Aaron Azael Camara Caballero

Expediente 1766/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1766/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
22/10/2021

Partes del expediente

  • Aaron Azael Camara Caballero
  • Agente del Ministerio Publico de la Federación Adscrito

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los presentes autos el informe justificado rendido por la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en funciones de Juez, con sede en esta ciudad, así como las constancias que acompañó al mismo, de las que se advierte que el catorce de octubre de dos mil veintiuno, dictó un acuerdo con el que dio contestación al escrito presentado por la parte quejosa en el Juicio Ejecutivo Mercantil 151/2014. Ahora bien, se trae a colación que el acto que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo, consistió en la omisión de proveer acerca del escrito de once de junio del año en curso, mediante el cual solicitó que se tenga por aclarado el auto de tres de junio del presente año, dictado en autos del Juicio Ejecutivo Mercantil 151/2014. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta a la parte peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reclama la falta de atención al escrito presentado por la parte quejosa el catorce de junio de la presente anualidad, en autos del Juicio Ejecutivo Mercantil 151/2014. Sin embargo, como se mencionó, de las constancias que la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en funciones de Juez, con sede en esta ciudad, adjuntó a su oficio de cuenta, se desprende que el catorce de octubre de dos mil veintiuno, dictó un acuerdo en el que procedió a proveer sobre el referido escrito presentado por la parte quejosa en el Juicio Ejecutivo Mercantil 151/2014, e incluso procedió a su respectiva notificación. Dicha documental, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que proveyó respecto de la contestación a la vista de la demanda de origen, dando con ello atención a lo solicitado por el hoy quejoso a través del memorial descrito en párrafos previos, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable de dictar el acuerdo que debiera recaer a la solicitud de que se tenga por aclarado el auto de tres de junio del presente año, dictado en autos del Juicio Ejecutivo Mercantil 151/2014, lo que en el caso se subsana con el acuerdo de mérito. Por consiguiente, se decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal. En consecuencia, se deja sin efecto la fecha señalada para que tuviera verificativo la audiencia constitucional el ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, A LAS DIEZ HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Como está ordenado en el auto de esta fecha, dictado en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión promovido por "Inmobiliaria Chichén", Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto del Secretario del Consejo de Administración Patricio José Roche Millet, contra actos de la Primera Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, con fundamento en los artículos 128, 138, 140 y 142 de la Ley de Amparo, se tramita por cuerda separada y por duplicado, el incidente de suspensión solicitado. Con fundamento en el numeral 138 de la citada ley, entréguese copia simple de la demanda de amparo a la autoridad responsable y pídasele su respectivo informe previo, el que deberá rendir dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de este proveído; apercibida que de no hacerlo dentro del término fijado, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, contenida en la fracción I, de los artículos 238 y 260, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Se hace del conocimiento de la autoridad requerida que, dada la situación de contingencia presentada con motivo del fenómeno de salud pública derivado del coronavirus (COVID-19), que obligó a restringir el acceso al público a las instalaciones de este órgano jurisdiccional, el informe requerido habrá de rendirlo vía correo electrónico a la dirección oficial 3jdo14cto@correo.cjf.gob.mx. o bien, vía interconexión. Para la celebración de la audiencia incidental se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, de conformidad con el artículo 138, fracción II, de la ley en comento; en el entendido que la misma se llevará a cabo sin la presencia de las partes, salvo en el caso que deba desahogarse alguna prueba con intervención de éstas; para lo cual, de estimarlo necesario, las partes deberán hacerlo del conocimiento de este Juzgado con la debida anticipación, para llevarla a cabo mediante el sistema de videoconferencia, ajustándose a lo previsto por el artículo 144 de la Ley de Amparo y bajo los lineamientos que establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Determinación que no depara afectación a las partes, al estar en posibilidad de presentar sus alegatos de manera escrita. Por otro lado, la notificación del presente acuerdo se realizará, por única ocasión, por oficio electrónico a la autoridad ya sea vía interconexión de contar con la herramienta relativa o bien mediante correo electrónico institucional con oficio generado electrónicamente de conformidad con el artículo 67 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, sin que posteriormente haya necesidad de emitir oficio a las autoridades responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia incidental, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale a una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la referida audiencia, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto, las podrá consultar en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/cir cuitos.asp?Cir=38&Exp=1, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Ahora bien, por lo que ve a