Abdrehmane el Hachmi

Expediente 555/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 7 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
555/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
02/05/2023

Partes del expediente

  • Abdrehmane el Hachmi
  • ABDREHMANE EL HACHMI y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE EN SINTESIS DICE: Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Recepción de oficio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta que remite el apoderado y representante legal del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto", mediante el cual, en atención al requerimiento de trece de abril de dos mil veintitrés, informa que ha proporcionando la atención medica requerida por el aquí quejoso, así como que su última consulta fue el doce de septiembre de dos mil veintidós, en la que se evidencio con mejoría clínica a la deambulación, indicándosele como parte de su tratamiento continuar en rehabilitación y seguir con sus valoraciones de seguimiento de forma anual, por lo cual su siguiente consulta seria en septiembre del año en curso. Vista. Con su contenido, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Por otra parte, se reitera a la parte quejosa el requerimiento realizado a su persona en auto de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, en el sentido de que, en lo subsecuente y dentro de los primeros diez días de cada mes, se sirva informar: - Si ha recibido oportunamente la atención médica requerida, derivada de su padecimiento (Síndrome de Guillian Barré), es decir, si se está cumpliendo cabalmente lo determinado en el acuerdo administrativo de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, expedido por Jorge Aguilar García, en su carácter de Director del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto" respecto de la atención médica integral del paciente con número de registro hospitalario 1065556, Juan Valentín González Botello, así como lo referente al suministro los medicamentos respectivos conforme le sean prescritos, hasta el total restablecimiento de su salud. En la inteligencia que de no informar lo anterior, se entenderá que no existe incumplimiento por parte de las responsables, pues de no recibir la atención o medicamento, conforme a lo anterior, deberá informarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, para que se generen los requerimientos necesarios y en su caso, se impongan las sanciones correspondientes a las autoridades encargadas de dicha obligación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, y por medio de lista.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Recepción de escrito. Visto el escrito de cuenta signado por ********************, autorizada de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a través del cual formula manifestaciones con relación a la vista ordenada en auto de once de abril de dos mil veintitrés, y solicita que, atendiendo a los efectos para los cuales se concedió la protección de la justicia federal en el presente juicio de amparo, la parte quejosa sea resarcida e indemnizada mediante el pago de los intereses respectivos. Estado de autos. En virtud de lo anterior y atendiendo a la ejecutoria de amparo, cuyos efectos se precisaron de la siguiente manera: "[.] En esa medida, el Subdelegado de Prestaciones Económicas de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, deberá ordenar: a) La inaplicación presente y futura, únicamente respecto de la parte quejosa ********************, del artículo 51, fracción II, inciso a), de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia número P./J. 112/99, de rubro: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA." b) Dejar sin efecto el oficio reclamado ********************, de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, y emitir uno diverso, en el que no aplique en perjuicio de la parte quejosa ********************, el artículo 51, fracción II, inciso a), de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete; c) Ordene el pago de las cantidades que corresponden a la quejosa por la pensión de viudez a la que tiene derecho y que le hayan sido indebidamente retenidas por virtud de la aplicación del precepto declarado inconstitucional, a fin de restituirla en el pleno goce de sus derechos humanos violados. En la inteligencia que deberá de cubrirle la cantidad que dejó de pagarle con motivo del ajuste de referencia, es decir, reintegrarle las diferencias correspondientes que se hubieren ejecutado al amparo de la normativa declarada inconstitucional. d) Debe aclararse que, el artículo 51, fracción II, inciso a), establece la obligación a cargo del Instituto de Seguridad Social de que, en el caso de que advierta la incompatibilidad de pensiones, suspenda su pago, pudiéndose recibir nuevamente por el beneficiario si cesa el motivo que originó dicha suspensión y reintegra las sumas percibidas, más los intereses que señale la Ley de Ingresos de la Federación del ejercicio fiscal relativo para el pago de créditos tributarios en una sola exhibición; por lo que, atendiendo al derecho humano a la igualdad ante la ley, es inconcuso que ésta previsión es suficiente para que también se paguen a favor de los asegurados cuando el actuar de la autoridad les impidió disponer oportunamente de dichas cantidades y que evidentemente les ocasionó un perjuicio que requiere ser resarcido e indemnizado mediante el pago de los intereses respectivos. Sirve de sustento, la tesis aislada I.9o.A.107 A (10a.) emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito que establece: "PAGO DE INTERESES DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN DE PENSIONES INCOMPATIBILES. EL ARTÍCULO 12, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES SUJETOS AL RÉGIMEN DEL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, AL NO PREVERLO EN FAVOR DE LOS PENSIONADOS, VIOLA EL DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD. El precepto citado establece que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado tiene derecho al pago de intereses, en el supuesto de que algún pensionado haya percibido una pensión incompatible con otra o con el desempeño de trabajos remunerados y, con motivo de ello a que se suspenda su pago; asimismo, que éste tendrá derecho a recibirla nuevamente cuando desaparezca la situación de incompatibilidad y devuelva las cantidades obtenidas, más los intereses; sin que dicho ordenamiento prevea ese pago de intereses en favor de quienes hayan dejado de percibir la pensión a que tenían derecho, por aducirse incompatibilidad y, posteriormente, se revoque judicialmente esa decisión. Por tanto, esa diferencia de trato implica que el artículo 12, último párrafo, mencionado, viola el derecho humano a la igualdad, establecido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no se advierte la existencia de una justificación razonable de ese tratamiento diferenciado, aunado a que el creador de la norma soslaya que el pago de intereses tiene una naturaleza resarcitoria que, en el caso, sólo se aplicó en beneficio de una de las