Aaron Emmanuel Sosa Ic
Expediente 1212/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 10 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1212/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 17/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Aaron Emmanuel Sosa Ic
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
III. Visto los presentes autos, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia constitucional dictada en el presente juicio de amparo, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que la expresada resolución que en su primer punto resolutivo sobreseyó, y en el segundo punto resolutivo AMPARÓ a la parte quejosa, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, para que en el plazo de tres días siguientes a la notificación de este acuerdo, cumpla con la ejecutoria de mérito, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos violados; apercibida que de no cumplir con lo anterior en el lapso señalado, se le impondrá una multa mínima de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en términos del artículo 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis; así como se remitirá este expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente para seguir el trámite de inejecución. Por otra parte, con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se hace del conocimiento de las partes, que en sesión ordinaria de trece de noviembre de dos mil diecinueve, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó la adscripción de manera interina de la Jueza Karla Alexandra Domínguez Aguilar, en el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, con efectos a partir del día uno de diciembre del año en curso; por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada Ley de la Materia, dese vista a las partes por el término de tres días, a efecto de que manifiesten lo que a sus intereses convenga. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.
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III. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Mérida, Yucatán, a las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y TRES MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1212/2019-III, promovido por Aaron Emmanuel Sosa Ic, estando en audiencia pública Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de tres de septiembre de dos mil diecinueve, comunicada en oficio CCJ/ST/4248/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe, procede a celebrarla, sin la presencia de las partes. Por tanto, el Secretario hace relación de la demanda y demás constancias de autos y da cuenta con los informes justificados rendidos por las Presidentas de las Juntas Especiales Números Uno y Cuatro, de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, los cuales ya obran agregados a los presentes autos. Seguidamente, el Secretario en funciones de Juez, acuerda: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por rendido en tiempo y forma los informes justificados de las autoridades responsables, para ser relacionados y tomados en consideración como correspondan. Abierto el período de pruebas, se da cuenta con la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana, ofrecidas por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda. Así como con las documentales que adjuntó la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, mismas que obran agregadas mediante proveídos de treinta de octubre y diecinueve de noviembre, ambos del presente año. En mérito de lo anterior, el Secretario en funciones de Juez, acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas antes citadas, las cuales se tienen por desahogadas en virtud de su naturaleza jurídica; no habiendo ninguna otra por desahogar se cierra dicho periodo. Abierto el período de alegatos, se hace relación con el alegato ministerial 648/2019 de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado. En mérito de lo anterior, el Secretario en funciones de Juez, acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene a la representación social de la Federación formulado los alegatos que a su derecho le corresponden; enseguida, se declara cerrado dicho período. A continuación, no habiendo diligencias pendientes por desahogar, el Secretario en funciones de Juez declara visto el expediente y procede a dictar la siguiente resolución. VISTO, para resolver, el presente juicio de amparo 1212/2019-III, promovido por Aaron Emmanuel Sosa Ic, contra los actos que reclama de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, y de otra autoridad, por estimarlo violatorio del artículo 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el cinco de septiembre del del año en curso, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, turnada ese mismo día a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán Aaron Emmanuel Sosa Ic, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. Mediante proveído de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, se tuvo como nueva autoridad responsable a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, respecto del acto reclamado consistente en la denegación de justicia de la autoridad responsable, al no continuar con el procedimiento laboral 661/2016 y dictar el correspondiente laudo. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por auto de seis de septiembre de la presente anualidad, se admitió a trámite la demanda de amparo, la que se registró en el Libro de Gobierno con el número de expediente 1212/2019-III; se solicitó a las responsables su informe con justificación; y se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le compete. De igual manera, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo este día, al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgador Federal es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Juzgado de Distrito; por tratarse de un juicio de amparo promovido en contra de un acto omisivo, que carece de ejecución pero presentado en esta entidad. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con el criterio sostenido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, abril de 2000, visible en la página 32, que en su rubro señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.". Así como la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Unión, visible en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.". Así, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: -De la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado: La falta de cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 885 de la ley Federal del Trabajo, el cual obliga a la responsable a dictar proyecto de resolución en forma de laudo al terminar el desahogo de las probanzas ofrecidas dentro del procedimiento y concluido el término de alegatos, dentro del juicio reclamatorio laboral número 661/2016. -De la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado: La denegación de justicia de la autoridad responsable, al no continuar con el procedimiento laboral 661/2016 y dictar el correspondiente laudo. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. La Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, niega la existencia del acto que se le reclama, sin que exista prueba en contrario aportada por la parte quejosa, pues de las constancias que obran en autos no se advierte la certeza del acto que se reclama y tampoco hay alguna presunción legal o humana que evidencie la certeza del acto; por ende, procede sobreseer en este juicio, respecto de dicha autoridad, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y en la jurisprudencia bajo el rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES." CUARTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado de la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su respectivo informe justificado, lo que se corrobora con la copia certificada de diversas constancias relativas del juicio laboral de origen, los cuales al tratarse de documentos públicos, merecen eficacia demostrativa plena en términos del 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. QUINTO. OPORTUNIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Es oportuna la presentación de la demanda de amparo, toda vez que en la especie, el acto reclamado se hace consistir, específicamente, en un acto omisivo cuya impugnación no está sujeta al término de quince días que ordinariamente señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la promoción de la demanda, pues se trata de una omisión en el actuar de la autoridad responsable, respecto de la cual la parte quejosa desconoce los motivos y razones que ésta tiene para proceder en ese sentido; de ahí que el amparo pueda promoverse en el momento en que la justiciable estime que la citada responsable viola en su perjuicio derechos públicos subjetivos. En lo conducente, resulta aplicable la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, consultable en la página 332, del Tomo X, Julio de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es del tenor que a continuación se transcribe: "ACTO NEGATIVO. CONTRA EL, NO CORRE EL TÉRMINO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 21, DE LA LEY DE AMPARO". SEXTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. En la especie, no existe causal de improcedencia que de oficio advierta este Juzgado Federal, atento al imperativo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, por lo que se procede a examinar la constitucionalidad del acto reclamado. SÉPTIMO. ANÁLISIS DE LOS PLANTEAMIENTOS DE LA PARTE QUEJOSA. Los motivos de inconformidad que la peticionaria del amparo hace valer, deben estimarse fundados, por las razones siguientes. En efecto, la omisión de la autoridad laboral de emitir el laudo respectivo, resulta violatoria del derecho humano de acceso efectivo a la impartición de justicia y celeridad, prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal, atento a las consideraciones que se exponen a continuación. Para justificar lo considerado en el párrafo que antecede, es oportuno señalar que las referidas garantías consagradas en el aludido artículo constitucional, establecen, en lo que interesa, lo siguiente: "Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Del artículo constitucional transcrito, se advierte que se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permitan obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República. Este precepto constitucional garantiza que cualquier persona pueda acudir ante los Tribunales y que éstos le administren justicia pronta y expedita, pues los conflictos que surjan entre los gobernados deben ser resueltos por un órgano del Estado facultado para ello, ante la prohibición de que los particulares lo hagan por sí mismos; debiendo agregarse que la circunstancia de que el citado precepto constitucional señale que la justicia se administrará en los plazos y términos que fijen las leyes, no debe interpretarse en el sentido de que se otorga al legislador la facultad para reglamentar ese derecho de manera discrecional sino que, con esta reglamentación, debe perseguirse la consecución de sus fines, los que no se logran si entre el ejercicio del derecho y su obtención se establecen trabas o etapas no previstas en el texto constitucional. Así, el derecho fundamental de seguridad jurídica establecido a favor del gobernado en este caso, se traduce en la prohibición que tienen las autoridades judiciales de retardar o entorpecer indefinidamente la función de administrar justicia, y tener, en consecuencia, el deber de sustanciar y resolver los juicios ante ellas ventilados dentro de los términos consignados por las leyes procesales respectivas. Esta obligación es eminentemente positiva, puesto que las autoridades estatales judiciales o tribunales tienen que actuar a favor del gobernado, en el sentido de despachar los negocios en que éste intervenga en forma expedita de conformidad con los plazos procesales establecidos. En este contexto, es preciso transcribir el contenido de los artículos 685, 880, 885 a 887 de la Ley Federal del Trabajo, relativos a los principios que rigen en materia laboral y los plazos procesales que deben observar las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje, en un procedimiento de este tipo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso." "Artículo 880. La etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas se desarrollará conforme a las normas siguientes: I. El actor ofrecerá sus pruebas en relación con los hechos controvertidos. Inmediatamente después el demandado ofrecerá sus pruebas y podrá objetar las de su