Abdifatah Omar Hassan

Expediente 545/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
545/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
08/08/2022

Partes del expediente

  • Abdifatah Omar Hassan

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, ocho de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la ley de amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de veintiséis de julio de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el segundo párrafo del numeral 2, de la ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto en el que se desechó la demanda de amparo, ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. En ese tenor, al advertirse que el asunto que nos ocupa se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el precepto 214, de la Ley de Amparo archívese el citado expediente. En términos del artículo vigésimo primero, inciso b), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Finalmente, agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por la parte quejosa, por medio del cual manifiesta que es su deseo desistirse del presente juicio de amparo, y, que es su voluntad revocar a cualquier persona que aparezca como su autorizado o representante; sin que se el caso proveer al respecto toda vez que en veintiséis de julio del presente año se desechó la demanda de amparo, y es esta data se declara que el auto en el que se desechó la demanda de amparo, ha causado estado. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiséis de julio de dos mil veintidós. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por Luis Cruz Jiménez, a favor de Abdifatah Omar Hassan, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad y otra autoridad; fórmese expediente, hágase las anotaciones correspondientes y regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado con el número 545/2022-A. Ahora bien, al advertirse de la certificación de cuenta, que en esta fecha en términos del Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se turnó a este juzgado la dicha demanda de amparo, la cual fue presentada "vía electrónica", promovida al parecer Luis Cruz Jiménez; en representación del quejoso Abdifatah Omar Hassan, la que se recibe sin firma electrónica ni evidencia criptográfica. Por tanto, a pesar de no haberse presentado firmada electrónicamente, se atenderá lo correspondiente a la referida demanda, al encontrarse el acto que reclama dentro del supuesto contemplado por el artículo 15 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, lo establecido en las últimas líneas de la Jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registrado con el folio 2019715 de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." Desechamiento de la demanda. Ahora bien, del examen integral que ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo resulta necesario analizar si es procedente o no la demanda de amparo en cuestión, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda sobre su admisión o desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del dispositivo transcrito se advierte que el Juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia visible en la página ochocientos noventa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Ahora bien, en el caso, es indudable y manifiesta la improcedencia del juicio de amparo que se promueve, en atención a las siguientes consideraciones: Es menester destacar lo establecido por el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, mismo que literalmente dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;." Del precepto legal transcrito, se desprende que el juicio de amparo será improcedente cuando se promueva contra actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución, siempre que sea promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Ahora bien de la certificación secretarial de cuenta se advierte que la demanda de amparo que dio origen al juicio de amparo 544/2022, promovida por Luis Cruz Jiménez, a favor de Abdifatah Omar Hassan, fue presentada en la fecha que a continuación se precisa: JUICIO DE AMPARO FECHA Y HORARIO DE PRESENTACIÓN EN LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO Y DE JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD 544/2022 Nueve horas con cincuenta y siete minutos de veintiséis de julio de dos mil veintidós. De igual forma, como se anticipó, en la referida demanda que dio origen al juicio de amparo 544/2022, se señalaron como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en Tijuana. Instituto Nacional de Migración, con sede en Tijuana. A quienes reclamó: "[...] la orden de expulsión, deportación [.] Asimismo de la demanda que se atiende, la cual fue presentada a las diez horas con diez minutos de esta fecha, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, y radicada con el arábigo 545/2022, se señalaron como autoridades responsables y acto reclamado los siguientes: Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en Tijuana. Instituto Nacional de Migración, con sede en Tijuana. A quienes reclamó: "[...] la orden de expulsión, deportación [.] Por tanto, con lo hasta aquí expuesto, es dable concluir que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, ya que como quedó evidenciado, los actos aquí reclamados, consistentes en la orden de expulsión y deportación, atribuidos a las autoridades señaladas como responsables Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en Tijuana, e Instituto Nacional de Migración, con sede en Tijuana, son materia del diverso juicio de amparo 544/2022-G, del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por el mismo quejoso y en contra de las mismas autoridades responsables; por ende, es evidente que este órgano jurisdiccional está legalmente imposibilitado para pronunciarse sobre la constitucionalidad de los actos que se pretenden reclamar en el presente asunto. Ya que al actualizarse la causa de improcedencia de que se trata, se pretende evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en "varios juicios" se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez, de manera que su actualización depende, necesariamente, de que exista identidad en el quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado pero, sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución, así como en el caso acontece en relación con el diverso juicio de amparo 544/2022-G, del índice de este órgano jurisdiccional. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.11o.C.31 K (10a.) emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página tres mil veintinueve, tomo dos, libro sesenta y tres, de febrero de dos mil diecinueve, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que señala (énfasis añadido): "LITISPENDENCIA. CASOS EN QUE SE ACT"UALIZA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. La causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que comúnmente se conoce como litispendencia, pretende evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez, de manera que su actualización depende, necesariamente, de que exista identidad en el quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado pero, sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución. Esto es, el juicio de amparo será improcedente por litispendencia, cuando exista otro juicio en trámite o pendiente de resolución -en primera o segunda instancia-, y se promueva una segunda o ulterior demanda de amparo: por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto o norma general. En este caso, basta que se reúnan los anteriores requisitos para que el amparo sea improcedente aunque las violaciones que se aduzcan sean distintas. Esto es, no constituye un requisito indispensable que se trate de demandas de amparo idénticas. Entendiéndose por juicio de amparo en trámite, aquel asunto que ya ha sido promovido y que no se ha resuelto en definitiva, o si se trata de un juicio de amparo cuya sentencia admita la procedencia del recurso de revisión, se encuentre transcurriendo el plazo para su interposición, o bien, que ya se haya interpuesto dicho recurso y no haya sido resuelto a la fecha de presentación de la segunda o ulterior demanda con las características señaladas. También puede actualizarse esta causa de improcedencia aunque al señalarse autoridades ejecutoras, éstas sean distintas a las designadas en el amparo anterior; ello, siempre que los actos reclamados a dichas ejecutoras sólo se impugnen como consecuencia de los actos que se atribuyen a la autoridad ordenadora y no por vicios propios pues, en caso contrario, respecto de los actos de ejecución no operaría la hipótesis legal relativa. Un aspecto importante a destacar lo constituye el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que esta causa de improcedencia también se actualiza cuando en una segunda demanda de amparo se combaten actos que, sin ser los mismos que los reclamados en la demanda presentada en primer término, realmente sólo constituyen las consecuencias legales de los reclamados en ésta. En este contexto, sólo podrá presentarse una segunda demanda de amparo contra actos que son una consecuencia legal de los reclamados en la primera demanda, si se tuvo conocimiento de aquéllos con posterioridad de los originalmente reclamados y ya no se pudo ampliar la demanda por haberse celebrado la audiencia constitucional. Por tanto, si no se cumplen estos últimos requisitos, la demanda de amparo contra actos que no son sino la consecuencia legal de otro que se encuentra en trámite, será improcedente." Así, de acuerdo a los razonamientos expuestos con anterioridad, lo procedente es desechar de plano la presente demanda de amparo por las razones ya expuestas; lo anterior, de conformidad con el artículo 113 de la ley de la materia. Autorizados. Como lo solicita la promovente, se autoriza en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Luis Cruz Jiménez, es decir para oír y recibir notificaciones, dado que no cuenta con el registro de cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; asimismo téngase al promovente señalando correo electrónico y número telefónico para el contacto respectivo. No obstante, por única ocasión, notifíquese personalmente al directo quejoso Abdifatah Omar Hassan, en la estación migratorio en que se encuentre interno. Días y horas inhábiles. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 282 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles al actuario de la adscripción, para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Es aplicable a lo anterior, por su contenido la jurisprudencia 1a./J. 82/2019 (10a.), página 197, libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto disponen: "ACTUACIONES JUDICIALES. EL JUZGADOR DEBE SEÑALAR EXPRESAMENTE Y NO EN FORMA IMPLÍCITA O TÁCITA LOS MOTIVOS QUE SUSTENTAN LA CAUSA URGENTE PARA HABILITAR DÍAS Y HORAS INHÁBILES, ASÍ COMO LAS DILIGENCIAS QUE DEBERÁN REALIZARSE (ARTÍCULOS 64 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, Y 1065 DEL CÓDIGO DE COMERCIO). Las facultades que la ley otorga a los juzgadores como directores del proceso están sujetas al cumplimiento de los requisitos de fundamentación y motivación establecidos en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que todo acto de autoridad debe respetar; por tanto, si los artículos 64 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, y 1065 del Código de Comercio, establecen igualmente que "el Juez puede habilitar los días y horas inhábiles para actuar o para que se practiquen diligencias cuando hubiere causa urgente que lo exija, expresando cuál sea ésta y las diligencias que hayan de practicarse.", es evidente que en atención a los requisitos constitucionales aludidos y a la literalidad de la norma, el Juez debe señalar la causa urgente en que sustenta su determinación, así como las diligencias que deberán practicarse; requisito que debe cumplir de manera expresa y no en forma implícita o tácita, por ser su obligación constitucional fundar y motivar sus determinaciones, con el objeto de que las personas, al conocer las causas que dieron origen a su determinación, puedan impugnarla a través de los medios de defensa que la legislación correspondiente establezca a su favor; ello, en aras de respetar a su vez, los derechos de seguridad y certeza jurídicas." Transparencia y digitalización. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte. Asimismo, en atención a los Acuerdos Generales 21/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como el artículo 3º de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Notifíquese; y, personalmente a Abdifatah Omar Hassan.Así lo acordó y firma electrónicamente, el licenciado Jesús Cortez Sandoval, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, asistido por la licenciada María Elizabeth Reyes Moreno, secretaria de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

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