Zully Aidee Pineda Camacho

Expediente 1664/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1664/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
02/06/2023

Partes del expediente

  • Zully Aidee Pineda Camacho

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, dos de junio de dos mil veintitrés. Téngase recibido el oficio signado por el Actuario Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad; atento a su contenido, mediante oficio que se le gire, dígasele que con data siete de diciembre de dos mil veintidós, se tuvieron recibidos los autos del juicio de amparo directo 721/2022, toca civil 374/2022 y el expediente 57/2018 en un tomo, mismos que fue enviados por cuestiones de turno al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Iguala de la Independencia, toda vez que, este juzgado federal no era el competente para conocer del presente asunto por cuestiones de territorio, por lo que con data doce de enero de dos mil veintitrés, se tuvo al Juzgado Noveno de cuenta, aceptando la competencia planteada y se ordenó el archivo del presente asunto; lo que se informa en vía de acuse de recibo y para los efectos legales conducentes.

  2. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, doce de enero de dos mil veintitrés. Téngase recibido el oficio electrónico remitido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) por la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Iguala de la Independencia, mediante el cual hace del conocimiento que el órgano de su adscripción acepta la competencia que le fue planteada por este juzgado federal, dictado en el juicio de amparo indirecto 1664/2022, del cual deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa. En virtud de lo anterior, hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con apoyo en el diverso artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, vistas las constancias de autos el presente expediente carece de relevancia documental, sin que del mismo se aprecie documento alguno en original exhibido por las partes, por lo que se trata de un cuaderno sin valor institucional e histórico, lo que se hace constar de conformidad a lo señalado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación, según su artículo primero transitorio, el presente expediente es susceptible de ser DESTRUIDO.

