Abel Casas Hernández
Expediente 1402/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1402/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/11/2016
Partes del expediente
- Abel Casas Hernández
Actuaciones
- Principal
archivese el expediente como asunto concluido
- Principal
Toluca, Estado de México; veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis. Visto el oficio de cuenta signado por el secretario de acuerdos del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil Penal del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual remite testimonio de la resolución que pronunció dicho órgano colegiado en autos del recurso de queja 142/2016, en la que se resolvió: "ÚNICO. Se declara FUNDADO el recurso de queja interpuesto por ***, en contra del auto de once de agosto de dos mil dieciséis dictado en el juicio de amparo indirecto 527/2016 del índice del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México." Acúsese el recibo correspondiente, se tiene por hecho del conocimiento lo informado por la oficiante, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, como el presente juicio se encuentra suspendido con motivo del recurso de queja 135/2016, se reserva a dar cumplimiento a la ejecutoria que se provee, hasta que se comunique la resolución respectiva.
- Principal
RADICACIÓN. Visto el escrito de demanda de amparo que promueve Abel Casas Hernández, contra actos del Juez Civil de Cuantía Menor de Santiago Tiaguistenco, Estado de México; fórmese expediente y, regístrese bajo el número que le corresponda. INCOMPETENCIA. Ahora, atento a lo que establecen los artículos 34, 170 y 171 de la Ley de Amparo, se advierte que este órgano jurisdiccional federal carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo que se plantea, en razón de lo que se expone a continuación. El promovente de la demanda refirió como autoridad responsable al Juez Civil de Cuantía Menor de Santiago Tiaguistenco, Estado de México y acto reclamado: ". la sentencia definitiva dictada en el expediente 527/2016, relativo al juicio ejecutivo mercantil planteado en mi contra por el señor MILTON SAMENIEGO AGUILAR, la cual tiene fecha de veinticuatro de agosto del año dos mil dieciséis. (Sic) Además, de la lectura integral de la demanda se advierten las precisiones siguientes: ".por lo que una vez que fui emplazado en forma y se me corrió traslado con copia del escrito inicial de demanda, el suscrito procedí a dar contestación a la misma en tiempo y forma Y EN LA CUAL RECONOZCO DEBER LA SUERTE PRINCIPAL. B) Desde el momento en que el suscrito di contestación a la demanda instaurada en mi contra y en un afán de honestidad manifesté y reconocí que si debo la suerte principal C) En la sentencia definitiva la autoridad responsable cita principios y preceptos legales que prohíben la usura (.)" No obstante lo anterior, en las copias certificadas del expediente 257/2016, relativas al Juicio Ejecutivo Mercantil, que anexó el quejoso, se aprecia que el uno de junio de dos mil dieciséis, se le emplazó a juicio, por lo que dio contestación en su carácter de demandado al juicio natural; finalmente el veinticuatro de agosto del presente año, se dictó sentencia definitiva en el litigio en comento. En virtud de lo que antecede, se aprecia que el gobernado pretende promover juicio de garantías en contra de la resolución de veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis; por lo tanto, la vía que procede contra el acto que reclama es el juicio de amparo directo, siempre y cuando se cumpla el principio de definitividad. Esto es así, en atención a los artículos 107, fracción V, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 170, fracción I, y 176, de la Ley de Amparo, establecen que el amparo directo procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, agrarios, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, y que se entiende por sentencias definitivas, para los efectos antes señalados, las que deciden el juicio en lo principal. Los numerales antes indicados establecen: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: "Art. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: [.] b) En materia administrativa, cuando se reclamen por particulares sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales administrativos o judiciales, no reparables por algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal. En los juicios civiles del orden federal las sentencias podrán ser reclamadas en amparo por cualquiera de las partes, incluso por la Federación, en defensa de sus intereses patrimoniales, y [.] " LEY DE AMPARO: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. [.]" "Artículo 176. La demanda de amparo deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable, con copia para cada una de las partes. La presentación de la demanda ante autoridad distinta de la responsable no interrumpe los plazos que para su promoción establece esta Ley." Por su parte, el artículo 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece: "Artículo 37. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta Ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer: I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate: [.]" De los preceptos legales transcritos se desprende que cuando se trata de sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales laborales, administrativos, agrarios, o judiciales, procede el juicio de amparo directo ante el tribunal colegiado de circuito competente, siempre y cuando contra esas determinaciones no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificadas o revocadas. Es decir que el juicio de amparo directo procede en dos supuestos: a) En contra de sentencias definitivas o laudos; y, b) En contra de resoluciones que ponen fin al juicio. En ambos casos, dichos actos deben ser dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados. En el primer supuesto, que es el que en el caso interesa, de acuerdo con el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, mencionado, se entiende por sentencia definitiva aquella que decide el juicio en lo principal. Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado en diversas tesis que sólo se consideran sentencias definitivas las que, versando sobre la materia misma del juicio, resuelven la controversia principal, estableciendo que sea lo que haya motivado la litis y condenen o absuelvan, según proceda, en forma que la materia misma del juicio quede ya definitivamente juzgada por la autoridad común. Esta definición de la expresión "sentencia definitiva" nos lleva al concepto de juicio, al establecer que éstas son las que "deciden el juicio en lo principal". En razón de lo anterior, es aplicable en la Jurisprudencia P./J. 6/2016, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 95, Libro 17, abril de 2015, Tomo 1 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2008791, que a la letra dice: TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." De la jurisprudencia en cita, se advierte, en lo que interesa, que el Máximo Tribunal Constitucional, señaló que: Que los Tribunales Colegiados de Circuito son competentes para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, aun cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley como procedente en su contra. Que conforme con la normatividad sobre la procedencia de tramitación del amparo en la vía directa, o sea atendiendo que los artículos 107, fracción VI, de la Constitución General, 2o., y 170, fracción I, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, revelan que la vía directa de tramitación del juicio de amparo es procedente contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, en el entendido de que se debe entender por sentencias definitivas o laudos, las que decidan el juicio en lo principal. Asimismo, es aplicable la Jurisprudencia publicada en la página 95, libro 17, abril de 2015, tomo 1, Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." En ese orden, tomando en consideración que la demanda de amparo que nos ocupa, se promovió en contra de la sentencia emitida el veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, por el Juez Civil de Cuantía Menor de Santiago Tiaguistenco, Estado de México; se estima que la misma debe ser combatida mediante amparo directo, que habrá de substanciarse y resolverse por un Tribunal Colegiado de Circuito, en turno, conforme a lo previsto por el artículo 170, fracción I de la ley de la materia. Por lo tanto, el acto reclamado por el quejoso, es la sentencia que resolvió el fondo del asunto, tal como lo manifiesta en su demanda y se aprecia de la copias que anexa a la misma, por lo cual dicha resolución no podría ser analizada por este órgano jurisdiccional por carecer de facultades emanadas por el derecho vigente, ya que el acto reclamado en esta instancia constitucional, es de aquéllas que dada su naturaleza debe impugnarse en amparo directo, pues conforme a los criterios citados constituye una determinación que resolvió en lo principal el juicio natural, en términos del artículo 170, fracción I de la Ley de Amparo. Por todo lo anterior, se estima que el Tribunal Colegiado en materia Civil del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, Estado de México, en turno, es quien resulta competente para conocer del juicio de amparo promovido por Abel Casas Hernández, en términos de la regla de competencia del artículo 34, párrafo tercero de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el numeral 47 de la Ley de la materia, este órgano constitucional se declara legalmente INCOMPETENTE para conocer la demanda de garantías en cuestión. Sirve de sustento el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, visible en la página 2102, Libro 18, mayo de 2005, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que menciona: "AMPARO DIRECTO. EL HECHO DE QUE CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA O RESOLUCIÓN QUE PUSO FIN AL JUICIO PROCEDA UN RECURSO ORDINARIO Y ÉSTE NO SE AGOTE PREVIO A LA PROMOCIÓN DE AQUÉL, INCIDE EN LA PROCEDENCIA DEL JUICIO Y NO EN LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 16/2003). El artículo 170, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, establece que por sentencias definitivas o laudos se entenderá los que decidan el juicio en lo principal, y por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido. Por su