Abel Cordoba Bonilla
Expediente 3/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 3/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 31/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Abel Cordoba Bonilla
Actuaciones
- Principal
vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha fenecido el término de cinco días que la ley prevé para la interposición del recurso de queja en contra del auto de cinco de enero del año en curso, en el cual se desechó de plano la demanda; en consecuencia con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívense las actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21, fracción d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse desechado la demanda de amparo. Asimismo, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá destruirse con posterioridad al TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTICINCO. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, cinco de enero de dos mil veintidós. EXHORTACIÓN. Conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal -reformado por su similar 25/2020 con relación al periodo de vigencia-, se exhorta a las partes a realizar lo siguiente: I. Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y, II. En la siguiente actuación en la que intervengan, propongan medios de contacto para entablar comunicaciones no procesales, como correos electrónicos, servicios de mensajería instantánea y números telefónicos. Ahora bien, vista la demanda de amparo promovida por **** contra el acto reclamado al Fiscal Regional zona Centro Xalapa, Veracruz, con sede en esta ciudad. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 3/2022-I-B. Al respecto, se acuerda: DETERMINACIÓN SOBRE LA DEMANDA DE AMPARO. En ejercicio de la facultad que a esta juzgadora confiere el artículo 113, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda que dio origen a los presentes autos, conforme a lo que enseguida se expone. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD."; y la tesis al rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO."; que si bien, se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que el solicitante de amparo expuso hechos bajo protesta de decir verdad, lo que presupone la certeza de que sucedieron en la forma que se describen y son aptos para fijar los actos reclamados, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA." PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora, considerando lo anterior y los datos señalados en el capítulo de antecedentes de la demanda de amparo, en concordancia a los anexos de la misma, se advierte que el acto reclamado consiste en: La determinación contenida en el oficio ****, de uno de diciembre de dos mil veintiuno, signado por el Fiscal Regional Zona Centro Xalapa, en la que, no se autoriza la solicitud para llevar a cabo el procedimiento abreviado y proponer la reducción de la pena, en favor del vinculado a proceso Abel Córdoba Bonilla -aquí quejoso-, dentro de la causa penal **** del índice del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Primer Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz. FACULTAD DE DESECHAR LA DEMANDA ANTE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, a letra disponen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". (Lo subrayado es propio). Los dispositivos transcritos establecen, que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, emita la determinación correspondiente, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y anexos, y lo indudable, resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Lo anterior quedó plasmado en la tesis 2a. LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por 'manifiesto' lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por 'indudable', que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." (Lo subrayado es propio). INTERPRETACIÓN DE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Este órgano de control constitucional advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con los diversos numerales 1°, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Cabe precisar, que la disposición imperativa de la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo. Sustenta el anterior argumento, la tesis 2a. XCI/2015, emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, que contempla lo siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA NI RESTRINGE LA ACCIÓN DE AMPARO. El precepto y fracción citados, al establecer que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia Ley de Amparo, no viola el derecho de acceso a la justicia, en virtud de que la hipótesis normativa que contiene, como presupuesto procesal, fue regulada para que los órganos jurisdiccionales que conozcan del juicio tengan la posibilidad de que a través de un enlace armónico con los demás preceptos de la Constitución y de la ley indicada, obtengan una variedad de causas de improcedencia que tienden a evitar el dictado de decisiones de fondo manifiestamente contrarias a la naturaleza del juicio de amparo o contra los principios generales que lo rigen; pero ello no significa que se esté restringiendo la acción de amparo, más bien, al igual que cualquier juicio, son presupuestos procesales que deben cumplirse previo a una decisión de fondo. Mientras que, de los diversos numerales transcritos, se entiende por autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En relación con el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, es oportuno precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que las características que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Acorde a lo antes resaltado, es posible deducir que para definir el concepto de autoridad responsable, se debe analizar, primeramente, si el acto reclamado se realizó con fundamento en una ley de origen público, si la autoridad ejerce un poder jurídico que afecte por sí y ante sí, y de manera unilateral cree, modifique o extingue situaciones jurídicas concretas en perjuicio del quejoso y, consecuentemente, si su actuación se ubica dentro del plano de "supra a subordinación", con lo cual existiría autoridad responsable. Acotada la anterior premisa legal, es preciso destacar los antecedentes que narra el quejoso en su demanda de amparo, con la finalidad de establecer un panorama que, de forma sencilla, permita conocer los acontecimientos que dieron motivo al acto reclamado. El dos de julio de dos mil veintiuno, el quejoso fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y puesto a disposición de la representación social, dando origen a la carpeta de investigación ***** y al proceso penal ****, del índice del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Primer Distrito Judicial, con sede en la congregación de Pacho Viejo, municipio de Coatepec, Veracruz. En escrito de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, el quejoso solicitó a la fiscal Décimo Tercera en la Unidad Integral de Procuración de Justicia, que aperturara el procedimiento abreviado por así convenir a sus intereses, y redujera la pena de los delitos imputados. Al atender dicha solicitud, mediante oficio *****, de uno de diciembre de dos mil veintiuno, el fiscal regional Zona Centro Xalapa, hizo saber al juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Primer Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, con sede en la congregación de Pacho Viejo, municipio de Coatepec, Veracruz, que no autorizó la solicitud del vinculado -*****- al proceso penal ****, de que la Fiscalía solicitara el juez la apertura del procedimiento abreviado y redujera la pena para los delitos de ultrajes a la autoridad, contra la seguridad de tránsito de vehículos, así como narcomenudeo con fines de posesión simple, cometidos en contra del servicio público, la seguridad vial, los medios de transporte y salud pública. (Esta última actuación constituye el acto materia de reclamo en el presente juicio de amparo). Acorde a los antecedentes resaltados, en concordancia con la copia del oficio reclamado, exhibida por el propio quejoso en la demanda de amparo, se obtiene que la actuación reclamada no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Para clarificar lo anterior, es importante definir cuál es el marco jurídico que rige, dentro del proceso penal, la actuación del fiscal que emitió el oficio impugnado. Al respecto, el artículo 20, apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé la posible terminación anticipada del proceso penal, bajo las modalidades que determine la ley, si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito, y si existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación. Además, puntualiza que será en la ley, en la que se establecerán los beneficios que podrán otorgarse a la persona que acepte su responsabilidad en la comisión del delito de que se trate. Por su parte, los artículos 105, fracción V, y último párrafo, 201 y 202, del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen quiénes son los sujetos que intervienen en el procedimiento penal, los requisitos para la procedencia del procedimiento abreviado y el método procedimental que ha de seguir el Ministerio Público en la tramitación de este último ante el Juez de Control. En ese sentido el referido artículo 105, dispone textualmente que, el Ministerio Público es sujeto del procedimiento penal, así como que tiene calidad de parte en los procedimientos previstos en dicho cuerpo legislativo. De igual manera, el diverso numeral 201 citado, contiene los presupuestos que deben cumplirse para la tramitación del procedimiento abreviado, lo que implica, entre otras cosas que sólo si todos esos presupuestos enunciados están plenamente satisfechos, entonces el juez de control admitirá la apertura de dicho procedimiento y procederá al dictado de la sentencia respectiva. Lo anterior encuentra su complemento en el artículo 202 del propio cuerpo de leyes en estudio, el cual establece la oportunidad al Ministerio Púbico para solicitar la reducción de la pena mínima de prisión en el procedimiento abreviado, de donde se ilustra además el método general al que debe ajustarse la actuación del Ministerio Público en la formulación de la solicitud de apertura del procedimiento abreviado y de la reducción de las penas de prisión. Consecuentemente, es la ley adjetiva citada la que otorga categóricamente al fiscal, la facultad de solicitar la apertura del procedimiento abreviado y la reducción de la pena. Es decir, en su calidad de sujeto parte en el procedimiento respectivo, como dispone el artículo 105, fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora, si bien la Constitución Federal incorpora beneficios en la lógica