Aaron Alejandro Escamilla Baas

Expediente 1257/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1257/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
22/02/2021

Partes del expediente

  • Aaron Alejandro Escamilla Baas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto dictado en este juicio el dos de febrero del año en curso; con fundamento en los artículos, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2o de la citada Ley de Amparo, se declara que el expresado auto que SOBRESEE en estos autos fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, no obra documento original y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de veintiuno de enero del año en curso, se agregó el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y anexo que adjuntó. Es menester traer a colación que el acto que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo, medularmente lo constituye el señalamiento por parte de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, de una fecha lejana para celebración de la audiencia trifásica en el controvertido 384/2020, de su índice. En el caso, este Juzgadora Federal advierte que, respecto del precitado acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia revista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con los artículos 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: .V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Ahora bien, al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que respecto de los actos de imposible reparación, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. De acuerdo con lo sustentado por el Alto Tribunal, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: - La primera, la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. - La segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de 'sustantivos', expresión opuesta a los derechos de naturaleza 'formal o adjetiva' (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión -esta última- que se opone con la de "formal o adjetiva". Así, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8°, 14 y 17 de la Ley Suprema, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo: falta de respuesta a una petición expresa sobre determinado requerimiento. Ello, pese a que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 17 Constitucional. Sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Es así que el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones; de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. En consecuencia, la demanda de amparo que se interponga contra actos de esta naturaleza es notoriamente improcedente y debe desecharse de plano, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Por tanto, si en el caso, la parte quejosa se duele del señalamiento por parte de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, de una fecha lejana para celebración de la audiencia bifásica en el controvertido 384/2020, de su índice; debe decirse que ello no se trata de un acto de imposible reparación, atento a los lineamientos antes trazados, ya que no afecta ningún derecho sustantivo en forma directa, sino solamente, en su caso, ocasiona una mera dilación, la cual no se estima de tal magnitud que pueda considerarse como irreparable. Sirve de sustento a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia por contradicción de tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, que es del rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Sin que en el caso se advierta, de las manifestaciones vertidas por la propia parte quejosa en su escrito de demanda, que el acto reclamado constituya una abierta dilación del procedimiento, si se toma en consideración que la demanda en cuestión, fue presentada el diecisiete de junio de dos mil veinte ante la responsable; luego entonces la responsable mediante acuerdo de dieciocho de agosto de dos mil veinte, en virtud de la suspensión de labores que abarcó del 18 de marzo al 21 de agosto de dos mil veinte, fijó fecha para la audiencia trifásica el diecinueve de noviembre de dos mil veinte, la cual fue celebrada en dicha fecha, y en la misma se señaló el siete de abril de dos mil veintiuno para la continuación de la audiencia bifásica; por tanto, a la fecha de la celebración de la audiencia trifásica, a la fijación de la audiencia bifásico, apenas habrán transcurrido ochenta y ún días hábiles, lo que en modo alguno puede considerarse, en términos de la jurisprudencia multicitada, una abierta dilación en el señalamiento de la fecha de audiencia. Aunado a lo anterior, debe decirse que los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, en respuesta al brote del virus COVID19, han realizado diversas acciones partiendo de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de las autoridades sanitarias, como la emisión de los acuerdos generales AGC-2003-21, AGC-2003-22, AGC-2004-23, AGC2004-24, AGC-2005-25, AGC-2005-26, AGC-2006-27, AGC-2006-28, AGC-2006- 29 y AGC-2007-30, siempre en salvaguarda del derecho a la salud de los usuarios y de los empleados del Poder Judicial del Estado. Que las Juntas de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán con el fin de evitar la propagación del virus COVID-19 se han adherido a las disposiciones de los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado establecidas en los acuerdos generales enunciados, y además, han emitido lineamientos tendientes a la salvaguarda del derecho a la salud de los usuarios y de los empleados de las Juntas a través de los acuerdos expedidos en fechas 18 y 19 de marzo, 13 y 30 de abril, 5 y 30 de junio, 31 de julio y 14 de agosto, todas del año dos mil veinte, los cuales fueron publicados en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, en fechas 18 y 20 de marzo, 15 y 30 de abril, 5 y 30 de junio, 31 de julio y 14 de agosto, suspensión que abarcó del 18 de marzo al 21 de agosto de dos mil veinte, así como las subsecuentes de seis y veintiocho de octubre y ocho de diciembre de dos mil veinte, publicados en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, en fechas seis y veintiocho de octubre y nueve de diciembre de dos mil veinte, esta última que abarcó hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte. FECHA