Abdiwali Ali Abdi

Expediente 708/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 6 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
708/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
30/11/2022

Partes del expediente

  • Abdiwali Ali Abdi
  • Godwin Amewuga Este Sosu
  • Samake Bakoro
  • GODWIN AMEWUGA ESTE SOSU y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    El treinta de noviembre de dos mil veintidós, se da cuenta a la Secretaria en funciones de Jueza, con la certificación secretarial que antecede y el estado de autos. Conste.Tijuana, Baja California, treinta de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación de cuenta que no se interpuso por parte legitimada recurso de revisión, dentro del plazo legal, en contra el auto dictado el tres de octubre de dos mil veintidós; en consecuencia, se declara que dicho acuerdo ha causado estado; comuníquese lo anterior a las autoridades correspondientes; háganse las anotaciones relativas en el libro de Gobierno respectivo, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Atento a lo anterior, y visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, se ordena su archivo. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo décimo quinto, del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo en referencia. Asimismo, se establece que el expediente principal a pesar de haberse sobreseído, es catalogado como depurable, en un plazo de tres años, conforme al punto 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales de resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, ello toda vez que se decretó la suspensión de plano respecto de los actos reclamados. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "depurable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 35 del Acuerdo General mencionado.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, la comunicación oficial y los oficios, provenientes del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado, el exhorto local 271/2022-B, con número de orden 279/2022-B, girado dentro del presente juicio de amparo. Atento a lo anterior, dese de baja el exhorto del índice de este Juzgado, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); sin que sea necesario acusar de recibo, ya que el sistema electrónico genera la constancia relativa de manera automática. Asimismo se toma conocimiento de la fecha en que las autoridades responsables fueron notificadas del proveído de tres de octubre de dos mil veintidós, por lo que una vez que transcurra la temporalidad el término aludido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, dese nueva cuenta a fin de acordar lo que en derecho corresponda. Notifíquese.Así lo acordó y firma electrónicamente Daniela Cecilia Félix Chávez, Secretaria en Funciones de Jueza del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, autorizada mediante oficio CCJ/ST/5159/2022, quien actúa ante la Secretaria Landy Li Dolores Vizcaya Guerrero, que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, siete de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que al consultar la página de internet https://www.estafeta.com/Herramientas/Rastreo, a fin de verificar el estatus de las guías con número de rastreo 0709980031, 2590323548, 0110758128, 3721383751 y 1192498406, por medio de las cuales se enviaron los oficios 24719/2022, 24720/2022, 24721/2022, 24722/2022 y 24723/2022, dirigidos a las autoridades responsables Jefe de Asuntos Jurídicos, Jefe de Departamento de Control de Migratorio, Jefe de Departamento de Verificación Migratoria, Jefe de la Estación Migratoria y Representante Local Mexicali Punto I, todas del Instituto Nacional de Migración con sede en Mexicali, Baja California, se obtuvo que las mismas fueron rechazadas por el destinatario o por política de recepción en centros comerciales. En ese contexto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo en concordancia con los diversos artículos 298, 299, 300 y 301, del Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, así como el numeral 138, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; además de conformidad con los Acuerdos Generales 3/2013 y 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y en atención a que durante el trámite del presente juicio de amparo, no ha sido posible la entrega de los oficios dirigidos a las autoridades responsables Jefe de Asuntos Jurídicos, Jefe de Departamento de Control de Migratorio, Jefe de Departamento de Verificación Migratoria, Jefe de la Estación Migratoria y Representante Local Mexicali Punto I, todas del Instituto Nacional de Migración con sede en Mexicali, Baja California, aun cuando a los servicios de mensajería se les proporciona el domicilio completo de