Aaron Sánchez Saldivar y Otros.

Expediente 231/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 15 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2016.

Datos del expediente

Expediente
231/2016
Año
2016
Actuaciones
15
Última actuación
10/08/2016

Partes del expediente

  • Aaron Sánchez Saldivar y Otros.
  • Juez de Garantía del Distrito Judicial Bravos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio *******, que remite el Actuario adscrito al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito , por medio del cual manifiesta que desechó de plano por improcedente el recurso de queja que hizo valer la parte quejosa, en los autos del recurso de queja ******* del índice del tribunal oficiante, asimismo, remite los autos originales del juicio de amparo *******, promovido por ******* y *******. Acúsese recibo, agréguese el cuadernillo de antecedentes en tomo por separado. Por otro lado, visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión, en contra de la resolución de diez de junio del año en curso, sin que se haya presentado promoción alguna en la que se haya interpuesto medio de defensa. Atento a lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 97, fracción I inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo, y en su oportunidad archívese este expediente como asunto concluido. Hágase del conocimiento de las partes que el presente expediente se encuentra dentro de la hipótesis que establece el punto VIGÉSIMO PRIMERO, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que deroga el Acuerdo General conjunto 1/2001, de la misma superioridad. Por ende, conforme con los puntos cuarto, décimo y décimo primero del acuerdo de mérito, una vez que transcurran tres años transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ello, haciendo constar en la carátula que el presente asunto no se trata de información reservada, de la prevista en el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y, las partes no se opusieron a la publicación de su nombre y datos a que alude el artículo 3, fracción III, del ordenamiento legal invocado y que CONSTITUYE ARCHIVO RECIENTE, CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL Y DE VALOR JURÍDICO, NO CONSTAN DOCUMENTOS ORIGINALES, así como que es susceptible de DEPURACIÓN, toda vez que se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados en el presente asunto, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III del invocado punto VIGÉSIMO PRIMERO, del Acuerdo General en mención, por lo que deberán conservarse. Por otra parte, no se actualiza lo previsto en el punto Vigésimo Tercero del Acuerdo en cita, el cual estatuye que no serán objeto de depuración o destrucción, hasta que no venza el plazo previsto en la normativa aplicable, las constancias de un expediente judicial que se hayan determinado como información reservada con motivo de las solicitudes de acceso a la información planteada una vez que en el asunto respectivo haya concluido. En efecto, en el presente expediente no existe información reservada o confidencial en términos de lo previsto en los artículos 13,14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como del numeral 37 del Acuerdo General 84/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las atribuciones de los órganos en materia de transparencia, así como los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, de ahí que no tiene aplicación el precepto legal en cuestión. Finalmente, en virtud de que la parte quejosa no hizo manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto; hágase del conocimiento de las partes que la misma estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, con el nombre y datos personales a que alude el artículo 3, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 22 y 59, párrafo segundo, ambas de la ley en mención. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.*cnv

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; cuatro de julio de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos para que conste como legalmente corresponda el oficio *******, que remite el Actuario adscrito al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que se desechó por improcedente el recurso de queja *******, interpuesto por ******* y *******, en contra de la sentencia de diez de junio del año en curso; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.aec

  3. Principal

    SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de junio de dos mil dieciséis. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 231/2016-II promovido por **** y ****. CONSIDERANDO. PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, turnado a este Juzgado el mismo día, **** y **** demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez de Garantía del Distrito Judicial Bravos y otras autoridades, de quienes reclamó: a) la ejecución de actos que pusieron en peligro la vida de los quejosos; b) la integración de la carpeta de investigación 35931/2015; c) la audiencia de control de detención; d) la audiencia de formulación de imputación; e) la medida cautelar de prisión preventiva decretada en su contra; y, f) el auto de vinculación a proceso. SEGUNDO. Derechos constitucionales que la parte quejosa estimó vulnerados. La parte quejosa señaló como derechos humanos transgredidos los reconocidos en los artículos 1, 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5.1 y 5.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Mediante auto de diecisiete de marzo del año en curso, se previno a los quejosos para que aclararan los actos que reclamaban, entre otros, el auto de vinculación a proceso dictado en su contra, el cual no señalaron como acto reclamado. En proveído de treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, se admitió la demanda de amparo de referencia, quedando registrada bajo el expediente 231/2016-II, del índice de este órgano jurisdiccional, se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se celebró conforme al acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Finalmente, en proveído de cinco de abril de dos mil dieciséis, se tuvo como autoridad inexistente para los efectos del presente juicio de amparo a los "Agentes de la Policía Estatal Única". CONSIDERANDO. PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción I, de la Ley de Amparo, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que se trata de un asunto que es susceptible de tener ejecución dentro del territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda, así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que la parte impetrante reclama: a) La ejecución de actos que pusieron en peligro la vida de los quejosos (tortura); b) La integración de la carpeta de investigación 35931/2015; c) La audiencia de control de detención; d) La audiencia de formulación de imputación de primero de enero de dos mil dieciséis; e) La medida cautelar de prisión preventiva decretada en su contra, dictada el primero de enero de dos mil dieciséis; y, f) El auto de vinculación a proceso dictado en su contra, por los delitos de robo calificado y secuestro exprés, de seis de enero de dos mil dieciséis. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en los párrafos precedentes, de los que se procederá a su estudio. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, del tenor: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia de actos reclamados. Al rendir el informe solicitado por este Juzgado Federal, la Juez de Garantía del Distrito Judicial Bravos negó la existencia respecto del acto reclamado consistente en la c) audiencia de control de detención; por su parte, los quejosos omitieron rendir prueba en que desvirtuara esa negativa, por lo que debe tenerse por inexistente. Además, tal negativa se encuentra corroborada con las constancias de autos, las que evidencian que no existe la audiencia de control de detención respectiva. Para evidenciar este aserto, conviene precisar que el artículo 168 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, estatuye: 168. Audiencia de control de detención. Inmediatamente después de que el imputado detenido en flagrancia o caso urgente sea puesto a disposición del Juez de Garantía, éste deberá convocar a una audiencia en la que le informará de sus derechos constitucionales y legales si no se le hubiese informado de los mismos con anterioridad y procederá a calificar la detención, ratificándola en caso de encontrarse ajustada a la ley o decretando la libertad con las reservas de ley, en caso contrario. A esta audiencia deberá concurrir el Ministerio Público, quien deberá justificar ante el Juez los motivos de la detención. La ausencia del Agente del Ministerio Público en la audiencia dará lugar a que sea suspendida, en tanto el administrador del Tribunal informa inmediatamente al superior jerárquico para que lo sustituya por otro agente, quien dispondrá del tiempo estrictamente necesario para que se imponga del asunto y se reanude la audiencia. Asimismo, deberá informar de lo anterior a la víctima, ofendido o al acusador coadyuvante, sin perjuicio de que se apliquen las sanciones administrativas o penales a que haya lugar. Cuando el imputado ha sido aprehendido después de habérsele formulado la imputación, el Juez convocará a una audiencia inmediatamente después de que aquél ha sido puesto a su disposición, en la que, a solicitud del Ministerio Público, podrá revocar, modificar o sustituir la medida cautelar decretada con anterioridad. Si la convalida, y en caso de nombramiento de nuevo defensor, proveerá lo relativo a que éste informe del contenido de la carpeta de investigación, y una vez que esto ocurra, procederá a llevar a cabo la audiencia de la manera señalada en el párrafo tercero del artículo 275 de este Ordenamiento. El defensor podrá impugnar, en este caso, la inconstitucionalidad de la detención del imputado. Si no la convalida, dispondrá de inmediato la libertad del imputado, a quien solicitará que señale domicilio donde pueda ser localizado y, en su caso, designe defensor. Además lo convocará para que asista a