de la terminación anticipada del proceso en el sistema penal acusatorio y oral, también establece que será en la ley secundaria donde se preverán los mismos, acorde al modelo de justicia criminal que diseña la propia Norma Fundamental. De ese modo, los beneficios relativos adquieren una connotación puramente instrumental. Esto es, constituyen medidas adecuadas para generar los resultados y fines que el artículo 20, apartado A, de la Carta Fundamental, adscribe al sistema penal acusatorio. Su función es incentivar que los imputados opten por la "aceptación" voluntaria de la participación, no sólo con el objetivo específico de terminar en forma anticipada el proceso penal, sino para que disfrute de los beneficios legales que procedan, tales como la obtención de penas menos estrictas; previa garantía de reparación del daño a la víctima u ofendido por el delito de que se trate. Empero, lo anterior se actualizará siempre y cuando el fiscal estime la viabilidad jurídica de su solicitud. En efecto, dicha condición constitucional debe verse como una medida adecuada y funcional en la justicia penal. El Ministerio Público valorará discrecionalmente las estrategias que faciliten la terminación anticipada de los procedimientos penales, garantizando la reparación del daño a la víctima del delito, con respeto a los derechos humanos del imputado, como textualmente lo refiere la aludida disposición fundamental. En ese sentido, la petición de apertura del procedimiento abreviado y solicitud de reducción de la pena corresponde en estricto sentido al Ministerio Público, en ejercicio de la política criminal diseñada por el legislador para la delimitación de los beneficios que se prevén con el mismo, obedeciendo a una intención de otorgar plena vigencia al principio democrático de Derecho, dado que las circunstancias en que se desarrollan los procesos penales reflejan cierta dificultad para lograr una justicia pronta, completa y expedita, de conformidad con el texto del numeral 17, párrafo segundo, de la propia Constitución Federal. Por lo anterior, el máximo Tribunal de nuestro País ha establecido que la actuación de los agentes del Ministerio Público, entendida como parte de una misma unidad, como sujetos del proceso penal acusatorio y oral, se verifica en calidad de parte en los procedimientos previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, particularmente en el procedimiento abreviado previsto en los artículos 201 y 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Con lo anterior, no hay duda de que, el fiscal regional Zona Centro Xalapa, carece del carácter de autoridad para efecto de la procedencia del juicio que nos ocupa, no sólo por la génesis de la actuación objeto de esta vía, o sea, la relación de partes que tienen las autoridades ministeriales y el aquí quejoso, dentro del proceso penal respectivo, sino también por la naturaleza del acto, esto es, relacionado con la solicitud para la tramitación del procedimiento abreviado y reducción de la pena, que como se hizo patente corresponde a la propia representación social autorizar en los términos que señala la propia ley adjetiva. En tal virtud, es evidente que, en los casos como este, donde el acto reclamado consiste en la determinación por medio de la cual no se autoriza la solicitud para llevar a cabo el procedimiento abreviado y proponer la reducción de la pena, en favor del vinculado a proceso -en este caso, el aquí quejoso ****-; se está en presencia de una relación de coordinación entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano, es decir, de igualdad, cuya nota distintiva es que las partes que se involucran deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas previstas por ellas o contempladas en la ley, hallándose en el propio nivel, puesto que los conflictos que se susciten entre ellos corresponden al ámbito legal de competencia de los órganos competentes. Brinda sustento a lo anterior por identidad de razón, la jurisprudencia 1a./J. 34/2020 (10a.), sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA DE MANERA MANIFESTA E INDUDABLE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 5, FRACCIÓN II (INTERPRETADO A CONTRARIO SENSU) AMBOS DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA NEGATIVA DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, DE REDUCIR LA PENA PREVISTA PARA EL DELITO DE QUE SE TRATE DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL ABREVIADO. Hechos: El Pleno de Circuito y el Tribunal Colegiado contendientes, arribaron a criterios distintos en relación a si la demanda de amparo en la que se reclama la negativa del Ministerio Público de reducir la pena mínima prevista para el delito de que se trata, durante la tramitación del procedimiento especial abreviado, debe desecharse de plano por actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia. Criterio jurídico: Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determina que los juzgadores federales deben declarar la improcedencia del juicio y desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando el acto reclamado consiste en la determinación del Ministerio Público que niega reducir la pena mínima para el delito de que se trate, durante la tramitación del procedimiento especial abreviado, como forma de terminación anticipada del procedimiento penal, en términos de los