contraparte y aquel a su vez podrá objetar las del demandado; II. Las partes podrán ofrecer nuevas pruebas, siempre que se relacionen con las ofrecidas por la contraparte y que no se haya cerrado la etapa de ofrecimiento de pruebas. Asimismo, en caso de que el actor necesite ofrecer pruebas relacionadas con hechos desconocidos que se desprendan de la contestación de la demanda, podrá solicitar que la audiencia se suspenda para reanudarse a los 10 días siguientes a fin de preparar dentro de este plazo las pruebas correspondientes a tales hechos; III. Las partes deberán ofrecer sus pruebas, observando las disposiciones del Capítulo XII de este Título; y IV. Concluido el ofrecimiento, la Junta resolverá inmediatamente sobre las pruebas que admita y las que deseche. En caso contrario, la Junta se podrá reservar para resolver dentro de los cinco días siguientes." "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; II. El señalamiento de los hechos controvertidos; III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y V. Los puntos resolutivos." "Artículo 886. Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas". "Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas". Como puede verse de los preceptos trascritos, el procedimiento laboral se rige por principios que procuran la mayor sencillez y prontitud en su tramitación, lo que se traduce en cumplimiento a la garantía de justicia pronta consagrada en el artículo 17 constitucional; por ello, en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, una vez que el actor ofrezca sus pruebas en relación con los hechos controvertidos, el demandado ofrecerá las suyas y ambas partes podrán hacer las objeciones que estimen pertinentes; concluido dicho ofrecimiento, la Junta deberá resolver de manera inmediata sobre las pruebas que admita y las que deseche. Asimismo, admitidas las pruebas se fijaran fechas y horas para las que se necesiten desahogar, al concluir su desahogo, el Secretario certificara que ya no existen pruebas por desahogar y se dará un término a las partes para que formulen alegatos, una vez concluido ese plazo, el auxiliar de la junta cerrará de oficio la instrucción y dentro de los diez días siguientes deberá formular por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo, el cual será entregado en copia a cada uno de los miembros de la junta, y cualquiera de esos miembros dentro de los cinco días hábiles siguientes al de haber recibido la copia de dicho proyecto podrán solicitar se practiquen las diligencias que no se pudieron llevar a cabo por causas no imputables a las partes o cualquier diligencia que juzguen conveniente para el esclarecimiento de la verdad, por lo que la junta con citación de las partes señalara el día y hora para el desahogo de las pruebas en un término de ocho días. Transcurrido dicho término para los miembros de la junta o en su caso, ya desahogadas las diligencias que se hubieran solicitado, el Presidente de la Junta citará a sus miembros para la discusión y votación que se realizará dentro de los diez siguientes al en que haya concluido el término fijado el desahogo de diligencias solicitadas. De acuerdo a lo anterior tenemos que la autoridad laboral cuenta con diez días para elaborar el proyecto de resolución de laudo, cinco días para solicitar la práctica de diligencias que no se hubieran llevado a cabo o que se estimen necesarias, ocho días para su desahogo, en caso de que éstas se soliciten, y diez días para la discusión y votación del laudo, términos que no son simultáneos, sino consecutivos, es decir, transcurrido uno empieza a contarse el otro. Entonces, al hacer el cómputo respectivo la Junta responsable tiene hasta treinta y tres días hábiles para emitir el laudo definitivo que empiezan a correr a partir de que se declara cerrada la instrucción, en términos del artículo 885 y 886 de la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, el peticionario del amparo se duele, esencialmente, de la omisión de la Junta responsable de administrarle justicia pronta y expedita, dentro del expediente laboral 661/2016, lo cual se traduce en una franca violación de la garantía de acceso a la justicia, prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal, en perjuicio del aquí quejoso. Se afirma lo anterior, porque de autos se desprende que la última actuación de la responsable previa a la promoción del presente juicio de amparo y que obra en autos, fue el auto de catorce de noviembre de la presente anualidad, en el cual se llevó a cabo la prueba de inspección pendiente en el juicio laboral de origen. De lo anterior, se evidencia que la autoridad laboral, no ha realizado acto alguno para continuar con el procedimiento laboral que nos ocupa, dicho actuar es ilegal, dado que con dicho retardo viola el principio de impartición de justicia previsto en el artículo 17 Constitucional, pues la autoridad laboral no ha fijado término para oír alegatos a las partes. Así, es necesario recalcar que el precepto constitucional en estudio decreta una obligación a cargo de las autoridades encargadas de impartir justicia: tramitar y resolver las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes; en sentido inverso, les impone una prohibición: tramitar y resolver tales controversias fuera de los términos y plazos establecidos en las leyes. La naturaleza expeditiva de esta garantía se funda en la necesidad de que no transcurra demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos, ya que la justicia tardía es una forma de injusticia o, en otras palabras, es una manifestación de la denegación de aquélla. A continuación, se narran algunos antecedentes del acto reclamado, con la finalidad de lograr una mejor comprensión del presente asunto, los que se advierten de las constancias del Juicio Reclamatorio Laboral 661/2016 que remitió la Presidenta de la Junta responsable, copias certificadas a las que se les confiere valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y de los que se aprecia lo siguiente: 1) Mediante escrito de doce de agosto de dos mil dieciséis, presentado ante la Oficialía de Partes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, el dieciséis de agosto de la misma anualidad, el aquí quejoso Aaron Emmanuel Sosa Ic, promovió formal demanda de juicio ordinario laboral, misma que por razón de turno le correspondió conocer a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. 