Abel Contreras Herrera y Otros.

Expediente 1101/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1101/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Abel Contreras Herrera y Otros.

Actuaciones

  1. Incidental

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Apertura incidente de suspensión Como está ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con apoyo en el artículo 128, antepenúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, tramítese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1101/2023-VII, promovido por ***, por su propio derecho, y en representación de su hijo neonato de nombre con iniciales **. Negativa suspensión provisional contra leyes En primer término, cabe precisar que la parte quejosa reclama la inconstitucionalidad del artículo 132, fracción XXVII Bis, de la Ley Federal del Trabajo, el cual establece que el patrón deberá otorgar permiso de paternidad de cinco días laborables con goce de sueldo, a los hombres trabajadores, por el nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso de la adopción de un infante. Así, por cuanto al acto consistente en la inconstitucionalidad del referido artículo de la Ley Federal del Trabajo, toda vez que se trata de normas generales, es improcedente el otorgamiento de la medida suspensional. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación. Tomo XCIII, página 795, Quinta Época, que dice: LEYES, SUSPENSION CONTRA LAS. La ley, en sí sola, no puede ser objeto de suspensión, pues lo son únicamente las consecuencias materiales de ejecución y deben precisarse, por lo que carece de materia la suspensión, cuando el objeto del amparo se hace radicar en la ley en general. Concede suspensión provisional respecto a la ejecución de la norma En lo referente al diverso acto precisado en la ejecución, es decir, la negativa de otorgar permiso de paternidad de cinco días laborables con goce de sueldo, por el nacimiento de su hijo, porque el impetrante tiene la calidad de alumno y no de trabajador, pues es residente en periodo de adiestramiento en una especialidad, cursando la especialidad de pediatría en el Hospital Infantil de Especialidades, con residencia en esta ciudad. Resulta procedente conceder la suspensión provisional, por las consideraciones y para los efectos que enseguida se exponen. Como cuestión previa, conviene recordar que de acuerdo con lo dispuesto en la fracción X del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al proveer sobre la suspensión debe tomarse en cuenta la naturaleza de la violación que se reclama; así como que los consecuencias de los actos de autoridad. En primer lugar, es importante señalar que mediante la tesis de rubro SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. REQUISITOS PARA CONCEDERLA. de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, décima época, determinó que los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 128, 131, 132, 138 y 147 de la Ley de Amparo, para conceder la suspensión en el juicio de amparo, se requieren los requisitos siguientes: 1) Que expresamente la solicite el quejoso (en el entendido que ello conlleve la acreditación del interés suspensional); 2) Que haya certidumbre sobre la existencia de los actos cuya suspensión se solicita; 3) Que los actos reclamados sean susceptibles de suspensión (naturaleza); 4) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, 5) Debe llevarse a cabo un análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho. Ahora, en cuanto al primero de los citados requisitos (1), se encuentra satisfecho porque existe petición expresa de la parte incidentista, pues solicitó se aperturara por separado el incidente de suspensión del acto reclamado. Además, el interés suspensional se encuentra acreditado, pues el quejoso bajo protesta de decir verdad, refirió que se le negó otorgar permiso de paternidad de cinco días laborables con goce de sueldo, por el nacimiento de su hijo, porque el impetrante tiene la calidad de alumno y no de trabajador, pues es residente en periodo de adiestramiento en una especialidad, cursando la especialidad de pediatría en el Hospital Infantil de Especialidades, con residencia en esta ciudad. En este punto, se precisa que la actividad de los médicos residentes encuentra su fundamento en el Título Sexto, denominado Trabajos especiales, Capítulo XVI, intitulado Trabajos de Médicos Residentes en Periodo de Adiestramiento en una Especialidad, de la Ley Federal del Trabajo, y en ese sentido los médicos residentes tienen una jornada, un salario, así como la obligación de acatar órdenes y cumplir con los deberes que les son impuestos, tanto laborales como académicos; por tanto, el quejoso realiza actividades no solamente que se circunscriba al ámbito académico, sino también al laboral, es decir, su relación con la unidad médica en que está adscrito es de naturaleza exclusivamente laboral, ya que los actos de la unidad médica en la que realiza la residencia quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier patrón ejecuta. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 2/2017 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, con registro 2013538, que dice: MÉDICO RESIDENTE DE UNA ESPECIALIDAD. SU BAJA ORDENADA POR LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD MÉDICA A LA QUE ESTÁ ADSCRITO, NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. La actividad de los médicos residentes encuentra su fundamento en el Título Sexto, denominado Trabajos especiales, Capítulo XVI, intitulado Trabajos de Médicos Residentes en Periodo de Adiestramiento en una Especialidad, de la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, del texto de la ley y de su exposición de motivos se advierte que la intención del legislador, en todo momento, fue que la relación del residente con la unidad médica en la que participe tenga naturaleza laboral, con ciertas características especiales, y aunque tenga como fin su adiestramiento para lograr una especialidad, lo que en cierta forma le da el carácter de alumno, ello no puede disolver el vínculo que tiene como trabajador, pues la residencia es consecuencia de su contratación con ese fin específico. Además, entre las partes existe el elemento esencial que identifica las relaciones de trabajo, esto es, la subordinación en la prestación del servicio, pues los médicos residentes tienen una jornada, un salario, así como la obligación de acatar órdenes y cumplir con los deberes que les son impuestos, tanto laborales como académicos. De ahí que la baja de un médico residente no es un acto que se circunscriba al ámbito académico, sino al laboral, es decir, su relación con la unidad médica en que está adscrito es de naturaleza exclusivamente laboral, ya que los actos de la unidad médica en la que realiza la residencia quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier patrón ejecuta, pues en esas relaciones el Estado queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular. Incluso, exhibió el escrito donde solicitó permiso para ausentarse el veintiuno de los actuales, a fin de estar con su esposa Karina Urquizo Monreal, al departamento de Gineco-valoración obstetricia del Hospital Ángeles de esta ciudad en el hospital, lo anterior porque le fue informado que como médicos residentes no goza de licencia de paternidad. Además, adjuntó copia de la identificación expedida por la Dirección de Calidad y Enseñanza, Servicios de Salud de Chihuahua, en la cual se aprecia el nombre del quejoso, grado R2, promoción 2021, vigencia 2021- 28Feb2025, hospital sede Hospital Infantil en esta ciudad; así como copia de la credencial expedida por la misma institución a nombre de su esposa, que lo acredita como médica residente en pediatría en el citado hospital Infantil. También, exhibió copia de la licencia expedida a favor de su esposa por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con número de serie 008LM 0288363, de treinta de octubre del año en curso, por el embarazo de treinta y seis semanas, y el plazo de noventa días. Documentales que valoradas en su conjunto, se les otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por lo que se refiere al segundo (2), consistente en que haya certidumbre sobre la existencia del acto reclamado cuya suspensión se solicita, debe tenerse por satisfecho, en atención a las manifestaciones expuestas por la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, de modo que hasta esta etapa procesal se tiene la certidumbre de la existencia del acto reclamado. En relación con el tercero (3), de igual manera se encuentra satisfecho, ya que los actos reclamados son de naturaleza positiva, además, el artículo 147 de la Ley de Amparo, autoriza al Juez de Distrito a establecer la situación en que habrán de quedar las cosas y a tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. De igual forma, se considera que se cumple con el cuarto requisito (4), ya que de otorgarse la medida suspensional en los términos solicitados, no se contravendrían disposiciones de orden público ni se causaría perjuicio al interés social, en contravención al arábigo 128, fracción II, de la ley de la materia, puesto que los efectos legales de su concesión que más adelante se precisarán, únicamente recaen sobre la esfera jurídica de la parte inconforme, acto que a su consideración tilda de inconstitucional únicamente incide en su derecho a la justicia y recurso efectivo. Ahora bien, para determinar lo concerniente a la suspensión solicitada, también debe ponderarse simultáneamente la apariencia del buen derecho con el perjuicio al interés social o al orden público, que también su análisis no se contrapone para negar la suspensión solicitada, requisito (5). En este sentido, corresponde al juez de amparo, en cada caso, realizar el estudio respecto de la disposición o acto que se reclame para determinar si la suspensión es procedente conforme la ponderación de la apariencia del buen derecho y el interés social, en la cual debe considerarse la tutela de los derechos humanos y la aplicación del principio pro persona. Esto, pues la suspensión es uno de los mecanismos a través de los cuales puede garantizarse que el juicio de amparo sea un recurso efectivo en términos del artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Así, vinculada con la noción de orden público está la apariencia del buen derecho, conforme lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley de Amparo. Sobre el particular, se atiende el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido que, para conceder la suspensión, sin dejar de observar los requisitos plasmados en los artículos 128 y 139 de la Ley de Amparo, se puede realizar la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por la quejosa. Es decir, de acuerdo con un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declare la inconstitucionalidad del acto reclamado, sin que ello implique prejuzgar sobre la certeza del derecho, pues este se resolverá en la sentencia definitiva en el estudio de fondo del juicio, sin que el otorgamiento de la medida cautelar permita que se trastoquen el interés social y el orden público, pues entonces deberá negarse la suspensión, pues no puede estar el derecho individual por encima de la sociedad. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 204/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 165659, de rubro: SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. Por lo que concierne a la apariencia del buen derecho el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 15/96, estableció que se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de meras posibilidades respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso, de modo, que según el cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, implicando con ello que se haya atendido el derecho violado y también el hecho o acto que entraña la violación, considerando sus características y trascendencia, lo anterior, debe realizarse sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, esto es, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto solo puede determinarse en la sentencia de amparo, pues hay que tener en cuenta siempre que la suspensión tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis y no en la certeza de la existencia de las pretensiones. De tal manera, que para evitar que la medida cautelar concedida sea ineficaz con la sola paralización del acto reclamado se tiene la facultad de dictar las medidas pertinentes que no impliquen propiamente una restitución, sino un adelanto provisional del derecho cuestionado para resolver posteriormente, en forma definitiva -sentencia de fondo-, si los actos impugnados son o no constitucionales. Además, no debe invocarse para negar la suspensión, pues del juicio anticipado de la sentencia de amparo, como se estableció, que debe llevarse a cabo concomitantemente con el posible perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o la contravención a disposiciones de orden público. De igual forma, la jurisprudencia 2a./J.10/2014 (10a.), también de la Segunda Sala, con registro 2005719, de rubro: SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO NO PUEDE INVOCARSE PARA NEGARLA. Ahora, en el caso en concreto, el quejoso solicita la suspensión de los actos reclamados, para el efecto de que le otorgue licencia de paternidad, la cual sea equiparada con el periodo de licencia de maternidad de noventa días, por analogía a las disposiciones adoptadas por el Consejo de la Judicatura Federal para sus trabajadores con el fin de combatir la desigualdad sustantiva entre hombres y mujeres. En el caso, se reúnen los requisitos que establecen el artículo 128 de la Ley de Amparo en virtud de que fue solicitada por la parte quejosa y el otorgamiento de la suspensión no causa perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora, el artículo 147 de la Ley de Amparo, establece que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Bajo esa línea, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, el órgano jurisdiccional ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, inclusive bajo un efecto restitutorio del derecho involucrado cuando ello sea jurídica y materialmente posible, siempre que no se constituya uno previamente inexistente y previa ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social e, inclusive, es factible dotar a la suspensión de un efecto diverso al pedido. Lo anterior, conforme al criterio del Juez, ello de conformidad con la jurisprudencia 1a./J. 92/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, que se lee: SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA UN EFECTO DIVERSO AL SOLICITADO POR EL QUEJOSO. Para que proceda la suspensión a petición de parte, es necesario que el quejoso señale claramente los actos cuya suspensión se solicita y las razones por las cuales debe proceder; sin embargo, la Ley de Amparo no especifica los términos para los cuales debe concederse. Ahora bien, una vez que el juzgador determina que procede conceder la suspensión del acto reclamado, puede hacerlo para un efecto diverso al solicitado por el quejoso, a fin de conservar la materia de la controversia y evitar que sufra afectaciones en su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto. En este sentido, el artículo 147 de la Ley de Amparo establece que los jueces deben fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar medidas para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, de tal manera, limitar a los jueces a conceder la medida suspensional para un efecto que, a pesar de haberse solicitado, no sea el idóneo para preservar la materia del juicio o no le dé la mayor protección al quejoso, sería contrario a su objetivo principal. En efecto, los jueces deben tener la facultad de modificar los términos en que fue solicitada la suspensión, ya que así pueden actuar de la forma más favorable para el quejoso, protegiendo el orden público y el interés social. En este sentido, el artículo 154 de la Ley de Amparo, señala que la resolución que conceda o niegue la suspensión definitiva podrá modificarse o revocarse de oficio o a petición de parte, cuando ocurra un hecho superveniente que lo motive. Por tanto, por mayoría de razón, si la ley de la materia dispone que la resolución que conceda o niegue la suspensión puede ser modificada de oficio cuando se presente un hecho novedoso, resulta evidente que los juzgadores tienen la misma facultad de modificar lo solicitado por el quejoso al concederla. Asimismo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.), estableció que los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: I.- La apariencia del buen derecho; II.- Las posibles afectaciones al interés social; y III.- La posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. Además, determinó que la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, dado que el amparo que se pretende con la suspensión permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior. Lo anterior en encuentra sustento en la jurisprudencia de rubro: SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Ahora bien, por cuanto a la apariencia del buen derecho se pondera que el artículo 132, fracción XXVII Bis, de la Ley Federal del Trabajo, viola el principio de igualdad ante la ley contenido en los preceptos 1º y 4 Constitucional, toda vez que en la primer normativa establece que se otorgara permiso de paternidad a los hombres trabajadores por cinco días laborables, con motivo del nacimiento de sus hijos, por lo que hace una diferencia al plazo otorgado de esa licencia a las madres de los padres. Incluso, las recomendaciones internacionales disponen que las licencias de paternidad otorgan mayores posibilidades para las mujeres de ingresar al mercado laboral, al homologar la carga económica para las personas empleadoras que pueden representar los permisos parentales a ambos géneros; también contribuyen a que las mujeres continúen en el sector profesional e incrementan las posibilidades de que accedan a puestos de mayor jerarquía y responsabilidad; incluso, permiten conciliar las responsabilidades personales familiares y laborales sin descuidar ninguno de estos ámbitos, libre de estereotipos de género; además de favorecer el desarrollo personal de todas las personas, afianzando su autonomía e independencia; así como generar mayores niveles de cercanía, afecto e involucramiento de los hombres con sus hijas e hijos, quienes también reflejan un mejor desarrollo físico y emocional. En ese sentido, se considera que la equiparación del tiempo de las licencias de paternidad con las de maternidad constituye una medida que contribuye a la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. De ahí que, se precisa que la desigualdad viola derechos fundamentales solo cuando produce distinción entre situaciones objetivas y de hecho iguales, sin que exista para ello una justificación razonable e igualmente objetiva; por ello, a iguales supuestos de hecho corresponden similares situaciones jurídicas. Al respecto, se cita la jurisprudencia 1a./J. 37/2008,(56) sustentada por la Primera Sala del Alto Tribunal, de rubro: IGUALDAD. CASOS EN LOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE HACER UN ESCRUTINIO ESTRICTO DE LAS CLASIFICACIONES LEGISLATIVAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). Atento a lo establecido en los párrafos precedentes se advierte que se encuentra demostrada la apariencia del buen derecho toda vez que conforme a los artículos 1° y 4 de la Constitución toda persona tiene derecho fundamental a la igualdad ante la ley, debido a que las normas jurídicas sean aplicables uniformes a todas las personas que se encuentren en una misma situación. De ahí que, se considere que el derecho humano a la igualdad jurídica no sólo tiene faceta o dimensión formal o de derecho, sino también una de carácter sustantivo o de hecho, lo cual tiene como objetivo remover o disminuir los obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos o de cualquier otra índole que impiden a ciertas personas gozar y ejercer de manera real y efectiva sus derechos humanos. Además, se advierte el peligro en la demora, toda vez que según lo narrado la esposa del quejoso ya dio tuvo su hijo el veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, y por el tiempo conllevan afectaciones de difícil reparación dada la finalidad de la licencia de mérito. Por otra parte, no se advierte alguna afectación al interés social, por el contrario, a la sociedad esta interesa en que los trabajadores gocen del derecho fundamental de la licencia de paternidad activa que apoya al óptimo desarrollo físico, emocional y social de los hijos e hijas, incluidas las homoparentales y de conformidad con el interés superior de la niñez, al permitir que las niñas y niños en ese contexto pueda gozar del mismo tiempo con sus adoptantes. En esas condiciones, procede concluir que las exigencias legales en análisis se encuentran satisfechas en el caso. En consecuencia, al actualizarse la totalidad de los requisitos exigidos por el artículo 128 de la ley de la materia, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA a ***, para el efecto siguiente: Se le otorgue una licencia de incapacidad por paternidad en igualdad de condiciones que la concedida a quien dice ser su concubina, Karina Urquizo Monreal (como primer acto de aplicación). Sin que ello, se contraponga al diverso 131, párrafo segundo, del propio ordenamiento de amparo que prevé la imposibilidad de que, con motivo de la medida cautelar, se constituyan derechos al quejoso con los que no contaba antes de la presentación de la demanda, pues se colige que la facultad restitutoria en la suspensión procede respecto de derechos que estén incorporados a la esfera jurídica de quienes la solicitan con anterioridad a la tramitación del incidente, tal como ocurre en el caso, al tenor de lo expuesto en párrafos precedentes. Sirve de apoyo en lo relativo, la