dichas autoridades. Por tanto, gírese atento exhorto vía electrónica al Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, en turno, a fin de que en auxilio de las labores de este Tribunal, por conducto de un Actuario adscrito a ese Juzgado, se sirva notificar los oficios 24719/2022, 24720/2022, 24721/2022, 24722/2022 y 24723/2022 dirigidos a las autoridades responsables arriba precisadas. Asimismo, de conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles, para la práctica de la diligencia encomendada. Hecho lo anterior, o bien, de establecerse la imposibilidad material y jurídica para llevar a cabo la encomienda planteada, solicítese a la autoridad exhortada devuelva por la misma vía la comunicación oficial que se le remite, a fin de proveer lo que en derecho corresponda. Notifíquese.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, cinco de octubre de dos mil veintidós. Vista la constancia actuarial de cuenta, se advierte la imposibilidad que tuvo el fedatario judicial adscrito para notificar a los quejosos el auto de tres de octubre de del año en curso, por las razones que en la misma expone. En consecuencia, con fundamento en los artículos 26, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo, notifíquesele a los quejosos el presente proveído, el acuerdo de tres de octubre del año en curso, y las subsecuentes actuaciones, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, hasta en tanto señalen domicilio para tales efectos. Notifíquese; y por lista a la parte quejosa. Tijuana, Baja California, tres de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta se advierte que, Que es un hecho notorio, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo que a las dieciséis horas con treinta minutos del diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, se recibió físicamente la demanda de amparo radicada con el número 677/2022-A, promovida por Juan Luis Alberto Entebi Hernández, en favor de Godwin Amewuga Este Sosu, Samake Bakoro, Abdiwali Ali Abdi, Amiin Mukhtar Kosar y Siarhei Yermoluygin, entre otros, y se señalaron como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: 1.- Titular de la Oficina de Representación en el Estado de Baja California del INM, [.] 2.- Jefe de Asuntos Jurídicos del INM en Baja California, Con domicilio ampliamente conocido en esta Ciudad. (ORDENADORA Y EJECUTORA). 3.- Jefe de Departamento de Control Migratorio del INM, con domicilio ampliamente conocido en esta Ciudad. (ORDENADORA Y EJECUTORA). 4.- Jefe de Departamento de Verificación Migratoria del INM, con domicilio ampliamente conocido en esta Ciudad. (ORDENADORA Y EJECUTORA). 5.- Jefe de la Estación Migratoria del INM, con domicilio ampliamente conocido en esta Ciudad (ORDENADORA Y EJECUTORA). 6.- Jefe de Asuntos Jurídicos del INM en Baja California, Con domicilio ampliamente conocido en la ciudad de Mexicali, Baja California. (ORDENADORA Y EJECUTORA). 7.- Jefe de Departamento de Control Migratorio del INM, con domicilio ampliamente en la ciudad de Mexicali, Baja California. (ORDENADORA Y EJECUTORA). 8.- Jefe de Departamento de Verificación Migratoria del INM, con domicilio ampliamente conocido en la ciudad de Mexicali, Baja California. (ORDENADORA Y EJECUTORA). 9.- Jefe de la Estación Migratoria del INM, con domicilio ampliamente conocido en la ciudad de Mexicali, Baja California. (ORDENADORA Y EJECUTORA). 10.- Representante Local Mexicali 1 Punto de Internación del INM, con domicilio Calle Agustín Melgar No. 1 esquina con Colón, Punto Fronterizo, Zona Centro, C.P. 21100 Mexicali, B.C. con número de Teléfono: (686) 552-87 56. (ORDENADORA Y EJECUTORA). Acto reclamado: 1.- De todas las autoridades señaladas como responsables respectivamente en el ámbito de sus facultades, se reclama la orden y ejecución de la deportación y/o expulsión de los hoy quejosos de este país de Estados Unidos Mexicanos a su país de origen o a cualquier otro. 2.- De todas las autoridades señaladas como responsables respectivamente en el ámbito de sus funciones, se reclama todo acto y omisión tendiente o consistente en mantener a los quejosos privados de su libertad personal, tenerlos de manera incomunicada, intimidándolos, realizándoles en su humanidad una posible tortura física y psicológica, e incumpliendo con ello con las garantías fundamentales del debido proceso, audiencia, legalidad, seguridad jurídica y acceso efectivo a la impartición de justicia. 3.- De todas las autoridades señaladas como responsables respectivamente en el ámbito de sus funciones, se reclama todo acto y omisión tendiente o consistente en restringir la libertad de tránsito en este país a los hoy quejosos. 4.