Abdullaev Khalilullokh Nabibulla Ugli

Expediente 575/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
575/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
08/06/2023

Partes del expediente

  • Abdullaev Khalilullokh Nabibulla Ugli

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, ocho de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Juzgado Sexto de Distrito en el estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, mediante el cual informa que en proveído de dos de junio pasado, aceptó la competencia declinada por este Juzgado de Distrito, avocándose al conocimiento de la demanda presentada por la parte quejosa, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro respectivo, y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo 19, fracción I, inciso a) del Acuerdo General, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional seis meses, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el propio acuerdo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 34 del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio que remite el Secretario de este órgano jurisdiccional, quien a su vez remite el diverso comunicado suscrito electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, mediante el cual adjunta proveído de la presente fecha, así como copia de la demanda derivados de los autos del juicio de amparo ********************, de su índice, a través del cual declaró carecer de competencia territorial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, para conocer de la demanda de amparo promovida por ********************, en representación de ********************, ********************, ******************** y ********************, contra actos del Titular de la Estación del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad y de otras autoridades; regístrese la demanda de amparo en el libro de gobierno de este juzgado, con el número 575/2023-F, fórmese expediente físico y electrónico y acúsese el recibo de estilo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a analizar si acepta o no competencia legal para conocer de la demanda de amparo. En principio, debe señalarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal. Ahora, sobre el tema, la Ley de Amparo, prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar aquí el referente a la competencia por territorio. En el caso concreto, la suscrita considera, de manera respetuosa, que en la especie no asiste razón al órgano jurisdiccional declinante, de ahí que no se acepta la competencia planteada, en atención a las consideraciones siguientes: La parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: "1).- La privación de la libertad injustificada a la que pueden ser objeto los quejosos. 2).- La determinación de la probable deportación, expulsión, repatriación asistida de los quejosos fuera de un procedimiento administrativo. 3).- Atentado a los derechos humanos correspondientes a la libertad de tránsito de los quejosos consagrado en el artículo 11º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 4).- Ataques a los derechos humanos y a las garantías individuales consagradas en el artículo 1º y 30º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 5).- La omisión a la presunción de vulnerabilidad de los quejosos la cual trae como consecuencia la privación de su libertad. 6).-La incomunicación probable de la que puedan ser expuestos los quejosos. 7).- La presunción de inocencia de los quejosos la cual trae como consecuencia la privación de su libertad." Los anteriores actos los atribuyó al Titular de la Estación del Instituto Nacional de Migración y Oficiales adscritos al Aeropuerto Internacional General Abelardo L. Rodríguez, con residencia en esta ciudad, así como al Titular de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración con residencia en Salina Cruz del Estado de Oaxaca. Como se desprende de la transcripción anterior, la parte promovente reclama la ilegal privación de la libertad de los directos quejosos ********************, ********************, ******************** y ********************, su traslado a diversa Estación migratoria a la en que se encuentran, así como la orden de deportación o expulsión del país. Luego, el Juez declinante para sostener su postura, consideró que en el caso, se actualiza el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, al considerar que los actos reclamados por el promovente del amparo se están ejecutando dentro de la jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional, al encontrarse supuestamente los referidos quejosos recluidos en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración de esta ciudad de Tijuana, Baja California. Sin embargo, como se adelantó quien resuelve, no comparte el criterio adoptado por la declinante, ya que también se señaló como autoridad responsable al Titular de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración con residencia en Salina Cruz del Estado de Oaxaca, en su carácter de ordenadora, y vista la certificación secretarial de cuenta se advierte que este órgano jurisdiccional conoció del exhorto 227/2023, orden 554/2023, proveniente del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, a través del cual se ordenó notificar a los agraviados ********************, ********************, ******************** y ********************, la suspensión de plano decretada en el juicio de amparo ********************, de su índice, lo cual no pudo realizarse virtud que los directamente agraviados no fueron localizados en la estación migratoria de esta ciudad. Por tanto, al haber sido dirigida la demanda de amparo al Juez de Distrito en turno, en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, por lo que debe considerarse que los actos reclamados pueden tener ejecución en ambos distritos, y hasta este momento procesal no se advierte documento alguno que de forma fehaciente acredite lo contrario. Para fundar la posición adoptada es necesario invocar el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.) Mismo que determina la competencia por territorio al juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde se ejecute o tratarse de ejecutarse el acto reclamado, lo cual resulta acorde a lo dispuesto en los diversos numerales 35 y 37, de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 35. Los juzgados de distrito y los tribunales colegiados de apelación son competentes para conocer del juicio de amparo indirecto. También lo serán las autoridades del orden común cuando actúen en auxilio de los órganos jurisdiccionales de amparo. Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." En términos de las normas de orden constitucional y legal antes referidas, la competencia del juzgador de amparo en razón al lugar de ejecución del acto motivo de reclamo se determina conforme a las siguientes premisas: a) La regla general atiende a la ejecución del acto objeto de reclamo, en tanto es juez competente el que tiene jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; b) Cuando el acto pueda tener ejecución en más de un distrito, o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, la competencia radica en el juez ante quien se presentó la demanda; y, c) Si no requiere de ejecución material, el competente será aquél ante quien se haya presentado la demanda. En ese tenor, cobra puntual aplicación la segunda regla, pues acorde a lo establecido por el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, en la Jurisprudencia PC.I.P. J/39 P (10a.), Materias Común y Penal, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 53, Abril de 2018, Tomo II, página 1071, con el rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE RADICA LA AUTORIDAD QUE LA EMITIÓ, CUANDO UNA VEZ RENDIDOS LOS INFORMES JUSTIFICADOS DESAPARECE LA POSIBILIDAD DE EJECUCIÓN EN MÁS DE UN DISTRITO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO". Criterio que, en su parte conducente, este juzgado comparte, al considerar que la competencia para conocer del juicio de amparo, cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, recae en el Juez de Distrito ante el que se presentó la demanda. Por ende, es claro que hasta este momento procesal, no existen datos fehacientes de que los actos reclamados se estén ejecutando en esta ciudad y que no hayan iniciado su ejecución en aquella localidad en que el Juzgado declinante ejerce jurisdicción. Ante tal circunstancia, toda vez que conforme al estado procesal del presente juicio de amparo, los actos reclamados pueden tener ejecución en más de un distrito y no se tiene certeza de que se haya ejecutado únicamente en este circuito, se concluye que en términos del artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, es competente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo que se presenta en contra de hechos presuntamente constitutivos, el juez ante quien se presentó la demanda de amparo. Sustenta lo anterior, por los motivos que informa, la tesis I.1o.P.30 P (10a.), con registro digital: 2011853, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, correspondiente a la Décima Época, consultable en el Libro 31, Junio de 2016, Tomo IV, página 2889, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SI EL QUEJOSO ES EXTRANJERO Y RECLAMA QUE FUE RECHAZADO SU INGRESO AL PAÍS POR LA AUTORIDAD MIGRATORIA Y QUE SUFRIÓ ACTOS DE INCOMUNICACIÓN, DETENCIÓN Y/O PRIVACIÓN DE SU LIBERTAD, AL SER EL PRIMERO UN ACTO QUE PUEDE ESTUDIARSE INDEPENDIENTE A LA LUZ DE LA MATERIA QUE LO RIGE, PUEDE DIVIDIRSE AQUÉLLA SIN AFECTAR LA CONTINENCIA DE LA CAUSA, PARA QUE SU CONSTITUCIONALIDAD SEA ANALIZADA POR UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, SIN PERJUICIO DE QUE UNO EN MATERIA PENAL CONOZCA RESPECTO DE LOS DEMÁS ACTOS RECLAMADOS. El Máximo Tribunal del País ha establecido que las disposiciones relativas a la Ley de Amparo, manifiestan un claro espíritu en el sentido de la indivisibilidad de la demanda considerándola un todo. Esta interpretación obedeció al supuesto en el que los actos reclamados se encontraban fuertemente ligados entre sí; sin embargo, cuando el citado libelo contenga actos aislados o independientes que puedan examinarse de manera autónoma, no opera esa regla y sí es factible que su análisis se efectúe separadamente, máxime si éstos son de diversas materias en las que, por especialización, deben conocer juzgadores con la competencia en la rama de que se trate. En ese sentido, si el quejoso es extranjero y en su demanda de amparo indirecto reclama que fue rechazado su ingreso al país por la autoridad migratoria y que sufrió actos de incomunicación, detención y/o privación de su libertad, de acuerdo con el artículo 78, párrafo segundo, del Reglamento de la Ley de Migración, aquél jurídicamente se encuentra fuera del territorio nacional, lo cual implica que no pueda considerarse que en virtud de ello esté incomunicado, detenido y menos aún privado de su libertad; por tanto, el mencionado rechazo, al ser un acto que puede estudiarse independiente a la luz de la materia que lo rige (administrativa), puede dividirse la demanda sin afectar la continencia de la causa, para el efecto de que la constitucionalidad de ese acto, sea analizada por un Juez de Distrito de dicha especialidad; sin perjuicio de que uno en materia penal conozca respecto de los demás actos de incomunicación, detención y privación de la libertad." Lo anterior, incluso, redunda en un mayor beneficio para las víctimas indirectas, puesto que se asegura que la