Aaron Martínez Montante
Expediente 777/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 13 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 777/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 16/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Aaron Martínez Montante
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso ***, atento a su contenido, se provee: Como lo solicita, téngase como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ******* toda vez que no cuentan con sus cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; lo anterior, sin exclusión de aquellos profesionistas autorizados previamente señalados en autos. Finalmente, toda vez que no existen promociones por acordar ni diligencias por desahogar, devuélvanse los autos al archivo de este Juzgado. Notifíquese por medio de lista.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por ***, abogado autorizado en términos amplios de la parte quejosa, mediante el cual solicita la devolución del billete de depósito que fue exhibido para efecto de que continuara surtiendo efectos la suspensión provisional decretada en el incidente de suspensión del que deriva el presente juicio de amparo. Sin embargo, dígasele que se esté a lo acordado en proveído de treinta de junio de dos mil veintitrés, en el entendido que se reservó de acordar respecto de la devolución del billete de depósito de referencia hasta en tanto haya transcurrido el término a que se refiere el artículo 156 de la Ley de la Materia. Finalmente, toda vez que no existen promociones por acordar ni diligencias por desahogar, devuélvanse los autos al archivo de este Juzgado. Notifíquese por medio de lista.
- Principal
Causa estado. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el proveído dictado en este juicio el seis de junio de dos mil veintitrés, sin que lo haya hecho; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se declara que dicho acuerdo que sobresee en el presente juicio constitucional, ha causado estado, para todos los efectos legales; comuníquese a las autoridades responsables esta determinación, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Devolución de anexos. Devuélvase al Juez Séptimo del Ramo Penal en esta ciudad, el tomo de pruebas que acompañó como justificación a su informe de ley. Reserva proveer respecto de billete de depósito. Finalmente, toda vez que la parte quejosa a fin de garantizar la suspensión definitiva de los actos reclamados exhibió billete de depósito N 952802, expedido por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional); este órgano jurisdiccional, se reserva acordar respecto de la devolución del mismo hasta en tanto haya transcurrido el término a que se refiere el artículo 156 de la Ley de la Materia. Archivo. Ahora, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Valoración. Acorde a lo establecido en el artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que el seis de junio de dos mil veintitrés, se decretó el sobreseimiento en el presente juicio, determinación que causó estado en esta fecha; este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el citado punto, lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes de haberse actualizado aquél primer plazo, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Valoración del incidente. Toda vez que en el presente asunto se tramitó incidente de suspensión, en el cual por un lado se negó, y por el otro se concedió la suspensión definitiva; archívense el cuaderno incidental por separado, en el entendido de que es susceptible de ser conservable, una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el citado punto, deberá de transferirse y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. No relevancia documental. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 15 del mencionado Acuerdo General. Notifíquese por medio de lista; y por oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Púbico de la Federación adscrito.
- Incidental
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el término de cinco días que le fue otorgado a la parte quejosa en la interlocutoria de doce de junio de dos mil veintitrés, a efecto de cumplir con las medidas de aseguramiento para la suspensión definitiva otorgada, transcurrió sin que hubiese dado cumplimiento a tal circunstancia. Se deja sin efectos suspensión definitiva. En tal virtud, toda vez la parte quejosa no otorgó dentro del término correspondiente, la garantía a efecto de cumplir con las medidas de aseguramiento para la suspensión definitiva otorgada mediante interlocutoria de doce de junio de dos mil veintitrés; por tanto, de acuerdo al apercibimiento contenido en la resolución de mérito, es inconcuso que ha dejado de surtir efectos la medida otorgada, por lo que deberá notificarse dicha circunstancia a las autoridades responsables para los efectos legales a que haya lugar. Con independencia de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 136 de la Ley de Amparo, el hecho de que la parte quejosa haya inobservado el requisito impuesto en la interlocutoria correspondiente, en el caso concreto, el de la garantía exigida, no significa que haya precluido el derecho a hacerlo, sino únicamente que la autoridad responsable tiene expedita su jurisdicción para la ejecución del acto reclamado. Lo anterior con apoyo en la tesis XV.1o.13 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado Del Décimo Quinto Circuito, visible en la página 1182, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VII, Enero de 1998, Materia Común, cuyo rubro es: "SUSPENSIÓN. NO DEBE DEJARSE SIN EFECTOS POR NO EXHIBIRSE LA GARANTÍA. El hecho de que la parte quejosa no exhiba la garantía que se le fije en la resolución respectiva para que surta efectos la suspensión de los actos reclamados, legalmente no trae como consecuencia que se declare que ésta dejó de surtir sus efectos, sino que en términos del artículo 139 de la Ley de Amparo, la citada omisión únicamente permite que la autoridad responsable, transcurrido el plazo concedido para la exhibición de la garantía, esté expedita para ejecutar el acto reclamado, debiéndose destacar que no tienen el mismo significado "dejar sin efectos la medida de suspensión decretada" y "que ésta deje de surtir efectos", pues al darse el primero de los casos, deja de tener vigencia la suspensión concedida, y en el segundo sigue vigente pero no surte efectos por no haberse cumplido con la condición que para ello se impuso; empero, tales efectos son susceptibles de volverse a surtir si se cumple con esa exigencia antes de que la ejecución de los actos se lleve a cabo; de tal manera que de acordarse que se deja sin efectos la suspensión decretada, de hecho se revocaría la resolución en que se había concedido.". Asimismo, lo anterior encuentra apoyo en la tesis aislada XIX.1o.P.T.7 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, Novena Época, visible a fojas 3206 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXII, octubre de 2010, cuyo rubro y texto es: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. SI EL JUEZ DE DISTRITO DECLARA QUE LA MEDIDA CONCEDIDA DEJA DE SURTIR SUS EFECTOS POR INCUMPLIMIENTO DEL INTERESADO A LOS REQUISITOS DE EFECTIVIDAD, ELLO NO IMPLICA QUE EXISTA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DE DICHA PROVIDENCIA CAUTELAR. Si se concede al quejoso la suspensión del acto reclamado -de manera provisional o definitiva- y el Juez de Distrito señala que el interesado deberá cumplir ciertos requisitos de efectividad de la providencia concedida, entonces el hecho de que se incumpla con este segundo aspecto y ello traiga como consecuencia que deje de surtir efectos la medida suspensional, no significa que exista una revocación o modificación de la suspensión, sino únicamente una declaración de que ésta no puede surtir efecto alguno y que, por ello, las autoridades quedan en posibilidad de actuar conforme a sus atribuciones en contra del quejoso; lo anterior, porque dichos autos en ningún momento son revocatorios o modificatorios de la suspensión concedida, la cual permanece incólume; en estos supuestos lo que en realidad ocurre es que, como el quejoso no cumplió la obligación impuesta para que surtiera efectos la suspensión, entonces su comportamiento debe ser observado por la Justicia Federal con cierta susceptibilidad ante la potencial utilización de la suspensión como estrategia que aprovecha los efectos de la medida cautelar; por ello, en tales hipótesis lo que se presenta es que, sin revocar la medida de suspensión decretada, el Juez prudentemente declara que ésta deja de surtir sus efectos; no debe confundirse el otorgamiento de la suspensión con el diverso tema del análisis de efectividad de las medidas, pues en este segundo aspecto, si el quejoso compareciera a probar que cumplió las obligaciones impuestas para la efectividad de la providencia, entonces el Juez de Distrito podría ordenar que se restableciera el surtimiento de efectos de la suspensión que, en ningún momento, fue tocada y se encuentra firmemente concedida, al menos hasta el momento en que la sentencia se pronuncie en el amparo principal y cause ejecutoria, pues mientras la suspensión provisional tiene una existencia comprendida entre su otorgamiento y la resolución firme del fallo sobre la suspensión definitiva, esta última tiene existencia procesal desde su decreto y hasta que la sentencia del juicio en lo principal cause ejecutoria, en el entendido de que si el sentido de dicho fallo fuera concesorio de la protección federal, entonces la suspensión se sustituiría como medio de protección constitucional por la sentencia de amparo misma, y si la ejecutoria fuera en sentido denegatorio del amparo, entonces, acreditada la constitucionalidad de los actos reclamados, la suspensión carecería en sí misma de justificación.". Notifíquese por medio de lista; y por oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción.
Quedan 9 actuaciones en este expediente
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