- De todas las autoridades señaladas como responsables, respectivamente en el ámbito de las funciones a su cargo, se reclama la orden o ejecución del traslado de los quejosos a cualquier otra ciudad o cualquier otro país. Asimismo, que en la demanda de amparo que dio inicio al presente juicio de amparo, fue promovida por Juan Luis Alberto Entebi Hernández, en favor de Godwin Amewuga Este Sosu, Samake Bakoro, Abdiwali Ali Abdi, Amiin Mukhtar Kosar y Siarhei Yermoluygin, en la que se señalaron como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: 1.- Titular de la Oficina de Representación en el Estado de Baja California del INM, [.] 2.- Jefe de Asuntos Jurídicos del INM en Baja California, Con domicilio ampliamente conocido en esta Ciudad. (ORDENADORA Y EJECUTORA). 3.- Jefe de Departamento de Control Migratorio del INM, con domicilio ampliamente conocido en esta Ciudad. (ORDENADORA Y EJECUTORA). 4.- Jefe de Departamento de Verificación Migratoria del INM, con domicilio ampliamente conocido en esta Ciudad. (ORDENADORA Y EJECUTORA). 5.- Jefe de la Estación Migratoria del INM, con domicilio ampliamente conocido en esta Ciudad (ORDENADORA Y EJECUTORA). 6.- Jefe de Asuntos Jurídicos del INM en Baja California, Con domicilio ampliamente conocido en la ciudad de Mexicali, Baja California. (ORDENADORA Y EJECUTORA). 7.- Jefe de Departamento de Control Migratorio del INM, con domicilio ampliamente en la ciudad de Mexicali, Baja California. (ORDENADORA Y EJECUTORA). 8.- Jefe de Departamento de Verificación Migratoria del INM, con domicilio ampliamente conocido en la ciudad de Mexicali, Baja California. (ORDENADORA Y EJECUTORA). 9.- Jefe de la Estación Migratoria del INM, con domicilio ampliamente conocido en la ciudad de Mexicali, Baja California. (ORDENADORA Y EJECUTORA). 10.- Representante Local Mexicali 1 Punto de Internación del INM, con domicilio Calle Agustín Melgar No. 1 esquina con Colón, Punto Fronterizo, Zona Centro, C.P. 21100 Mexicali, B.C. con número de Teléfono: (686) 552-87 56. (ORDENADORA Y EJECUTORA). Acto reclamado: 1.- De todas las autoridades señaladas como responsables respectivamente en el ámbito de sus facultades, se reclama la orden y ejecución de la deportación y/o expulsión de los hoy quejosos de este país de Estados Unidos Mexicanos a su país de origen o a cualquier otro. 2.- De todas las autoridades señaladas como responsables respectivamente en el ámbito de sus funciones, se reclama todo acto y omisión tendiente o consistente en mantener a los quejosos privados de su libertad personal, tenerlos de manera incomunicada, intimidándolos, realizándoles en su humanidad una posible tortura física y psicológica, e incumpliendo con ello con las garantías fundamentales del debido proceso, audiencia, legalidad, seguridad jurídica y acceso efectivo a la impartición de justicia. 3.- De todas las autoridades señaladas como responsables respectivamente en el ámbito de sus funciones, se reclama todo acto y omisión tendiente o consistente en restringir la libertad de tránsito en este país a los hoy quejosos. 4.- De todas las autoridades señaladas como responsables, respectivamente en el ámbito de las funciones a su cargo, se reclama la orden o ejecución del traslado de los quejosos a cualquier otra ciudad o cualquier otro país. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del dispositivo transcrito se advierte que el Juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia visible en la página ochocientos noventa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Ahora bien, en el caso, es indudable y manifiesta la improcedencia del juicio de amparo que se promueve, en atención a las siguientes consideraciones: Es menester destacar lo establecido por los artículos 61, fracción X, 5 y 6 de la Ley de Amparo y 107 fracción I, Constitucional, mismos que literalmente dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;." Del precepto legal transcrito, se desprende que el juicio de amparo será improcedente cuando se promueva contra actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución, siempre que sea promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Ahora bien, de la certificación secretarial de cuenta se advierte que en este órgano jurisdiccional, se encuentra radicado el juicio de amparo 677/2022-A, promovido por Juan Luis Alberto Entebi Hernández, en favor de Godwin Amewuga Este Sosu, Samake Bakoro, Abdiwali Ali Abdi, Amiin Mukhtar Kosar y Siarhei Yermoluygin entre otros, y se señalaron como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: 1.- Titular de la Oficina de Representación en el Estado de Baja California del INM, [.] 2.- Jefe de Asuntos Jurídicos del INM en Baja California, Con domicilio ampliamente conocido en esta Ciudad. (ORDENADORA Y EJECUTORA). 3.