Abel Aarón Martínez Villanueva
Expediente 56/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 10 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 56/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 22/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Abel Aarón Martínez Villanueva
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de junio de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días que establece el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra la resolución de cumplimiento de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, sin que lo hiciera; por tanto, se declara que la citada resolución ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese el presente expediente. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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Ciudad Juárez, Chihuahua; veintinueve de mayo de dos mil dieciocho. VISTO para dictar la resolución de cumplimiento en el expediente de amparo indirecto 56/2018-III, promovido por *****. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. El veintinueve de enero de dos mil dieciocho, en la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, se recibió la demanda promovida por *****. La parte quejosa demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, a quien le reclamó: [.] 4.- ACTOS RECLAMADOS. De los integrantes de la JUNTA ESPECIAL NÚMERO 55 DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, con sede en esta ciudad, reclamo la DENEGATORIA DE JUSTICIA dentro de los autos del juicio laboral expediente 191/2017. [.] SEGUNDO. Concesión de amparo. En proveído de treinta de enero de dos mil dieciocho, se admitió a juicio el amparo 56/2018-III; se solicitó el informe con justificación a la autoridad responsable; asimismo, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente; e integrado que fue el juicio, en lo que interesa a este cumplimiento se celebró la audiencia constitucional el veinte de abril de dos mil dieciocho, en la cual se determinó conceder el amparo, para que la Junta responsable efectuara lo siguiente: 1. Ordene que se formule el proyecto de laudo respectivo y, 2. Ajustándose a lo establecido por los artículos 886, 887, 888, 889 y 890 de la Ley Federal del Trabajo, emita el laudo que corresponda en el juicio laboral 191/2017 de su índice. TERCERO. Firmeza de la sentencia de amparo. En proveído de diez de mayo de dos mil dieciocho, se declaró que la sentencia de amparo había causado ejecutoria, para todos los efectos legales y, como consecuencia de ello, se requirió el cumplimiento respectivo. CUARTO. Determinación emitida por la Autoridad para dar cumplimiento a la ejecutoria. Para dar cumplimiento a los efectos para los que se concedió la protección constitucional solicitada, mediante oficio recibido el dieciséis de mayo de la presente anualidad, la responsable remitió copia certificada del laudo pronunciado el quince del mismo mes y año que transcurre, en el expediente laboral 191/2017, con el que refirió dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Documentales a las que se les confiere valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2°. QUINTO. Vista a las partes. En proveído de dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se dio vista a la parte quejosa personalmente, con el oficio y laudo remitido por la responsable, para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, apercibida de que en caso de no hacer manifestación alguna, se procedería a resolver acerca de dicho cumplimiento. SEXTO. Examen sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria federal. El que suscribe procede a revisar oficiosamente el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida dentro del presente asunto, tomando en cuenta los elementos que existen en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Del análisis comparativo entre los efectos para los que se concedió el amparo a *****, y lo resuelto por la autoridad responsable, se colige que esta última dio cumplimiento a la ejecutoria federal, pues formuló el proyecto de laudo respectivo; y, ajustándose a lo establecido por los artículos 886, 887, 888, 889 y 890 de la Ley Federal del Trabajo, emitió el laudo que corresponde en el juicio laboral 191/2017. Conforme al artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, este Juzgador advierte que al dictar el laudo la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia Por lo expuesto, se declara cumplida la sentencia dictada en este juicio, pues con su actuación, la responsable restituyó al impetrante el goce de los derechos que estimó transgredidos, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, en términos de la fracción I, del artículo 77 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 192, 193, 194, 195, 196, 197 y 198 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se declara que la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de amparo indirecto 56/2018-III, ha quedado cumplida. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa de este proveído, haciéndole saber que en caso de no estar conforme con la presente resolución, podrá actuar según lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley en cita; y por oficio a la Autoridad responsable. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *****, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *****. Doy fe.***
