Abel Contreras Aceves
Expediente 1604/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1604/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 07/12/2016
Partes del expediente
- Abel Contreras Aceves
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Toluca, Estado de México, siete de diciembre de dos mil dieciséis. Agréguese la razón suscrita por la Actuaria Federal de la adscripción, por medio de la cual señala la imposibilidad para notificar al quejoso el proveído de treinta de noviembre de dos mil dieciséis, por lo que ahí menciona. En consecuencia, notifíquese a la citada parte, dicha determinación, mediante lista de acuerdos que se publique en los estrados de este Juzgado, y reitéresele que hasta en tanto no señale un domicilio procesal donde se le pueda localizar prontamente y dentro de la residencia de este Órgano Jurisdiccional (municipio de Toluca), o en su defecto dentro de la zona conurbada de este Juzgado (municipio de Metepec, en el Estado de México); esta determinación, así como las subsecuentes que le resulten de carácter personal, le serán notificadas mediante lista de acuerdos que se publique en los estrados de este Juzgado. SE NOTIFICA AL QUEJOSO EL PROVEÍDO DE TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS POR MEDIO DELITSTA: "Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo, carece de relevancia documental. Finalmente, de conformidad con el último párrafo del punto undécimo del Acuerdo General Conjunto 1/2009 en cita dese vista al quejoso, para que dentro del término de noventa días, por sí o por medio de autorizado para tal efecto, comparezca ante este órgano jurisdiccional, a recibir los documentos que exhibió en autos, apercibido que de no hacerlo así dentro del plazo otorgado, podrán serán destruidos junto con éste.
- Principal
Toluca, Estado de México, treinta de noviembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo, carece de relevancia documental. Finalmente, de conformidad con el último párrafo del punto undécimo del Acuerdo General Conjunto 1/2009 en cita dese vista al quejoso, para que dentro del término de noventa días, por sí o por medio de autorizado para tal efecto, comparezca ante este órgano jurisdiccional, a recibir los documentos que exhibió en autos, apercibido que de no hacerlo así dentro del plazo otorgado, podrán serán destruidos junto con éste.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintisiete de octubre de dos mil dieciséis.SE AGREGA OFICIO. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, por el cual remite copia certificada de la resolución de trece de octubre de dos mil dieciséis, dictada en autos del conflicto competencial 4/2016-II, suscitada entre el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Quintana Roo y el Juez Decimoprimero de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez; ello en cumplimiento al requerimiento formulado mediante proveído de ocho de junio del año en curso.INCOMPETENCIA. En esas condiciones; con fundamento en el primer párrafo del artículo 37 y 48 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional declara carecer legalmente de competencia para conocer del presente asunto, por las razones que a continuación se exponen:La promovente de la demanda refirió como autoridades responsables y actos reclamados:AUTORIDADES RESPONSABLES. ORDENADORAS:1. Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Quintana Roo.EJECUTORAS: 1. Director del Centro de Reinserción Social de esta Ciudad de Cancún Quinta Roo. 2. Subdirector de Investigaciones Técnicas de la Subprocuraduría General de Justicia del Estado. 3. Director General de Prevención y Readaptación Social de la Secretaria de Gobernación.DE LA AUTORIDAD ORDENADORA: 1. EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN, dictado en contra de la suscrita con fecha seis de mayo del año dos mil dieciséis, dentro de la Causa Penal 17/2015, como probable responsable en la comisión del Delito de Defraudación Fiscal previsto, por el artículo 108 párrafo primero, sancionado en el artículo 108, párrafo cuarto, fracción III, todos del Código Fiscal de la Federación; hechos que tuvieron su desarrollo en el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución según se describen en autos y por el cual el representante social ejercito acción penal en contra de la suscrita. 2. La resolución de once de junio de dos mil quince, que contiene la orden de aprehensión en contra de la suscrita, como probable responsable en la comisión del delito de defraudación fiscal, previsto por el artículo 108 párrafo primero, sancionado en el artículo 108, párrafo cuarto, fracción III, todos del código fiscal de la federación.DE LAS AUTORIDADES EJECUTORAS RECLAMO:EL CUMPLIMIENTO Y LA INMINENTE EJECUCIÓN del auto de formal prisión antes citado.Una vez sentado lo anterior, cabe establecer que del análisis del principio general contenido en el numeral 37 de la ley de la materia, revela las reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber:Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado.Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda.Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.Ahora, lo que distingue a las dos primeras reglas competenciales, que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, no es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que ello ocurra en la jurisdicción de uno o de varios Jueces de Distrito, pues la primera regla se refiere a todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se efectúe en una jurisdicción.Tal y como lo refirió la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que versa:COMPETENCIA EN UN JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMAN DIVERSOS ACTOS, DE LOS QUE SOLO UNO TIENE EJECUCIÓN. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE TENGA JURISDICCIÓN EN DONDE SE DA TAL EJECUCIÓN. (9ª Época, S. J. F., Tomo IX, Marzo de 1992, pág. 19)En cambio, la segunda se refiere a la ejecución en dos distritos diferentes al precisar que el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, en cuyo caso conocerá cualquiera de los jueces, a prevención, tal y como lo dispuso la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis, cuyo rubro y texto versan:COMPETENCIA. EL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVIENE CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS COMENZARON A EJECUTARSE EN SU JURISDICCIÓN O CONTINÚAN EJECUTÁNDOSE EN ELLA, DEBE ENTENDERSE QUE ES AQUEL ANTE QUIEN INICIALMENTE SE PRESENTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. (9ª Época, S. J. F., Tomo VI, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1990, pág. 148)La tercera regla prevé el caso en el que el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, lo que da competencia al Juez de Distrito donde se presente la demanda.Ahora, por principio de cuentas debe decirse que, ha sido criterio del Máximo Tribunal de la Nación que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, siendo en éste donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido; en ese sentido se considera que el juez de Distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez del proceso penal.En ese orden de ideas, se hace notar que la Magistrada del Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito, el trece de octubre de dos mil dieciséis, declaró competente para conocer y resolver de la causa penal 17/2015, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, al Juez Decimoprimero de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, autoridad que aunque no se encuentra señalada como responsable, no reside dentro de la demarcación territorial en la que es legalmente competente este juzgado de Distrito, resultando ser un hecho notorio que dicha autoridad tiene su residencia dentro de la demarcación territorial en la que ejercen jurisdicción los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez.En efecto, de conformidad con lo que prevé el Acuerdo 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, es evidente que este juzgado resulta carecer de competencia legal para conocer de la controversia que se le plantea y estima competente a un Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, pues es dentro de su jurisdicción donde reside el juez que conoce del proceso.Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente:COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. (10ª Época; S. J. F. y su Gaceta; 1ª. Sala; Tomo 3; Libro III, Diciembre de 2011, pág. 2183)Robustece lo anterior, el hecho de que de la demanda de amparo, se colige que la directa quejosa, con motivo del dictado de la orden de aprehensión dictada en la causa penal de la que deriva el auto de bien preso, actualmente se encuentra gozando de su libertad provisional bajo caución, al haber depositado fianza para garantizarla.Así las cosas y toda vez que el juez del proceso no reside dentro de la demarcación territorial en la que es legalmente competente este juzgado de Distrito, máxime que no existe acto de ejecución material en esta jurisdicción, con fundamento en los numerales 37 y 48 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, remítase la demanda de garantías, al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, para los efectos que señala el segundo de los preceptos legales invocados, solicitándole se sirva enviar el acuse de recibo correspondiente, precisando si acepta o no la competencia planteada.Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y con copia del escrito inicial de demanda, así como del presente proveído, fórmese cuaderno de antecedentes respectivo.Notifíquese.Así lo proveyó y firma el licenciado José Jiménez Sarmiento, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/6258/2016, de dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa asistido ante el licenciado Óscar Jesús Segundo Suárez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE ACUERDO: Visto el inciso a) de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo, haciendo manifestación al respecto, únicamente la parte quejosa, mediante el escrito identificado con el número 18119; en tal virtud, este órgano jurisdiccional procede a pronunciarse con base en los elementos que obran en el expediente, así como los datos aportados por la autoridad vinculada con su acatamiento. En primer lugar, se precisa: 1. Que el diecinueve de julio de dos mil dieciséis, se emitió sentencia en el juicio de amparo que nos ocupa, en la cual se otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión (fojas 87 a 101). 2. Resolución que causó ejecutoria el diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, motivo por el cual en esa fecha se requirió el cumplimiento del fallo protector a la autoridad responsable, actuación en la cual se decretaron los apercibimientos estatuidos en los numerales 192, 258 y 267 de la Ley de Amparo (fojas 110 y 111). Así, el cumplimiento de la sentencia de amparo es una cuestión de orden público, lo anterior, con apoyo en la Jurisprudencia, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala: PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO (10ª Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Libro 12, Noviembre de 2014, Materia Común). I. Alcances del estudio. La materia de la presente determinación, conforme a lo previsto por los artículos 196, párrafo tercero, 213 y 214, todos de la Ley de Amparo, consiste en examinar si la ejecutoria se ha cumplido en su totalidad, sin excesos ni defectos, supliendo, en su caso, la deficiencia de la vía y/o de los argumentos hechos valer por el impetrante; de modo tal que se concluya si existe o no materia para la ejecución; todo ello de manera fundada y motivada. Los preceptos antes citados disponen: "Artículo 196. ... La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos." "Artículo 213. En el recurso e incidentes a que se refiere este título, el órgano jurisdiccional de amparo deberá suplir la deficiencia de la vía y de los argumentos hechos valer por el promovente." "Artículo 214. No podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional o no exista materia para la ejecución y así se haya determinado por el órgano jurisdiccional de amparo en resolución fundada y motivada." II. Lineamientos de concesión del amparo y cumplimiento. Este Juzgado de Distrito concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, a fin que se atendieran los lineamientos, respecto de los cuales se ha dado cumplimiento, atento al siguiente análisis: Los efectos de la concesión de amparo son: [.] para el efecto de que el Juez responsable realice lo siguiente: --- 1. Deje insubsistente el auto de formal prisión de dieciocho de abril de dos mil dieciséis, emitido en el proceso penal 35/2010 (antes 193/2003); y, --- 2. Dicte una nueva resolución, en la que con plenitud de jurisdicción, subsane las omisiones e irregularidades en que incurrió y cumpla con los extremos exigidos por el artículo 16, de la Constitución Política de los Estados de los Unidos Mexicanos, atendiendo lo plasmado en esta resolución. --- 3. Cabe señalar que en cuanto a la calificativa "ventaja", la autoridad responsable deberá analizar los testimonios de Andrés Rodolfo Castillo Peña, Manuel Hernández Pérez, Enrique Gutiérrez Rojas, Tomás Acosta Flores, Minerva Ramírez González y Óscar García Pérez, y concluir si tras su confrontación le permiten sostener la citada calificativa de ventaja, es decir, deberá concluir si tras su confrontación existe algún cambio en la mecánica de los hechos imputados y si en su caso existe alguna trascendencia en cuanto a la actualización o no de ventaja. --- Sin que ello implique en modo alguno que al momento de resolver tenga que decretar la libertad del ahora quejoso, pues ello quedará sujeto a la responsabilidad y arbitrio de la propia autoridad responsable. --- Concesión de amparo que se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos al Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social de Lerma, Estado de México, toda vez que no se impugnan por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender del acto reclamado a la autoridad ordenadora. [.] En ese tenor, a través