Zuemy Heydy May Horta
Expediente 220/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 27 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 220/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 31/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Zuemy Heydy May Horta
- Z V G M
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, el oficio signado por la Jueza Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, residente en Progreso, mediante el cual manifiesta que recibió en ese órgano jurisdiccional el oficio 23147/2023 dirigido al Juez Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en Kanasín, mediante el cual se le notificó la sentencia dictada en los presentes autos. Por lo tanto, reexpídase la citada misiva a la citada autoridad responsable a fin de notificarle su contenido. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, diez de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente asunto, el veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia, que en su primer y segundo puntos resolutivos sobreseyó el juicio, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General sin número, de diez de mayo de dos mil veintitrés, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al ser un juicio de amparo sobreseído, y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno de incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de DESTRUCCIÓN, PUES SE DEJÓ SIN MATERIA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA SOLICITADA, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 20, fracción VI, del acuerdo general relativo. Por lo tanto, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, del citado acuerdo, se ordena que una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se proceda a la destrucción de ambos cuadernos, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación de los expedientes destruidos. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número ********************, promovido por ********************, por sí y en representación de sus hijas menores de edad con iniciales ********************. y ********************.; y, A N T E C E D E N T E S PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito depositado en el Buzón Judicial el diez de febrero de dos mil veintitrés; recibido en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán el trece siguiente; y turnado el mismo día a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció ********************, por sí y en representación de sus hijas menores de edad con iniciales ********************. y ********************., a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama del Juez Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán y del Departamento de Trabajo Social adscrito al Juzgado Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, ambos con sede en Kanasín, Yucatán. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de catorce de febrero de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda, la que se registró con el número ********************; se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención legal que compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se emplazó a la parte tercero interesada; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Suspensión de comunicación con una autoridad. Posteriormente, por acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, por lo motivos ahí precisados, se dejó de tener como autoridad responsable al Departamento de Trabajo Social adscrito al Juzgado Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Kanasín, Yucatán, ante su inexistencia. CUARTO. Prevención para ampliación de demanda. Por acuerdo de dieciocho de julio de dos mil veintitrés, se previno a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo y señalar como nueva autoridad responsable a la Encargada de la Unidad de Evaluación Psicológica y de Trabajo Social del Poder Judicial del Estado; lo anterior, ya que del informe justificado del Juez Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Kanasín, Yucatán, se advirtió su participación. QUINTO. Demanda por no ampliada. Mediante acuerdo de diez de agosto de dos mil veintitrés, se tuvo por no ampliada la demanda de amparo; ya que la parte quejosa no desahogó la prevención a que se hizo referencia en el antecedente tercero, no obstante estar debidamente notificada y haber transcurrido el término que se le señaló para tal efecto; auto que causó estado el veintiuno de agosto siguiente. Finalmente, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, al analizar integralmente cada uno de los apartados del escrito de demanda, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y conjuntamente con las constancias procesales que se integraron al expediente durante su tramitación, se obtiene que la parte quejosa lo siguiente: a) La omisión de resolver sobre la pensión alimenticia provisional solicitada a favor de las menores de edad con iniciales ********************. y ********************., en las diligencias de jurisdicción voluntaria ********************; y, b) La omisión de realizar el estudio socioeconómico ordenado por el juez responsable en el mes de octubre de dos mil veintidós, en el citado juicio de origen ********************. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado al Juez Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en Kanasín, Yucatán (número de promoción 5968), pues aun cuando negó su existencia, con posterioridad realizó manifestaciones que evidencian la certeza del acto que se le atribuye, por lo que tal negativa se ve desvirtuada con las constancias que obran en autos, por lo que se tiene por existente el acto que se le reclama a dicha autoridad. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del siguiente rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Por cuanto hace al acto reclamado en el inciso b), se presume cierto, no obstante se dejó de tener como autoridad responsable al Departamento de Trabajo Social adscrito al Juzgado Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Kanasín, Yucatán, dada su inexistencia; lo cierto es, que de las constancias que remitió el juez responsable a su informe justificado, se advierte la existencia de la orden por parte del juez responsable de llevar a cabo el acto que constituye la omisión señalada como acto reclamado. Por lo que opera la presunción de certeza prevista en el artículo 117, parte final, del cuarto párrafo, de la Ley de Amparo. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo respecto del acto reclamado en el inciso a). Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, correspondiente al Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394,770, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el presente asunto, en relación con el acto reclamado precisado en el inciso a) del considerando segundo de esta resolución, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Ahora bien, de las constancias que anexó el juez responsable a su informe de ley, se advierte que el veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, dictó un acuerdo por el cual, entre otras cuestiones, fijó provisionalmente a favor de las menores de edad con iniciales ********************. y ********************., por concepto de pensión alimenticia, la cantidad de dos mil pesos moneda nacional de manera mensual, a cargo del señor ********************, misma que deberá depositar en el local de ese juzgado, dentro de los tres días siguientes a aquél en que quedara debidamente notificado de ese acuerdo; determinación que fue notificada por medio del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés; lo que acreditó dicha autoridad con las constancias que adjuntó a su informe de ley. Documentales públicas que