Aaron Francisco Meneses Palacios
Expediente 1476/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1476/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Aaron Francisco Meneses Palacios
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán; trece de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, contra el acuerdo de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, con el cual se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se indica que en el presente expediente no se tramitó incidente de suspensión y se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en el inciso d), del citado artículo, éste debe ser destruible, toda vez que en el mismo se desechó de plano la demanda de amparo. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Diana María del Socorro Palacios Trujeque y Aarón Francisco Meneses Palacios, contra un acto que reclama del Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado; en consecuencia, fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado como juicio de amparo 1476/2021-I. Ahora bien, antes de resolver lo conducente sobre la admisión de la demanda con que se da cuenta, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, procede analizarla. En principio, conviene tener presente que los aludidos artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, literalmente dispone. "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Por lo que de conformidad con lo dispuesto por los preceptos invocados, la demanda de amparo debe desecharse de plano, cuando se encontrare algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, debe precisarse, que en relación con la interpretación que debe darse a los conceptos manifiesto e indudable a que se contrae el citado artículo 113 de la Ley de la Materia, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta, de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En torno con lo expresado, cobra aplicación por el criterio que lo conforma, la jurisprudencia I.6o. C. J/19, que sustenta el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que se puede leer en la página setecientos treinta, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, correspondiente al mes de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.- De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos manifiesto, significa claro, evidente y el indudable, a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad.". En consecuencia, se procede a proveer en relación con la misma, por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." Ahora, una vez sentado lo anterior, debe decirse que del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama del Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, la omisión de formular conclusiones acusatorias en la causa penal 73/2015, instaurada en contra de Wendy Concepción Meneces Zapata por el delito de fraude, denunciado por Diana María del Socorro Palacios Trujeque y Aarón Francisco Meneses Palacios. Sentado lo anterior, esta Juzgadora Federal advierte que respecto del precitado acto reclamado, se acredita de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1º fracción I, y 5º, fracción II, todos de la Ley de Amparo. Ahora, el primer numeral dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." La fracción transcrita, a diferencia de las que le preceden, no prevé de manera específica una causa de improcedencia del juicio de amparo, en razón de que el legislador no podía prever de manera casuística todos los motivos que impiden el ejercicio de la acción constitucional, hizo culminar tal enumeración con una regla como la que estatuye la fracción que se analiza, la que es ciertamente justificada puesto que existen causas de improcedencia establecidas en la Constitución Federal y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en ninguna de las específicas que se prevén en el artículo 61 de la ley de la materia, una de las cuales es la que deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en el artículo 5, fracción II, de la legislación en comento. En ese sentido, la interpretación a contrario sensu de los artículos 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, evidencian que el presente asunto es improcedente en razón de lo siguiente: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)" De acuerdo con la primera disposición en cita, el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por nomas generales, actos u omisiones de autoridad que violen derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Por su parte, en el citado artículo 5, fracción II, el legislador únicamente se refirió en forma enunciativa a diversos casos en que la autoridad puede llevar a cabo aquellos actos que pueden ser materia de estudio en el juicio de amparo, pero no especificó las características que debe reunir una autoridad para ser considerada como tal para efectos de la procedencia del sumario constitucional. Es por eso que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha establecido diversas interpretaciones a fin de dilucidar ese concepto para efectos del juicio de amparo. Al respecto, debe decirse que de acuerdo con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en