artículos 201 y 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Justificación: De conformidad con las reglas contenidas en la Ley de Amparo, los órganos de control constitucional se encuentran obligados a examinar integral y exhaustivamente la demanda de amparo y, entre otras alternativas, si fuese el caso de la existencia de una causa manifiesta e indudable de improcedencia, desecharla de plano. Con base en ello, tratándose del acto reclamado mencionado, se actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por los artículos 61, fracción XXIII en relación con el diverso 5o., fracción II (interpretado a contrario sensu) ambos de la Ley de la materia, al no tratarse de un genuino acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, puesto que el numeral 105, fracción V, último párrafo, del mencionado código procesal, reconoce al Ministerio Público como sujeto del procedimiento penal acusatorio y oral, consecuentemente le otorga la calidad de parte en todos los procedimientos previstos en el mencionado cuerpo normativo." Bajo ese contexto, resulta ser improcedente el juicio de amparo en contra del acto reclamado y autoridad señalada como responsable, ya que el actuar de la representación social dentro de la causa penal ****, en la que el directo quejoso tiene el carácter de vinculado (parte procesal), fue realizado bajo su calidad de parte en dicho sumario, de ahí que sus actuaciones, para efectos del juicio de amparo indirecto, no es considerado como genuino acto de autoridad. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En consecuencia, resulta notoria e indudable que se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el diverso artículo 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo; por ende, de acuerdo con lo que dispone el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha la presente demanda de amparo. No se soslaya la existencia de la jurisprudencia 2a./J.54/2012 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. En el auto señalado el Juez de Distrito no está en posibilidad jurídica ni material de precisar si el acto reclamado, consistente en el Acuerdo por el que se autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas, proviene o no de una autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en el escrito inicial de demanda y las pruebas que se acompañen a ésta. Por tanto, el Juez federal no está en aptitud para desechar la demanda de amparo bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa no es evidente, claro y fehaciente, pues se requerirá hacer un análisis profundo para determinar su improcedencia, estudio propio de la sentencia definitiva, razón por la cual debe admitir la demanda de amparo, sin perjuicio de que en el transcurso del procedimiento lleve a efecto el análisis exhaustivo de esos supuestos. En razón de que en el presente caso sí se está en posibilidad jurídica de precisar que el acto reclamado no proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, por los motivos que quedaron expuestos en párrafos que anteceden, aunado a que el Pleno en Materia del Trabajo del Tercer Circuito en la jurisprudencia PC.III.L.J/5L (10a), determinó que el anterior criterio no excluye la posibilidad de que existan casos de excepciona a dicha regla general como lo podían ser aquellos en los que ya este expresamente definidos por jurisprudencia de que una autoridad señalada como responsable no tiene esos efectos para la procedencia del juicio de amparo, lo que en el caso acontece. Se cita como apoyo a lo anterior, los argumentos expuestos en la jurisprudencia PC.III.L.J/5L (10a), sustentada por el Pleno en Materia del Trabajo del Tercer Circuito, de rubro y texto siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada, la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; ahora bien, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando ello no se oponga a la legislación vigente, acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, en virtud de que sería suficiente aplicar el criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la ley citada, lo que debe ser incuestionable y de obvia constatación, para lograr certidumbre de que el caso de improcedencia no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento." A mayor abundamiento, debe decirse que de conformidad con los artículos 20, apartado A, fracción VII, de la Constitución Federal, y 201 y 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales, deriva que la facultad para solicitar la apertura del procedimiento especial abreviado es exclusiva del Ministerio Público y no tutela derecho alguno a favor de los imputados que pueda ser restituido mediante el juicio de amparo, es evidente que estos últimos no cumplen con el presupuesto procesal de estudio preferente para acceder al proceso constitucional autónomo, relativo al interés jurídico y, por tanto, el juicio de amparo resulta improcedente en términos del artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el diverso 5º, fracción I, ambos de la ley de la materia. Sirve de apoyo la tesis aislada número I. 10º. P. 32 p (10ª), sustentada por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Décima Época, Tomo III, abril de 2019, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 2096, del rubro y texto siguientes: "PROCEDIMIENTO ABREVIADO. EL IMPUTADO CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR EN AMPARO INDIRECTO LA DETERMINACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO QUE DECIDE SI PROCEDE EFECTUAR LA SOLICITUD DE SU APERTURA. De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, el proceso constitucional autónomo sólo puede promoverse por la parte a la que le afecte el acto, omisión o ley que se reclama, ya que su objeto es reparar las violaciones que determinado acto de autoridad genera sobre los derechos del quejoso, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos vulnerados. En ese tenor, atento a que de los artículos 20, apartado A, fracción VII, de la Constitución Federal, y 201 y 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales, deriva que la facultad para solicitar la apertura del procedimiento especial abreviado es exclusiva del Ministerio Público y no tutela derecho alguno a favor de los imputados que pueda ser restituido mediante el juicio de amparo, es evidente que estos últimos no cumplen con el presupuesto procesal de estudio preferente para acceder al proceso constitucional autónomo, relativo al interés jurídico y, por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el diverso 5o., fracción I, ambos de la ley de la materia." Bajo ese contexto, también resulta ser improcedente el juicio de amparo en contra del acto reclamado consistente en la determinación contenida en el oficio ****, de uno de diciembre de dos mil veintiuno, emitido en atención a la solicitud realizada por el aquí quejoso, relativa a la viabilidad de celebración y sustanciación de un procedimiento abreviado dentro del proceso penal ****, ya que sostener lo contrario conllevaría reconocer que el quejoso guarda un interés jurídico con dicha determinación, así como que dicho acto representa una afectación real y actual en su esfera jurídica, lo cual, de conformidad con las tesis expuestas, se estima no acontece. En suma, en atención a las razones expuestas, se insiste, lo procedente en el caso es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo intentada. En el entendido de que, la presente determinación atiende a lo previsto en el artículo 17 constitucional, toda vez que admitir y dar trámite a la demanda que se plantea a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte quejosa tenga conocimiento del resultado del análisis preliminar de la demanda y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario, pues desde este momento puede acudir a los medios ordinarios para defender sus derechos, no esperando así, el dictado de una resolución en la que se reiteren, sustancialmente, los argumentos contenidos en el presente acuerdo y, por ende, que se le obligue durante todo el tiempo que dure la tramitación del juicio a tolerar los actos que estima lesivos de sus derechos humanos, sin que exista solución para ellos en la presente vía. COMO AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ****, quien cuenta con el registro 198715, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; mientras que, por autorizados con las restricciones que impone el citado precepto, a **** y ****, toda vez que dentro de la base de datos del referido sistema no aparecen los registros correspondientes, y la parte quejosa no acreditó que contaran con los documentos respectivos. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y NOTIFICACIÓN VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA. Respecto a la solicitud del promovente, se autoriza la realización de las notificaciones vía electrónica, por lo que, se instruye al Oficial Judicial "A", para que realice el registro correspondiente del usuario "****" en el referido sistema, a fin de que la parte quejosa esté en aptitud de ser notificado por esa vía de los acuerdos y resoluciones que ameriten notificarse personalmente; lo anterior en términos de lo dispuesto por el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo; de igual forma, atendiendo a lo antes referido se comisiona a cualquiera de los actuarios de la adscripción para que realicen las habilitaciones correspondientes para que la quejosa esté en condiciones de notificarse de los presentes autos electrónicamente, lo anterior en términos de lo dispuesto por el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Asimismo, cabe señalar que las subsecuentes notificaciones personales se realizarán electrónicamente a través del usuario antes señalado, hasta en tanto la parte quejosa manifieste que desea ser notificado personalmente en el domicilio procesal que también señaló en el proemio de su demanda de amparo. DATOS DE CONTACTO. Por otro lado, se toma conocimiento de los correos electrónicos que señala el ocursante, a través de los cuales se podrá entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza el uso de escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar para copiar o reproducir los acuerdos, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Actuario del juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. DEPURACIÓN. Al concluirse este juicio se procederá conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese vía electrónica al promovente. Así lo resolvió y firma la licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la licenciada Blanca Ofelia Prieto Vega, secretaria que autoriza y da fe.
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