persona que presenta la demanda de amparo indirecto tenga un acceso más allanado al juicio de amparo y pueda participar de manera inmediata en él, de tal modo que no se establezcan exigencias gravosas sobre circunstancias tales como la identificación del lugar de la detención o la determinación de la autoridad responsable, acceda de manera personal al expediente, obtenga copias, exprese su opinión, reciba información directa, aporte pruebas, formule alegatos y, en general, haga valer sus derechos de manera eficaz. En paralelo, subsiste un deber de auxilio a cargo de todos los órganos de gobierno, para que el juez competente pueda allegarse de la información necesaria para determinar cuál es, en primer momento, el paradero de la víctima y en su caso, obtenga su comparecencia, como un auténtico habeas corpus. Apoya lo anterior, en la parte conducente, la jurisprudencia 1a./J. 83/2019 (10a.), con registro digital 2021413, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Décima Época, consultable en el Libro 74, Enero de 2020, Tomo I, página 617, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto del tenor siguiente: "DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN SU CONTRA, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO ANTE QUIEN SE PROMUEVE. La desaparición forzada de personas es un delito de naturaleza permanente o continua, en el que predomina la falta de información de las autoridades estatales acerca del paradero de la persona o la negativa a reconocer la comisión del ilícito, por lo que no siempre es posible determinar con certeza las autoridades responsables ni el lugar o lugares donde se esté ejecutando. Ante tal circunstancia, toda vez que el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito, o incluso puede comenzar a ejecutarse en uno de ellos y continuar ejecutándose en otro, se concluye que en términos del artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, es competente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo que se presenta en contra de hechos presuntamente constitutivos de desaparición forzada, el juez ante quien se presente la demanda de amparo. Lo anterior, incluso, redunda en un mayor beneficio para las víctimas indirectas, puesto que se asegura que la persona que presenta la demanda de amparo indirecto tenga un acceso más allanado al juicio de amparo y pueda participar de manera inmediata en él, de tal modo que no se establezcan exigencias gravosas sobre circunstancias tales como la identificación del lugar de la detención o la determinación de la autoridad responsable, acceda de manera personal al expediente, obtenga copias, exprese su opinión, reciba información directa, aporte pruebas, formule alegatos y, en general, haga valer sus derechos de manera eficaz. En paralelo, subsiste un deber de auxilio a cargo de todos los órganos de gobierno, para que el juez competente pueda allegarse de la información necesaria para determinar cuál es el paradero de la víctima del multicitado delito y en su caso, obtenga su comparecencia, como un auténtico habeas corpus." En ese contexto, se estima que el juez competente es ante quien se presentó la demanda de amparo. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 2/95 de la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo I, abril de 1995, página 31, registro 200824, de rubro: "COMPETENCIA. CUANDO LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS PUEDEN ACTUAR DENTRO DEL ÁMBITO TERRITORIAL EN QUE EJERCEN JURISDICCIÓN LOS JUECES CONTENDIENTES, DEBE FINCARSE EN FAVOR DEL QUE PREVINO". No se inadvierte la jurisprudencia 1ª./J. 52/2013 (10a.) de la Primera Sala del Alto Tribunal, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE." Sin embargo, se considera que dicho criterio no es aplicable, porque interpreta la primera regla contenida en el artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, que coincide medularmente con la primera hipótesis del numeral 37 de ley vigente, pero en el caso se estima que puede ser aplicable la segunda regla (ejecución en más de un distrito). En las relatadas condiciones, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional no acepta la competencia planteada por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz y se ordena devolver. En consecuencia, con copia certificada de la papeleta de turno, demanda de amparo, y el presente proveído, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo para constancia legal. Transparencia y digitalización. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que quede firme la resolución que en su caso se dicte en este asunto. Asimismo, en atención al Acuerdo General 21/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como del artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena priorizar la tramitación electrónica y de conformidad con lo establecido en el artículo 253, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; se ordena priorizar la tramitación electrónica del juicio en Línea. Finalmente, en cumplimiento a lo ordenado en las disposiciones generales establecidas en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos, se informa a las partes que a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, el horario de atención al público será de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos (artículo 6 del primer ordenamiento) y que las listas de acuerdos quedarán a disposición del público para su consulta en la página de internet del Consejo a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal; y que tendrán validez legal al ser las mismas que se encuentran en los Estrados de los Juzgados y Tribunales Federales (artículos 209, 209 bis, ídem). Notifíquese.

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