parte, el artículo 46 de la ley de la materia abrogada señalaba como requisito sine qua non para la procedencia del juicio de amparo directo, que contra la sentencia definitiva o resolución que le pusiera fin al juicio, las leyes comunes no concedieran recurso ordinario alguno, por virtud del cual pudieran ser modificadas o revocadas. En ese tenor, la recta intelección del mencionado numeral de la ley vigente lleva a considerar que el hecho de que contra la sentencia definitiva o resolución que puso fin al juicio reclamada, proceda un recurso ordinario y éste no se agote previo a la promoción del amparo, incide en la procedencia del juicio y no en la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito; por tanto, dicho órgano jurisdiccional tiene competencia para declarar la improcedencia de la demanda de amparo, conforme al numeral 61, fracción XVIII, por inobservancia al principio de definitividad, que lo obliga a decretar el sobreseimiento en el juicio en términos del diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. En tal virtud, en el nuevo contexto normativo, atendiendo al artículo sexto transitorio de la nueva ley, es inaplicable la jurisprudencia P./J. 16/2003, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, julio de 2003, página 10, de rubro: "AMPARO DIRECTO. SI EL ACTO QUE SE RECLAMA NO ES UNA SENTENCIA DEFINITIVA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, DEBERÁ DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LA DEMANDA AL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA.", pues el escenario jurídico conforme al cual se generó dicho criterio ya no es igual al que aparece en la ley vigente, en tanto que en ésta, la definitividad, que era de singular importancia para establecer la competencia, se fijó como un aspecto no de ésta, sino de la procedencia del juicio." RIMÍTASE LA DEMANDA DE AMPARO AL ÓRGANO JURISDICCIONAL COMPETENTE. En tales condiciones, remítase al Tribunal Colegiado en materia Civil del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, Estado de México, en turno, el expediente registrado en este juzgado bajo el número 1402/2016, para que sirva determinar lo conducente, y solicítese atentamente la confirmación de dichas constancias. En apoyo a lo antepuesto, es aplicable en lo conducente la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, cuyo rubro es del tenor siguiente: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO DE SU ANÁLISIS SE ADVIERTE QUE SE RECLAMAN UNA SENTENCIA DEFINITIVA, ASÍ COMO LAS VIOLACIONES A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 172, FRACCIONES I Y VI, DE LA LEY DE LA MATERIA, QUE SE PRESENTÓ DENTRO DEL PLAZO DE 15 DÍAS Y EL QUEJOSO FUE PARTE EN EL PROCEDIMIENTO DE ORIGEN, DEBE CONSIDERARSE QUE HUBO ERROR EN LA VÍA Y ORDENAR QUE SE TRAMITE EN LA DIRECTA. (10 Época, S. J. F., Tomo III, Materia Común, Marzo de 2015). FORMACIÓN DE CUADERNO DE ANTECEDENTES. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y con copia de las constancias necesarias fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. DOMICILIO. Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso el señalado en el proemio de su demanda. AUTORIZADOS. De acuerdo a la reforma del artículo 12 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio del año en curso, se tiene por autorizados en términos amplios a las personas respecto de las cuales se haya cumplido con los extremos previstos en su segundo párrafo; es decir, aquellas que acrediten encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, y se hayan proporcionado los datos correspondientes. De igual forma, se autoriza en términos restringidos a las mencionadas si no se cumplió con dichos requisitos, determinación que subsistirá hasta en tanto se efectúen dichas acotaciones HABILITA ACTUARIO. Como lo refiere el ordinal 21 de la Ley de Amparo, se habilita al actuario de esta adscripción para que realice las notificaciones que surjan con motivo de la tramitación del presente juicio en horas y días inhábiles, medida adoptada para eficientar las labores de este órgano de control constitucional. PROTECCIÓN DE DATOS. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la a reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda su solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testaran las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. SISTEMA ELECTRÓNICO Y CONSULTA DE EXPEDIENTES. De la misma forma, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se hace del conocimiento de las partes, que para el caso de que así lo deseen, a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx), podrán imponerse del contenido de los presentes autos, así como promover y recibir notificaciones vía electrónica, quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el segundo párrafo del artículo 14 de dicho Acuerdo, y realicen las promociones correspondientes, además de hacerlo del conocimiento de este órgano jurisdiccional, para lo cual deberán atender al Título Cuarto del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de enero de dos mil quince, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo.
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