la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa, respecto del acto que reclama a la autoridad responsable, consistente en la resolución de ocho de marzo de dos mil veintiuno, que revocó lo resuelto en la audiencia intermedia celebrada el nueve de noviembre de dos mil veinte, dentro de la causa penal número 289/2019, en la que se excluyeron datos de pruebas, entre ellas, la declaración anual del año 2015, las facturas de arrendamiento y contabilidad de la "Plaza Sunkin", relativos a los periodos de enero a diciembre del año 2013 y el estado de cuenta bancario número 4024876781 del Banco HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, todas a nombre de la quejosa; al respecto, debe decirse que tal determinación tiene la calidad de consumada, debido a que ya fue emitida por la autoridad responsable; por lo que, en su contra, resulta improcedente conceder la suspensión, pues dada su naturaleza, la restitución de sus efectos son propios de la sentencia de fondo que se emita en el cuaderno de amparo del que deriva este incidente; en tales condiciones, con apoyo además en el numeral 128 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, se impone negar la suspensión provisional que de este órgano de control constitucional se solicita, respecto de los precitados actos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 12, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con número de registro 223,638, que dice: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSION IMPROCEDENTE. Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie." Por otro lado en relación a los efectos y consecuencias del acto reclamado, consistente en la resolución de ocho de marzo de dos mil veintiuno, que revocó lo resuelto en la audiencia intermedia celebrada el nueve de noviembre de dos mil veinte, dentro de la causa penal número 289/2019, en la que se excluyeron datos de pruebas, entre ellas, la declaración anual del año 2015, las facturas de arrendamiento y contabilidad de la "Plaza Sunkin", relativos a los periodos de enero a diciembre del año 2013 y el estado de cuenta bancario número 4024876781 del Banco HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, todas a nombre de la quejosa y que los mismos sí pueden considerarse como susceptibles de violar derechos sustantivos a la parte quejosa; y toda vez que en la especie concurren los requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, esto es, que la suspensión solicitada por el quejoso con su otorgamiento no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, y sí en cambio los daños y perjuicio que se le ocasionarían con la citada resolución, sería de difícil reparación, con fundamento en los artículos 136, 139, 147,150, 162, 163 166 y 168 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL SOLICITADA, para el solo efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, y se abstenga de aperturar la etapa de juicio oral, hasta en tanto se notifica la resolución que se dicte en cuanto al fondo del presente asunto. Ahora bien, en caso de que a la fecha en que se resuelve ya obre en autos del juicio de origen la información financiera, fiscal o contable ofrecida como medio de prueba de la aquí parte quejosa, procede conceder la suspensión provisional para efectos de que la autoridad del conocimiento, de no haber acontecido, o en caso de que reciba la información de la aquí quejosa que solicitó a las autoridades auxiliares correspondientes, le dé tratamiento de información confidencial; esto es, el juzgador deberá guardar el sigilo procesal respectivo, a fin de que lo solicitado no se divulgue, es decir, deberá ordenar su resguardo, por lo que no deberá agregar las constancias o información al expediente de origen para evitar su publicidad, ni a algún otro expediente, y tampoco deberá permitir la consulta u obtención de copias y datos de tales constancias, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva de los actos impugnados; lo anterior con fundamento en el artículo 150 de la Ley de Amparo. Finalmente, para una mejor apreciación de los hechos que envuelven el procedimiento de origen, requiérase a la autoridad responsable, para que, al momento de rendir su informe previo, informe el estado procesal de la causa penal de origen y remita las constancias conducentes. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE AL TERCERO INTERESADO.

  3. Principal

    Agréguese a estos autos el oficio remitido por el Director Jurídico de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, con un anexo, mediante el cual informa que para dar cumplimiento a la ejecutoria emitida en este juicio, requiere de diversas constancias que deberá proporcionarle el Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, a quien le solicitó las mismas mediante la diversa comunicación SSP/DJ/29982/2021 de fecha trece de los corrientes, recibida por dicho juez el catorce de este mismo mes y año. Atento lo informado por la autoridad de cuenta, requiérase al Juez Tercer Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, para que dentro del plazo de tres días, legalmente computado, envíe al Secretario de Seguridad Pública del Estado, las constancias que le solicitó a través del oficio SSP/DJ/29982/2021, a fin de que éste se encuentre en aptitud de dar cumplimiento con la fuerza pública solicitada, para lo cual, remítase al nombrado Juez, copia simple del oficio de marras. Apercibido el citado Juez, que de no cumplir con lo anterior, en el lapso señalado, se le impondrá una multa mínima de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme al numeral 2581, en armonía con el diverso ordinal 2382, ambos de la Ley de Amparo, y en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Notifíquese.

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