Aarón Emmanuel Gallegos Gutiérrez
Expediente 27/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 18 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 27/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 22/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Aarón Emmanuel Gallegos Gutiérrez
- AARÓN EMMANUEL GALLEGOS GUTIÉRREZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintidós de abril de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, de los que se advierte que en proveído de cuatro de abril de dos mil diecinueve, se ordenó el archivo del juicio en que se actúa como asunto concluido, siendo susceptible de destrucción, en virtud de que por auto de ocho de marzo del año que transcurre, se sobreseyó el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional. Ahora bien, toda vez que en el presente asunto se tramitó incidente de suspensión del acto reclamado, archívense los cuadernos incidentales por separado y toda vez que en el incidente de suspensión, se concedió la medida cautelar; en consecuencia, el cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración. Lo señalado con anterioridad, deberá efectuarse una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso obre en dicho cuaderno incidental, algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Asimismo, con fundamento en el punto vigésimo, fracción III, del referido Acuerdo, se declara que el duplicado respectivo es susceptible de destrucción, al obrar su original y no existir documentos originales en tal cuaderno; lo que ocurrirá al transcurrir más de seis meses contados a partir del dictado de la resolución interlocutoria respectiva. Glósese copia autorizada del presente proveído en los cuadernos incidentales que derivan del juicio de amparo en que se actúa, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, cuatro de abril de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el auto dictado en este asunto el ocho de marzo del presente año, en el que se sobreseyó en este juicio fuera de la audiencia constitucional; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado el proveído en mención; por tanto, comuníquese a las autoridades responsables esta determinación y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que por auto dictado en este asunto el ocho de marzo del año que transcurre, se sobreseyó el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, mismo que causó estado con esta fecha; este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso obre en el expediente documento alguno susceptible de devolución exhibido por las partes. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General número 1/2009. Finalmente, devuélvanse a la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral, adscrito al Centro de Justicia Penal Regional, sala sede en la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, los anexos que remitieron al presente asunto. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, ocho de marzo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso Aarón Emmanuel Gallegos Gutiérrez, a través de cual informa la posible actualización de una causa de improcedencia. Por otra parte, visto el oficio y anexo remitidos por el Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral, adscrito al Centro de Justicia Penal Regional, sala sede en la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, téngase al oficiante dando cumplimiento al requerimiento formulado por este juzgado en proveído de cinco de marzo del año en curso. De conformidad con el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, guárdese por separado el disco versátil digital que allegó la autoridad responsable, y comuníquese a las partes que éste queda a su disposición para consulta en la secretaría de este juzgado. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 703, libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Ahora bien, de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que el quejoso Aarón Emmanuel Gallegos Gutiérrez, reclama de la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí, la resolución dictada de once de diciembre de dos mil dieciocho, en el toca penal UG/ASA-135/2018, a través de la cual confirmó el auto de vinculación a proceso decretado por la Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral, adscrita al Centro de Justicia Penal Regional, sala sede en la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, en la causa penal RI/SLP/CP-84/2018, instruida en contra del aquí quejoso. Por otra parte, atendiendo a lo manifestado por el quejoso y el Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral, adscrito al Centro de Justicia Penal Regional, sala sede en la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, así como de la consulta del disco compacto referido en este auto, resulta inconcuso que respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de la Materia, el cual señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; [.]." Como se puede advertir del dispositivo legal en cita, el juicio de amparo resulta improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas. Lo anterior es así, en razón que de la reproducción de la copia certificada del disco versátil que allegó el Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral del Centro de Justicia Penal Regional, Sala Sede en San Luis Potosí, el cual contiene el audio y video de la audiencia celebrada el uno de marzo del año en curso, en la causa penal RI/SLP/CP-84/2018, se advierte que se autorizó la figura de acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato, y merced a éste el juez referido declaró extinta la acción penal respecto de Aarón Emmanuel Gallegos Gutiérrez, sobreseyendo la causa penal de manera total únicamente respecto de él, el cual tuvo como efectos el de una sentencia absolutoria, misma que causó estado en ese momento en atención a lo peticionado por las partes. Documental a la que se le concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de un documento expedido por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Es aplicable la Jurisprudencia número 226, visible en la página 153, del Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que reza: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". En ese contexto, si el uno de marzo del año en curso, el Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral del Centro de Justicia Penal Regional, Sala Sede en San Luis Potosí, dictó el sobreseimiento de la causa penal en favor del aquí quejoso Aarón Emmanuel Gallegos Gutiérrez, el cual tuvo como efectos el de una sentencia absolutoria, es claro que se generó un cambio de situación jurídica respecto de la resolución aquí reclamada, puesto que debido a la emisión de la referida determinación, el auto de vinculación a proceso ha sido sustituido por esta última, por lo que deben considerarse irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas, por no poder decidirse en tal procedimiento, sin afectar la nueva situación jurídica. Corrobora lo expuesto la tesis XVIII.2o.P.A.2 P, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, que aparece publicada en la página 1430 del Libro 56, Julio de 2018, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro y testo es el siguiente: "AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SI SE DEMUESTRA QUE DENTRO DE LA CAUSA PENAL DE DONDE ESE ACTO DERIVA SE DICTÓ SENTENCIA CONDENATORIA, SE ACTUALIZA SU IMPROCEDENCIA POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. Si al reclamarse en el juicio de amparo el auto de vinculación a proceso se demuestra que dentro de la causa penal de donde deriva se dictó sentencia condenatoria, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque es indudable que ocurrió un cambio de situación jurídica que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado, ya que con el dictado de la sentencia de primera instancia se consumaron irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo; en consecuencia, lo procedente es sobreseer en el juicio". Por tanto, al haberse actualizado respecto de la determinación reclamada, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional, la cual estaba señalada para las nueve horas con treinta minutos del veintidós de marzo de dos mil diecinueve, quedando sin efecto la misma. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Novena Época, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Así como la diversa I.7º.P. J/3, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página1600, del Tomo XX, Septiembre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. No se priva de defensa a la quejosa cuando se sobresee fuera de la audiencia constitucional, si tal determinación se sustenta en una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica, cuando se reclama la orden de aprehensión y durante la sustanciación del juicio se dicta auto de formal prisión en contra de la impetrante de garantías, pues de la copia certificada de la última resolución se advierte en forma clara que su libertad se constriñe ahora por un acto diverso al reclamado, lo que imposibilita el examen constitucional del mandamiento de captura sin afectar la nueva situación derivada del auto de formal enjuiciamiento; de modo que las violaciones cometidas en el primero deben considerarse consumadas de modo irreparable. Consecuentemente, constituye un caso específico de causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 constitucional." Notifíquese personalmente.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERA INTERESADA RODOLFO MORA RAMOS, LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "San Luis Potosí, San Luis Potosí, ocho de marzo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso ***, a través de cual informa la posible actualización de una causa de improcedencia. Por otra parte, visto el oficio y anexo remitidos por el Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral, adscrito al Centro de Justicia Penal Regional, sala sede en la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, téngase al oficiante dando cumplimiento al requerimiento formulado por este juzgado en proveído de cinco de marzo del año en curso. De conformidad con el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, guárdese por separado el disco versátil digital que allegó la autoridad responsable, y comuníquese a las partes que éste queda a su disposición para consulta en la secretaría de este juzgado. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 703, libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Ahora bien, de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que el quejoso Aarón Emmanuel Gallegos Gutiérrez, reclama de la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí, la resolución dictada de once de diciembre de dos mil dieciocho, en el toca penal UG/ASA-135/2018, a través de la cual confirmó el auto de vinculación a proceso decretado por la Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral, adscrita al Centro de Justicia Penal Regional, sala sede en la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, en la causa penal RI/SLP/CP-84/2018, instruida en contra del aquí quejoso. Por otra parte, atendiendo a lo manifestado por el quejoso y el Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral, adscrito al Centro de Justicia Penal Regional, sala sede en la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, así como de la consulta del disco compacto referido en este auto, resulta inconcuso que respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de la Materia, el cual señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; [.]." Como se puede advertir del dispositivo legal en cita, el juicio de amparo resulta improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas. Lo anterior es así, en razón que de la reproducción de la copia certificada del disco versátil que allegó el Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral del Centro de Justicia Penal Regional, Sala Sede en San Luis Potosí, el cual contiene el audio y video de la audiencia celebrada el uno de marzo del año en curso, en la causa penal RI/SLP/CP-84/2018, se advierte que se autorizó la figura de acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato, y merced a éste el juez referido declaró extinta la acción penal respecto de ***, sobreseyendo la causa penal de manera total únicamente respecto de él, el cual tuvo como efectos el de una sentencia absolutoria, misma que causó estado en ese momento en atención a lo peticionado por las partes. Documental a la que se le concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de un documento expedido por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Es aplicable la Jurisprudencia número 226, visible en la página 153, del Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que reza: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". En ese contexto, si el uno de marzo del año en curso, el Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral del Centro de Justicia Penal Regional, Sala Sede en San Luis Potosí, dictó el sobreseimiento de la causa penal en favor del aquí quejoso ***, el cual tuvo como efectos el de una sentencia absolutoria, es claro que se generó un cambio de situación jurídica respecto de la resolución aquí reclamada, puesto que debido a la emisión de la referida determinación, el auto de vinculación a proceso ha sido sustituido por esta última, por lo que deben considerarse irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas, por no poder decidirse en tal procedimiento, sin afectar la nueva situación jurídica. Corrobora lo expuesto la tesis XVIII.2o.P.A.2 P, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, que aparece publicada en la página 1430 del Libro 56, Julio de 2018, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro y testo es el siguiente: "AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SI SE DEMUESTRA QUE DENTRO DE LA CAUSA PENAL DE DONDE ESE ACTO DERIVA SE DICTÓ SENTENCIA CONDENATORIA, SE ACTUALIZA SU IMPROCEDENCIA POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. Si al reclamarse en el juicio de amparo el auto de vinculación a proceso se demuestra que dentro de la causa penal de donde deriva se dictó sentencia condenatoria, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque es indudable que ocurrió un cambio de situación jurídica que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado, ya que con el dictado de la sentencia de primera instancia se consumaron irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo; en consecuencia, lo procedente es sobreseer en el juicio". Por tanto, al haberse actualizado respecto de la determinación reclamada, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional, la cual estaba señalada para las nueve horas con treinta minutos del veintidós de marzo de dos mil diecinueve, quedando sin efecto la misma. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Novena Época, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Así como la diversa I.7º.P. J/3, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página1600, del Tomo XX, Septiembre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. No se priva de defensa a la quejosa cuando se sobresee fuera de la audiencia constitucional, si tal determinación se sustenta en una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica, cuando se reclama la orden de aprehensión y durante la sustanciación del juicio se dicta auto de formal prisión en contra de la impetrante de garantías, pues de la copia certificada de la última resolución se advierte en forma clara que su libertad se constriñe ahora por un acto diverso al reclamado, lo que imposibilita el examen constitucional del mandamiento de captura sin afectar la nueva situación derivada del auto de formal enjuiciamiento; de modo que las violaciones cometidas en el primero deben considerarse consumadas de modo irreparable. Consecuentemente, constituye un caso específico de causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 constitucional." Notifíquese personalmente"
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