Zuzigna Soto Rodríguez

Expediente 248/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 25 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
248/2023
Año
2023
Actuaciones
25
Última actuación
27/10/2023

Partes del expediente

  • Zuzigna Soto Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Incidental

    Salina Cruz, Oaxaca, veintisiete de octubre de dos mil veintitrés. Como está ordenado con esta fecha en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión y toda vez que de la certificación que antecede se advierte que no existe asunto pendiente por diligenciar...se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido, carece de relevancia documental y Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Cúmplase

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintisiete de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio 1347, firmado por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca ...es el legalmente competente para conocer de la demanda de amparo promovida por ********************, se acusa recibo y se ordena el archivo del expediente y se hace saber a las partes la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Cúmplase

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio recibido vía electrónica con evidencia criptográfica de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con sede en San Bartolo Coyotepec, con el que transcribe el proveído de veintiocho de agosto del año en curso, del que en lo relevante se advierte que admitió a trámite el conflicto competencial planteado por este órgano jurisdiccional, registrado con el número 44/2023; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Cúmplase.

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos la misiva de cuenta signada por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, a través del cual informa que respetuosamente disiente y no comparte las consideraciones expuestas por este órgano jurisdiccional, y no acepta la competencia planteada. Ello, ya que a su consideración se actualiza la hipótesis contenida en la segunda parte del artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece que para decidir qué Juez de Distrito es el competente para conocer de un juicio de amparo cuando la ejecución del acto reclamado se inicie en determinado territorio y se siga ejecutando en otro diferente, es competente el Juez de Distrito ante quien se presente la demanda; y refiere, que por el hecho de que las autoridades señaladas como responsables ejecutoras, negaron la ejecución del acto que se les reclama, la quejosa manifestó tiene su domicilio dentro de la circunscripción territorial de este Juzgado de Distrito, por lo que la posibilidad de ejecución no desapareció como lo refiere el Juez declinante, pues al no existir otro elemento cierto y objetivo que sirva para concluir categóricamente que el acto se ejecutará en alguna de las diversas jurisdicciones correspondientes, debe conocer del procedimiento constitucional el Juez de Distrito con competencia en el lugar donde se presentó la demanda, es decir, el que conoció a prevención, por ser ante quien acudió la parte agraviada solicitando la protección constitucional. No obstante lo anterior, esta juzgadora sostiene el criterio emitido el veintisiete de julio del año en curso, en el sentido de que este Juzgado Séptimo de Distrito en esta ciudad de Salina Cruz, Oaxaca; es incompetente para conocer y resolver este asunto por los motivos y fundamentos legales ahí puntualizados. Lo anterior con apoyo en lo sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, al resolver el conflicto competencial penal 44/2022, en sesión ordinaria virtual de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, lo que se invoca como un hecho notorio, quien en lo que aquí interesa, resolvió: "CUARTO. Solución del conflicto competencial. Para resolver el presente conflicto debe atenderse a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Debe ser así tomando en cuenta que en el juicio de amparo, cuyo conocimiento se encuentra en conflicto, promovido por **** ********* ****** ******, se reclama la orden de reaprehensión librada en su contra en la causa penal número ********. Reaprehensión cuyo mandamiento se atribuyó al juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca; en tanto su ejecución al delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de Oaxaca; al comandante de la Agencia Federal de Investigaciones en el Estado de Oaxaca; así como al comandante de la Agencia Federal de Investigaciones Comisionado en la ciudad y puerto de Salina Cruz, Oaxaca. Acto reclamado del cual resulta evidente que requiere de ejecución material; por tanto, se ubica en el supuesto establecido el primer párrafo del numeral trascrito. De acuerdo a los hechos de la demanda, se señaló como autoridad ejecutora al comandante de la Agencia Federal de Investigaciones Comisionado en