interpretación de "autoridad responsable" para efectos del juicio de amparo, es la que con fundamento en una ley de origen público, ejerce un poder jurídico que afecta por sí y ante sí, y de manera unilateral crea, modifica o extingue situaciones jurídicas concretas, evidentemente, en perjuicio de los gobernados. En otras palabras, además de los actos que puede llevar a cabo una autoridad de acuerdo con el artículo 5 fracción II de la Ley de Amparo (dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar el acto que crea, modifique o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria), de acuerdo con la definición que sobre el particular se realiza en los criterios del Máximo Tribunal del País, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, pero que el ejercicio de esa atribución obligue al particular de tal modo que cree, modifique o extinga una situación jurídica concreta, en perjuicio de este último. Sin soslayarse, que el último párrafo del precitado artículo 1 de la Ley de Amparo, establece que el amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares; sin embargo, el segundo párrafo de la fracción II del numeral 5 de la legislación en comento, menciona que los actos de particulares revisten esa calidad, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Ahora bien, debe precisarse que a partir de la reforma de seis de junio de dos mil once, el artículo 103, fracción I, de la Constitución Federal, es del tenor siguiente: "Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". Por tanto, existe una norma constitucional que señala que procede el amparo contra actos de autoridad que violen derechos humanos; contrario sensu, es improcedente contra dichos actos que no revisten el carácter de actos de autoridad, como en el caso. Lo anterior porque, si bien, conforme a los artículos 8° y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a un juicio para determinar sus derechos y obligaciones de carácter laboral ante un juez o tribunal competente, y se establece el derecho a la tutela judicial efectiva a través de la procedencia de recursos ante tribunales competentes que ampare a los particulares contra actos que violen sus derechos fundamentales; sin embargo, tal circunstancia no tiene el alcance de obviar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, y, si la propia constitución establece en su artículo 103 que el juicio de amparo es procedente contra actos de autoridad que afecten los derechos humanos del quejoso y el artículo 61, fracción XXIII, en relación (a contrario sensu) con los diversos 1°, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo establecen la improcedencia del juicio de amparo cuando los reclamados no constituyan actos de autoridad, entonces, no obstante que el quejoso tenga derecho a la tutela judicial efectiva, si el amparo es improcedente no es posible dejar de aplicar esa regla procesal. Conforme a lo expuesto, los juzgadores de amparo deben verificar si en el caso concreto los actos u omisiones reclamadas constituyen actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Con base en lo expuesto es posible deducir que de acuerdo con la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo, todos ellos apuntan a sostener que éste es improcedente contra que aun siendo emitidos por una autoridad, no afecten por sí y ante sí, o de manera unilateral no creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas concretas en perjuicio de los gobernados; de lo que se sigue, haciendo una interpretación en sentido contrario, que para analizar la procedencia del juicio, debe atenderse a las consecuencias naturales del acto reclamado y si inciden en la esfera jurídica del particular quejoso, para de esta manera determinar si puede ser considerado o no un acto de autoridad para efectos del amparo. No está por demás mencionar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó las notas distintivas que debe revestir un órgano o ente para ser considerado como autoridad para efectos del juicio de amparo, y al respecto emitió la jurisprudencia 2a./J.164/2011, que dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Como se advierte de la anterior transcripción, las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de "supra a subordinación" con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Ahora bien, como relaciones jurídicas que derivan de la actuación del Estado y sus órganos, existen las siguientes: Las relaciones de coordinación, que son los vínculos que se entablan por una diversidad de causas, entre dos o más personas físicas o morales, en su calidad de gobernados, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas en la ley, de tal modo que ambas están en el mismo nivel; de ahí que exista una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación son las que surgen entre los órganos de autoridad, por una parte, y el gobernado, y obedecen al actuar de los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado; entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución y los tratados internacionales establecen una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad, sin necesidad de acudir a los tribunales, porque con base en disposiciones legales