Del Amparo en Materia Agraria", específicamente en su artículo 213, fracción II, lo siguiente: Artículo 213. Tienen representación legal para interponer el juicio de amparo en nombre de un núcleo de población: [.] II. Los miembros del comisariado o del Consejo de Vigilancia o cualquier ejidatario o comunero perteneciente al núcleo de población perjudicado, si después de transcurridos quince días de la notificación del acto reclamado, el comisariado no ha interpuesto la demanda de amparo. Del precepto transcrito con antelación se advierte la figura jurídica de la representación sustituta misma que, como bien lo destaca el inconforme, se actualizaba ante la omisión de los representantes comunales en promover el amparo, después de transcurridos quince días de la notificación del acto reclamado. Sin embargo, el referido Libro Segundo de la Ley de Amparo fue abrogado en la nueva Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece y, en este último ordenamiento, quedó comprendido todo lo relativo a la capacidad y personería en el Capítulo II, del Título Primero (Reglas Generales), estableciendo en lo que aquí concierne, en sus artículos 5, fracción I, 6, primer párrafo, y 10, de la Ley de Amparo en vigor citados anteriormente, de los que se desprende que el juicio de amparo puede ser promovido por el directamente quejoso (siendo éste quien aduzca ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo), por sí o por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley (hipótesis esta última que se refiere a los casos en que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, acorde con lo previsto en el artículo 15 de la Ley de Amparo). Como se ve, la Ley de Amparo en vigor, no contempla la figura de la representación sustituta de un núcleo agrario, sino que ésta se encontraba prevista en la anterior Ley de Amparo, lo que lleva a establecer que Abel, Roman ambos de apellidos Flores Miguel, Miguel Bonifacio Martínez y Juan Barrios Antonio, en representación sustituta del Núcleo Ejidal de San Jerónimo Ixtlapantongo Municipio de Ixtlahuaca, Estado de México, no están legitimado para promover una demanda de amparo con base en una figura que actualmente no existe en la ley de la materia. En efecto, en el supuesto que se analiza, únicamente se actualizaría si la Ley de Amparo de manera expresa estipulara la "representación sustituta"; sin embargo, la Ley de Amparo vigente, a diferencia de la anterior, no establece dicha figura jurídica, es decir el animus del legislador fue eliminar ciertas disposiciones que regulaban el juicio de amparo en materia agraria. A más que aun cuando se suprimió el libro Segundo de la otra Ley de Amparo, muchas de las disposiciones ahí contenidas se incorporaron a la Ley Reglamentaria de la materia vigente en diversos artículos, por lo que se advierte que el legislador pretendió homogenizar el procedimiento del juicio de amparo, creando ciertas excepciones, entre las cuales no se encuentra la figura de representación sustituta. Ahora bien, resulta cierto que durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, se adoptaron diversos criterios en relación con el citado artículo 213 de la abrogada Ley de Amparo; sin embargo, éstos ya no resultan obligatorios para el Poder Judicial de la Federación; ello con fundamento precisamente en el artículo sexto transitorio de la ley de la materia que invocan los inconformes y que dice: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley", pues en el caso existe oposición en virtud de que la vigente ley de amparo no establece la citada figura de representación agraria sustituta. Apoya lo anterior, la tesis aislada (V Región) 1o.9 A (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, que se comparte, con número de registro: 2019801, cuyo texto y rubro son los siguientes: REPRESENTACIÓN SUSTITUTA EN EL AMPARO EN MATERIA AGRARIA. CARECE DE LEGITIMACIÓN QUIEN PROMUEVE EL JUICIO CONSTITUCIONAL EN LA VÍA INDIRECTA CON BASE EN ESA FIGURA JURÍDICA, AL NO ESTAR PREVISTA EN LA LEY DE LA MATERIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La representación sustituta en materia agraria, prevista en el artículo 213, fracción II, de la Ley de Amparo, abrogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, legitimaba a cualquier ejidatario y/o comunero perteneciente a un núcleo de población agrario, para promover el juicio constitucional en defensa de éste, en caso de que el comisariado ejidal o de bienes comunales no lo hiciere dentro del plazo de quince días. Por otra parte, el legislador ordinario, en ejercicio de su libertad de configuración, suprimió esa forma de representación en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 del mes y año indicados. Por tanto, ante su inexistencia, en los asuntos regidos conforme a la legislación actual, los ejidatarios y/o comuneros de un núcleo agrario carecen de legitimación para promover el juicio de amparo indirecto con base en esa figura jurídica. No es óbice a lo anterior, que los impetrantes de amparo, pretende se sostenga jurídicamente la procedencia de la demanda de amparo, en la tesis aislada I.15o.A.66 A, del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con rubro: REPRESENTACIÓN SUSTITUTA EN MATERIA AGRARIA. QUIEN PROMUEVE EL JUICIO DE AMPARO EN ESA HIPÓTESIS DEBE ACREDITAR SER EJIDATARIO O COMUNERO DEL NÚCLEO DE POBLACIÓN RELATIVO, DE NO HACERLO, EL JUZGADOR TIENE LA OBLIGACIÓN DE PREVENIR AL PROMOVENTE PARA QUE LO HAGA O RECABAR DE OFICIO EL DOCUMENTO RESPECTIVO, ANTES DE ADMITIR LA DEMANDA. Pues como se señaló en párrafos anteriores, el análisis de la figura de la representación sustituta parte de lo dispuesto en los artículos 213, fracción II, y 214, fracción II, de la Ley de Amparo abrogada, la que en la Ley de Amparo vigente, no se encuentra contemplada, por lo que, el criterio adoptado en la misma, ya no se encontraba vigente, al momento de la presentación de la demanda de amparo. Sin que pase por inadvertido, que similar criterio fue sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al declarar infundado el recurso de queja 191/2014 así como el diverso 147/2019 de la estadística del Tercer Tribunal Colegiado del mismo circuito. DOMICILIO En otro orden de ideas, se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones las listas que se fijan en los estrados de este recinto judicial. AUTORIZADOS. Se tienen por autorizados a las personas que designan en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; asimismo, dígasele que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 15,134 expedientes
- Abel Benítez Piña885/2020
- Abel Benítez Piña648/2018
- Abel Casas Hernández1402/2016
- Abel Contreras Aceves1604/2016
- Abel Contreras Aceves906/2014
- Abel Doran Rosales1291/2014
- Abel Flores Treviño1429/2014
- Abel García Esquivel1629/2022
- Abel González Palacios1595/2017
- Abel Hernández Medel1414/2019
- Abel Hernández Palacios1602/2022
- Abel Hernández Ramírez707/2017