DE AVISO DE LAS JUNTAS LOCALES DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE YUCATÁN FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PERIODO QUE ABARCA LA SUSPENSIÓN 18 DE MARZO 18 DE MARZO 18-31 DE MARZO 19 DE MARZO 20 DE MARZO 18 DE MARZO-20 DE ABRIL 13 DE ABRIL 15 DE ABRIL 18 MARZO-30 DE ABRIL 30 DE ABRIL 30 DE ABRIL 18 DE MARZO-05 DE JUNIO 05 DE JUNIO 05 DE JUNIO 08 DE JUNIO-30 DE JUNIO 30 DE JUNIO 30 DE JUNIO 01-31 DE JULIO 31 DE JULIO 31 DE JULIO 03-14 DE AGOSTO 14 DE AGOSTO 14 DE AGOSTO 17-21 DE AGOSTO 06 DE OCTUBRE 06 DE OCTUBRE 7 DE OCTUBRE 26 DE OCTUBRE 26 DE OCTUBRE 27 DE OCTUBRE 8 DE DICIEMBRE 9 DE DICIEMBRE 16-31 DE DICIEMBRE De lo antes expuesto se advierte, que los plazos jurisdiccionales y administrativos se han ido suspendido en diversas ocasiones en virtud de virus COVID-19, la entrada de ciclones tropicales, y vacaciones de la responsable, por lo que no puede decirse que existe dilación de parte de la Junta responsable, ya que no estaban corriendo los plazos respecto de su actuación, así que de la fecha de la audiencia trifásica de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, a la señalada para la continuación en fecha siete de abril de dos mil veintiuno, únicamente habrían transcurrido ochenta y un días hábiles, lo que de ninguna manera puede constituir una dilación abierta, que actualice el supuesto de excepción, para la procedencia del juicio de amparo. Aunado a lo anterior, tal como sostiene la jurisprudencia en cita, el juicio de amparo indirecto procede respecto de violaciones procesales, cuando sus efectos sean de imposible reparación, siendo éstos los que causan una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho; sin embargo, tal como se ha reseñado, la fijación de la fecha bifásica, obedece a circunstancias particulares, propias de la situación de emergencia por la propagación del virus COVID-19, ya que los protocolos sanitarios establecidos por las autoridades de Salud, tanto Estatales como Federales, han señalado que la prestación de servicios deberá realizarse bajo el esquema de citas, y con un número restringido de personas, lo que no puede ser soslayado en el presente caso, dada la obligación de la Junta responsable de llevar a cabo sus actuaciones conforme a los lineamientos establecidos por las autoridades sanitarias correspondientes. Dicha circunstancia, en ningún modo impide a la parte quejosa el uso de sus derechos, pues si bien podría considerarse una violación a las normas del procedimiento laboral, tal como señala la jurisprudencia invocada, dicha violación no es de imposible reparación, pues tampoco puede pasar desapercibido para esta Juzgadora, que el juicio laboral promovido por la parte quejosa, fue instado dentro de los tiempos de suspensión de labores de la Junta responsable, y una vez reanudadas sus labores, ésta tiene la obligación de regularizar todos aquellos procedimientos anteriores que fueron suspendidos, por lo que se reitera, la fijación de la audiencia bifásica fuera de los periodos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, no constituyen una violación procesal que afecte derechos sustantivos, que hagan procedente la vía del amparo. Por todo lo expuesto, en el caso a estudio, se estima que respecto del acto reclamado consistente en el señalamiento por parte de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, de una fecha lejana para celebración de la audiencia bifásica en el controvertido 384/2020, de su índice, se actualiza la causal de sobreseimiento del juicio constitucional, derivada de la fracción V del artículo 63, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior" De ahí que ante la existencia de una causal de improcedencia, ello impide que esta juzgadora pueda analizar el acto reclamado; en consecuencia, al existir una causal de improcedencia, se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo respecto a éste, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de la Materia. Por consiguiente, esta Juzgadora Federal decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo; y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y NUEVE MINUTOS DEL ONCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiuno de enero de dos mil veintiuno. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y anexo que adjunta; y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este juicio y relaciónese al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Por otra parte, toda vez que en proveído de diez de diciembre de dos mil veinte, se reservó acordar lo relativo al emplazamiento de la persona moral tercero interesada "TRANSPORTES MODERNOS DE MÉRIDA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, hasta en tanto, rinda su informe justificado la responsable; por ende, del contenido del informe justificado del Presidente de la Junta responsable, se advierte que le recae el carácter de tercero interesada a la persona moral "TRANSPORTES MODERNOS DE MÉRIDA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, por tener un interés contrario a la parte quejosa, en el procedimiento de origen, de conformidad con lo establecido en el artículo 5°, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, se comisiona al Actuario adscrito a éste órgano jurisdiccional a fin de que proceda a emplazarla por medio de quien legamente la represente al presente juicio de amparo en el predio señalado en la demanda de amparo, con entrega de una copia del escrito de demanda y haciendo de su conocimiento el contenido de este acuerdo, así como informándole que puede comparecer a este juicio con dicho carácter si así conviene a sus interés; asimismo, prevéngasele para que en el término de tres días señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibiéndole que no hacerlo, las subsecuentes notificaciones de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este Tribunal. En el entendido, que la anterior notificación deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del citado Acuerdo General 21/2020 relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, que establece que cuando la notificación deba practicarse de manera personal, la diligencia deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. En mérito