2) En acuerdo de fecha uno de septiembre de dos mil dieciséis, se tuvo por admitido el Juicio Reclamatorio Laboral, al cual posteriormente se le asignó el número de expediente 661/2016, y citó a las partes a una audiencia de Conciliación, la cual tendría verificativo el día tres de octubre de dos mil dieciséis, a las doce horas, de igual manera, en el mismo auto, citó a las partes para que comparecieran a la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, la cual tendría verificativo el veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, a las nueve horas con treinta minutos. 3) El uno de agosto de dos mil dieciocho, se señalaron las fechas y horas para el desahogo de las pruebas en el juicio laboral de origen. 4) Mediante diversos proveídos, se señaló la fecha y hora para el desahogo de la prueba de inspección pendiente en el juicio laboral de origen, la cual, previos diferimientos, finalmente, tuvo lugar a las nueve horas del día catorce de noviembre del año en curso. Entonces, si la autoridad responsable, desde el uno de agosto de dos mil dieciocho, en el que se señaló la fecha y hora para desahogar la prueba pendiente en el juicio laboral de origen, no ha actuado, como puede advertirse de las constancias de autos, debe estimarse que dicho proceder, se traduce en un retraso de dos años aproximadamente para la continuación del citado procedimiento; por lo que, es obvio concluir, que dicho lapso de inactividad procesal por demás prolongado irroga, por sí solo, un perjuicio irreparable en contra del aquí peticionario del amparo, lo cual incide precisamente en el retardo para el dictado del laudo, máxime que dicho retraso no fue causado por ninguna de las partes sino es imputable a la responsable. Al respecto, resulta pertinente aclarar que la dilación en la tramitación del procedimiento o la omisión de tramitarlo, constituyen violaciones de carácter negativo o abstenciones de la autoridad, para desarrollarlo conforme a los plazos y términos legalmente establecidos. Bajo ese contexto, como se advierte que aún no ha concluido el procedimiento laboral de origen, pues en virtud de que la Junta responsable retardó la prosecución del juicio laboral por las razones antes apuntadas, aún no se ha dictado el laudo correspondiente, es por lo que se considera que la responsable tiene el deber de proseguir con la debida celeridad en la etapa que sigue del juicio, que en el caso, lo es el dictado del laudo, respetando los términos para emitirlo, ello en virtud de que el actuar de la responsable, incumplió con la garantía de justicia pronta que estatuye el precepto 17 de la Constitución Federal; razón por la cual procede conceder al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. Ahora bien, nuestro más Alto Tribunal, ha precisado que los efectos restitutorios del amparo en casos como el presente, deben limitarse a la etapa procesal en la que se ubica la omisión atribuida a la autoridad responsable, es decir, no deben hacerse extensivos a las etapas subsecuentes del procedimiento laboral; y, en el presente asunto, dicha violación se tradujo en la omisión por parte de la Junta responsable de continuar con la secuela del juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro: 2005150, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Materia: Común, Tesis: 2a. CV/2013 (10a.), Página: 732, de rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. (Lo subrayado es propio)." En las condiciones apuntadas, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada por la parte quejosa, para el efecto de que la Junta responsable, de inmediato, provea lo necesario a fin de que proceda con la secuela del juicio laboral 661/2016, respetando los términos establecidos en la Ley Federal de Trabajo. OCTAVO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. El efecto de la sentencia concesoria de amparo, es para que la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, proceda con la secuela de origen, esto es, declare cerrada la instrucción, y emita el laudo respectivo sin exceder del término para ello previsto en el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo. Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Aaron Emmanuel Sosa Ic, contra los actos que reclama de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; precisado en el considerando segundo de esta determinación y por los motivos expuestos en el tercero subsecuente. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Aaron Emmanuel Sosa Ic, contra los actos que reclama de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, precisado en el considerando segundo de esta determinación, para los efectos expresados en el considerando octavo de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de tres de septiembre de dos mil diecinueve, comunicada en oficio CCJ/ST/4248/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
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III. Agréguese el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, y anexo que acompaña, mediante el cual cumple con el requerimiento que se le hizo en proveído de catorce de noviembre del año en curso; lo anterior sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento al respecto, en la inteligencia que mediante auto de diecinueve de los corrientes, se tuvo por rendido el similar a que hace referencia. Notifíquese. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de tres de septiembre de dos mil diecinueve, comunicada en oficio CCJ/ST/4248/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
IV.-Agréguese a estos autos el oficio 1989/2019, rendido por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, y anexo que acompaña, mediante el cual cumple con el requerimiento que se le hizo en proveído de catorce de noviembre del año en curso, y remite copia certificada de las constancias conducentes que integran el expediente 661/2016, de su índice. Por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, dese vista a las partes por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que queden debidamente notificadas de este acuerdo, y relaciónense al momento de celebrar la audiencia constitucional.
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