tesis registrada con el folio digital 2018421, que expone lo siguiente: SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. EL RESTABLECIMIENTO PROVISIONAL AL QUEJOSO EN EL GOCE DEL DERECHO AFECTADO ESTÁ ACOTADO A LOS CASOS EN QUE LA PRERROGATIVA DE QUE SE TRATE ESTÉ INCORPORADA A SU ESFERA JURÍDICA ANTES DE LA TRAMITACIÓN DEL INCIDENTE RELATIVO. De conformidad con el artículo 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, atento a la naturaleza del acto reclamado, el juzgador deberá proveer sobre la suspensión y ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden al momento de la presentación de la demanda, además de restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho afectado, en caso de ser material y jurídicamente posible. Asimismo, el artículo 131, párrafo segundo, del propio ordenamiento prevé la imposibilidad de que, con motivo de la medida cautelar, se constituyan derechos a los quejosos con los que no contaban antes de la presentación de la demanda. Por ende, de la interpretación sistemática de ambos preceptos se colige que la facultad restitutoria en la suspensión procede únicamente respecto de derechos que estén incorporados a la esfera jurídica de quienes la solicitan con anterioridad a la tramitación del incidente, pues lo establecido en el último numeral mencionado revela la intención de evitar que, so pretexto de la concesión de una medida cautelar, se otorgue al quejoso el goce de una prerrogativa de la que no era titular. Tan es así que en el artículo 77 de la misma ley se reconoce que, de tener razón el particular en el fondo, los efectos de la concesión del amparo serán la restitución en el pleno goce del derecho afectado o la vinculación a la responsable para que observe el derecho cuya omisión se reproche, por lo que es materia de la sentencia del expediente principal fijar los extremos sobre cómo deberán restituirse los derechos indebidamente afectados a los justiciables y no del incidente de suspensión, ya que el objeto de esa medida únicamente consiste en mantener viva la materia del juicio y evitar que se causen perjuicios al quejoso con la ejecución del acto reclamado. Dicha medida cautelar tendrá vigencia, hasta se determine sobre la suspensión definitiva. Requisitos de efectividad de la medida cautelar. La medida cautelar surte sus efectos de inmediato conforme al artículo 136, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y sin necesidad de otorgar garantía alguna, dada la naturaleza de los actos reclamados. Audiencia Incidental De conformidad con el artículo 138, fracción II de la Ley de Amparo, se fijan las NUEVE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para llevar a cabo la audiencia incidental. De la audiencia incidental se levantará el acta correspondiente, la cual será firmada por la Juez de Distrito y la Secretaria en forma autógrafa o electrónica, o ambas, según las circunstancias; por tanto, al no ser indispensable la concurrencia personal de las partes a dicha audiencia, se les indica que, en caso de tener la intención de comparecer a la misma, lo deberán hacer por escrito, expresando los alegatos que a su interés convengan, los cuales serán tomados en consideración en la fase procesal correspondiente. Solicitud de informe previo Asimismo, de conformidad con la fracción III del indicado numeral, pídase a las autoridades responsables su respectivo informe previo que deberán rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual deberán remitirse copia de la demanda. En el entendido de que, en el informe, las autoridades se concretará a expresar si son ciertos o no los actos reclamados, podrán indicar las razones que estimen sobre la procedencia o improcedencia de la medida cautelar y aducirá el o los delitos de que se trate, la disposición legal en que quede comprendido para su penalidad y, en su caso, el monto del daño causado o el beneficio económico obtenido por la parte quejosa, lo anterior con fundamento en el artículo 142, primer párrafo de la Ley de Amparo. En términos del numeral 142 de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades responsables, de que en caso de no rendir su informe se presumirá cierto el acto que se les endilga, además se le impondrá como sanción el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, en términos del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso artículo 260, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, equivalentes a diez mil trescientos setenta y cuatro 00/100 moneda nacional ($10,374.00). Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la licenciada Yazmín Meraz Rivera, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por licencia de la titular, autorizada por la Secretaría Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio CCJ/ST/7294/2023 de dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, conforme a lo dispuesto en el artículo 142, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera Judicial, quien actúa ante Jesús Eduardo Acosta Moroyoqui secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Registro de demanda y avocación de competencia Visto el oficio de cuenta secretarial, signado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con sede en la ciudad de Monterrey, dentro del juicio de amparo 1294/2023, de su estadística, a través del cual se declara incompetente para conocer de la demanda de amparo promovido por ***, por su propio derecho, y en representación de su hijo neonato de nombre con iniciales ***, por los motivos que al efecto expone; por tanto, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional acepta la competencia y se avoca al conocimiento del presente asunto. Demanda que de conformidad con lo establecido por la fracción VI, del artículo 3 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, manifestó bajo protesta de decir verdad que es copia íntegra e inalterada del documento original; contra actos de la Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y de otras autoridades. Acúsese el recibo de estilo. Expediente electrónico En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, fórmese el expediente electrónico relativo al presente asunto. De conformidad con el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, los documentos remitidos físicamente a este asunto, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico a través del uso de la firma electrónica. En el entendido de que aquellos que por su volumen, protección a la integridad del documento o protección a datos personales que no puedan ni deban digitalizarse, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico o en los cuadernos auxiliares que se generen y que se encuentran bajo resguardo en la secretaría de este juzgado, en términos de los artículos 22 y 23 del citado Acuerdo General 12/2020. Del mismo modo, se hace del conocimiento de las partes que, en términos del artículo Sexto Transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid 19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, toda la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente, constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente físico, de acuerdo con la fracción III, del numeral 3º del referido Acuerdo General 12/2020; asimismo, el expediente físico que se genere, contendrá únicamente las promociones recibidas físicamente y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, de conformidad con el ordinal 22 del mismo ordenamiento. En términos de la fracción XII, del numeral 3 del Acuerdo General 12/2020, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes; en tanto que los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, no obstante, los mismos tendrán validez, a pesar de que no integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico. Supervisión del registro diario Con fundamento en el artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, la supervisión del registro diario de movimientos del presente expediente, que asegure la permanente actualización y veracidad de la información, estará a cargo del Secretario de Juzgado que tiene asignada la tramitación del presente asunto. Exhortación a las partes De conformidad con el artículo 263, fracción II, último párrafo, del mencionado Acuerdo General, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, donde podrán enviar solicitudes, escritos, demandas, recursos y demás documentos correspondientes al trámite del asunto, mediante el uso de la firma electrónica, que funciona con FIREL y con e.firma. Asimismo, se les solicita proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico, para los casos en que se estime necesaria una comunicación no procesal o se estime necesario su uso, con fundamento en el artículo 257, fracción I, del mismo Acuerdo General. Admisión de la demanda Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal, 1º, fracción I, 3º, 5º, 6, 21, 33, fracción IV, 35, 37, 64, 107, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda bajo el consecutivo 1101/2023-VII. Incidente de suspensión Tramítese por separado el incidente de suspensión que solicita. Sin que haya lugar a tramitar el incidente por duplicado, en cumplimiento al artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, y que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós. Audiencia constitucional Con fundamento en el artículo 115 de la legislación de la materia, se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL QUINCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. De la audiencia constitucional se levantará el acta correspondiente, la cual será firmada por la Juez y la secretaria en forma electrónica; por tanto, al no ser indispensable la concurrencia personal de las partes a dicha audiencia, se les indica que, en caso de tener la intención de comparecer a la misma, están en posibilidad de hacerlo mediante escrito que presenten ante la Oficialía de Partes Común o en forma electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, expresando los alegatos que a su interés convengan, los cuales serán tomados en consideración en la fase procesal correspondiente. Solicitud de informe justificado De conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables que rindan su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciban el oficio de notificación relativo. En el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remitan copia autorizada, legible y completa de las constancias que lo justifiquen, exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener su constitucionalidad, legalidad, o la improcedencia del juicio; según lo establecido en el párrafo quinto del artículo 117 de la legislación de la materia, mismas que podrá remitir a través de cualquiera de estas vías: a) Por correo electrónico, a la dirección 7jdo17cto@correo.cjf.gob.mx; con la evidencia de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); en el caso de realizar lo anterior, cumpliendo con el citado requisito, será innecesario que hagan llegar el