Zuriel Abraham Rosas Correa

Expediente 614/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
614/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
26/05/2022

Partes del expediente

  • Zuriel Abraham Rosas Correa
  • Policía Investigadora de Delitos de Corrupción Con Residencia En Ciudad Victoria de Durango, Durango

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Escrito. Visto lo de cuenta, se ordena agregar a los autos el escrito signado por el quejoso para que obre como legalmente corresponda. Copias. Atento a lo solicitado, con fundamento en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2º, expídasele copia de lo que solicita, previa identificación y toma de razón que por su recibo se asiente en autos para constancia legal de la persona que designa para tal efecto. Notifíquese.

  2. Principal

    Juicio de Amparo 1203/2021-VII-C En diecisiete de mayo de dos mil veintidós, el secretario da cuenta al Juez, con la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos. Conste.Torreón, Coahuila de Zaragoza; diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Ejecutoria. Vista la certificación puesta en esta fecha por el secretario de este juzgado, en el sentido de que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el artículo 81, fracción I, inciso e), de la propia ley, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en el presente juicio ha causado ejecutoria. Documentos originales. No existen. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Por carecer de relevancia documental, este expediente es depurable, salvo la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, y el proveído en que se ordena su archivo como asunto concluido, mismos que deberán conservarse en términos del numeral 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Incidente. No se aperturó. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el secretario de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo. Notifíquese.

  3. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; nueve de mayo de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que el presente no está plena y debidamente integrado porque no obran las constancias requeridas al Congreso, Gobernador y Secretario de Finanzas, todos del Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo, en proveído admisorio, relativas a informar sobre los elementos y las operaciones aritméticas que fueron tomados en cuenta para determinar la tarifa de $14,317.00 (catorce mil trescientos diecisiete pesos 00/100 moneda nacional), contenida en los artículos 54, fracción II y 60, fracción II, ambos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, que supuestamente sea exacta o aproximada al costo general al Estado. Requerimiento de constancias. En ese sentido, con base en el artículo 121 de la Ley de la materia, se requiere al Congreso, Gobernador y Secretario de Finanzas, todos del Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo, para que dentro del término de tres días contados a partir de que queden debidamente notificadas del presente proveído, remitan la información de los elementos y las operaciones aritméticas que fueron tomados en cuenta para determinar la tarifa de $14,317.00 (catorce mil trescientos diecisiete pesos 00/100 moneda nacional) contenida en los artículos 54, fracción II y 60, fracción II, ambos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, que supuestamente sea exacta o aproximada al costo general al Estado. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no acatar lo aquí ordenado, dentro del término conferido, con fundamento en el artículo 254 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, y se procederá en términos del segundo párrafo del artículo 121 de la misma Ley. Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose nuevamente para su celebración, las diez horas con cuarenta minutos del diez de junio de dos mil veintidós. Notifíquese.

  4. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; veintinueve de abril de dos mil veintidós. Oficio. Agréguese a los autos el oficio 3389/2022 signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con sede en esta ciudad, al cual acompaña copia certificada del testimonio de la resolución dictada en los autos de la queja administrativa 6/2022, con motivo del recurso de queja interpuesto en contra del proveído de treinta de noviembre de dos mil veintiuno; hágase del conocimiento de las partes que al substanciar dicho recurso, el tribunal de alzada resolvió en los términos siguientes: ÚNICO. Se declara FUNDADO el recurso de queja interpuesto por Hilda Araceli Meraz Frausto, contra el proveído de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, emitido por el Juez Primero de Distrito en La Laguna, en el juicio de amparo indirecto 1351/2021". Integración. Agréguese al presente juicio de amparo la resolución en comento, debiéndose destruir el cuadernillo que anexa la superioridad, toda vez que se trata de copias certificadas del expediente en que se actúa. Acuse. Acúsese el recibo correspondiente al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Cumplimiento a la resolución del recurso de queja. En cumplimiento a la resolución del recurso de queja, como lo ordena la superioridad, se revoca el auto recurrido y en relación a la demanda de amparo se provee lo siguiente: Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por Hilda Araceli Meraz Frausto, contra actos del del Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Gómez Palacio, Durango y otras autoridades, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 35, 37, 107, 108, 115, 116 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda. Incidente de suspensión. Conforme a los artículos 125, 128, 129 y 130 de la Ley de Amparo, tramítese por duplicado y por separado el incidente de suspensión que se solicita. Informe justificado. De acuerdo con el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables el informe justificado relativo, que deberán rendir dentro del término de quince días contados a partir de su legal notificación. Desde luego, en el propio informe la autoridad expondrá las razones y los fundamentos legales que estime pertinente para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio, para lo cual debe acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe. Multa. Con el apercibimiento que de no rendir su informe justificado dentro del término conferido, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, y con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, resulta pertinente hacer del conocimiento de la autoridad responsable, que el informe justificado que en su momento se rinda, deberá ser enviado vía correo electrónico a la dirección 1jdo8ctot@correo.cjf.gob.mx, recepción que será confirmada por la misma vía; asimismo, deberá proporcionar una dirección de correo electrónico y número telefónico, lo anterior, con la finalidad de acatar las recomendaciones sanitarias de las autoridades correspondientes, con motivo de la contingencia sanitaria que impera en el país y establecer el contacto respectivo en caso de que se estime necesario. Audiencia constitucional. Para tal efecto, se fijan las diez horas con treinta minutos del dos de junio de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia constitucional respectiva. Improcedencia y sobreseimiento. Con fundamento en los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que, tan pronto como aparezca una causal de improcedencia o sobreseimiento, lo comuniquen a esta autoridad y de ser posible acompañen las constancias que la acrediten, con el apercibimiento que, de no hacerlo así, con fundamento en el último numeral mencionado, se les impondrá en lo particular una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Intervención al Ministerio Público. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, corriéndole traslado con copia de la demanda de amparo. Terceros interesados. Del escrito de demanda remitido por la parte quejosa, se advierte que les asiste el carácter de terceros interesados a la persona moral denominada Edificaciones Mónaco, Sociedad Anónima de Capital Variable, e Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, con sede en Gómez Palacio, Durango. Emplazamiento. Por tanto, en términos del artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, con apoyo en el artículo 26, fracción I, inciso b), proceda el actuario adscrito a este juzgado a emplazar al tercero interesado Edificaciones Mónaco, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de quien legalmente lo represente, en el domicilio precisado en el escrito de demanda, y le deberá correr traslado con copia de la demanda de amparo, haciéndoles saber el día y la hora que se señaló para la celebración de la audiencia constitucional. Respecto al diverso tercero interesado Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), con residencia en Gómez Palacio, Durango, deberá emplazarse por medio de oficio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, fracción II, inciso b). Pruebas. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las pruebas a que acompaña la quejosa a su escrito constitucional; las cuales serán valoradas en el momento procesal oportuno, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional. Asimismo, reitérese al actuario judicial que le corresponda la entrega de los oficios respectivos, que deberá atender las recomendaciones preventivas que el Consejo de la Judicatura Federal ha establecido por los servidores públicos que realizan actividades fuera del órgano jurisdiccional. Transparencia y acceso a la información. De conformidad con los artículos 3°, 6°, 8°, 68, 98, 110, 112, 113 y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 23, 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes no sólo que deben hacerse públicas las resoluciones que causen estado, sino también que pueden solicitar la supresión de sus nombres en las listas publicadas en medios electrónicos, y que para permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requiere el consentimiento del titular de la información relativa, salvo las hipótesis legales reguladas por la ley de la materia. Hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente a las partes.

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