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Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de mayo de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 81 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y del conocimiento de la autoridad responsable la circunstancia anterior. En la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto se otorgó la protección de la Justicia Federal, a la parte quejosa, para efecto de que la Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad: 1. Ordene que se formule el proyecto de laudo respectivo y, 2. Ajustándose a lo establecido por los artículos 886, 887, 888, 889 y 890 de la Ley Federal del Trabajo, emita el laudo que corresponda en el juicio laboral ******* de su índice. En ese sentido, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que quede legalmente notificada de este proveído, remita las constancias con las que acredite el cumplimiento de la sentencia de amparo. Apercibida que de no hacerlo así dentro del término que se señala: a) Con fundamento en el artículo 238, en relación con el diverso 258 de la Ley de Amparo actual, se le impondrá una multa que equivale a cien Unidades de Medida y Actualización, esto es, $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos 00/100 moneda nacional), previstas en el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ; y b) Se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito en esta ciudad, para seguir el trámite de la inejecución de sentencia que puede culminar en la separación de su cargo y su consignación ante los Tribunales de la Federación por la desobediencia cometida. Asimismo, según lo dispuesto por los arábigos 192, párrafo tercero y 194 de la Ley de Amparo vigente, debería de requerirse al superior jerárquico de la autoridad responsable para que ordene a la referida autoridad el cumplimiento de la ejecutoria; sin embargo para efectos de dicho cumplimiento la citada autoridad no tiene superior jerárquico. Resulta aplicable la tesis 2ª./J.36/2011(10ª), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 3515, del Libro IV, Tomo 4, Enero de 2012, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dice: JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo. En razón de lo anterior, se conmina a la Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, para que dentro del término concedido, dé cumplimiento a la sentencia emitida en este amparo, lo cual deberá acreditarlo con las constancias respectivas. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; veinte de abril de dos mil dieciocho. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 56/2018-III, y; RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. El veintinueve de enero de dos mil dieciocho, en la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, se recibió la demanda promovida por **. La parte quejosa demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, a quien le reclamó: 4.- ACTOS RECLAMADOS. De los integrantes de la JUNTA ESPECIAL NÚMERO 55 DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, con sede en esta ciudad, reclamo la DENEGATORIA DE JUSTICIA dentro de los autos del juicio laboral expediente 191/2017. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estima violentados. La parte quejosa señala como derecho vulnerado los contenidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de treinta de enero de dos mil dieciocho, la demanda de amparo se registró con el número 56/2018-III; se solicitó a la autoridad responsable el informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, Constitucionales, 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo vigente y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de una omisión atribuida a una autoridad laboral que tiene su sede dentro del territorio en el que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, así como la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, se precisa que el acto reclamado consiste en: La omisión de la Junta Especial Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, de dictar el laudo en los autos del expediente laboral 191/2017, de su índice, en los términos que establece la Ley Federal del Trabajo. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado el señalado en el párrafo precedente de lo que se procederá a su estudio. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, aplicada en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual forma, es aplicable en idénticos términos, el criterio emitido por la instancia citada, visible en la página 255, Tomo XIX, de Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que estatuye: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe con justificación en representación de la autoridad responsable, la Presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje aceptó la existencia de la omisión atribuida, lo que se corrobora con la copia certificada del acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, dictado en el juicio laboral 191/2017, en el que declaró cerrada la instrucción en dicho juicio y quedaron los autos para la formulación del dictamen correspondiente; documental a la que se le reconoce pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fue expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. En apoyo a lo anterior es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, quinta época, tomo VI, materia común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. En la especie, este Juzgado advierte que, en el caso, no se actualiza la existencia de alguna causa de improcedencia, ni que las partes la hubieran alegado, lo cual impone el análisis del fondo del asunto. QUINTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que se contienen en la demanda de amparo, los cuales se dan por reproducidos en este apartado, en obvio de repeticiones, pues la Ley de Amparo no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisan los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo, se estudian y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis, lo cual no deja en estado de indefensión a la parte quejosa, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXI, de Mayo de 2010, materia común, página 830, del contenido: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. SEXTO. Examen constitucional del acto reclamado. El estudio de los conceptos de violación conduce a este Juzgado Federal a determinar lo siguiente: En la esencia de los motivos de disentimiento, la quejosa arguye la transgresión al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque la responsable ha omitido dictar laudo en el juicio laboral 191/2017, en el término previsto en la Ley Federal del Trabajo. El concepto de violación esgrimido resulta fundado y suficiente para otorgar la protección constitucional solicitada. El artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ordena: [...] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial [...] Del precepto reproducido se desprenden los principios que rigen el derecho fundamental del individuo a la impartición de justicia en nuestro país, siendo estos: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Lo anterior lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 192/2007 plasmada en la página 209 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVI, Octubre de 2007, novena época, del siguiente tenor: ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. Por otro lado, es necesario precisar que los preceptos de la Ley Federal del Trabajo, que contemplan los plazos para la formulación y aprobación del laudo respectivo, son del contenido siguiente: Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del Secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción, y dentro de los diez días siguientes formulará por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo, que deberá contener: I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; II. El señalamiento de los hechos controvertidos; III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y V. Los puntos resolutivos. Artículo 886. Del proyecto de laudo formulado por el auxiliar, se entregará una copia a cada uno de los miembros de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes al de haber recibido la copia del proyecto, cualquiera de los miembros de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que no se hubieren llevado a cabo por causas no imputables a las partes, o cualquiera diligencia que juzgue conveniente para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de aquellas pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas. Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas. Artículo 888. La discusión y votación del proyecto de laudo, se llevará a cabo en sesión de la Junta, de conformidad con las normas siguientes: I. Se dará lectura al proyecto de resolución, a los alegatos y observaciones formuladas por las partes; II. El Presidente pondrá a discusión el negocio con el resultado de las diligencias practicadas; y III. Terminada la discusión, se procederá a la votación, y el Presidente declarará el resultado. Artículo 889. Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta. Artículo 890. Engrosado el laudo, el Secretario recogerá, en su caso, las firmas de los miembros de la Junta que votaron en el negocio y, una vez recabadas, turnará el expediente al actuario, para que de inmediato notifique personalmente el laudo a las partes. De la interpretación sistemática de los preceptos transcritos se deduce que, tratándose del dictado del laudo, el legislador impuso a las Juntas de Conciliación y Arbitraje el cumplimiento y respeto de los plazos siguientes: a) Diez días, contados a partir del siguiente al en que se declare cerrada la instrucción para que el Auxiliar formule por escrito el proyecto de laudo; b) Cinco días para que alguno de los miembros de la junta solicite la práctica de diligencias que considere convenientes; c) Ocho días más para su desahogo, en su caso; d) Diez días para la celebración de la audiencia de discusión y votación del proyecto, a cuyo efecto, el Presidente de la junta deberá citar a los miembros de la misma, diligencia en la cual, si fuese aprobado el proyecto sin modificaciones ni adiciones, se elevará a la categoría de laudo, y se firmará de inmediato; y si se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al Secretario que inmediatamente lo redacte, de acuerdo con lo aprobado, y una vez engrosado, él mismo recabará las firmas de los miembros de la junta, y después se turnará al Actuario para que lo notifique de manera inmediata y personal a las partes. Lo narrado pone de relieve que la responsable no constriñó su actuación a los lineamientos que imponen las normas constitucional y secundaria citadas, con lo que vulneró el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, así como los diversos 885 y 886 de la Ley Federal del Trabajo, en atención a que ha incumplido con la obligación de emitir el laudo respectivo, en el expediente 191/2017 de su índice, a pesar de haber transcurrido los términos fijados en las disposiciones legales antes precisadas. Esto es así, porque el auto que declaró cerrada la instrucción y turnó los autos al Auxiliar para que formulara el proyecto de laudo, fue emitido el veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, por lo que los plazos con que contaba la responsable para ello, a la fecha de la presentación de la demanda (veintinueve de enero de dos mil dieciocho), ya han transcurrido. Además, de las constancias que remitió la responsable se advierte que no se encontraba en el supuesto que contempla el artículo 886 de la Ley Federal del Trabajo, esto es, que dentro de los cinco días hábiles siguientes, al que se le hubiera entregado una copia del proyecto de laudo a cada uno de los miembros de la Junta, éstos hubieran solicitado se practicaran las diligencias que no se hubieren llevado a cabo, o alguna otra causa legal, que pudiera establecer que la Junta responsable válidamente se encontraba en imposibilidad para dictar el laudo correspondiente, viola con su actuar lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en perjuicio de la quejosa. En apoyo de lo anterior, se invoca la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo VII, de marzo de 1998, página 680, del siguiente tenor: LAUDO. CUANDO NO SE DICTA CON OPORTUNIDAD, SE CAUSA AGRAVIO QUE PUEDE REPARARSE EN LA VÍA DE AMPARO INDIRECTO. El simple transcurso del término legal sin que en el juicio se pronuncie el laudo respectivo, irroga perjuicio irreparable a las partes, que las legitima, conforme al artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, para promover demanda de amparo indirecto, buscando la reparación de la violación a la garantía de justicia pronta y expedita que tutela el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, al existir la omisión señalada, en perjuicio del quejoso, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para que, de acuerdo a sus facultades, la Responsable: 1. Ordene que se formule el proyecto de laudo respectivo y, 2. Ajustándose a lo establecido por los artículos 886, 887, 888, 889 y 890 de la Ley Federal del Trabajo, emita el laudo que corresponda en el juicio laboral 191/2017 de su índice. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, primer párrafo, 74, 75, 77, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a **, contra la omisión que atribuyó a la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **. Doy fe.
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