Aarón David Beristain Hernandez
Expediente 250/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 250/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Aarón David Beristain Hernandez
Actuaciones
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, doce de abril de dos mil veintitrés.********************Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el auto de diecisiete de marzo del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda interpuesta por ********************, no fue recurrido por la parte promovente, y que ya ha transcurrido el término que la ley le concede para hacerlo.********************En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes; por lo tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese el asunto como totalmente concluido.********************Ahora, en cumplimiento al artículo 21, inciso d), y penúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, al haberse desechado de plano la demanda de amparo que le dio origen; asimismo, una vez que se cumplan tres años al haberse dictado el acuerdo de archivo, y pasados treinta días de este plazo, se deberá destruir con posterioridad al DOCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTISÉIS.********************Por otro lado, el presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito.********************Notifíquese por lista de acuerdos.
- Principal
Notifíquese personalmente al promovente.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÒN I, INCISO C), NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DE LA SIGUIENTE DETERMINACION: "FACULTAD DE DESECHAR LA DEMANDA ANTE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. En principio conviene destacar que los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, establecen que dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite, para ello deberá examinar el escrito de demanda con la finalidad de advertir si existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de ser el caso, se desechará de plano la demanda de amparo, sin suspender el acto reclamado, por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. Sobre el tema, cabe precisar que de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, Editorial Espasa, Vigésima Primera Edición, Tomo II, página 1309, por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es, es decir, que aun y cuando se admitiera la demanda fuera posible desvirtuar con probanzas la causa de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de...ACTO RECLAMADO. Ahora, considerando lo anterior y los datos señalados en la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa reclama lo siguiente:.... INTERPRETACIÓN DE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Este órgano de control constitucional advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el diverso artículo 1°, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente:...Como se advierte de la anterior transcripción, las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo, son las siguientes: 1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular; 2. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad;3. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, y; 4. Que para emitir dichos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Con base en lo expuesto, el Máximo Tribunal de la Nación consideró que de acuerdo con la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo, todos ellos apuntan a sostener que éste es improcedente contra actos de particulares, o contra actos que aun siendo emitidos por una autoridad, no afectan por sí y ante sí, ni de manera unilateral crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas concretas en perjuicio de los gobernados; de lo que se sigue, haciendo una interpretación en sentido contrario, que para analizar la procedencia del juicio, debe atenderse a la naturaleza del acto para determinar si goza de los atributos antes mencionados. Para definir este aspecto, conforme al criterio de la actual integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo debe concebirse en razón de la naturaleza jurídica de las relaciones de "supra a subordinación" surgidas entre las autoridades y los gobernados, y entre particulares, cuando se realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos señalados, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En otras palabras, de acuerdo con los lineamientos establecidos en los criterios jurisprudenciales en consulta, resulta conveniente atender al viejo concepto de las relaciones jurídicas que existen entre el Estado y los particulares, al tenor de los conceptos que proporciona la Teoría General del Derecho, es decir, conforme a los tipos de relaciones jurídicas que derivan de la actuación del Estado y sus órganos, a saber: las de coordinación, las de supra a subordinación, y las de supraordinación. De acuerdo con esa teoría, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó que las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano; es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral, entre otras. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, pues si ambas están en el mismo nivel, entonces existe una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Dicho en otras palabras, las relaciones de coordinación son los vínculos que se entablan por una diversidad de causas, entre dos o más personas físicas o morales, en su calidad de gobernados, o incluso, entre el Estado y los particulares, sólo que en este supuesto el Estado se desapodera de su facultad de imperio y actúa con los particulares en el plano del derecho privado, es decir, como si se tratara de un particular. En cambio, las relaciones de "supra a subordinación" son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado; entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales que protegen derechos humanos como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estas breves precisiones ponen de manifiesto que