Abel Aguirre Solano
Expediente 211/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 9 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 211/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 11/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Abel Aguirre Solano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, once de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión en contra del auto de nueve de marzo de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, sin que lo hubieran hecho; consecuentemente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, archívese el asunto como totalmente concluido. Ahora, en cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, al haberse sobreseído fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; asimismo, una vez que se cumplan tres años al haberse dictado el acuerdo de archivo, se deberá destruirse con posterioridad al ONCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICINCO. En relación a los cuadernos incidentales, en cumplimiento al artículo 21, inciso c), del precitado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, toda vez que se negó a la quejosa la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado, por lo que una vez transcurridos más de tres años se procederá para tales efectos con posterioridad al ONCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICINCO. Asimismo, en cumplimiento al artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, resulta procedente decretar que el duplicado del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, es susceptible de destrucción al existir el original del incidente de suspensión, por lo que una vez transcurridos seis meses se procederá a la destrucción del mismo; por tanto, agréguese copia certificada de este proveído a los cuadernos incidentales. Finalmente, el presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Notifíquese por lista de acuerdos a las partes y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, nueve de marzo de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite constancias con las que acredita que el quejoso Abel Aguirre Solano, el cuatro de los actuales recibió el certificado parcelario 1099948, que ampara las parcelas 520 del poblado San Antonio Limón, municipio de Perote, Veracruz, con motivo de la solicitud de trámite número 30210010431; al respecto, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de la autoridad responsables, las documentales que anexó al oficio que se provee. Ahora, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa reclama del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, lo siguiente: 1. La omisión de expedir y entregarle los certificados parcelarios ordenados en la sentencia de once de febrero de dos mil veintiuno, dictada en el expediente 189/2020, del índice del Tribunal Agrario Distrito 31, con residencia en esta ciudad. En ese tenor, a criterio de la suscrita, se considera que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia a que alude el numeral 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, como se explica a continuación. "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". El precepto invocado prevé como causa de improcedencia del juicio de amparo, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ninguna huella. Por tanto, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado; esto es, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Apoya a lo anterior la jurisprudencia número 2a./J.9/98, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En el caso, el Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, en su informe justificado, así como en el oficio que remitió en alcance al mismo, indicó lo siguiente: 1. Que como lo había señalado el quejoso en su escrito de demanda, el certificado de derechos parcelarios número 1099948, ya se encontraba a su disposición, sin embargo, que con motivo de la pandemia originada por el virus Covid-19, no se había reaperturado las representaciones delegacionales del Registro Agrario Nacional, por lo que se encontraban laborando bajo el esquema de citas; empero, ponían a disposición del quejoso en el módulo de atención a trámites el referido certificado a fin de que acudiera para su recepción. 2. Finalmente, en el acta de comparecencia de cuatro de marzo del año en curso, el aquí quejoso Abel Aguirre Solano, fue notificado que se encontraba a disposición el certificado parcelario número 1099948 y haciéndole entrega del mismo, y éste recibió de conformidad. Documentales que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de amparo, por remisión expresa del numera 2° de la propia ley, se les otorga pleno valor probatorio. En ese contexto, si de lo que se dolía el quejoso era la omisión de expedir y entregarle los certificados parcelarios ordenados en la sentencia de once febrero de dos mil veintiuno, dictada en el expediente 189/2020, del índice del Tribunal Agrario Distrito 31, con residencia en esta ciudad, y acudió a esta instancia constitucional con la pretensión de que se obligara a la autoridad responsable Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, a efecto de que le entregara su certificado parcelario; luego, al existir constancia de la responsable entregó el certificado parcelario número 1099948, y obra en autos el acuse de recibo del mismo por parte del directo quejoso, ello resulta suficiente para concluir que cesaron los efectos del acto reclamado. Es aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese contexto, como se anticipó, en la especie se actualiza la causa de forma manifiesta e indubitable la improcedencia invocada, prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ello, de conformidad con lo dispuesto por la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento legal, debe decretarse el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN ESTE JUICIO DE AMPARO. Es orientadora, por los razonamientos que contiene, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, de rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO". En esa tesitura, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL ONCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Por tanto, dense los avisos de rigor; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y en su oportunidad archívese el asunto como definitivamente concluido. Sin que la anterior determinación deje a la parte quejosa en estado de indefensión, ya que al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada en párrafos que anteceden, no tendría un resultado distinto la presente determinación ni aun celebrándose la audiencia constitucional; es decir, el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Finalmente, conviene indicar que no obsta para el sobreseimiento decretado, el hecho de que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no fue posible advertir su improcedencia, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que remitió la autoridad responsable al rendir su informe justificado, de tal suerte que la admisión de la demanda de amparo no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos, puesto que este Juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Al respecto, es ilustrativa la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se transcribe enseguida: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA. El hecho de que el Juez de Distrito haya admitido la demanda, en forma alguna le impide el analizar en su sentencia si existen o no motivos de improcedencia, toda vez que el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo establece que debe desecharse de plano la demanda cuando de ella misma se pudiera advertir de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia, mas dicho numeral de ninguna manera impide que, admitido dicho ocurso, el Juez Federal pueda ocuparse de la causal de improcedencia que quede evidenciada en el transcurso del juicio de garantías." Notifíquese personalmente al quejoso, y mediante oficio, a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional y a la autoridad responsable.