- Jefe de Departamento de Control Migratorio del INM, con domicilio ampliamente conocido en esta Ciudad. (ORDENADORA Y EJECUTORA). 4.- Jefe de Departamento de Verificación Migratoria del INM, con domicilio ampliamente conocido en esta Ciudad. (ORDENADORA Y EJECUTORA). 5.- Jefe de la Estación Migratoria del INM, con domicilio ampliamente conocido en esta Ciudad (ORDENADORA Y EJECUTORA). 6.- Jefe de Asuntos Jurídicos del INM en Baja California, Con domicilio ampliamente conocido en la ciudad de Mexicali, Baja California. (ORDENADORA Y EJECUTORA). 7.- Jefe de Departamento de Control Migratorio del INM, con domicilio ampliamente en la ciudad de Mexicali, Baja California. (ORDENADORA Y EJECUTORA). 8.- Jefe de Departamento de Verificación Migratoria del INM, con domicilio ampliamente conocido en la ciudad de Mexicali, Baja California. (ORDENADORA Y EJECUTORA). 9.- Jefe de la Estación Migratoria del INM, con domicilio ampliamente conocido en la ciudad de Mexicali, Baja California. (ORDENADORA Y EJECUTORA). 10.- Representante Local Mexicali 1 Punto de Internación del INM, con domicilio Calle Agustín Melgar No. 1 esquina con Colón, Punto Fronterizo, Zona Centro, C.P. 21100 Mexicali, B.C. con número de Teléfono: (686) 552-87 56. (ORDENADORA Y EJECUTORA). Acto reclamado: 1.- De todas las autoridades señaladas como responsables respectivamente en el ámbito de sus facultades, se reclama la orden y ejecución de la deportación y/o expulsión de los hoy quejosos de este país de Estados Unidos Mexicanos a su país de origen o a cualquier otro. 2.- De todas las autoridades señaladas como responsables respectivamente en el ámbito de sus funciones, se reclama todo acto y omisión tendiente o consistente en mantener a los quejosos privados de su libertad personal, tenerlos de manera incomunicada, intimidándolos, realizándoles en su humanidad una posible tortura física y psicológica, e incumpliendo con ello con las garantías fundamentales del debido proceso, audiencia, legalidad, seguridad jurídica y acceso efectivo a la impartición de justicia. 3.- De todas las autoridades señaladas como responsables respectivamente en el ámbito de sus funciones, se reclama todo acto y omisión tendiente o consistente en restringir la libertad de tránsito en este país a los hoy quejosos. 4.- De todas las autoridades señaladas como responsables, respectivamente en el ámbito de las funciones a su cargo, se reclama la orden o ejecución del traslado de los quejosos a cualquier otra ciudad o cualquier otro país. Luego, en el escrito inicial de demanda que dio origen al presente juicio de amparo, se advierte que ésta fue promovida por Juan Luis Alberto Entebi Hernández, en favor de Godwin Amewuga Este Sosu, Samake Bakoro, Abdiwali Ali Abdi, Amiin Mukhtar Kosar y Siarhei Yermoluygin, contra actos del Titular de la Oficina de Representación en el Estado de Baja California del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, de quienes reclamó lo siguiente: "1.- De todas las autoridades señaladas como responsables respectivamente en el ámbito de sus facultades, se reclama la orden y ejecución de la deportación y/o expulsión de los hoy quejosos de este país de Estados Unidos Mexicanos a su país de origen o a cualquier otro. 2.- De todas las autoridades señaladas como responsables respectivamente en el ámbito de sus funciones, se reclama todo acto y omisión tendiente o consistente en mantener a los quejosos privados de su libertad personal, tenerlos de manera incomunicada, intimidándolos, realizándoles en su humanidad una posible tortura física y psicológica, e incumpliendo con ello con las garantías fundamentales del debido proceso, audiencia, legalidad, seguridad jurídica y acceso efectivo a la impartición de justicia. 3.- De todas las autoridades señaladas como responsables respectivamente en el ámbito de sus funciones, se reclama todo acto y omisión tendiente o consistente en restringir la libertad de tránsito en este país a los hoy quejosos. 4.- De todas las autoridades señaladas como responsables, respectivamente en el ámbito de las funciones a su cargo, se reclama la orden o ejecución del traslado de los quejosos a cualquier otra ciudad o cualquier otro país" En atención a lo expuesto, es dable concluir en las referidas demandas que dieron origen a los juicios 677/2022-A y 708/2022-B, fueron promovidas por Juan Luis Alberto Entebi Hernández, en favor de Godwin Amewuga Este Sosu, Samake Bakoro, Abdiwali Ali Abdi, Amiin Mukhtar Kosar y Siarhei Yermoluygin, contra los mismos actos, atribuidos autoridades del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, por ende, se estima que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, ya que como quedó evidenciado, los actos reclamados en el juicio de amparo 677/2022-A, del índice de este juzgado, así como