partes, lo que implica un desequilibrio entre la autoridad y el gobernado, en cuanto a la incompatibilidad de las pensiones y el pago de cantidades que debieron entregarse por ese concepto.". Los anteriores efectos se derivan de la circunstancia de que si bien en el acta de comparecencia se precisó que en lo sucesivo se aplicarían los ajustes respectivos, no menos cierto es que del oficio ********************, de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, se desprende que se le hizo saber a la ahora quejosa la compatibilidad de las pensiones de jubilación y viudez que previamente le fueron otorgadas, así como que la suma del monto de ambas pensiones rebasa el máximo permitido por el artículo 51 de la Ley impugnado, por lo que se procedería al ajuste correspondiente; y la hoja de liquidación de pago previa incorporación a nómina, con folio ********************, de ocho de noviembre de la misma anualidad, de ahí que en ejecución de la sentencia de amparo, la autoridad deberá acreditar que se han pagado las cantidades respectivas a las pensiones, y en su caso, devolver a la parte quejosa, aquéllas sumas que se hayan descontado de aquéllas, con motivo de la aplicación del aludido precepto. En otro orden de ideas, debe precisarse que si bien la tutela protectora alcanza a las diversas autoridades responsables Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, estas dos últimas del Congreso de la Unión, que concurrieron en la expedición de la norma inconstitucional de que se trata; sin embargo, ello no implica por parte de éstas la realización de algún acto concreto en cumplimiento al fallo protector, de conformidad con lo señalado en el criterio sustentado por el propio Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al aprobar la tesis P CXXXVII/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, consultable en la página 135, cuyo rubro es: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ÓRGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACIÓN". En consecuencia, con fundamento en los artículos 66, 67 y 193, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede de oficio, a la apertura del incidente innominado para precisar si con motivo de la ejecutoria de amparo, existe alguna cantidad a pagar a la parte quejosa por parte de la autoridad responsable, por concepto de indemnización mediante el pago de los intereses respectivos, derivado de la pensión de viudez a la que tiene derecho y que le hayan sido indebidamente retenidas por virtud de la aplicación del precepto declarado inconstitucional, a fin de restituirla en el pleno goce de sus derechos humanos violados. Ilustra lo anterior la tesis 2a. CVII/2013 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 733, del tenor siguiente: "INCIDENTE INNOMINADO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). PROCEDE ORDENAR SU APERTURA CUANDO EL QUEJOSO MANIFIESTA SU DESACUERDO CON LAS CANTIDADES PRECISADAS UNILATERALMENTE POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. El recurso de inconformidad previsto en la fracción I del artículo 201 de la Ley de Amparo se circunscribe a resolver si el auto que tuvo por cumplida la sentencia de amparo se efectuó en términos de lo establecido en el diverso artículo 196; es decir, que esté debidamente acatada sin defectos ni excesos. En tal virtud, si al momento de resolverlo se advierte que el quejoso manifestó su desacuerdo con la cantidad que fijó unilateralmente la autoridad responsable en cumplimiento al fallo protector es necesario que los órganos de amparo antes de pronunciarse sobre su ejecución ordenen la apertura del incidente innominado previsto en el cuarto párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo, puesto que, de otra manera provocaría la ilegalidad de su pronunciamiento al no contar con los elementos suficientes para determinar si se encuentra totalmente cumplida o si existe un defecto o exceso con el acto exhibido por la autoridad responsable". Sobre tales bases y a efecto de determinar lo anterior, resulta necesaria la práctica de una prueba pericial en materia contable, en la cual se debe dar respuesta al siguiente cuestionamiento: 1. Determinar a cuánto ascienden los intereses generados con motivo de la pensión de viudez a la que tiene derecho la aquí quejosa y que le fueron indebidamente retenidas por virtud de la aplicación del precepto declarado inconstitucional, explicando los cálculos, métodos y procedimientos realizados con el fin de tener un perfecto entendimiento de la manera a que se arribó a tal conclusión. Lo anterior, teniendo en cuenta la información y la documentación contenida en actuaciones. Sin perjuicio de las pruebas que las partes ofrezcan. Y para lo cual, se hace necesario que un experto en la materia ilustre al suscrito al respecto, de ahí que con fundamento en el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria la ley de la materia, se solicita al Delegado de la Fiscalía General de la República en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir del día siguiente en que se le notifique este proveído, proporcione el nombre de un perito en contabilidad, que pueda dar respuesta a lo anterior. Apercibido que de no cumplir lo anterior, se hará acreedor a una multa por la cantidad de cincuenta días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237 fracción I, 238 y 259 de la Ley de la materia. Se hace del conocimiento de las partes que pueden ampliar el cuestionario referido si así lo consideran; para ello tendrán un plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído. Por otra parte, con fundamento en el numeral 120 de la ley de la materia, se requiere a las partes, para que si así lo estiman procedente, dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, designen al profesional que se desempeñará como perito de su parte; apercibidos que de no señalar experto en la materia de su parte, se tendrá únicamente al perito oficial. Con fundamento en el artículo 67 de la referida ley, con copia autorizada del oficio de cuenta, dese vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, ofrezca pruebas de su parte y manifieste lo que a su interés legal convenga; apercibida que transcurrido dicho término, con el escrito a través del cual, en su caso, desahogue dicha vista o sin éste, se ordenará notificar a la autoridad responsable, por el término y para los efectos ya precisados. Una vez que haya transcurrido a las partes los plazos citados, se procederá a fijar fecha y hora para la celebración de la audiencia a que se refiere el segundo párrafo del artículo 67 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; por medio de lista; y por oficio a la autoridad responsable, Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y Delegado de la Fiscalía General de la República en esta ciudad.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Francisco Sacramento Partida Soto, Secretario que autoriza y da fe.Razón. Esta foja es parte final del proveído dictado el diecinueve de abril de dos mil veintitrés, dentro de los autos del juicio de amparo 1309/2021-IV. Conste.