informe por algún otro medio; lo anterior, en términos de la Jurisprudencia PC.XVII. J/3 K (11a.), emitida por el Pleno del Decimoséptimo Circuito, Undécima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, con registro 2023740. b) A través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de firma electrónica o e.firma del servidor público correspondiente, o mediante el uso de los convenios de interconexión; c) Físicamente en las instalaciones del órgano jurisdiccional, a través de un dispositivo de almacenamiento masivo. En la inteligencia que, de no poder remitir las constancias de manera digitalizada, deberá justificarse tal circunstancia al momento de realizar la remisión física de las mismas. En términos del numeral 115, en relación con el 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades responsables, que en caso de no rendir su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado. Además, si dejan de rendirlo o bien lo hacen sin remitir en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para resolver el presente asunto, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se les sancionará con multa de cien unidades de medida y actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, equivalentes a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional). Información reservada o confidencial En caso de que las partes exhiban remitan físicamente información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, en términos de lo dispuesto en los artículos 113 y 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos 105 y 107 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y, si se remite documento digitalizado o electrónico, de estimarse que respecto de alguna promoción o constancia deba guardarse sigilo, entonces se ordenará que se restrinja el acceso a esa porción del expediente electrónico, en términos del artículo 25 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Pruebas Se admiten y se tienen por desahogadas, por su propia y especial naturaleza, la documental que anexa en el escrito de cuenta signado electrónicamente por el licenciado ***, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, misma que se considerará al momento de emitir el fallo que conforme a derecho proceda, de acuerdo a los preceptos 119 y 123 de la ley de la materia; sin perjuicio de hacer nueva relación en la audiencia constitucional. Obligación de recibir oficios Se informa a las autoridades que están obligadas a recibir los oficios que en relación con este expediente se les dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y, que se tendrá por hecha la notificación, amén de que si subsiste la negativa, con fundamento en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; además, según lo dispuesto por el numeral 245 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, equivalentes a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional). Deber de informar sobre las causas de improcedencia Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes, para que tan pronto como aparezca una causa de sobreseimiento lo manifiesten a esta autoridad y de ser posible acompañen las constancias que lo acrediten, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, en términos del artículo 251 de la Ley de Amparo, se les impondrá como sanción una multa de treinta unidades de medida y actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, equivalentes a la cantidad de $3,112.20 (tres mil ciento doce pesos 20/100 moneda nacional). Vista al agente del MP adscrito Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, según lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV, de la legislación en cita. Habilitación de días y horas De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrita realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo (por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Autorizados y domicilio En términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, se autoriza en términos amplios al licenciado ***, toda vez que se encuentra inscrito en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación. En atención a la solicitud relativa a su acceso al expediente electrónico a través de la consulta del portal en línea del Poder Judicial de la Federación, quien cuenta con los nombres de usuarios *** así como que le san practicadas las notificaciones por la misma vía; dígasele que, en atención a que los nombres de usuarios aparecen registrados en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como que fue solicitud expresa y cuenta con certificado digital de firma electrónica, bajo los usuarios que indica, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, fracción IV, 30 y 31, fracciones II y III de la Ley de Amparo se provee: 1. Se acuerda de conformidad su petición sobre la consulta del expediente a través del juicio en línea. 2. Se faculta a la parte quejosa para que las promociones que presente en este asunto, pueda formularlas mediante el uso de tecnologías de información, a través de su firma electrónica. 