  3. Principal

    EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS QUE DICE: Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, siete de diciembre de dos mil veintidós. Téngase recibido el oficio y anexos de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite por incompetencia el juicio de amparo directo 721/2022, toca civil 374/2022 y el expediente 57/2017 en un tomo, promovido por Zully Aidee Pineda Camacho, por propio derecho, contra actos de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad. Acúsese el recibo de estilo correspondiente para los efectos legales procedentes. Con fundamento en el artículo 45 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República y el Acuerdo General número 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado en sesión de veintitrés de enero de dos mil trece, y publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero del indicado año, se tiene recibida la demanda de amparo de que se trata, sin que este juzgado federal corresponda el conocimiento del presente asunto, de acuerdo a lo que señala el propio artículo 45, en relación con el 48 de la Ley de Amparo, de acuerdo a las consideraciones que más adelante se detallan. Regístrese en el libro de gobierno, así como en Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, como juicio de amparo indirecto 1664/2022-II, fórmese expediente impreso y electrónico. Del análisis integral de los autos del juicio de amparo que nos ocupa, deriva que este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, carece de competencia legal para conocer del presente juicio, como enseguida se demostrará. En efecto, es factible para este juzgado federal determinar con exactitud la intención de la promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese orden, se advierte que de manera literal la parte quejosa, reclama de la autoridad responsable Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, el siguiente acto reclamado: "ACTO RECLAMADO. La resolución definitiva de fecha treinta de septiembre del año dos mil veintidós. " Resolución reclamada que en sus puntos resolutivos dice: "...RESUELVE: PRIMERO.- Esta Sala Civil es competente para conocer y resolver el presente asunto. SEGUNDO.- Se REVOCA la sentencia definitiva de seis de junio de dos mil veintidós, dictada por el ENCARGADO del DESPACHO POR MINISTERIO DE LEY DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL Y FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MINA, en el expediente 57/2017-1, relativo al JUICIO ORDINARIO CIVIL DE NULIDAD DE ESCRITURA, promovido por ZULLY AIDEE PINEDA CAMACHO, por conducto de su apoderado, en contra de FEDERICO PINEDA PINEDA; así como del DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL COMERCIO Y CRÉDITO AGRICOLA EN EL ESTADO; JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA EL RAMO CIVIL Y FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MINA y NOTARIO PÚBLICO PÓR MINISTERIO DE LEY, actualmente representado en el juicio a través DEL DIRECTOR GENERAL DEL ARCHIVO DE NOTARIAS DEL ESTADO; y DIRECTOR DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN, GUERRERO; en consecuencia, TERCERO.- Se ordena la reposición del procedimiento; asimismo, se declara nulo lo actuado en esta controversia jurídica y se dejan sin efecto las actuaciones judiciales. CUARTO.- Quedan subsistente únicamente el escrito de demanda, sus anexos; auto de radicación de veintidós de agosto de dos mil diecisiete; las diligencias de emplazamiento a juicio de los demandados FEDERICO PINEDA PINEDA, DIRECTOR EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO, NOTARIO PÚBLICO POR MINISTERIO DE LEY DEL DISTRITO JUDICIAL DE MINA Y DIRECTOR DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN; escrito de contestación de demanda de FEDERICO PINEDA PINEDA, Y el auto que la tiene por contestada; escrito de la accionante exhibido el veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, donde desahogó la vista de las excepciones y defensas que opuso el demandado hoy apelante FEDERICO PINEDA PINEDA; el auto que tiene por desahogada la vista; copia certificada de la resolución dictada por esta Sala Civil en el toca civil 106/2019 de cinco de abril de dos mil diecinueve, en donde se declaró improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción que interpuso el demandado ahora apelante FEDERICO PINEDA PINEDA, así como el auto que tiene por recibida dicha resolución; auto de cinco de febrero de dos mil veinte, en donde se tiene por acusada la rebeldía a los demandados DIRECTOR DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GUERRERO, DIRECTOR DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS DEL ESTADO, Y DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO. QUINTO.- Se ordena emplazar a juicio al litisconsorte RUBÉN TORREBLANCA GARCIA; razón por la cual, SEXTO.- Se le previene a la parte actora ZULLY AIDEE PINEDA CAMACHO, para que proporcione el domicilio de la persona mencionada, a efecto de que sea emplazada a juicio, de acuerdo al auto de radicación de la demanda de veintidós de agosto de dos mil diecisiete. SÉPTIMO.- Resulta innecesario abordar el estudio del segundo agravio que expresa el apelante en contra de la sentencia combatida, tomando en consideración que a ningún fin práctico nos llevaría, pues en el caso, se ordenó la reposición del procedimiento por encontrarnos ante un litisconsarcio pasivo necesario. OCTAVO.- No se hace condena al pago de costas en esta instancia. NOVENO.- Con testimonio autorizado de la presente resolución, devuélvanse los autos al juzgado de su procedencia y en su oportunidad archívese el presente toca como asunto totalmente concluido. DÉCIMO.- NOTIFIQUESE y CÚMPLASE.." En principio, debe indicarse que el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece las reglas de competencia que deben imperar dentro del juicio de garantías, al indicar: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Al interpretar la norma transcrita, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que dicho numeral contiene tres hipótesis distintas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, que se destacan en el orden siguiente: 1. Se caracteriza, porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia de un Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; supuesto que impone como condición necesaria que dicho acto sea de aquellos que, después de su emisión, por su propia naturaleza requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. 