la ciudad y puerto de Salina Cruz, Oaxaca, porque se habían presentado elementos de la Agencia Federal de Investigaciones comisionados en el Estado de Oaxaca, en el domicilio de la persona quejosa, haciéndole saber a sus familiares que lo buscaban con el fin de ejecutar una orden de reaprehensión librada en su contra. Señaló que su domicilio era en calle ******** número ****, colonia ******** ****, en Salina Cruz, Oaxaca. Autoridad ejecutora con residencia en el lugar en que ejerce jurisdicción el juez Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en Salina Cruz, Oaxaca, ante quien se presentó la demanda, que negó categóricamente la existencia del acto de ejecución que se le atribuye (foja 379). Respecto al señalamiento de una autoridad ejecutora con la misma residencia del juez de Distrito ante quien se presentó la demanda, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la parte que interesa, al resolver la contradicción de tesis 1/95, resolvió: "[...] en tratándose de actos reclamados que requieran de ejecución material, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo lo será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, entonces resulta natural que en el caso de que la o las autoridades señaladas como responsables ejecutoras nieguen los actos que a ellas se les reclama y no se desvirtúe esa negativa por la parte quejosa, al celebrarse totalmente la audiencia constitucional que es el momento en el que también se podrían desvirtuar los informes justificados de las autoridades ejecutoras que niegan los actos reclamados, emerja la incompetencia del Juez de Distrito en cuya jurisdicción radiquen esas autoridades señaladas como ejecutoras, pero que respecto de las cuales no haya quedado acreditado en autos la existencia de los actos que se les reclamaron, ya que de lo contrario se estaría estableciendo una competencia para conocer del juicio de amparo, contraria a la teleología que el legislador dejó plasmada en el párrafo primero, del ya mencionado artículo 36 de la Ley de Amparo y sin que válidamente pudiera considerarse que el Juez de Distrito, que en estas concretas circunstancias siguiera conociendo del juicio y que incluso emitiera la resolución respectiva, haya aceptado tácitamente la competencia, como lo consideró el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, pues dejó de lado una razón básica que se deriva del contenido del referido artículo 36 de la ley en cita: El único caso normativamente previsto en este numeral en que un Juez de Distrito puede conocer de una demanda de amparo, a prevención, es cuando el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, en cuyo supuesto, cualesquiera de los Jueces Federales correspondientes a esas jurisdicciones territoriales, será legalmente competente, pero siempre y cuando, como es lógico, esté debidamente acreditada la existencia de esos actos reclamados de autoridades ejecutoras. En suma, sería a esta competencia a prevención la que, en todo caso, podría denominársele competencia tácita, mas no a aquella competencia que se pretendiese fincar por un Juez de Distrito para seguir conociendo de la demanda de garantías presentada ante él, cuando las autoridades señaladas como responsables ejecutoras residentes en su ámbito territorial de jurisdicción, hubiesen negado los actos a ellas atribuidos y esa negativa no hubiera sido desvirtuada por la parte quejosa. Conviene señalar aquí lo siguiente: toda vez que las autoridades señaladas como responsables ejecutoras pueden, desde la emisión de su informe justificado negar los actos que se les reclamen, entonces el quejoso, jurídicamente tiene como oportunidad para controvertir y desvirtuar esa negativa, desde que se le da vista con el contenido de esos informes justificados, hasta la celebración de la audiencia constitucional; de manera tal que técnicamente hablando, si iniciada la celebración de la audiencia de referencia, en su fase de pruebas, no queda acreditada en autos la existencia de esos actos reclamados a autoridades ejecutoras, esta particular situación debe motivar el desarrollo total de dicha audiencia, salvo el dictado de la sentencia, y entonces el Juez de Distrito debe proceder a formular la declaración de incompetencia respectiva, declinándola en favor del diverso Juez de Distrito en cuya jurisdicción y de acuerdo a las constancias de autos, aparezca que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. [...] A mayor abundamiento, la determinación del Juez de Distrito mediante la cual declina la competencia en uno diverso, no es impugnable mediante el recurso de revisión, precisamente porque no se encuentra dentro de los supuestos contenidos en el artículo 83 de la Ley de Amparo; además porque los aspectos de competencia persiguen un interés de orden público y otro interés especial de orden preferente, que es el relativo al ámbito de las facultades que la ley otorga