- Principal
ACTUARIO.- SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: Xalapa-Enríquez, Veracruz, nueve de marzo de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite constancias con las que acredita que el quejoso Abel Aguirre Solano, el cuatro de los actuales recibió el certificado parcelario 1099948, que ampara las parcelas 520 del poblado San Antonio Limón, municipio de Perote, Veracruz, con motivo de la solicitud de trámite número 30210010431; al respecto, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de la autoridad responsables, las documentales que anexó al oficio que se provee. Ahora, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa reclama del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, lo siguiente: 1. La omisión de expedir y entregarle los certificados parcelarios ordenados en la sentencia de once de febrero de dos mil veintiuno, dictada en el expediente 189/2020, del índice del Tribunal Agrario Distrito 31, con residencia en esta ciudad. En ese tenor, a criterio de la suscrita, se considera que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia a que alude el numeral 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, como se explica a continuación. "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". El precepto invocado prevé como causa de improcedencia del juicio de amparo, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ninguna huella. Por tanto, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado; esto es, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Apoya a lo anterior la jurisprudencia número 2a./J.9/98, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En el caso, el Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, en su informe justificado, así como en el oficio que remitió en alcance al mismo, indicó lo siguiente: 1. Que como lo había señalado el quejoso en su escrito de demanda, el certificado de derechos parcelarios número 1099948, ya se encontraba a su disposición, sin embargo, que con motivo de la pandemia originada por el virus Covid-19, no se había reaperturado las representaciones delegacionales del Registro Agrario Nacional, por lo que se encontraban laborando bajo el esquema de citas; empero, ponían a disposición del quejoso en el módulo de atención a trámites el referido certificado a fin de que acudiera para su recepción. 2. Finalmente, en el acta de comparecencia de cuatro de marzo del año en curso, el aquí quejoso Abel Aguirre Solano, fue notificado que se encontraba a disposición el certificado parcelario número 1099948 y haciéndole entrega del mismo, y éste recibió de conformidad. Documentales que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de amparo, por remisión expresa del numera 2° de la propia ley, se les otorga pleno valor probatorio. En ese contexto, si de lo que se dolía el quejoso era la omisión de expedir y entregarle los certificados parcelarios ordenados en la sentencia de once febrero de dos mil veintiuno, dictada en el expediente 189/2020, del índice del Tribunal Agrario Distrito 31, con residencia en esta ciudad, y acudió a esta instancia constitucional con la pretensión de que se obligara a la autoridad responsable Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, a efecto de que le entregara su certificado parcelario; luego, al existir constancia de la responsable entregó el certificado parcelario número 1099948, y obra en autos el acuse de recibo del mismo por parte del directo quejoso, ello resulta suficiente para concluir que cesaron los efectos del acto reclamado. Es aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese contexto, como se anticipó, en la especie se actualiza la causa de forma manifiesta e indubitable la improcedencia invocada, prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ello, de conformidad con lo dispuesto por la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento legal, debe decretarse el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN ESTE JUICIO DE AMPARO. Es orientadora, por los razonamientos que contiene, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, de rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO". En esa tesitura, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL ONCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Por tanto, dense los avisos de rigor; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y en su oportunidad archívese el asunto como definitivamente concluido. Sin que la anterior determinación deje a la parte quejosa en estado de indefensión, ya que al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada en párrafos que anteceden, no tendría un resultado distinto la presente determinación ni aun celebrándose la audiencia constitucional; es decir, el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Finalmente, conviene indicar que no obsta para el sobreseimiento decretado, el hecho de que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no fue posible advertir su improcedencia, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que remitió la autoridad responsable al rendir su informe justificado, de tal suerte que la admisión de la demanda de amparo no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos, puesto que este Juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Al respecto, es ilustrativa la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se transcribe enseguida: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA. El hecho de que el Juez de Distrito haya admitido la demanda, en forma alguna le impide el analizar en su sentencia si existen o no motivos de improcedencia, toda vez que el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo establece que debe desecharse de plano la demanda cuando de ella misma se pudiera advertir de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia, mas dicho numeral de ninguna manera impide que, admitido dicho ocurso, el Juez Federal pueda ocuparse de la causal de improcedencia que quede evidenciada en el transcurso del juicio de garantías." Notifíquese personalmente al quejoso, y mediante oficio, a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional y a la autoridad responsable.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, siete de marzo de dos mil veintidós. Téngase por rendido el informe justificado de la autoridad responsable denominada Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo con conocimiento de las partes, agréguese para que surta sus efectos legales procedentes, sin perjuicio de hacer relación del mismo en la audiencia constitucional. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba de su parte la documental que anexó a su informe, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional. Por otro lado, como lo solicita la autoridad responsable, ténganse como domicilio y delegados a los mencionados en su informe, para los efectos legales procedentes, de conformidad con lo estipulado por el numeral 9, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Finalmente, toda vez que la autoridad responsable en su informe justificado refiere que a efecto de restituir a la parte quejosa Abel Aguirre Solano en el goce y disfrute de su garantía violada, pone a su disposición en el módulo de atención a trámites de esta delegación el certificado de derechos parcelarios número 1099948, por lo que deberá acudir en un horario de diez a catorce horas, de lunes a viernes, para que le sea entregado previa identificación y firma de recibo; en consecuencia, désele vista a fin de que esté en aptitud de acudir ante la responsable para la entrega de su certificado parcelario, previniendo las medidas sanitarias correspondientes dictadas por el Sistema Estatal de Salud. Hecho lo anterior, deberá informarlo a este juzgado para acordar lo que enderecho corresponda. Notifíquese personalmente al quejoso y por lista de acuerdos a las demás partes. Así lo proveyó y firma electrónicamente la licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistida de Uriel Curti Espinosa, secretario que autoriza y da fe.
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