o de hecho, impone obligaciones, modifica las existentes o limita los derechos de los particulares. Dicho de otro modo, en esas relaciones la autoridad desempeña frente al particular los actos de autoridad propiamente dichos, que tienen como características la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad. Tales actos son unilaterales porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; son imperativos en virtud de que se imponen aun en contra de la voluntad del gobernado, y son coercitivos dado que si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública. Lo anterior significa que el calificativo del acto de autoridad involucra a un órgano del Estado constituido por una persona o por un cuerpo colegiado, quien ejecuta ciertos actos en ejercicio del poder de imperio, actos que modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión, con la ejecución de esa decisión, o bien por ambas. Ahora bien, la parte quejosa reclama del Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, la omisión de formular conclusiones acusatorias en la causa penal 73/2015, instaurada en contra de Wendy Concepción Meneces Zapata por el delito de fraude, denunciado por Diana María del Socorro Palacios Trujeque y Aarón Francisco Meneses Palacios. Ahora, si bien por regla general, el agente del Ministerio Público puede ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar, actos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicasconcretas, en forma unilateral y obligatoria y, por tanto, puede ser considerado como autoridad para efectos del juicio de amparo; la realidad es que tales facultades tienen como límite la judicialización de sus actuaciones; es decir, que una vez que se consigna la causa de que se trate ante un órgano jurisdiccional y que éste radica el mencionado expediente, el agente de Ministerio Público dejará de tener el carácter de autoridad y adquirirá el de parte dentro del proceso. Lo anterior, implica que una vez consignada la causa penal de que se trate, las actuaciones desplegadas por el agente del Ministerio Público se encontrarán exentas del tamiz constitucional, al no poder considerarse como autoridad para efectos del juicio de amparo. Tales razonamientos encuentran sustento en la jurisprudencia 1a./J. 40/2000. "MINISTERIO PÚBLICO. DEJA DE TENER EL CARÁCTER DE AUTORIDAD UNA VEZ DICTADO EL AUTO DE RADICACIÓN DE LA CAUSA, POR LO QUE LAS PRUEBAS QUE APORTE POSTERIORMENTE SON PROVENIENTES DE PARTE Y SI SON RECIBIDAS CON CONOCIMIENTO DEL INCULPADO Y DE SU DEFENSOR, PROCEDE CONSIDERARLAS EN EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN O EN EL DE SUJECIÓN A PROCESO. La etapa de preinstrucción que abarca desde la radicación por el Juez, hasta el auto que resuelva la situación jurídica del inculpado, constituye un periodo procedimental que debe reunir las formalidades esenciales requeridas por los artículos 14, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre las cuales se encuentran las de hacer saber al indiciado, previamente a serle tomada su declaración preparatoria, los nombres de quienes presentaron la denuncia o querella y de quienes fueron los testigos que declararon en su contra, así como cuáles fueron los hechos que se le atribuyen como delictuosos que hayan motivado la integración de la averiguación previa, y cuáles son los elementos de prueba que pudieran determinar su presunta responsabilidad, ello a efecto de que pueda proveer la defensa de sus intereses y aportar, en su caso, pruebas de inocencia. Es en razón de lo anterior, que a partir de que el órgano jurisdiccional radica la causa penal, las actuaciones posteriores que llegare a realizar el Ministerio Público en ejercicio de su pretendida atribución investigadora, relacionadas con los hechos respecto de los cuales efectuó la consignación ante el Juez penal, no podrá legalmente proponerlas como prueba de autoridad en la fase de preinstrucción, menos una vez que ha sido tomada ya la declaración preparatoria del inculpado, porque se tratará de actuaciones practicadas por quien ya no es autoridad, pues debe tomarse en cuenta que surgieron sin la intervención del órgano jurisdiccional y de las que, como parte en la relación procesal y que debieran constar en formal actuación judicial, no tuvo conocimiento e intervención el inculpado. Sin embargo, ello no impide que el Ministerio Público, como parte, pueda aportar pruebas, mas las que proponga en esa etapa de preinstrucción, deben aportarse y recibirse ante el Juez con conocimiento del inculpado. En tal virtud, el Juez al dictar el auto que resuelva la situación jurídica del inculpado, deberá cerciorarse del cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento en la preinstrucción y, con base en ello, las pruebas de cargo que presente el Ministerio Público, puede considerarlas para los efectos del acreditamiento del tipo penal y de la presunta responsabilidad del inculpado, si previamente, como se estableció, fueron hechas del conocimiento de éste y de su defensor, pues de esta forma se respeta el equilibrio procesal de las partes". Asimismo, encuentra apoyo a lo anterior, la tesis I.8o.P.23 P (10a.) , de rubro y texto siguientes: "MINISTERIO PÚBLICO. UNA