al Juez para resolver dentro del orden de su competencia. [...]Es importante precisar que el criterio que informa la anterior jurisprudencia, se refiere a la improcedencia del recurso de revisión cuando la incompetencia por declinatoria la determina el Juez de Distrito en la audiencia constitucional, es decir, no obstante que se verifica dicha audiencia, no se culmina la etapa procedimental con el dictado de la sentencia correspondiente; lo que constituye una hipótesis diferente a cuando el Juez de Distrito, no obstante que las autoridades señaladas como responsables niegan el acto que se les reclama, consistente en la ejecución material del acto dentro de la circunscripción territorial de aquél, dicta la sentencia y el quejoso en el recurso de revisión plantea aspectos relacionados con cuestiones de competencia, o cuando el tribunal revisor las advierte de oficio, tópico que se analizará en los párrafos siguientes. Por lo que se refiere a si un Tribunal Colegiado, al realizar la revisión correspondiente advierte que el Juez de Distrito dictó sentencia, no obstante que las autoridades señaladas como ejecutoras negaran la existencia del acto reclamado y el quejoso no aportara prueba alguna que desvirtuara dicha negativa, este Tribunal Pleno estima lo siguiente: En estos casos, lo procedente es que dicho Tribunal Colegiado, ya sea que la incompetencia del Juez de Distrito la advierta de oficio o a petición de parte, de conformidad con lo establecido en los artículos 91, fracción IV y 94, de la Ley de Amparo, revoque la sentencia recurrida dejándola insubsistente y remita los autos al Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, como lo prevén los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 36, párrafo primero, de la referida Ley de Amparo, en virtud de que las cuestiones de competencia territorial de los Jueces de Distrito, están elevadas a norma de rango constitucional y reglamentadas por la ley de la materia, independientemente de que se constituyen en presupuestos procesales y naturalmente de orden público. [...]En este mismo orden de ideas, ha sido preocupación constante de la actual integración de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el hecho de que los quejosos o quien promueve en nombre de ellos, a su libre arbitrio o a su discrecional elección, determinen la competencia del Juez de Distrito para que conozca de un juicio de amparo; lo que sin lugar a dudas va en contra de la voluntad del legislador al establecer las reglas para distribuir, según el territorio, la competencia entre los distintos Juzgados de Distrito, y que prevén los numerales precitados..." Contradicción de tesis que motivó la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE CUYA RESIDENCIA LA ORIGINÓ NIEGA EL ACTO RECLAMADO Y ESTA NEGATIVA NO SE DESVIRTÚA, DICHO JUEZ DEBE DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LO ACTUADO AL JUEZ COMPETENTE. Conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, es competente para conocer de un juicio de garantías el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, pero si la autoridad ejecutora que por residir dentro de la jurisdicción territorial del Juez de Distrito lo hacía competente, niega el acto reclamado y el quejoso no desvirtúa esta negativa, dicho Juez debe, una vez desarrollada totalmente la audiencia constitucional salvo el dictado de la sentencia, declararse incompetente y, en los términos establecidos por el artículo 52 de la propia ley, remitir lo actuado al Juez que resulte competente, para que conforme a sus atribuciones legales dicte la sentencia que corresponda." Criterio que no se opone a la actual redacción del artículo 37 de la Ley de Amparo. De tales argumentos de autoridad se tiene que cuando se está en el caso de reclamarse un acto que requiere ejecución material, y la competencia del juez de distrito se originó con motivo del señalamiento de una autoridad ejecutora de la misma residencia, en el supuesto en que la autoridad señalada como ejecutora niega categóricamente la existencia del acto que se le atribuye, y no se desvirtúa por el quejoso en la audiencia constitucional, el juez de Distrito ante quien se presentó inicialmente la demanda, y cuya residencia de la autoridad ejecutora le daba competencia, debe declararse incompetente y remitir los autos al juez competente. Incompetencia que debe declararse una vez desarrollada totalmente la audiencia constitucional, porque desde que se le da vista con el contenido del informe, y hasta la celebración de la audiencia constitucional, en su fase de pruebas, el promovente está en condiciones de desvirtuar esa negativa, si no lo hace, entonces será evidente que no queda acreditada la existencia del acto de ejecución que se le atribuye; situación que debe motivarse en el desarrollo total de dicha audiencia. Supuesto señalado que se actualiza en el caso pues el promovente del amparo