Zoila García Robles
Expediente 522/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 26 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 522/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 27/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Zoila García Robles
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Incidental
Salina Cruz, Oaxaca, veintisiete de junio de dos mil veintidós. Como está ordenado en esta fecha en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión y toda vez que de la certificación que antecede se advierte que no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso A, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Destino. Se comunica a las partes que, por haberse concedido la medida cautelar provisional y negado la definitiva a la parte quejosa, el original de este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el término de tres años de haberse ordenado el archivo del asunto como concluido. Asimismo, se destaca que en este incidente no existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda), ni billete de depósito o garantía que devolver o remitirse a la Tesorería de la Federación. Archivo reciente. También, durante los primeros tres años el original del incidente estará en este órgano jurisdiccional y fenecido dicho término, se transferirá a la Dirección General de Archivo y Documentación. Destrucción del duplicado del incidente de suspensión. El duplicado del cuaderno incidental, en términos de los dispuesto en la fracción II, inciso A, del artículo 20 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de la fecha en que se dictó la suspensión definitiva, de conformidad a lo establecido en el ordinal 24, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone su numeral 22, y para los efectos precisados en el diverso 23. Anotaciones. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintisiete de junio de dos mil veintidós. Vista certificación secretarial y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa no se inconformó dentro del término legal de quince días, contra el acuerdo de veinticuatro de mayo del año en curso, en el que se tuvo por cumplida la sentencia ejecutoria dictada en este juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 196, 201, fracción I, y 202 de la Ley de Amparo, se tiene por consentido el citado proveído. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso A, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad con lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no concedió suspensión de plano de los actos reclamados, no existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el punto segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro. Destino. Además, al tratarse de un asunto en el que se concedió el amparo, de conformidad a lo previsto en el artículo 18, inciso b), este expediente es depurable. En tal virtud, con fundamento en el citado numeral 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de LEONARDO RUBEN VAZQUEZ ROBLES 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.2a.8a 04/05/23 09:43:14 valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez transcurridos tres años, contados a partir de que se emite este auto, procédase a su depuración, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que laude el citado numeral, deberá solicitarse la trasferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Archivo del incidente de suspensión. Respecto al archivo del incidente de suspensión que deriva de este juicio de amparo, acuérdese lo conducente en dicho incidente. Ley de Transparencia. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. DEVULUCIÓN DE DISCOS COMPACTOS. LEONARDO RUBEN VAZQUEZ ROBLES 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.2a.8a 04/05/23 09:43:14 Por otra parte, toda vez que en proveído de doce de mayo de dos mil veintidós, se tuvo a la autoridad responsable Magistrado Presidente de la Sexta Sala Penal, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, remitiendo dos discos en formato DVD de su índice, por tanto, con fundamento en el numeral 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, hágase devolución a la citada autoridad responsable, de las constancias antes descritas, mismas que remitiera en vías de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, solicitando el acuse de recibo respectivo. Finalmente, en proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, se tuvo al Juez de Control en Materia Penal del Circuito Judicial del Istmo, sede Salina Cruz, Oaxaca, remitiendo un disco DVD debidamente certificado, el cual contiene registro de audio y video de las audiencias de ratificación de la medida cautelar de treinta de agosto del dos mil diecinueve y de la audiencia del auto de no vinculación a proceso de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, de su índice, por tanto, con fundamento en el numeral 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, hágase devolución a la citada autoridad responsable, de la constancia antes descrita, mismo que remitiera como alcance y justificación a su informe rendido, solicitando el acuse de recibo respectivo. Notifíquese
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. Ahora bien, vista la certificación que antecede, se advierte que feneció el término concedido a la parte quejosa en proveído de doce de mayo del año en curso, para que manifestara lo que a su derecho conviniera, respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte del Magistrado Presidente de la Sexta Sala Penal, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, sin que hubiese expresado manifestación alguna; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado y este órgano jurisdiccional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, la sentencia protectora se encuentra o no cumplida acorde a lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1698, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Décima segunda Sección - Ejecución de Sentencia de Amparo, Apéndice de 2011, Novena Época, con número de registro 1003378, cuyo rubro y texto es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." EFECTOS DE LA SENTENCIA AMPARADORA Por sentencia engrosada de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, se concedió el amparo a la quejosa Zoila García Robles, causando ejecutoria el ocho de marzo del año en curso, requiriendo a la responsable Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, para su cumplimiento en los siguientes efectos: 1. Deje insubsistente la resolución reclamada de dieciocho de marzo del dos mil veinte, dictada en el toca penal JOTP/150/2019; 2. Reponga el procedimiento a fin de que señale fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia para resolver el recurso de apelación interpuesto en contra del auto de no vinculación a proceso reseñado, la que deberá llevarse a cabo siguiendo los lineamientos previstos en los artículos del 57 al 63 del Código Nacional de Procedimientos Penales; por lo que deberá citar a las partes que intervendrán en la misma, con los apercibimientos que considere necesarios para el caso de inasistencia; y, 3. Emita una nueva resolución, en la que con plenitud de jurisdicción resuelva acerca del recurso de apelación interpuesto por Zoila García Robles y Luvia Sosa García, contra la resolución pronunciada en audiencia de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, en la causa penal 354/2019. En acatamiento a lo anterior, mediante proveído de diecisiete de marzo del año en curso, se tuvo al Magistrado Presidente de la Sexta Sala Penal, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca (folio 2417), remitiendo en vías de cumplimiento a la ejecutoria de amparo: copia certificada del acuerdo de quince de marzo del actual, deducida del toca penal JOTP/150/2019, del que se advierte lo siguiente: Dentro del citado toca, dejó insubsistente la resolución de dieciocho de marzo de dos mil veinte, que confirmó el auto de no vinculación a proceso dictado el cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, en la causa penal 354/2019, a favor de Silvano Sosa García y Lizbeth Ivón Villegas Galeana, por la probabilidad de su participación en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de violencia familiar. Y señalo las doce horas del dieciocho de marzo del año en curso, para el desahogo de la audiencia de alegatos de manera virtual, ordeno notificar y citar a las partes. Asimismo, por acuerdo de treinta de marzo del actual, se tuvo a la citada autoridad responsable Magistrado Presidente de la Sexta Sala Penal, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca (folio 2855), informando que señalo las doce horas del veinticinco de abril de dos mil veintidós para llevar acabo la audiencia de resolución de fondo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 478 del Código Nacional de Procedimientos Penales, anexando para acreditar su dicho copia certificada del acuerdo de veintiocho de marzo del año en curso, dictada en el toca penal JOTP/150/2019, donde se advierte tal circunstancia. Siguiendo la secuela procesal, en proveído de veintinueve de abril del año que transcurre, se tuvo a la citada autoridad responsable, remitiendo copia certificada de la resolución de veinticinco de abril del año en curso, donde resolvió el recurso de apelación interpuesto en contra del auto de no vinculación a proceso, interpuesto por la aquí parte quejosa, dictada en el toca penal JOTP/150/2019, de su índice. Finalmente, en proveído de doce de mayo del año en curso, la autoridad responsable Magistrado Presidente de la Sexta Sala Penal, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca (folio 4438), se le tuvo remitiendo al efecto dos discos compactos en formato DVD debidamente certificado, el cual contiene la reproducción de audio y video de la audiencia de alegatos aclaratorios celebrada el dieciocho de marzo de dos mil veintidós y la audiencia de veinticinco de abril de dos mil veintidós y en formato PDF la notificación vía correo al promovente aquí parte quejosa, a través de su autorizado Jaime Méndez Zarate. Con base en las consideraciones previamente expuestas, este órgano de control constitucional estima que de la confrontación de los lineamientos bajo los cuales se otorgó el amparo y la protección de la Justicia Federal y la forma en que las autoridades dieron cumplimiento, se llega a la convicción de que la ejecutoria de amparo quedó cumplida totalmente y no se incurrió en demasía o defecto en su acatamiento, como lo prevé el artículo 196 de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Sirve de orientación la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, corroborable con el registro digital 165807, de texto que sigue: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Notifíquese
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, doce de mayo de dos mil veintidós. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos, el oficio 337, signado por el Magistrado Presidente de la Sexta Sala Penal, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, remitido vía correo electrónico, a través del cual en vías de cumplimiento a la ejecutoria de amparo de ocho de marzo del año en curso, remite copia certificada de la resolución de veinticinco de abril del año en curso, donde resolvió el recurso de apelación interpuesto en contra del auto de no vinculación a proceso, interpuesto por la aquí parte quejosa, dictada en el toca penal JOTP/150/2019, de su índice, misma que fue acordada en veintinueve de abril del año en curso, al haberse recibido vía correo electrónico. Ahora bien, vista de la misiva de cuenta, remite al efecto dos discos compactos en formato DVD debidamente certificado, el cual contiene la reproducción de audio y video de la audiencia de alegatos aclaratorios celebrada el dieciocho de marzo de dos mil veintidós y la audiencia de veinticinco de abril de dos mil veintidós y en formato PDF la notificación vía correo al promovente aquí parte quejosa, a través de su autorizado Jaime Méndez Zarate. Ahora, el material de audio y video que el Juez responsable remite, se trata de una prueba documental pública, la cual se desahoga sin necesidad de una audiencia especial en la cual se reproduzca su contenido, atento a lo establecido en la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la cual le fue designado el registro digital 2004362, de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTIVOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Guárdese en la Secretaría de este Juzgado, los discos compactos que la autoridad judicial anexó a su oficio. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 196 de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la ley de la materia, con su contenido, así como con todas y cada una de las constancias remitidas por la autoridad responsable, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contado a partir de su legal notificación, manifieste lo que a sus intereses convenga, en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo. En la inteligencia que de no hacer manifestación alguna dentro del término legal concedido para tal efecto, se resolverá sobre el cumplimiento con base en los elementos que obran en el expediente. Se invoca en apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, Tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro digital 192174, cuyo rubro y texto son como sigue: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Notifíquese.
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