de lo anterior, con fundamento en el numeral 117 de la Ley de Amparo, dese vista a la persona moral tercero interesada de referencia, con el informe justificado rendido por la responsable, del cual se provee en este acuerdo. Teniendo en cuenta que, constituye un hecho evidente que la pandemia subsiste como un peligro para la salud, de modo que el esquema de reactivación en los órganos jurisdiccionales, no se realiza en un contexto de "normalidad" y, por tanto, se privilegia el trabajo a distancia, haciendo necesaria la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional; con fundamento en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a la parte tercero interesada para que transite hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, debiendo ajustar su trámite a lo establecido al respecto en el diverso acuerdo general 12/2020; esto es, para que continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registren en el referido Portal y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las determinaciones emitidas en este, conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido acuerdo general 12/2020. Asimismo, se invita a la citada persona moral tercero interesada, para que a la brevedad, proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Ahora bien, se advierte que la audiencia constitucional en este asunto, está señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTIÚN MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, y tomando en consideración que en el presente acuerdo se puso a la vista el informe justificado de la responsable, así como que se le reconoció el carácter de tercero interesada "TRANSPORTES MODERNOS DE MÉRIDA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE; en consecuencia, para evitar hacer diferimientos innecesarios, se difiere anticipadamente la fecha y hora fijadas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, y se señala para las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y NUEVE MINUTOS DEL ONCE DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiuno de enero de dos mil veintiuno. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y anexo que adjunta; y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este juicio y relaciónese al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Por otra parte, toda vez que en proveído de diez de diciembre de dos mil veinte, se reservó acordar lo relativo al emplazamiento de la persona moral tercero interesada "TRANSPORTES MODERNOS DE MÉRIDA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, hasta en tanto, rinda su informe justificado la responsable; por ende, del contenido del informe justificado del Presidente de la Junta responsable, se advierte que le recae el carácter de tercero interesada a la persona moral "TRANSPORTES MODERNOS DE MÉRIDA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, por tener un interés contrario a la parte quejosa, en el procedimiento de origen, de conformidad con lo establecido en el artículo 5°, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, se comisiona al Actuario adscrito a éste órgano jurisdiccional a fin de que proceda a emplazarla por medio de quien legamente la represente al presente juicio de amparo en el predio señalado en la demanda de amparo, con entrega de una copia del escrito de demanda y haciendo de su conocimiento el contenido de este acuerdo, así como informándole que puede comparecer a este juicio con dicho carácter si así conviene a sus interés; asimismo, prevéngasele para que en el término de tres días señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibiéndole que no hacerlo, las subsecuentes notificaciones de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este Tribunal. En el entendido, que la anterior notificación deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del citado Acuerdo General 21/2020 relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, que establece que cuando la notificación deba practicarse de manera personal, la diligencia deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. En mérito de lo anterior, con fundamento en el numeral 117 de la Ley de Amparo, dese vista a la persona moral tercero interesada de referencia, con el informe justificado rendido por la responsable, del cual se provee en este acuerdo. Teniendo en cuenta que, constituye un hecho evidente que la pandemia subsiste como un peligro para la salud, de modo que el esquema de reactivación en los órganos jurisdiccionales, no se realiza en un contexto de "normalidad" y, por tanto, se privilegia el trabajo a distancia, haciendo necesaria la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional; con fundamento en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a la parte tercero interesada para que transite hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, debiendo ajustar su trámite a lo establecido al respecto en el diverso acuerdo general 12/2020; esto es, para que continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registren en el referido Portal y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las determinaciones emitidas en este, conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido acuerdo general 12/2020. Asimismo, se invita a la citada persona moral tercero interesada, para que a la brevedad, proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Ahora bien, se advierte que la audiencia constitucional en este asunto, está señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTIÚN MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, y tomando en consideración que en el presente acuerdo se puso a la vista el informe justificado de la responsable, así como que se le reconoció el carácter de tercero interesada "TRANSPORTES MODERNOS DE MÉRIDA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE; en consecuencia, para evitar hacer diferimientos innecesarios, se difiere anticipadamente la fecha y hora fijadas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, y se señala para las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y NUEVE MINUTOS DEL ONCE DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.Notifíquese personalmente.

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