señaló como ejecutora a una autoridad que reside en el lugar donde ejerce jurisdicción el juez Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante quien se presentó la demanda. Autoridad que al rendir su informe justificado negó el acto de ejecución que se le atribuyó. De lo narrado del caso y de acuerdo a las constancias de autos, se actualiza el primer requerimiento a efecto que el juez de Distrito se declare incompetente para conocer del asunto, pues como se mencionó, obra en autos el informe justificado rendido por el encargado de la Subsede de la Policía Federal Ministerial, residente en la ciudad y puerto de Salina Cruz, Oaxaca (denominación correcta de la responsable), en el que negó categóricamente el acto de ejecución que se le atribuyó (foja 379). También, se actualiza el segundo requisito para que el juez de Distrito declinante estuviera en condiciones de declararse incompetente para conocer del asunto, pues lo hizo una vez desarrollada totalmente la audiencia constitucional celebrada el veintitrés de junio de dos mil veintidós, sin que la persona quejosa, en la etapa de desahogo de pruebas, ofreciera prueba alguna para desvirtuar la negativa de la autoridad residente en Salina Cruz, a quien atribuyó la ejecución de la orden de reaprehensión reclamada. Situación que hace evidente la incompetencia del Juzgado Séptimo de Distrito para conocer del asunto, por tanto, el juez de Distrito competente es aquel que resida en el mismo lugar de la autoridad de quien emana el acto reclamado, que en el caso lo es el juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, pues la orden de reaprehensión reclamada fue dictada por el juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. En apoyo a lo anterior, se invoca el criterio obligatorio sostenido por la otrora Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de rubro y texto: "COMPETENCIA EN AMPARO. Si la única autoridad responsable a la que se atribuye el carácter de ejecutora, niega en su informe previo los actos reclamados que le atribuye el quejoso, es manifiesta la competencia del Juez de Distrito en cuya jurisdicción radica la autoridad ordenadora, para conocer del juicio de amparo, de conformidad con lo prevenido en el inciso tercero del artículo 36 de la Ley de Amparo y en el artículo 50 de La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación." Precisa señalar, en el caso, la competencia del juez de Distrito que deba conocer del asunto, como lo ha definido el Máximo Tribunal del País en diversos criterios, no puede derivar del sólo señalamiento que hace el promovente del amparo en su demanda que la orden de reaprehensión librada en su contra trató de ejecutarse en su domicilio ubicado en la ciudad y puerto de Salina Cruz, Oaxaca. En ese supuesto, se definieron las directrices en el sentido que se actualizaría la competencia sólo para el caso que en la misma demanda no se hubiera señalado autoridad ejecutora en la misma circunscripción del juez de Distrito ante quien se presentó la demanda; sin embargo, el juez debe prevenir a la persona quejosa para que aclare su demanda y haga el señalamiento conducente en cuanto a la autoridad ejecutora que resida en su jurisdicción. Prevención necesaria que una vez colmada, actualizaría la regla que exige que la o las autoridades ejecutoras acepten la existencia del acto reclamado, o bien que se desvirtúe su negativa, para que la actualice la competencia del juez ante quien se presentó la demanda, porque de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en términos del criterio obligatorio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 571/2012, que motivó la jurisprudencia de rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables." Conforme a ese criterio obligatorio, no es el caso de resolver que deba conocer del asunto el juez que tiene jurisdicción en el domicilio en el que se señaló se trató de ejecutar la orden de reaprehensión reclamada, pues como ya se razonó, se está en el supuesto en que sí fue señalada como autoridad ejecutora una que reside en la misma jurisdicción del juez de Distrito ante quien se presentó la demanda, quien al rendir su informe negó categóricamente el acto de ejecución que se le atribuye, y esa negativa no fue desvirtuada hasta concluida la audiencia constitucional. [.]" Por lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece una impartición de justicia pronta y expedita, y a efecto de no hacer nugatorios los derechos de las partes, en términos del artículo 48 de la Ley de Amparo, previa formación de cuaderno de antecedentes, remítase el asunto al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común que le presta servicio, para la sustanciación del conflicto competencial. Hágase del conocimiento la presente determinación, al Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. Notifíquese.

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