VEZ QUE JUDICIALIZA LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, SU CALIDAD PROCESAL CAMBIA DE AUTORIDAD (ENTE ACUSADOR) A SUJETO DEL PROCEDIMIENTO CON LA CALIDAD DE PARTE, POR LO QUE SI SE PROMUEVE AMPARO INDIRECTO CONTRA SUS ACTOS EMITIDOS CON POSTERIORIDAD A ESTA FASE, EL JUICIO CONSTITUCIONAL ES IMPROCEDENTE. Si bien el Ministerio Público es la autoridad que tiene a su cargo la investigación del delito, y el ejercicio de la acción penal, en términos de los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cierto es que una vez que el representante social judicializa la carpeta de investigación con la finalidad de formular imputación contra determinada persona, la calidad procesal del Ministerio Público cambia de autoridad (ente acusador) a sujeto del procedimiento penal con la calidad de parte, como lo establece el artículo 105 del propio código, por lo que sus actos se verifican en un plano de igualdad de condiciones adjetivas entre éste, el imputado, su defensor la víctima u ofendido y su asesor jurídico. Bajo esa premisa, si se promueve el amparo indirecto contra sus actos emitidos con posterioridad a esta fase, como pudiera ser, por ejemplo, la conducta que adoptó durante la celebración de la audiencia inicial, el juicio de control constitucional es improcedente, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5o., fracción II, ambos de la Ley de Amparo, el cual establece el concepto de autoridad responsable para efectos del juicio de control constitucional". En síntesis, aun cuando el Ministerio Público sea la autoridad rectora de la fase de integración de una averiguación previa, una vez que se consigna la causa de que se trate, la autoridad que dirige el proceso es el Juez; mientras que el representante social actúa como parte; es decir, en igualdad de condiciones adjetivas que el imputado, su defensor, la victima u ofendido y su asesor jurídico. En efecto, de las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad señaló la parte quejosa y de las documentales que en copia fotostática anexó a su demanda, se advierte que el nueve de abril de dos mil veintiuno, la Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, en autos de la causa penal 73/2015, instaurada en contra de Wendy Concepción Meneces Zapata, por el delito de fraude denunciado por Diana María del Socorro Palacios Trujeque y otro, declaró cerrada la instrucción y puso a la vista los autos de la causa penal al Agente del Ministerio Público Adscrito a dicho juzgado para que formule sus conclusiones acusatorias. De manera que si en el caso, en la demanda de amparo se señaló como acto reclamado la conducta omisiva del Agente del Ministerio Público adscrito al juzgado en donde se sigue la causa penal 73/2015, lo cierto es que no se cumple con los presupuestos cualitativos de un acto de autoridad, por lo que el juicio constitucional no es procedente para analizar la legalidad del acto que se reclama. Se dice lo anterior, porque resulta factible considerar que el agente señalado como responsable en el presente asunto ya había perdido el carácter de autoridad y adoptado el de parte dentro del proceso penal de origen; lo cual a su vez, implica que no podría considerarse como autoridad para efectos del juicio de amparo, porque actualmente sus determinaciones carecen de autonomía y coercibilidad; precisamente porque al haberse consignado la causa, sus actuaciones se encuentran supeditadas al arbitrio del juzgador que conoce de la causa de que se trata; por tanto, el juicio de amparo promovido contra las omisiones o actos desplegados por aquél (agente del ministerio público) resulta improcedente. En ese orden de ideas, al actualizarse la mencionada causal de improcedencia, lo que procede es, como ya se dijo, desechar, por notoriamente improcedente, la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia del juicio constitucional, precisada en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el señalado en su escrito de demanda de amparo; y como su autorizado a Sebastián Enrique Cen Alonzo, con las limitaciones que establece la parte final del artículo citado numeral de la Ley de Amparo, hasta en tanto acredite el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Teniendo en cuenta que, constituye un hecho evidente que la pandemia subsiste como un peligro para la salud, de modo que el esquema de reactivación en los órganos jurisdiccionales, no se realiza en un contexto de "normalidad" y, por tanto, se privilegia el trabajo a distancia, haciendo necesaria la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional; con fundamento en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, debiendo ajustar su trámite a lo establecido al respecto en el diverso acuerdo general 12/2020; esto es, para que continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registren en el referido Portal y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las determinaciones emitidas en este, conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido acuerdo general 12/2020. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el Secretario Juan Carlos Maiza Hau, que autoriza y da fe.
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