  3. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciocho de abril de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que con fecha diecisiete de abril del año en curso, se tuvo a Arturo Chorley Sánchez, perito designado por la autoridad responsable, rindiendo y ratificando el dictamen que le fue encomendado, con el que se dio vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Diferimiento. En consecuencia, a fin de dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional programada para el día de hoy y, en su lugar se señalan las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Por otra parte, como de autos se advierte que por acuerdo de uno de diciembre de dos mil veintidós1 , se requirió al Fiscal General del Estado de San Luis Potosí, para que en auxilio de las labores de la Justicia Federal, informara si en alguna de las áreas que dependen de la fiscalía a su cargo, cuenta con equipo de medición profesional (GPS), con todos sus implementos y adecuaciones, que pueda ser utilizado por el perito oficial Candelario López Camacho, propuesto en este asunto por el Vicefiscal Científico de la Fiscalía General del Estado, y esté en posibilidad de determinar sobre los cuestionarios propuestos por la parte quejosa y tercero interesado. En atención a ello, mediante proveído de doce de diciembre del mismo año, se tuvo al Vicefiscal Científico de la Fiscalía General del Estado, informando que en esa vicefiscalía no cuentan con equipo de medición profesional (GPS), con todos sus implementos y adecuaciones. Asimismo, se señaló que no había lugar a emitir diverso pronunciamiento al respecto hasta en tanto el Fiscal General del Estado de San Luis Potosí, informara si en alguna otra de las áreas que dependen de la Fiscalía a su cargo, cuentan con dicho equipo. Requerimiento. En consecuencia y a fin de contar con la debida integración del presente expediente, requiérase al Fiscal General del Estado de San Luis Potosí, para que dentro del plazo de tres días, informe si a la fecha en alguna de las áreas que dependen de la fiscalía a su cargo, ya cuenta con equipo de medición profesional (GPS), con todos sus implementos y adecuaciones, que pueda ser utilizado por el perito oficial Candelario López Camacho, propuesto en este asunto por el Vicefiscal Científico de la Fiscalía General del Estado, y esté en posibilidad de determinar sobre los cuestionarios propuestos por la parte quejosa y tercero interesado. Apercibimiento. Se le apercibe que de no cumplir con lo solicitado, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta días del valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese por medio de lista y mediante oficio al Fiscal General del Estado de San Luis Potosí. Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Francisco Sacramento Partida Soto, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE EN SINTESIS DICE: Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, once de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el oficio y anexo remitidos por la Jefa de Departamento de Registro y Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional en el Estado de San Luis Potosí, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la sentencia; en atención a su contenido, se provee: Vista cumplimiento. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el contenido del referido oficio y anexo de cuenta, así como con los diversos registrados con los números de correspondencia interna 522, 1965, 2511, 3492, 4157, 5204, 6069, 6070 y 7174, dese vista a las partes, para que dentro del plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga; en la inteligencia que transcurrido dicho término, con el desahogo de la vista o sin ella, este órgano constitucional resolverá sobre el cumplimiento de la sentencia. Notifíquese por medio de lista y personalmente a las partes.

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