la audiencia en la que se le formulará imputación, tendrá oportunidad de rendir declaración y en la que, de ser oportuno, se decidirá sobre la vinculación a proceso. Una vez controlada la legalidad de la detención, si el imputado no está en condiciones de que se lleve a cabo la formulación de imputación en los términos del artículo 274 del presente Código, el Juez de Garantía dispondrá las medidas de vigilancia que estime convenientes para evitar que se sustraiga de la acción de la justicia, hasta en tanto se pueda desarrollar aquélla; decretando la suspensión del procedimiento. Conforme a dicho precepto, la audiencia de control de detención tiene verificativo cuando el imputado es detenido en flagrancia o caso urgente y en cuanto es puesto a disposición del Juez de Garantía, quien debe convocar a una audiencia en la que le informará sus derechos constitucionales y legales si no se le hubiese informado de los mismos con anterioridad y procederá a calificar la detención, ratificándola en caso de encontrarse ajustada a la ley o decretando la libertad con las reservas de ley, en caso contrario. A dicha audiencia debe concurrir el Ministerio Público, quien debe justificar ante el Juez los motivos de la detención. Asimismo, se advierte que cuando el imputado fue aprehendido después de habérsele formulado la imputación, el Juez debe convocar a una audiencia inmediatamente después de que aquél ha sido puesto a su disposición, en la que, a solicitud del Ministerio Público, podrá revocar, modificar o sustituir la medida cautelar que hubiera decretado con anterioridad. Por último, en lo que a este análisis interesa, una vez que fue controlada la legalidad de la detención, si el imputado no está en condiciones de que se lleve a cabo la formulación de imputación, el Juez de Garantía debe establecer las medidas de vigilancia que estime convenientes para evitar que se sustraiga de la acción de la justicia, hasta en tanto se pueda desarrollar aquélla; decretando la suspensión del procedimiento. Como se aprecia de esta disposición, los supuestos en los que debe celebrarse la audiencia de control de detención ocurren cuando el imputado es detenido en flagrancia o caso urgente; asimismo, habrá lugar a celebrar tal audiencia, cuando el imputado fue aprehendido después de habérsele formulado la imputación. En la especie, de las constancias que obran en autos, se deduce que la detención de los quejosos derivó de la orden de aprehensión que el Juez de Garantía libró en su contra el treinta y uno de diciembre de dos mil quince, la cual se ejecutó en la misma data, lo que motivó que el primero de enero de dos mil dieciséis, el agente del Ministerio Público les formuló imputación; de ahí que, la detención de los quejosos no se ubicaba dentro de las hipótesis legales en que el legislador resulta estableció que debía celebrarse la audiencia de control de detención; por tanto, se itera, es inexistente ese acto reclamado. En tal tesitura, se impone sobreseer en el presente juicio respecto del acto consistente en: c) la audiencia de control de detención, de conformidad con lo que dispone el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 310, visible en la página 209, Tomo VI, materia común del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto citan: INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. En sus informes justificados, el Juez de Garantía del Distrito Judicial Bravos y las Agentes del Ministerio Público adscritas a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, licenciada **** y ****, en la esfera de sus atribuciones, aceptaron la existencia de los actos reclamados, consistente en: b) La integración de la carpeta de investigación 35931/2015; d) La audiencia de formulación de imputación de primero de enero de dos mil dieciséis; e) La medida cautelar de prisión preventiva decretada en su contra, dictada el primero de enero de dos mil dieciséis; y, f) El auto de vinculación a proceso dictado en su contra, por los delitos de robo calificado y secuestro exprés, de seis de enero de dos mil dieciséis, para lo cual, remitieron copias certificadas de la carpeta de investigación 31-2015-0035931 y el Juez penal remitió fotocopia autorizada de la formulación de imputación, de la audiencia de control de medidas cautelares y del auto de vinculación a proceso dictado en la causa penal 2937/2015, así como del registro de audio y video de las audiencias de control de detención, formulación de imputación, de la audiencia de vinculación a proceso, así como de la diversa relativa a la revisión de medidas cautelares, probanzas a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su numeral 2°, las que son aptas para tener por acreditados los actos reclamados. Cobra aplicación la jurisprudencia 278 sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 231, tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación compilación 2000, que establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Asimismo, en cuanto a la valoración asignada a los documentos descritos, se cita la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 153, Tomo VI, del Apéndice al Semanario judicial de la Federación de 1995, que estatuye: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Por otro lado, respecto del diverso acto reclamado, consistente en: a) La ejecución de actos que pusieron en peligro la vida de los quejosos, que se atribuyeron a los agentes captores (tortura); conviene establecer que mediante proveído de cinco de abril de dos mil dieciséis, se tuvo como autoridad inexistente para los efectos del presente juicio de amparo a los "Agentes de la Policía Estatal Única", de conformidad con lo establecido en los artículos 5, fracción II y 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo; no obstante, no es el caso de tenerlo por inexistente. En efecto, al rendir su informe con justificación el Juez de Garantía del Distrito Judicial Bravos refirió, en torno a ese tópico, lo siguiente: [.] Por otra parte, el suscrito, al percatarse de la lesión tan visible que presentaba José de Jesús Frías Torres, en uno de sus ojos, le hizo saber el derecho que tiene a presentar formal denuncia y/p querella en contra de quien le hubiere causado dicha lesión; asimismo, en dicha audiencia, dí vista al Agente del Ministerio Público, licenciada ****, para que procediera conforme a derecho. [.] En el mismo sentido, al rendir su informe justificado, las Agentes del Ministerio Público adscritas a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, **** y ****, tácitamente reconocieron que existieron esos actos de tortura, al señalar lo siguiente: [.] Por último, atendiendo a lo manifestado por los quejosos en la audiencia de formulación de imputación ante la autoridad judicial competente, respecto a actos de tortura por parte de los agentes investigadores, se dio vista a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Paz, Seguridad de las Personas y Fe Pública, remitiendo las constancias de la carpeta de investigación 37-2015-0035931, para los efectos legales a que haya lugar. [.] Ahora, dado que el artículo 1°, párrafo tercero, de la Constitución General de la República establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; atento a la naturaleza del acto reclamado (tortura), la parte quejosa no debe quedar inaudita por el hecho de que las autoridades a las que designó como responsables resultaran inexistentes en el organigrama de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, Zona Norte. En esa medida, con el propósito de atender el reclamo de los impetrantes, este Juzgador realizará el pronunciamiento que en derecho corresponde en diverso considerando, pues si bien es verdad que los actos que, a decir de los quejoso, pusieron en peligro su vida, no se los atribuyen directamente al Juez de Garantía, ni a las agentes del Ministerio Público responsables, tales autoridades sí se encontraban frente a la obligación de atender, en la esfera de sus facultades, lo conducente en este tipo de actos, cuando les son puestos a su conocimiento, lo que -como se estableció- se analizará en el siguiente considerando. QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. Previo al estudio de los conceptos de violación, debe analizarse si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis es oficioso y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo. I. Improcedencia del juicio respecto de los actos reclamados precisados con los incisos d), e) y f). Del análisis de las constancias de autos se advierte que en este asunto, respecto de los actos consistentes en d) la audiencia de formulación de imputación; e) la medida cautelar de prisión preventiva; y, f) el auto de vinculación a proceso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos artículos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo en vigor, que disponen: 17. el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.] En términos de lo antes transcrito se advierte que el plazo genérico para demandar la acción constitucional será de quince días. Ese plazo, tiene como excepciones las siguientes: a) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición; b) Cuando se reclamen actos tengan por efecto o puedan tener por efecto afectar derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; y c) Cuando los actos impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Asimismo, el referido plazo empezara a contar al día siguiente en que: 1) surta efectos la notificación al quejoso del acto reclamado, conforme a la ley aplicable; 2) tuvo conocimiento el quejoso; o bien, 3) se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, con excepción de cuando se reclamen normas de carácter general autoaplicativas. Así, en términos del artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo vigente, el juicio de amparo es improcedente si no se promueve dentro de los plazos previstos en la propia Ley. En la especie, el quejoso reclama, simultáneamente, la audiencia de formulación de imputación de primero de enero de dos mil dieciséis; e) la medida cautelar de prisión