Zenon Gutiérrez Gutiérrez
Expediente 834/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 43 actuaciones registradas, la última del 22 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 834/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 43
- Última actuación
- 22/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Zenon Gutiérrez Gutiérrez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 43.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; veintidós de diciembre de dos mil veintidós. Ejecutoria. Vista la certificación puesta en esta fecha por el secretario de este juzgado, en el sentido de que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el artículo 81, fracción I, inciso d), de la propia ley, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que el sobreseimiento fuera de audiencia dictado en el presente juicio ha causado ejecutoria. Documentos originales. No existen. Relevancia documental. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Por carecer de relevancia documental, este expediente es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, en términos del numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales . Incidente. Acuérdese lo conducente en los cuadernos incidentales que derivan del presente juicio de amparo. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el secretario de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo. Notifíquese.
- Incidental
Torreón, Coahuila de Zaragoza; aveintidós de diciembre de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado de autos, y toda vez que del juicio principal del que derivan los presentes cuadernos de suspensión se desprende que ordenó el archivo del citado juicio, advirtiéndose además que este incidente se encuentra totalmente concluido, por tanto lo conducente es, enviarlo al archivo definitivo. Garantía. No hay. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Depuración y destrucción. Del mismo modo, el cuaderno original es depurable y el duplicado destruible, en términos de los artículos 18 y 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debiendo conservarse todas las resoluciones relativas a su concesión. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, la secretaria de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro relativo. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza, a veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Oficio. Agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por la Secretaria del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en la Laguna, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite las constancias requeridas por esté órgano jurisdiccional, en proveído de siete de noviembre del año en curso. Vista. En consecuencia, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido. Sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa Zenón Gutiérrez Gutiérrez, en su escrito inicial de demanda, reclaman de las autoridades que señalaron como responsables, esencialmente lo siguiente: "IV. ACTOS RECLAMADOS.- 1.- DE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE ENEL PUNTO A) SE RECLAMA, el acuerdo emitido por esta autoridad responsable de fecha 25 de septiembre de 2020 en los puntos 9, 9.1 y 9.2, y notificado por lista al quejoso el día 28 de septiembre del año en curso, dentro del cual el C. Juez responsable, me negó la medida cautelar consistente en la reconexión del servicio y/o derecho de energía eléctrica. 2.- DE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE EN EL PUNTO B) SE RECLAMA, la fe proyección del acuerdo emitido por esta autoridad responsable de fecha 25 de septiembre de 2020, y notificado al quejoso por lista el 28 de septiembre del año en curso, dentro del cual el C. Juez me negó la medida cautelar consistente en la reconexión de energía eléctrica." Causal de improcedencia. En este caso, éste juzgador considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; (...)" La citada causa de improcedencia se ubica dentro de aquellas en las que la eventual protección de la Justicia Federal no podría materializarse, bajo la peculiaridad de que esa imposibilidad tiene como origen el que haya dejado de existir el objeto o materia del acto reclamado sobre los cuales éste tuvo eficacia y consecuentemente, ningún efecto práctico tendría esa restitución. Lo anterior es así, pues aún en el caso de que el peticionario llegare a obtener la protección constitucional, ésta no tendría efectos prácticos, puesto que no habría forma de restituir al quejoso sobre un derecho o cosa que ya no existe. En ese contexto, si se toma en consideración que las sentencias de amparo en las que se otorga la protección constitucional tienen efectos restitutorios, al dejar de existir el objeto o materia del acto reclamado, no cabe la posibilidad de cumplir con la finalidad del fallo protector, esto es, restituir a la parte quejosa en el goce pleno del derecho fundamental que le haya sido violado, al no haber posibilidad de concreción en la esfera jurídica del destinatario del acto reclamado. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 2a./J. 181/2006 sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 189, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA YA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE EL AMPARO QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza en el caso de que el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." De igual manera tiene aplicación al caso la tesis XIX.1o.11P (10a.) sostenida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, visible en la página 2715, Tomo III, Marzo de 2019, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO. CUANDO SE RECLAMA EN EL JUICIO DE AMPARO, Y DURANTE SU TRÁMITE, EL QUEJOSO OBTIENE SU LIBERTAD, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXII, DE LA LEY DE LA MATERIA. Cuando el acto reclamado lo constituye la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, y en la secuela del juicio de amparo, el quejoso obtiene su libertad, debe sobreseerse en el juicio de derechos fundamentales, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual requiere el cumplimiento de tres requisitos: a) que el acto reclamado subsista, b) que no pueda surtir efecto legal o material, y c) que lo anterior se deba a que ha dejado de existir el objeto o materia del acto reclamado. Así, el primer punto se cumple en la medida en que la orden de traslado subsiste jurídicamente, por no haber sido declarada sin efectos; el segundo también se cumple, pues esa orden ya no podrá surtir efecto legal o material alguno en el quejoso, por haber obtenido su libertad y, del mismo modo, se satisface el tercer requisito, ya que el objeto de la orden reclamada, consistente en la movilización del reo, también habrá dejado de existir." En la especie, el quejoso reclama la negativa a otorgarle la medida cautelar consistente en la reconexión del servicio de energía eléctrica. Sin embargo, del oficio que remite la autoridad responsable Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en La Laguna, con sede en esta ciudad, por el cual remite las constancias relativas juicio oral mercantil 405/2020-B, en las cuales aparece que mediante proveído de veintisiete de julio de dos mil veintidós, se tiene por desistida a la parte actora en su perjuicio de la acción y la demanda intentada en el juicio de origen contra las demandadas, declarando firme el mencionado auto y ordenando el archivo del asunto como totalmente concluido. En ese orden de ideas, el quejoso a partir del veintisiete de julio de dos mil veintidós, se desistió de la acción y la demanda relativas al juicio oral mercantil 405/2022-B, por lo cual, no obstante existir la negativa a otorgarle la medida cautelar consistente en la reconexión del servicio de energía eléctrica, ya no puede surtir efecto legal o material alguno, por las razones antes indicadas. En efecto, subsiste el acto reclamado, esto es, la negativa a otorgarle la medida cautelar consistente en la reconexión del servicio de energía eléctrica; sin embargo, ello ya no puede producir algún efecto jurídico, al haberse desistido el quejoso, en su perjuicio de la acción y la demanda intentada en el juicio de origen contra las demandadas. Así, a pesar que han desaparecido las consecuencias de los actos reclamados, siguen subsistiendo los mismos, al tenerse por desistida a la parte actora en su perjuicio de la acción y la demanda intentada en el juicio de origen en contra de las demandadas. En congruencia con lo anterior lo conducente en el caso es, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, lo que imposibilita a este juzgador para abordar el fondo del asunto, justamente, porque la principal consecuencia del sobreseimiento es, sin duda, poner fin al juicio sin analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado en el propio juicio de amparo; por lo que se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cincuenta minutos del dos de diciembre de dos mil veintidós. Por su aplicación, es de invocarse la tesis sustentada por la entonces integración del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y ocho del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 187-192 Primera Parte, que establece lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO Y AL TERCERO INTERESADO DIVISION DEL NORTE ZONA DE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS TORREON DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICDAD POR CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE LO REPRESENTE:Oficio. Agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por la Secretaria del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en la Laguna, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite las constancias requeridas por esté órgano jurisdiccional, en proveído de siete de noviembre del año en curso. Vista. En consecuencia, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido. Sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa Zenón Gutiérrez Gutiérrez, en su escrito inicial de demanda, reclaman de las autoridades que señalaron como responsables, esencialmente lo siguiente: "IV. ACTOS RECLAMADOS.- 1.- DE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE ENEL PUNTO A) SE RECLAMA, el acuerdo emitido por esta autoridad responsable de fecha 25 de septiembre de 2020 en los puntos 9, 9.1 y 9.2, y notificado por lista al quejoso el día 28 de septiembre del año en curso, dentro del cual el C. Juez responsable, me negó la medida cautelar consistente en la reconexión del servicio y/o derecho de energía eléctrica. 2.- DE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE EN EL PUNTO B) SE RECLAMA, la fe proyección del acuerdo emitido por esta autoridad responsable de fecha 25 de septiembre de 2020, y notificado al quejoso por lista el 28 de septiembre del año en curso, dentro del cual el C. Juez me negó la medida cautelar consistente en la reconexión de energía eléctrica." Causal de improcedencia. En este caso, éste juzgador considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; (...)" La citada causa de improcedencia se ubica dentro de aquellas en las que la eventual protección de la Justicia Federal no podría materializarse, bajo la peculiaridad de que esa imposibilidad tiene como origen el que haya dejado de existir el objeto o materia del acto reclamado sobre los cuales éste tuvo eficacia y consecuentemente, ningún efecto práctico tendría esa restitución. Lo anterior es así, pues aún en el caso de que el peticionario llegare a obtener la protección constitucional, ésta no tendría efectos prácticos, puesto que no habría forma de restituir al quejoso sobre un derecho o cosa que ya no existe. En ese contexto, si se toma en consideración que las sentencias de amparo en las que se otorga la protección constitucional tienen efectos restitutorios, al dejar de existir el objeto o materia del acto reclamado, no cabe la posibilidad de cumplir con la finalidad del fallo protector, esto es, restituir a la parte quejosa en el goce pleno del derecho fundamental que le haya sido violado, al no haber posibilidad de concreción en la esfera jurídica del destinatario del acto reclamado. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 2a./J. 181/2006 sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 189, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA YA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE EL AMPARO QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza en el caso de que el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." De igual manera tiene aplicación al caso la tesis XIX.1o.11P (10a.) sostenida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, visible en la página 2715, Tomo III, Marzo de 2019, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO. CUANDO SE RECLAMA EN EL JUICIO DE AMPARO, Y DURANTE SU TRÁMITE, EL QUEJOSO OBTIENE SU LIBERTAD, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXII, DE LA LEY DE LA MATERIA. Cuando el acto reclamado lo constituye la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, y en la secuela del juicio de amparo, el quejoso obtiene su libertad, debe sobreseerse en el juicio de derechos fundamentales, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual requiere el cumplimiento de tres requisitos: a) que el acto reclamado subsista, b) que no pueda surtir efecto legal o material, y c) que lo anterior se deba a que ha dejado de existir el objeto o materia del acto reclamado. Así, el primer punto se cumple en la medida en que la orden de traslado subsiste jurídicamente, por no haber sido declarada sin efectos; el segundo también se cumple, pues esa orden ya no podrá surtir efecto legal o material alguno en el quejoso, por haber obtenido su libertad y, del mismo modo, se satisface el tercer requisito, ya que el objeto de la orden reclamada, consistente en la movilización del reo, también habrá dejado de existir." En la especie, el quejoso reclama la negativa a otorgarle la medida cautelar consistente en la reconexión del servicio de energía eléctrica. Sin embargo, del oficio que remite la autoridad responsable Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en La Laguna, con sede en esta ciudad, por el cual remite las constancias relativas juicio oral mercantil 405/2020-B, en las cuales aparece que mediante proveído de veintisiete de julio de dos mil veintidós, se tiene por desistida a la parte actora en su perjuicio de la acción y la demanda intentada en el juicio de origen contra las demandadas, declarando firme el mencionado auto y ordenando el archivo del asunto como totalmente concluido. En ese orden de ideas, el quejoso a partir del veintisiete de julio de dos mil veintidós, se desistió de la acción y la demanda relativas al juicio oral mercantil 405/2022-B, por lo cual, no obstante existir la negativa a otorgarle la medida cautelar consistente en la reconexión del servicio de energía eléctrica, ya no puede surtir efecto legal o material alguno, por las razones antes indicadas. En efecto, subsiste el acto reclamado, esto es, la negativa a otorgarle la medida cautelar consistente en la reconexión del servicio de energía eléctrica; sin embargo, ello ya no puede producir algún efecto jurídico, al haberse desistido el quejoso, en su perjuicio de la acción y la demanda intentada en el juicio de origen contra las demandadas. Así, a pesar que han desaparecido las consecuencias de los actos reclamados, siguen subsistiendo los mismos, al tenerse por desistida a la parte actora en su perjuicio de la acción y la demanda intentada en el juicio de origen en contra de las demandadas. En congruencia con lo anterior lo conducente en el caso es, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, lo que imposibilita a este juzgador para abordar el fondo del asunto, justamente, porque la principal consecuencia del sobreseimiento es, sin duda, poner fin al juicio sin analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado en el propio juicio de amparo; por lo que se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cincuenta minutos del dos de diciembre de dos mil veintidós. Por su aplicación, es de invocarse la tesis sustentada por la entonces integración del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y ocho del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 187-192 Primera Parte, que establece lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.
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