alcanzan eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Actos de autoridad que acontecieron durante la sustanciación del presente juicio de amparo, tomando en consideración que la demanda de amparo, como ya se dijo, fue presentada el diez de febrero de dos mil veintitrés; lo que actualiza a plenitud la causal de improcedencia invocada. De lo anterior se advierte que indudablemente cesaron los efectos del acto reclamado, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido a la parte impetrante de amparo la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto. Ante ello resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, restituyendo de esa forma a la parte peticionaria de amparo en el pleno goce de los derechos humanos que estimó violados, como si se hubiera otorgado a su favor la protección constitucional con los efectos a que alude el artículo 77, fracción II, de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. QUINTO.Improcedencia del juicio de amparo respecto del acto reclamado en el inciso b). Respecto al acto reclamado precisado en el inciso b), se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 5°, fracción II, y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, que en lo conducente establecen: "Artículo 61. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; [.]" Como es de verse, el primero de los preceptos transcritos establece que procede el sobreseimiento en el juicio de amparo, en los casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la misma ley, en tanto que el segundo establece como carga del quejoso, señalar la autoridad o autoridades responsables de los actos reclamados, teniendo tal carácter, conforme al artículo 5o, transcrito, quienes dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar los actos que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omitan los actos que de realizarse crearían, modificarían o extinguirían dichas situaciones jurídicas. En ese contexto, el juicio de amparo es improcedente cuando no se señalan como autoridades responsables a las que, entre otros casos, dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar los actos que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omitan los actos que de realizarse crearían, modificarían o extinguirían dichas situaciones jurídicas, ya que existe la imposibilidad jurídica para determinar su inconstitucionalidad, en tanto que las autoridades no designadas no tienen la oportunidad de acudir al juicio de amparo en defensa de los actos que se les reclama. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia en materia común 108, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, quinta época, tomo VI, Parte SCJN, página 69, registro 394064, de rubro y texto: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente, no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída." De tal manera que, cuando en la demanda de amparo no se señala a alguna de las autoridades que, de conformidad con el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, les revista el carácter de responsable, no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se les llamó a juicio ni fueron oídas, a fin de que defiendan la constitucionalidad de aquéllos. En ese contexto, en el caso que nos ocupa, del informe justificado rendido por el Juez Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en Kanasín, Yucatán, se advierte que mediante oficio ********************, ordenó a la Unidad de Evaluación Psicológica y de Trabajo Social del Poder Judicial del Estado, para que en el término de tres días informara respecto del trabajo social y estudio socioeconómico ordenado en el presente asunto. En virtud de lo anterior, se advierte que la autoridad señalada como responsable Departamento de Trabajo Social adscrito al Juzgado Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, no es la autoridad responsable a la que ordenaron el acto reclamado, sino que lo es la Unidad de Evaluación Psicológica y de Trabajo Social del Poder Judicial del Estado, lo que se corrobora con el citado oficio ********************, de trece de marzo de dos mil veintitrés, que suscribió el Juez responsable, del que se desprende que ordenó respecto del trabajo social y estudio socioeconómico. Por tanto, al no haber señalado la parte quejosa como autoridad responsable a la Unidad de Evaluación Psicológica y de Trabajo Social del Poder Judicial del Estado, quien es la autoridad que emitió el acto reclamado, no obstante el requerimiento que se le hizo en auto de dieciocho de julio de dos mil veintitrés, a fin de que ampliara su demanda de amparo relativo a dicha autoridad, como se ha hecho referencia, este Juzgado de Distrito se encuentra imposibilitado para efectuar el estudio de fondo del acto reclamado consistente en la omisión de realizar el estudio socioeconómico ordenado por el juez responsable en el mes de octubre de dos mil veintidós, en el citado juicio de origen ********************. En congruencia con lo anterior, se concluye en que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 5°., fracción II, y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, por lo que se impone sobreseer en el juicio de amparo. Cobra estricta aplicación la tesis en materia común 2a. CLXIV/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo IX, enero de 1999, página 113, registro 194684, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento." De la misma forma es aplicable por las consideraciones que la rigen, la jurisprudencia en materia común VI.2o. J/205, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo II, octubre de 1995, página 468, registro 208065, de rubro y texto: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se llamó a juicio ni fue oída; por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5o., fracción II y 116, fracción III del mismo ordenamiento legal." Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, debe sobreseerse en el juicio de amparo con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. SEXTO. Publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, por sí y en representación de sus hijas menores de edad con iniciales ********************. y ********************., en contra del acto que reclamó del Juez Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en Kanasín, Yucatán, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, por sí y en representación de sus hijas menores de edad con iniciales ********************. y ********************., en contra del acto reclamado consistente en la omisión de realizar el estudio socioeconómico ordenado por el juez responsable en el mes de octubre de dos mil veintidós, en el citado juicio de origen ********************, por las razones expuestas en el considerando quinto de esta sentencia. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese y regístrese.
- Principal
En trece de septiembre de dos mil veintitrés, doy cuenta al Juez con el estado procesal y con el oficio signado por el Juez Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en Kanasín, con anexo consistente en un disco de videograbación; registrado con el número 14528. Conste.Mérida, Yucatán, trece de septiembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, el oficio signado por el Juez Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento de veintiuno de agosto del año en curso y remite el disco de videograbación que contiene la audiencia preliminar mil de diecisiete de octubre de dos veintidós. Sin necesidad de ponerlo a la vista de las partes como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, toda vez que mediante proveído dictado el treinta y uno de agosto pasado, se tuvo por cumplido dicho requerimiento. Notifíquese y cúmplase.
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