preventiva decretada en su contra el primero del propio enero; y, f) el auto de vinculación a proceso emitido el seis de enero del año en curso, presididas por el Juez de Garantía del Distrito Judicial Bravos, en la causa penal 2937/2015, que se le instruye con motivo de los hechos constitutivos de los delitos de robo calificado y secuestro exprés. En la especie, las constancias remitidas por el Juez responsable revelan que los quejosos tuvieron conocimiento de la existencia de esos actos reclamados el mismo día de su emisión, pues estuvieron presentes en las tres audiencias impugnadas, las que fueron celebradas los días uno y seis de enero de dos mil dieciséis. Esto es así, porque el artículo 49, primer párrafo, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chihuahua, dispone que las resoluciones pronunciadas durante las audiencias judiciales se entenderán notificadas a los intervinientes en el procedimiento que hubieren asistido o debieron asistir a las mismas; por tanto, desde la celebración de las audiencias de formulación de imputación, de medidas cautelares y aquella en que se emitió del auto de vinculación a proceso, la quejosa tuvo conocimiento de su existencia. Ante esta perspectiva, es inconcuso, que la presentación de la demanda que nos ocupa fue extemporánea, pues los promoventes fueron enterados de tales actos reclamados, a partir del uno y seis de enero del año en curso; por tanto, fue a partir del día hábil siguiente de cada una de esas dos fechas, esto es, el lunes cuatro y el jueves siete del propio enero, en que inició el cómputo del plazo de quince días a que se refiere el numeral 17 de la Ley de Amparo, para la promoción del juicio de amparo indirecto y concluyó, respecto de los primeros dos actos destacados el veinticinco y para el auto de vinculación reclamado, el veintiocho del mismo mes, sin contar los días nueve, diez, dieciséis, diecisiete, veintitrés y veinticuatro del propio enero, por ser días no laborables. Ante esta perspectiva, es inconcuso, que la presentación de la demanda que nos ocupa fue extemporánea, pues los promoventes tuvieron conocimiento pleno de la celebración y emisión de los actos analizados en este apartado en las datas antes indicada y dado que el juicio constitucional se inició el dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, su promoción resulta fuera del plazo general de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo en vigor. Sin que se advierta que el referido acto reclamado, se ubique dentro de los supuestos de excepción al plazo general, pues no reclama una norma general autoaplicativa o el proceso de extradición, actos que pudieran afectar derechos agrarios representando a una población ejidal o comunal, o actos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; pues deriva de una orden de aprehensión librada, por un Juez Penal Federal, en ejecución de la sentencia condenatoria dictada en la causa penal que se instruyó al impetrante, por la comisión del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército. Corolario de lo antes expuesto, sobre los actos reclamados en el escrito de demanda, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción, XIV, en relación con los diversos artículos 17 y 18; por resultar extemporánea, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto de d) la audiencia de formulación de imputación; e) la medida cautelar de prisión preventiva; y, f) el auto de vinculación a proceso. Apoya lo anterior, en lo conducente la jurisprudencia P./J. 45/2014 (10ª) emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página cinco, Tomo I, Materia Común, del Libro 7, de Junio de 2014, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto estatuye: ACTOS PRIVATIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL. LOS DICTADOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL DURANTE LA VIGENCIA DE LA LEY DE AMPARO ABROGADA Y QUE AL ENTRAR EN VIGOR LA NUEVA LEY AÚN NO HABÍAN SIDO COMBATIDOS, SON IMPUGNABLES EN CUALQUIER TIEMPO. El artículo Tercero Transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece establece que los juicios de amparo iniciados con anterioridad a su entrada en vigor continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio -excepto por lo que se refiere al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así como al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo-, mientras que su artículo Quinto Transitorio señala que los actos a que se refiere la fracción III del artículo 17 de la propia Ley de Amparo, esto es, los actos en materia agraria que se hubieren dictado o emitido con anterioridad a la entrada en vigor de ésta podrán impugnarse dentro de los siete años siguientes y, por cuanto hace a los actos que, estando sujetos a un plazo para su impugnación, éste aún no hubiese vencido, les serán aplicables los plazos previstos en la ley reglamentaria vigente. Lo anterior evidencia que la nueva Ley de Amparo no contiene previsión alguna sobre el plazo que rige la impugnación de los actos privativos de la libertad personal dictados dentro de un procedimiento judicial durante la vigencia de la ley abrogada, pues si ésta no establecía plazo alguno para su impugnación, es claro que a la fecha en que aquélla entró en vigor no estaba corriendo plazo alguno, ni había vencido éste. Por ello, en función de tutelar los derechos fundamentales de seguridad jurídica y acceso efectivo a la justicia que consagran los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tomando en cuenta la inexistencia absoluta de norma transitoria e, incluso, de diversa norma en vigor, expresamente aplicable para la definición del plazo correspondiente, es necesario proveer de contenido integrador al precitado artículo Quinto Transitorio para establecer que los actos en comento -como lo es el auto de formal prisión- pueden ser impugnados a través del juicio de amparo en cualquier tiempo, lo que además es acorde al principio constitucional de interpretación más favorable a la persona que se consagra en el segundo párrafo del artículo 1o. constitucional, pues debe tenerse en cuenta que si el régimen transitorio de toda ley tiene, entre otras, la función de regular las situaciones jurídicas acaecidas durante la vigencia de una ley abrogada que trascienden a la nueva normatividad, a fin de no generar un estado de inseguridad jurídica, es claro entonces que la disposición transitoria respectiva debe complementarse en lo no previsto y, para ello, debe considerarse la misma previsión que regía al momento de darse el supuesto jurídico de que se trate. II. Improcedencia del juicio respecto de los actos reclamados precisados con el inciso b) (integración de la carpeta de investigación) Con relación al diverso acto reclamado a las agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, consistente en el la incorrecta integración de la carpeta de investigación 35931/2015 (37-2015-0035931), se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que estatuye: 61. El juicio de amparo es improcedente: XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; De la lectura del precepto transcrito es dable establecer que el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los siguientes supuestos: 1. Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de un administrativo seguido en forma de juicio; 2. Que con posterioridad a la emisión del acto reclamado se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso, por virtud del acto que reclamó en el amparo; 3. Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, 4. Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Lo antes expuesto también ha sido considerado de esta forma por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como se advierte de la tesis 2a. CXI/96, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, de Diciembre de 1996, materia común, página 219, del tenor siguiente: CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. De lo anterior se deduce que la regla general adoptada por el Alto Tribunal, respecto de la improcedencia del juicio de amparo llamada cambio de situación jurídica, consiste en que cuando el acto emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio, de surgir una situación jurídica nueva, el amparo será improcedente si de concederlo se afectara esta última y, por ello, se deben reputar consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por la posible afectación al nuevo estatus jurídico. Como puede advertirse, esta causal opera tratándose de procedimientos que sean material o formalmente juicios; de tal manera que no se actualiza en aquellos que no cumplan con esa cualidad, toda vez que su existencia se basa en la creación de una etapa o estadio procesal diferente. En la especie, los quejosos reclaman la integración de la carpeta de investigación que constituye el antecedente de la causa penal que se les instruye, al considerar que se transgredieron sus derechos durante esa fase del procedimiento penal. Al respecto, el artículo 228 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua estatuye que a partir de que tengan conocimiento de la existencia de un hecho que revista caracteres de delito, los agentes del Ministerio Público deben proceder, de inmediato, a la práctica de todas aquellas diligencias pertinentes y útiles al esclarecimiento y averiguación del hecho, de las circunstancias relevantes para la aplicación de la ley penal, de los autores y partícipes, así como de las circunstancias que sirvan para verificar la responsabilidad de éstos. Así, de conformidad con lo que señalan los diversos 274 y 275 del mismo ordenamiento procesal, el Ministerio Público deberá formular la imputación en un plazo que no podrá exceder de ocho días cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial. Esto es así, porque la formulación de la imputación es el acto procesal que corresponde de forma exclusiva al Representante social mediante el que comunica al imputado, en presencia del Juez, que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos determinados. En la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, ofrecerá la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, lugar y modo de su comisión, el grado de intervención que se le atribuye al imputado en el mismo, así como el nombre de su acusador; entonces el Juez, de oficio o a petición del imputado o su defensor, podrá solicitar las aclaraciones o precisiones que considere convenientes respecto a la imputación formulada por el Ministerio Público y, al concluir las formalidades constitucionales respectivas, resolverá la situación jurídica del imputado. En la especie, dado que el agente del Ministerio Público del Estado, consignó los hechos ante el Juez de Garantía y le formuló la imputación respectiva, tan es así que se le dictó auto de vinculación a proceso, resulta evidente que se actualiza la causal de improcedencia aludida y por ende, se impone sobreseerse en el juicio, toda vez que, al ejercitarse la acción penal, para los efectos del juicio de amparo, quedaron consumadas de modo irreparable las posibles violaciones acaecidas en la etapa de investigación, porque la situación jurídica del impetrante quedó sometida a la potestad del Juez de Garantía que tiene a su cargo la causa respectiva, lo cual impide jurídicamente que este Juzgador pueda analizar -en forma autónoma- la constitucionalidad de la integración de la carpeta de investigación, sin afectar la nueva situación jurídica generada por la formulación de imputación relatada y, aún más, por haberse decretado contra los quejosos su vinculación a proceso. Apoya esta consideración, por identidad jurídica, la tesis IV.2o.P.43 P, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXX, Octubre de 2009, materia penal, página 1373, del siguiente tenor: CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS DENTRO DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA Y EL MINISTERIO PÚBLICO YA EJERCITÓ LA ACCIÓN PENAL (ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO). Cuando en un juicio de garantías biinstancial se reclaman actos materia de una averiguación previa y se demuestra que la autoridad responsable, agente del Ministerio Público, consignó los hechos ante un Juez, a quien solicitó el libramiento de la correspondiente orden de aprehensión, es incuestionable que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo y, por ende, debe sobreseerse en el juicio de garantías, toda vez que, al ejercitarse la acción penal quedaron consumadas de modo irreparable las posibles violaciones acaecidas en la etapa de investigación, porque la situación jurídica del impetrante ahora queda sometida a la potestad del Juez penal que tendrá a cargo la instauración de la causa respectiva. En consecuencia, ya no podrá analizarse en el amparo la constitucionalidad de dichos actos, sin afectar la nueva situación jurídica generada por tal consignación. En tales condiciones, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto del diverso acto reclamado a las agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, consistente en la incorrecta integración de la carpeta de investigación 35931/2015 (37-2015-0035931) (acto reclamado b). III. Improcedencia del juicio respecto de los actos reclamados precisados con el inciso a) (tortura) En otro contexto, respecto del diverso acto, que los quejosos hicieron consistir en la ejecución de actos que pusieron en peligro su vida, ocurridos durante su detención, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, que estatuye: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.] La cesación de efectos a que se refiere el supuesto transcrito, consiste en que el acto reclamado deja de producir sus consecuencias y, por tanto, de afectar al gobernado en su esfera jurídica, ya sea que la propia autoridad responsable lo revoque, haga que cese o bien, que haya transcurrido el tiempo durante el cual debió producir sus efectos legales y, por ello, haya dejado de lesionar los derechos del agraviado. En la especie, para quien resuelve resulta evidente que, en la especie, los golpes que los quejosos manifiestan les fueron infringidos en su persona se realizaron al momento de su detención, esto es, con antelación a que fuera puestos a disposición del Ministerio Público estatal e incluso del Juez de Garantía; de tal suerte que, en el contexto apuntado, cesó toda acción que se haya aplicado directamente sobre su persona, que les causara un daño físico. No es desconocido para este Juzgador que cuando en el juicio de amparo se reclama existió tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes en la detención de cualquier inculpado, el Juez de Distrito debe indagar sobre la veracidad de la denuncia realizada por el quejoso de aquellos maltratos; sin embargo, esa circunstancia no impide que se decrete el sobreseimiento en el presente asunto, cuenta habida que del análisis de las constancias que enviaron las autoridades responsables a solicitud de este Juzgado, se advierte que los quejosos sí denunciaron esos actos de tortura y que los agentes del Ministerio Público responsables dieron vista a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos contra la Paz, la Seguridad de las Personas y la Fe Pública, para los efectos de investigar los hechos respectivos. De la misma manera, el Juez de Garantía informó que el siete de enero de dos mil dieciséis, se dio vista a la Unidad de Investigación respectiva, la probable comisión del delito de tortura en perjuicio de los ahora quejosos, lo que motivó la apertura de la investigación ministerial respectiva; asimismo, que solicitó a la Dirección de Servicios Periciales y Forenses de la Fiscalía General del Estado la práctica del Protocolo de Estambul a los imputados y que, actualmente, los estudios que amerita esa investigación se encuentra en curso. Lo anterior evidencia que si los actos de tortura que los directamente agraviados manifiestan les fueron impuestos por los policías que los aprendieron, dejaron de suceder, es evidente que en lo que es materia del juicio de amparo, y las autoridades responsables actuaron, en la esfera de sus facultades, para atender ese reclamo, lo que pone de relieve que, en el caso, cesaron los efectos del acto reclamado al haber surgido una situación jurídica que destruyó la que le dio motivo al amparo, reponiendo a los quejosos en el goce del derecho fundamental violado, es decir, pues los actos que se ejecutaron sobre su integridad física ya cesaron y las autoridades respectivas se avocaron a su investigación, a través de la práctica de las diligencias establecidas en el denominado Protocolo de Estambul y, adicionalmente, se dio vista al agente del Ministerio Público para la investigación de la posible comisión de un delito; todo lo cual revela que, en la especie, cesaron los efectos del acto que los quejosos hicieron consistir en la ejecución de acciones que pusieron en peligro su vida (tortura), lo que impone sobreseer en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a folio 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el epígrafe: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. No obsta para sobreseer en el juicio respecto de la tortura reclamada, que se trate de actos que pudieran ser susceptibles de una eventual reparación, aunque no materialmente, sino en sus efectos, dado que la tortura, así como cualquier otro tipo de trato cruel, inhumano o degradante, no constituyen un acto consumado de modo irreparable, al tratarse de prácticas proscritas absolutamente tanto en nuestro sistema normativo y constitucional, como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; sin embargo, dado que en el presente asunto, mediante acuerdo de treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, este Juzgador dio vista al representante social adscrito para que tuviera conocimiento de los hechos consignados en la demanda y procediera conforme a sus atribuciones legales, al igual que lo realizaron las autoridades responsable y que, incluso, se encuentra en curso la práctica de las diligencias a que se refiere el Protocolo de Estambul, lo que implica que jurídicamente cesaran los efectos del amparo, debido a que no existe, por el momento, materia sobre la que analizar una eventual concesión de amparo, pues las responsables han cumplido con el deber de prevenir, investigar y, en su caso, llegada la etapa procesal respectiva, sancionar y reparar cualquier acto de tortura que resultara cierto; de ahí la improcedencia del juicio. En las relatadas condiciones, al actualizarse la improcedencia de las causas de improcedencia que se analizaron en este considerando, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se impone decretar el sobreseimiento en el presente asunto. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además, en los artículos 73, 74, 75 y 76, de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por **** y ****, en los términos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado ****, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ****. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; dos de junio de dos mil dieciséis. Agréguense a sus autos para que obren como legalmente corresponda el oficio y anexo que remite el Juez de Garantía del Distrito Judicial Bravos, téngasele dando cumplimiento al proveído de veinticinco de mayo del año en curso y remitiendo el oficio signado por el Agente del Ministerio Publico adscrito a la Unidad Especializada contra el Servicio Publico y el Adecuado Desarrollo de la Justicia, mediante el cual le informó que el siete de enero de este año, dio vista a la Unidad de Investigación respectiva por la probable comisión del Delito de Tortura en perjuicio de los quejosos, lo que motivó la apertura de la investigación, así como la práctica del Protocolo de Estambul a los quejosos; atento a lo anterior, tómense en cuenta tales constancias al momento celebrarse la audiencia constitucional; lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado Emiliano López Pedraza, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado Armando Guadarrama Bautista. Doy fe.*namm

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