la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la Nación concluyó que para definir el concepto de autoridad, para efectos del juicio de amparo, debe atenderse a si la relación que se somete a la decisión de los órganos de control constitucional de amparo se ubica dentro de las denominadas de "supra a subordinación", la cual tiene como presupuesto, según ha quedado explicado, que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Con base en las precisiones anteriores es posible deducir que para definir el concepto de autoridad responsable, se debe analizar, primeramente, si el acto reclamado se realizó con fundamento en una ley de origen público, si la autoridad ejerce un poder jurídico que afecte por sí y ante sí, y de manera unilateral cree, modifique o extingue situaciones jurídicas concretas en perjuicio del quejoso y, consecuentemente, si su actuación se ubica dentro del plano de "supra a subordinación", con lo cual existiría autoridad responsable. Expuesto lo anterior, resulta evidente que tal acto combatido, consistente en: "El corte en el suministro de energía eléctrica en el establecimiento ubicado en la avenida araucarias número 290, en el fraccionamiento popular indeco ánimas, en la ciudad de Xalapa, Veracruz, con número de servicio 817190701456 y número RMU 91196 19-07-06 BEHA-850318 005 CFE, efectuado por supuesto personal de la Comisión Federal de Electricidad, el día 15 de febrero del año en curso, constituyendo dicho actuar un acto de inconstitucionalidad e convencionalidad, al no ser brindada una explicación o justificación, ni al haber sido entregado documento alguno fundado y motivado una vez realizado el corte de dicho suministro." No puede considerase como acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que la relación entre las autoridades responsables y el aquí quejoso es de coordinación, derivada del contrato de adhesión que celebraron; por ende, no actúan como autoridad responsable al realizar el corte de energía eléctrica. En efecto, el acto reclamado es inherente a los derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares, siendo que el corte de luz realizado en el domicilio de la parte quejosa, deriva del uso de energía eléctrica de acuerdo a las condiciones generales para la prestación de ese suministro, lo cual no genera que la relación de coordinación existente entre las partes se transforme en una de supra a subordinación, pues sólo implica el ejercicio del legítimo derecho de retención de la prestación como cualquier relación contractual ante el incumplimiento de alguna de las partes, como sucede tratándose de contratos privados de adhesión, en materia de seguros, telefonía, tarjetas de crédito, entre otros, por tanto, las cuestiones derivadas de su cumplimiento, son de naturaleza comercial y por ello las controversias suscitadas entre las partes deben decidirse en la vía ordinaria correspondiente, no en una instancia extraordinaria de amparo. Sin que dicho razonamiento implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, pues se insiste, tiene a su alcance los tribunales del orden común en la vía correspondiente, a fin de poder solucionar la cuestión relativa al acto que la quejosa aduce le causa un agravio ... Por otro lado, es de señalar que constituye un hecho notorio para la suscrita, de conformidad con lo que establece el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la resolución emitida en el recurso de queja 220/2022, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, en la que se determinó: ". Resulta evidente que al existir jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se dirimió el punto de controversia, declarando que la Comisión Federal de Electricidad, no es autoridad para efectos del juicio de amparo contra actos previstos en el contrato de suministro de energía eléctrica, pues los mismos no pueden considerarse como emanados de una relación de supra a subordinación, sino de un vínculo de coordinación en donde el citado organismo actúa desprovisto de imperio; devienen ineficaces los argumentos que expresan los inconformes, ya que atento a lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia es obligatoria para este Tribunal Colegiado".En consecuencia, resulta notoria e indudable la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el diverso precepto 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo; por ende, de acuerdo con lo que dispone el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la presente demanda de amparo. Asimismo, no está por demás destacar que la presente determinación atiende a lo previsto en el artículo 17 constitucional, toda vez que admitir y dar trámite a la demanda que se plantea a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte quejosa tenga conocimiento del resultado del análisis preliminar de la demanda y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario, pues desde este momento puede acudir a los medios ordinarios para defender sus derechos, no esperando así, el dictado de una resolución en la que se reiteren, sustancialmente, los argumentos contenidos en el presente acuerdo y, por ende, que se le obligue durante todo el tiempo que dure la tramitación del juicio a tolerar los actos que considera lesivos de sus derechos humanos, sin que exista solución para ellos en la presente vía. Finalmente, se precisa que la resolución adoptada por este Juzgado Federal (desechamiento de la demanda, en los términos antes precisados), no vulnera el acceso a la justicia de la parte quejosa ni resulta contraria a los tratados internacionales de derechos humanos y su interpretación jurisprudencial; ya que, como ha sostenido la Primera Sala del Máximo Tribunal, el establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo no constituye una violación en sí misma del derecho de tutela judicial, sino que responde a razones de seguridad jurídica para la correcta administración de justicia..."
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