3. Como consecuencia de lo anterior, se ordena practicarle las notificaciones en este asunto vía electrónica, únicamente aquellas que sean de carácter personal. Asimismo, hágase del conocimiento de la parte quejosa, que cuando las partes autorizadas para consultar expedientes electrónicos relativos a uno o más juicios de amparo y se advierta una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en un expediente electrónico o carpeta digital, dada su relevancia para las notificaciones electrónicas, deberán hacerlo del conocimiento, por vía impresa, de este Juzgado Federal, o bien, del titular del Área Técnica del Consejo de la Judicatura Federal, por vía electrónica, a través del subvínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", al que podrá accederse mediante el uso de la firma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o de no ser posible por esta vía, a los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o desde la cuenta de correo proporcionada para la obtención del Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación. Se le hace del conocimiento que en términos de lo previsto en los artículos 26, fracción IV, 30, fracciones I y II, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le ordenen practicar en el presente asunto, se tendrán por realizadas una vez que haya accesado al expediente electrónico respectivo en el Sistema Electrónico, por sí o por conducto de cualquiera de las personas que hubiere autorizado para consultar ese expediente, al visualizar el texto del acuerdo correspondiente, lo que dará lugar a la generación de la constancia prevista en la citada fracción III del artículo 31 de la Ley de Amparo. En el entendido de que este tipo de notificaciones surtirá sus efectos cuando se genere aquella constancia de consulta realizada, o bien, transcurrido el plazo de dos días hábiles siguientes, por no haber ingresado al sistema. Además, cabe enfatizar que aun y cuando se haya autorizado practicar notificaciones vía electrónica al usuario proporcionado, esto implica que este órgano jurisdiccional deberá sustituir, con esa forma de notificación, únicamente aquellas que sean de carácter personal. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 8/2023 (11a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Undécima Época, con registro 2026122, de rubro: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. LA ELECCIÓN DE ESA VÍA EN EL JUICIO DE AMPARO POR LA PARTE QUEJOSA O TERCERA INTERESADA (PARTICULAR) IMPLICA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL REALICE ÚNICAMENTE AQUELLAS QUE TIENEN CARÁCTER PERSONAL." En el entendido que si bien señala más de un usuario, desde este momento se precisa que las notificaciones se le tendrán por hechas a partir de la primera consulta o que el sistema electrónico genere la consulta ante su falta de consulta de conformidad a lo previsto en el último párrafo del artículo 60 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico, y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Forma en que se llevarán a cabo las notificaciones En general por lista Con fundamento en los ordinales 26, fracción III y 29 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena que las notificaciones en el presente asunto se realicen por lista, a través de la página de internet que se anota enseguida: https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm de la página web de Servicios y Trámites de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, salvo aquéllas de carácter personal. Adicionalmente, se instruye a la Actuaria Judicial para que el asunto se incluya en la lista que se publica en los estrados de este órgano jurisdiccional. A la autoridad responsable Por medio de oficio De conformidad con el numeral 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar el presente acuerdo a la autoridad responsable mediante oficio que al efecto se gire. Por lista electrónica Los acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, ya que esta resolutora, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el presente juicio de amparo, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que se pretenda notificar, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Expedición de copias y acceso al expediente En términos del artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en el sumario y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, lo mismo ocurrirá con las determinaciones que con esa evidencia se les remita a su correo por parte de este juzgado, de modo que resultará innecesario su cotejo con el expediente físico o cualquier otra certificación posterior. Con fundamento en el artículo 3º, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve. Uso del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. Por lo que, se instruye al Oficial Judicial "A" adscrito dé puntual seguimiento y trámite a los asuntos electrónicos recibidos por medio del Portal de Servicios en Línea, lo que implica la captura completa y oportuna de la información en los Sistemas Electrónicos del Consejo, específicamente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Consulta pública del asunto Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, dígase a las partes que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese por lista electrónica, personalmente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la licenciada Yazmín Meraz Rivera, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por licencia de la titular, autorizada por la Secretaría Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio CCJ/ST/7294/2023 de dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, conforme a lo dispuesto en el artículo 142, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera Judicial, quien actúa ante Jesús Eduardo Acosta Moroyoqui secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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