en la presente demanda, son los mismos. Por ende, es que este órgano jurisdiccional está legalmente imposibilitado para pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto que se pretende reclamar en el presente asunto, porque -como se anticipó-, dichos actos reclamados son materia del diverso juicio 677/2022-A del índice de este juzgado, ya que al actualizarse la causa de improcedencia de que se trata, se pretende evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en "varios juicios" se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez, de manera que su actualización depende, necesariamente, de que exista identidad en el quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado pero, sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.11o.C.31 K (10a.) emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página tres mil veintinueve, tomo dos, libro sesenta y tres, de febrero de dos mil diecinueve, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que señala (énfasis añadido): "LITISPENDENCIA. CASOS EN QUE SE ACTUALIZA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. La causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que comúnmente se conoce como litispendencia, pretende evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez, de manera que su actualización depende, necesariamente, de que exista identidad en el quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado pero, sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución. Esto es, el juicio de amparo será improcedente por litispendencia, cuando exista otro juicio en trámite o pendiente de resolución -en primera o segunda instancia-, y se promueva una segunda o ulterior demanda de amparo: por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto o norma general. En este caso, basta que se reúnan los anteriores requisitos para que el amparo sea improcedente aunque las violaciones que se aduzcan sean distintas. Esto es, no constituye un requisito indispensable que se trate de demandas de amparo idénticas. Entendiéndose por juicio de amparo en trámite, aquel asunto que ya ha sido promovido y que no se ha resuelto en definitiva, o si se trata de un juicio de amparo cuya sentencia admita la procedencia del recurso de revisión, se encuentre transcurriendo el plazo para su interposición, o bien, que ya se haya interpuesto dicho recurso y no haya sido resuelto a la fecha de presentación de la segunda o ulterior demanda con las características señaladas. También puede actualizarse esta causa de improcedencia aunque al señalarse autoridades ejecutoras, éstas sean distintas a las designadas en el amparo anterior; ello, siempre que los actos reclamados a dichas ejecutoras sólo se impugnen como consecuencia de los actos que se atribuyen a la autoridad ordenadora y no por vicios propios pues, en caso contrario, respecto de los actos de ejecución no operaría la hipótesis legal relativa. Un aspecto importante a destacar lo constituye el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que esta causa de improcedencia también se actualiza cuando en una segunda demanda de amparo se combaten actos que, sin ser los mismos que los reclamados en la demanda presentada en primer término, realmente sólo constituyen las consecuencias legales de los reclamados en ésta. En este contexto, sólo podrá presentarse una segunda demanda de amparo contra actos que son una consecuencia legal de los reclamados en la primera demanda, si se tuvo conocimiento de aquéllos con posterioridad de los originalmente reclamados y ya no se pudo ampliar la demanda por haberse celebrado la audiencia constitucional. Por tanto, si no se cumplen estos últimos requisitos, la demanda de amparo contra actos que no son sino la consecuencia legal de otro que se encuentra en trámite, será improcedente." En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo al actualizarse la causa de improcedencia prevista en artículo 61, fracción X, de la misma ley; por esa razón, no es posible pronunciarse respecto a los conceptos de violación formulados por la parte quejosa. Es aplicable al caso la jurisprudencia VI.1o. J/23, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 252, del Semanario Judicial de la Federación, número 22-24, octubre-diciembre de 1989, Octava Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." En consecuencia, quedan sin efecto las providencias decretadas, así como la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional; comuníquese lo anterior a la autoridad señalada como responsable y hágase la anotación de rigor en el libro de Juzgado respectivo. Notifíquese personalmente.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana · 3,498 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano