Zury Evelyn Castro Sansores

Expediente 705/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
705/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
13/07/2023

Partes del expediente

  • Zury Evelyn Castro Sansores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, trece de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el oficio remitido por la vía electrónica, mediante el uso de la FIREL del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad. Mediante el cual comunica que se admitió a trámite el recurso de revisión, interpuesto contra la sentencia dictada el catorce de junio de dos mil veintitrés, en estos autos, y se registró con el número ******************** Circunstancias de las cuales este Juzgado Federal queda enterado para todos los efectos legales correspondientes. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, cuatro de julio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a estos autos el escrito signado por la quejosa ********************, mediante el cual interpone RECURSO DE REVISIÓN en contra de la sentencia dictada en el presente asunto. En consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, córrase traslado a las autoridades responsables, parte tercero interesada y la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, con una copia simple de dicho escrito de expresión de agravios. Una vez hecho lo anterior, envíese vía interconexión el escrito de expresión de agravios del aludido recurso, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, para que resuelva lo que estime procedente. Desde este momento, se otorga a dicha Superioridad el acceso electrónico para la consulta del presente expediente. Por tanto, se ordena a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), haga las gestiones correspondientes en dicho sistema. Por último, no ha lugar a formar el cuadernillo físico relativo a dicho recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Segundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Notifíquese personalmente y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Jennifer Pérez González, Secretaria del Juzgado con quien actúa. Doy fe.

  3. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 705/2023-VI-A, promovido por ********************, en contra del acto atribuido al Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema Penal Acusatorio y Oral, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por oficio 4298/2023 suscrito por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, recibido el tres de mayo de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito de esta Entidad, se recepcionó, en vía de incompetencia, la demanda de amparo promovida por ********************, quien solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto que reclama de la Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Por cuestión de turno, fue recibido en la propia fecha -tres de mayo de dos mil veintitrés-, en la Oficialía de Partes de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, el oficio de mérito con la demanda de amparo de que se trata y anexos, respecto de la cual, por proveído de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, se aceptó la competencia declinada y se admitió a trámite la misma; sin necesidad de solicitar su informe justificado a la autoridad responsable, toda vez que el mismo ya había sido remitido ante la Superioridad; asimismo, ya se había emplazado a juicio a la parte tercero interesada; por lo que sólo se le dio la intervención correspondiente a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita a este Juzgado; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional del juicio, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los numerales 35 y 37 de la Ley de la materia, 48, en relación con el numeral 56 de la Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento, además, en la tesis visible en la página 255, del Tribunal Pleno, Tomo XIX, abril de 2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, de la lectura íntegra del escrito de demanda, como de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se tiene que la parte quejosa reclama esencialmente lo siguiente: La resolución dictada en la audiencia de ocho de marzo de dos mil veintitrés, en la cual se confirmó la diversa emitida el catorce de diciembre de dos mil veintidós, donde se determinó la abstención de investigar, en autos de la carpeta de investigación ********************. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema Penal Acusatorio y Oral, con sede en esta ciudad, ciudad; pues así lo manifestó al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con las constancias y el disco óptico que adjuntó a su informe, los que alcanzan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez que respecto del primero, resulta ser documento expedido por un servidor público en ejercicio de las atribuciones que les asigna la ley; mientras que el segundo, constituye la videograbación de la actuación llevada a cabo por la responsable que tiene la certificación de la fecha y lugar en que fue realizada, así como de los hechos que contienen. Apoya lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 231, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que se cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este acto." Así como, la jurisprudencia 43/2013, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 10ª Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 703, con número de registro 2004362, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, por lo que se procede al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, cuya transcripción se estima innecesaria, porque no existe algún precepto que obligue a ello, además de que no se le causa perjuicio, pues en todo caso se observarán los principios de congruencia y exhaustividad. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Novena Época, tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Análisis de la litis constitucional. Son infundados los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, motivo por el cual deberá negársele el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. En el caso, es importante señalar que de las constancias certificadas remitidas por el Juez responsable, que merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedidas por una autoridad en el ejercicio de sus funciones, se desprende que el ocho de marzo de dos mil veintitrés, se pronunció respecto al recurso de inconformidad hecho valer por la denunciante, aquí quejosa, ********************. Asimismo, que con fundamento en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, luego de escuchar a las partes y cerrar el debate entre ellas, la autoridad responsable procedió a emitir su determinación de la siguiente manera. Es el caso, que la autoridad responsable determinó confirmar la abstención del Ministerio Público Federal de investigar, dictada en autos de la carpeta de investigación ********************, atendiendo a que en el caso, de los hechos narrados no se desprende una conducta posiblemente constitutiva de delito. Al inicio de la audiencia, el Juez responsable solicitó a las partes se individualizaran. Posteriormente, en la audiencia de mérito, el Juez responsable requirió a las partes ofendida y Ministerio Público, narraran los hechos que constituyen materia de la litis; por lo que las partes argumentaron los acontecimientos de mérito. Inicialmente, la parte ofendida, por conducto de su asesora jurídica, en su intervención (minuto 4:10 de la videograbación) argumentó, en primer término, que en la denuncia presentada el dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, fecha en que fue ratificada, la denunciante, aquí quejosa, mencionó como hechos: "1.- Desde el día treinta de julio de este año dos mil veintidós, hasta el día quince de noviembre de dos mil veintidós, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Mérida, a través del Licenciado Mauricio Vila Dosal, de la abogada María Dolores Fritz Sierra, del Licenciado Ignacio Gutiérrez Solís, Director de Gobernación del Ayuntamiento del Municipio de Mérida y del Ingeniero Robert Alejandro Martín Montero de la Dirección de Obras Públicas del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Mérida, se apropiaron sin ningún consentimiento de la cantidad de $74,811.20. 2.- Por más gestiones que he realizado, el día diecisiete de noviembre de este año dos mil veintidós, aproximadamente a las ocho y media, al estar en la Oficialía de Partes del Ayuntamiento de Mérida, la señora ********************de manera burlesca me dice que ya hablaron conmigo sin recibir respuesta alguna sobre la cantidad de $74,811.20, que se han apropiado sin mi consentimiento en concepto de mi sueldo como empleada ********************; por lo que interpongo la presente denuncia por robo en contra del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Mérida.". Señaló que a la denuncia en cita se anexaron siete oficios dirigidos al Licenciado Renán Alberto Barrera Concha, Presidente Municipal de Mérida, Yucatán, en los que la denunciante solicitó textualmente: ".********************, empleada del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Mérida, con número de empleada ********************, adscrita a la Dirección de Obras Públicas de este Honorable Ayuntamiento del Municipio de Mérida, vengo por medio de la presente más atenta, a solicitar el pago de mi sueldo de la segunda quincena del mes de julio de este año dos mil veintidós, y de la primera quincena del mes de noviembre de este año dos mil veintidós, en el ejercicio del derecho del trabajo ya que hasta la presente fecha no se me ha cubierto, sin más por el momento le reitero la seguridad de mis más alta y distinguida consideración.". En ese sentido, argumentó la asesora jurídica que del contenido del escrito de denuncia se desprende que la parte ofendida no narró de manera detallada las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos; con lo que se advierte que el Ministerio Público resolvió con falta de objetividad, ya que hacen falta varios actos de investigación, como un informe policial homologado, de donde podrían surgir diversas líneas de investigación, así como testigos que podrían proporcionar mayor información sobre los hechos. Refirió que si bien la representación social argumentó que los hechos denunciados no son de índole penal, lo cierto es que con la escasa información que proporcionó la víctima en su denuncia no se puede advertir cómo realmente ocurrieron dichos hechos. Máxime que en la diligencia de ratificación de la denuncia de mérito, la parte ofendida expresamente señaló que posteriormente realizaría las aclaraciones que fueran necesarias. De ahí que, concluyó, la representación social coartó el derecho de la víctima de ampliar su declaración, lo que se traduce en que faltó a su deber de lealtad, objetividad y debida diligencia. Por su parte, la Fiscalía en su intervención (minuto 10:23 de la videograbación), manifestó que en el escrito de denuncia, la parte ofendida de manera concreta señaló que el Ayuntamiento del Municipio de Mérida, por conducto de las personas que menciona, se apropió sin consentimiento de la cantidad de $74,811.20 (setenta y cuatro mil ochocientos once pesos, veinte centavos, moneda nacional), en concepto de pago de su sueldo como empleada. Asimismo, señaló que de los anexos exhibidos se deprende, en primer término, que fueron dirigidos a una persona que no fue nombrado como imputado, esto es, el Licenciado Renán Alberto Barrera Concha, como Presidente Municipal; y por otro lado, que en dichos escritos la denunciante solicitó el pago de su sueldo, adjuntando para tal efecto un gafete que la acredita como empleada del Ayuntamiento de Mérida. En ese sentido, refirió la Fiscalía, atendiendo a que los hechos denunciados por la parte ofendida, los hizo consistir en un robo por falta de pago de su sueldo, es que previo análisis, determinó que no se tipifica algún supuesto previsto y sancionado como el referido injusto. Ello, pues dichos hechos derivan de un conflicto entre empleado y patrón, por lo que entra en el ámbito laboral; de ahí que señala, no fue necesario citar a la denunciante a fin de que realizara algún tipo de aclaración, aunado a que la misma tampoco acudió a manifestar si existía algún otro hecho por denunciar. En ese sentido, reiteró, con el solo hecho narrado en el escrito de denuncia, en el que se señala de manera concreta la afectación que le aqueja a la promovente, se estableció claramente que se trata de una retención de sueldo, por lo que se trata de un hecho en materia laboral. De ahí que concluyó, contrario a lo manifestado por la denunciante, en el caso concreto no se actualiza algún supuesto previsto y sancionado por la legislación penal, que pueda configurar el delito de robo; máxime que ni siquiera se estableció conducta alguna que los imputados hubieren cometido encaminada a la tipificación de un delito. Atendiendo a las manifestaciones realizadas por la representación social, el Juez responsable le bridó nuevamente el uso de la voz a la asesora jurídica de la denunciante (minuto 16:09 de la videograbación) quien esencialmente reiteró sus argumentos iniciales, señalando que no se le dio la oportunidad de hacer las debidas aclaraciones y ampliaciones en su denuncia, siendo que pudo configurarse no sólo el delito que ella mencionó, sino otros diversos. En la especie, es menester transcribir el contenido del artículo 253 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece lo siguiente: "Artículo 253. Facultad de abstenerse de investigar El Ministerio Público podrá abstenerse de investigar, cuando los hechos relatados en la denuncia, querella o acto equivalente, no fueren constitutivos de delito o cuando los antecedentes y datos suministrados permitan establecer que se encuentra extinguida la acción penal o la responsabilidad penal del imputado. Esta decisión será siempre fundada y motivada." Del artículo antes transcrito, se advierte que el Ministerio Público tiene la facultad de abstenerse de investigar, cuando de los hechos narrados en la querella, se advierta que los mismos no constituyen delito alguno. Asimismo, cuando de los antecedentes y datos suministrados a la autoridad ministerial, se desprenda que se encuentra extinguida la acción penal o responsabilidad penal del imputado. En todo caso, las resoluciones que emita el Ministerio Público, deberán estar fundadas y motivadas. Ahora bien, la parte impetrante del amparo entre sus conceptos de violación, señala que la resolución impugnada, transgrede su derecho fundamental de acceso a la justicia, pues con dicha determinación se impide que se obtengan los datos necesarios para poder esclarecer los hechos denunciados. Asimismo, manifiesta que es necesario que se realicen actos de investigación para poder conocer la realidad de los hechos. Resultan infundados dichos conceptos de violación, pues como correctamente lo señaló el Juez responsable, de acuerdo a la forma en la que fue planteada la noticia criminal, de los hechos narrados, no se advierte circunstancia alguna que amerite ser investigada. En efecto, en primer término, manifestó el Juez de origen, que las manifestaciones vertidas en el escrito de denuncia, así como los documentos exhibidos con la misma, generan certeza de dos hechos: que la víctima, aquí quejosa, ha laborado en el Ayuntamiento del Municipio de Mérida, Yucatán; y, que lo que reclama en la noticia criminal, es que no le han pagado su sueldo desde la segunda quincena de julio de dos mil veintidós, hasta la primera quincena de noviembre de dos mil veintidós. Al respecto, señaló que la conducta que se le imputa a los cuatro servidores públicos que se mencionan en el escrito de denuncia, es de apoderarse de la cantidad total de $74,811.20 (setenta y cuatro mil ochocientos once pesos, veinte centavos, moneda nacional). Refirió que si se partiera del análisis del delito de robo, el cual es un delito patrimonial que implica que alguien se apodere de una cosa ajena mueble -donde se puede incluir el dinero-, sin derecho ni consentimiento de quien, con arreglo a la ley lo pueda otorgar; ello implica que el sujeto pasivo del delito, es decir, la víctima, tenga en su poder la cosa, y que los sujetos activos del delito la desapoderen de la misma. En el caso, señaló, que el sueldo de los servidores públicos se encuentra bajo el resguardo del departamento de recursos humanos; de ahí que, atendiendo al propio dicho de la víctima, si de lo que se duele es de que no le han pagado el mismo, ello significa que nunca entró en su poder, por lo que no es posible hablar de un desapoderamiento, y de esa manera encontrar una línea de investigación que nos lleve a la posibilidad de un delito de robo. Bajo esa mecánica, continuó, tampoco pudiera encuadrar en los diversos delitos patrimoniales, como son el abuso de confianza o fraude, es decir, al ser tan clara la afirmación que hace la víctima de que lo está reclamando, lo que la llevó a acudir al Ministerio Público, es que no le han pagado su sueldo, ello revela que se trata de un conflicto de índole laboral, en donde la víctima tiene a salvo sus derechos de acudir ante la autoridad laboral y exigir el pago de los sueldos a que hace referencia. Señaló que respecto al agravio expuesto por la asesoría jurídica, en el sentido de que la víctima manifestó que estaría en posibilidad de ampliar la noticia criminal y de hacer las aclaraciones respectivas, la Fiscalía estuvo en lo correcto al no considerarlo necesario, pues precisamente la figura de abstención de investigar, radica en que los hechos, al ser analizados después de ser presentada la denuncia o querella, no puedan ser encuadrados en algún delito. Por lo que reiteró, si de la misma expresión de la víctima se denota cuáles son los hechos en los que radica el motivo por el que acudió ante el Ministerio Público, esto es, que está reclamando el pago de su sueldo, resulta notoriamente improcedente realizar algún acto de investigación pues no se está ante la presencia de delito alguno, sino ante un conflicto de índole laboral. Asimismo, mencionó el Juez responsable que respecto a lo expuesto por la asesora jurídica en el sentido de que existen siete oficios dirigidos al actual Alcalde de la ciudad de Mérida, Yucatán, el licenciado Renán Alberto Barrera Concha, con los que la denunciante reclamó el pago de las quincenas que aduce le adeudan, únicamente robustecen la decisión del Ministerio Público de no llamar a la víctima para realizar aclaraciones o ampliaciones a su denuncia, puesto que con ellos se reafirma que sólo se está reclamando el pago de un sueldo, lo que constituye un conflicto del orden laboral y no penal. Es decir, manifestó, estamos ante el planteamiento de una persona que tiene derecho de acudir ante el Ministerio Público, pero que también, la representación social tiene la facultad legal de analizar y determinar que no va a investigar hechos que no sean de naturaleza penal, sino que efectivamente, coincide el Juez responsable con la Fiscalía en el sentido de que los hechos denunciados constituyen un conflicto laboral entre la víctima y el Ayuntamiento de Mérida. Añadió que si bien es cierto que toda víctima tiene derecho a que se le administre justicia pronta y expedita, eso no implica que si los hechos no encuadran en algún tipo penal del código sustantivo de la entidad, el Ministerio Público forzosamente tenga que investigar, pues precisamente la excepción a esa obligación de investigar de manera objetiva y exhaustiva, lo es la figura que prevé el artículo 253 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que contiene esa facultad de no investigar cuando resulte claro y evidente que los hechos no constituyan delito, como en el caso acontece. Asimismo, respecto a lo señalado por la asesoría jurídica respecto a que la Fiscalía debió ordenar diversos actos de investigación, como un informe policial homologado, a fin de obtener líneas de investigación, así como llamar a diversos testigos, refirió el Juez responsable que ello resultaría ocioso partiendo de que los hechos, en sí mismos, constituyen un conflicto laboral. Señaló el Juez que, contrario a las manifestaciones realizadas por la asesora jurídica en el sentido de que la denuncia revela omisiones en las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos, lo cierto es que no existen tales omisiones, pues la víctima fue muy clara; esto es, con la narrativa de hechos resulta evidente que está reclamando el pago de las quincenas que refiere se le adeudan; de ahí que con dichas manifestaciones resulta claro que se trata de un conflicto del orden laboral. Consideraciones que este órgano jurisdiccional sostiene apegadas a derecho, pues como adecuadamente señaló el Juez responsable, si bien la denunciante cumplió con acudir al Ministerio Público a comunicar los hechos ya señalados, lo cierto es que su la labor de investigación no se basa en especulaciones, si no en datos o hechos objetivos que en lo mínimo le generen a la representación social la certidumbre para iniciar una investigación; esto es, no por el hecho de que se presente una denuncia el Ministerio Público siempre tiene el deber de investigar. En ese sentido, como bien lo estableció el Juez responsable, de la exposición realizada por la asesora jurídica de la denunciante, no se desprende en forma alguna la ilicitud de los hechos narrados por la misma. Aunado a que, tal como se estableció, lo que se está reclamando en la noticia criminal es que la parte patronal no le ha pagado el sueldo a una persona que afirma tener derecho a dicha remuneración; de donde deviene inconcuso que al tratarse de una actuación proveniente de una relación laboral, está sujeta a la jurisdicción de los tribunales de trabajo. En consecuencia, al resultar infundados los conceptos de violación aducidos, sin que se advierta queja deficiente que suplir, lo que legalmente procede es negar a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. SEXTO. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establece el artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con los artículos 18 de la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 79, 215, 216 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión, NO AMPARA NI PROTEGE a ********************, en contra del acto atribuido al Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, con sede en esta ciudad, por los motivos señalados en el considerado quinto de este fallo. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese.

  4. Incidental

    ANTECEDENTES PRIMERO. En la correspondiente demanda de amparo, ********************, solicitó la suspensión definitiva del acto que atribuye a la autoridad responsable Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Por acuerdo dictado el cuatro de mayo de dos mil veintitrés, emitido en el juicio principal, se admitió la demanda de amparo, se ordenó tramitar por separado y en cuaderno único el incidente de suspensión, en cumplimiento a ello, se abrieron los presentes autos, se solicitó a la autoridad responsable su respectivo informes previo, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual se llevó a cabo conforme al acta que antecede. CONSIDERACIONES PRIMERA. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 146 de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa el acto reclamado por la parte quejosa, el cual hizo consistir en: La resolución dictada en la audiencia de ocho de marzo de dos mil veintitrés, en la cual se confirmó la diversa emitida el catorce de diciembre de dos mil veintidós, donde se determinó la abstención de investigar, en autos de la carpeta de investigación ******************** SEGUNDA. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado al Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad, en virtud de así haberlo manifestado expresamente al rendir sus informe previo (********************). Por ello, debe tenerse como cierto el acto que se le atribuye, solamente para los efectos de la suspensión definitiva solicitada. TERCERA. Pronunciamiento sobre la medida suspensoria. En cuanto a la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, previamente se debe analizar la naturaleza de los actos reclamados, los cuales tiene el carácter de ser declarativos sin efectos positivos. Lo que se afirma en esos términos ya que el acto impugnado en esta vía constitucional, sólo constituye la confirmación de lo decidido por el Fiscal de la Unidad de Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado, en el sentido de que confirmó definitivamente la abstención de investigación en la capeta de investigación de origen, que por tanto no conlleva algún acto de ejecución; por consiguiente, se niega la medida cautelar solicitada. Apoya lo anterior, las tesis siguientes: "ACTOS DECLARATIVOS, SUSPENSION IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Aun cuando la sentencia reclamada sea definitiva, la misma es meramente declarativa si la autoridad responsable se limita a evidenciar una situación jurídica determinada, pero sin que se modifiquen situaciones o derechos existentes y, por lo tanto, de tal sentencia no se deriva ningún acto de ejecución, sino actos meramente declarativos que se ejecutan desde la fecha en que se hace la declaración, resultando en consecuencia improcedente la suspensión que en su contra se pida, pues tales actos quedan fuera del alcance jurídico de ella." (Época: Séptima Época, Registro: 249976, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 163-168, Sexta Parte, Materia(s): Común, Tesis: Página: 15) "ACTOS DECLARATIVOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. No procede conceder la suspensión contra el acto reclamado en el juicio de amparo, si éste reviste el carácter de positivo con efectos meramente declarativos, sin actos de ejecución atribuibles a la autoridad que los emitió, como en el caso de que la responsable al dar contestación a una petición se constriña a informar al particular la instancia a que debe acudir para realizar la gestión que requiere, pues en ese supuesto las consecuencias de tal acto se reflejarán en la conducta que a posteriori despliegue el particular al acudir o no ante la instancia que se le informó es competente para decidir sobre su solicitud, pero éstas de ninguna forma serían imputables a la autoridad que emitió el acto reclamado." (Época: Novena Época, Registro: 181238, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Julio de 2004, Materia(s): Común, Tesis: IV.3o.A.9 K, Página: 1625). Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 144, 146, 215, 216 y 217, de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: ÚNICO. Se NIEGA la suspensión definitiva solicitada por ********************, en contra del acto que reclama del Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Estado, por los motivos expuestos en el segundo considerando de esta interlocutoria. Notifíquese y cúmplase. Así lo resolvió y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con la licenciada Jennifer Pérez González, Secretaria con quien actúa. Doy fe.

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