de la misiva 861 de veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma de Villada, Estado de México, comunicó que dejó insubsistente el auto de formal prisión de dieciocho de abril del año en curso, emitido en el proceso penal 35/2010 (antes 193/2003), en el que se dictó formal prisión al quejoso Martín Navarrete García; además, en esa misma fecha, emitió resolución en la referida causa penal, a través de la cual decretó auto de formal prisión contra Martín Navarrete García, por aparecer como probable responsable de la comisión del delito de homicidio calificado cometido en agravio de Fredy Hernández Pérez (occiso), ilícito que se encuentra previsto por los artículos 241, 242, fracción II y 245, fracción II, en relación con los artículos 6, 7, primer hipótesis, 8, fracción I, 9 y 11, fracción I, inciso c), del Código Penal para el Estado de México, en vigor al momento de cometidos los hechos (dos mil tres). Establecido lo anterior, al hacer un análisis de las constancias que integran el juicio en que se actúa, se tuvo presente el límite señalado en la ejecutoria, así como la libertad de jurisdicción que fue otorgado a la autoridad responsable, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional concluye que la autoridad responsable vinculada con la concesión de amparo cumplió con los lineamientos de la sentencia constitucional, pues, como se indicó en el párrafo que antecede la autoridad responsable emitió resolución en la referida causa penal, a través de la cual decretó auto de formal prisión contra Martín Navarrete García, por aparecer como probable responsable de la comisión del delito de homicidio calificado cometido en agravio de Fredy Hernández Pérez (occiso); en la cual, previo análisis de los testimonios de Andrés Rodolfo Castillo Peña, Manuel Hernández Pérez, Enrique Gutiérrez Rojas, Tomás Acosta Flores, Minerva Ramírez González y Óscar García Pérez, tras su confrontación sostuvo la calificativa de la ventaja en el delito de mérito, al concluirse de lo vertido por los atestes de referencia, que el quejoso no corrió ningún riesgo de ser lesionado por su víctima, al no portar ésta ninguna clase de arma, menos algún arma de fuego. Luego, atendiendo al análisis de las constancias de este juicio, es dable concluir que la autoridad responsable, acató los aspectos establecidos en la sentencia dictada por este órgano de control constitucional y cumplió los lineamientos de la ejecutoria de amparo, ya que dictó la resolución correspondiente en la cual cumplió con la ejecutoria de amparo de que se trata. Se afirma lo anterior, pues si bien es cierto, que la parte quejosa al momento de desahogar la vista ordenada con el cumplimiento rendido por la responsable, señaló, en esencia, que en los testimonios mencionados existen contradicciones en la forma en que sucedieron los hechos; además, se advierte que la intención del quejoso Martín Navarrete García no era la de privar de la vida a Fredy Hernández Pérez (occiso), con lo cual sostiene que se desvanece la calificativa agravante de ventaja. Sin embargo, es de precisarse que tales aspectos constituyeron materia de los efectos para los que se concedió la protección constitucional, los cuales, como ya se precisó, fueron estudiados cabal y totalmente por la responsable. En las relatadas circunstancias, al advertirse que la sentencia protectora se observó cabalmente, sin exceso o defecto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida. En ese tenor, con fundamento en el artículo 196, penúltimo párrafo, y 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, así como de la certificación de cuenta, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, del dicho punto, al ser un juicio en el que se concedió el amparo solicitado. c) Que de conformidad con el punto decimoséptimo del acuerdo en cita, se atendió la digitalización de las constancias, las cuales coinciden con su original. En ese sentido, transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y sentencia definitiva, así como, las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar, y en su caso, las concernientes a la violación de ésta. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema de Seguimiento de Expedientes, y en la carátula del juicio en que se actúa.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 15,134 expedientes
- Abed Carbajal Ávila902/2017
- Abel Alfredo Flores Treviño1488/2013
- Abel Benitez Albiter597/2019
- Abel Benítez Piña885/2020
- Abel Benítez Piña648/2018
- Abel Casas Hernández1402/2016
- Abel Contreras Aceves906/2014
- Abel Doran Rosales1291/2014
- Abel Flores MIguel988/2019
- Abel Flores Treviño1429/2014
- Abel García Esquivel1629/2022
- Abel González Palacios1595/2017