2. Consiste en que para la determinación de la competencia del Juez de Distrito, ésta se establece en razón de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro; en este supuesto, tendrá competencia legal el Juez que haya prevenido para conocer de la demanda de amparo; y, 3. Deriva del último párrafo del precepto en estudio, que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese emitido el acto impugnado; como se observa, en este supuesto, basta que esté evidenciado en autos que la responsable emisora del acto que se reclama (cuando no requiera de ejecución material) radique dentro de ese ámbito territorial de jurisdicción del Juez Federal, para que éste sea el que válidamente deba conocer del juicio de garantías. Ahora, como se señaló con anterioridad, son los actos de ejecución los que determinan la competencia de los jueces de distrito, así, respecto de la primera regla competencial, que es la fundamental, es el lugar donde vaya a ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado lo que fija la competencia del juzgador, es decir, es juez competente aquel en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar donde los actos de ejecución se vayan a realizar o se hayan realizado, sin que obste que los actos ordenadores o decisorios emanen de una autoridad cuya residencia no pertenezca a dicha circunscripción. Luego, para determinar la competencia de un Juez de Distrito en el conocimiento de un juicio de amparo donde se reclamen actos que tengan ejecución material, debe atenderse al lugar donde éstos se realicen o traten de realizarse, de manera que la residencia de la autoridad ordenadora es irrelevante para la fijación competencial, esto es, el sitio donde los actos reclamados vayan a ejecutarse materialmente o se ejecuten, es lo que establece la competencia de los Jueces de Distrito. Lo anterior, pone de manifiesto de manera categórica que la parte quejosa impugna la resolución de treinta de septiembre de dos mil veintidós, dictada en el Toca Civil 374/2022, en la que la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia, con sede en esta ciudad, resolvió el recurso de apelación promovido por la parte demandada, en contra de la sentencia definitiva de seis de junio de dos mil veintidós, dictada por el Encargado del Despacho por Ministerio de Ley del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Mina, con sede en Coyuca de Catalán, Guerrero, en el expediente 57/2017-1, relativo al Juicio Ordinario Civil de Nulidad de Escritura, promovido por Zully Aidee Pineda Camacho, por conducto de su apoderado, en contra de Federico Pineda Pineda; en la que determina revocar dicha sentencia y ordena la reposición del procedimiento a efecto de que se emplace a juicio al litisconsorte Rubén Torreblanca García, aunque para ello previene a la parte actora Zully Aidee Pineda Camacho, para que proporcione el domicilio de la persona mencionada; acto reclamado que no constituye una resolución de mera declaración, sino que conlleva un hacer por parte del Juzgado de Primera Instancia de origen. Bajo ese contexto, si la Sala Superior responsable que resolvió la apelación, radica en esta ciudad y el Juzgado de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Mina, al cual corresponde reponer el procedimiento en los términos en los que le solicitó su superior jerárquico, reside en Coyuca de Catalán, Guerrero, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, la competencia para conocer del juicio de garantías promovido contra esa determinación, corresponde al Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar de residencia del órgano jurisdiccional que habrá de reponer el procedimiento de origen. En esa tesitura, se concluye que el competente para conocer del presente asunto, lo es, el Juzgado de Distrito en Turno, con residencia en Iguala, Guerrero, pues si bien, la resolución impugnada la dictó la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia, con sede en esta ciudad, también lo es que, el órgano jurisdiccional a quien corresponde actuar en el procedimiento radica en la ciudad de Coyuca de Catalán, Guerrero, pues la determinación adoptada por la Sala Superior citada, consiste en dejar sin efecto todo lo actuado, dejando únicamente subsistente los acuerdos y determinaciones señalados en el resolutivo CUARTO (ya transcrito) y emplazar a juicio al litisconsorte citado, previa solicitud que haga a la parte actora del domicilio correspondiente para tal efecto; por ende, será dicho Juzgado Primigenio, quien estará a cargo de la tramitación del juicio de origen, es decir, en cumplimiento a lo que fue ordenado por su superior jerárquico, deberá dejar sin efecto lo actuado y emplazar a juicio al litisconsorte mencionado señalado por la Sala Civil responsable, en la resolución que se combate; circunscripción territorial que no corresponde a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, sino a los Jueces de Distrito, con jurisdicción de ese lugar (Iguala de la Independencia, Guerrero). De ahí que, se determine que este Juzgado federal es legalmente incompetente para conocer del presente juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia emitida por el Pleno en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo II, página 1667, siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO. AL TENER EJECUCIÓN MATERIAL, CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUZGADO DE PRIMER GRADO QUE DEBA REPARAR LA VIOLACIÓN PROCESAL. La resolución de segunda instancia que ordena reponer el procedimiento tiene ejecución material a cargo del órgano jurisdiccional de primer grado; por tanto, el juicio de amparo contra dicha resolución debe ser del conocimiento del Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deben realizarse los actos procesales encaminados a cumplir la orden aludida, con independencia de donde resida el tribunal de segunda instancia, lo que se ajusta a las reglas competenciales previstas por el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, y es acorde al nuevo marco constitucional de los diversos principios al debido proceso, de acceso efectivo a la justicia y de seguridad jurídica." Al respecto es aplicable, la tesis I.1º.A.44, A, de la instancia Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 1299, tomo XIV, agosto de 2001, Novena Época, que es del rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO.- Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora". Sentado lo anterior, de conformidad con el mencionado dispositivo legal, así como el punto tercero, apartado XXI, párrafo tercero, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios del Circuito y de los Juzgados de Distrito, tal competencia recae en los Juzgados de Distrito, con residencia en Iguala de la Independencia, Guerrero. Así las cosas, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo vigente, el que suscribe declina la competencia del presente asunto al Juzgado de Distrito que por turno corresponda conocer del mismo, con residencia en Iguala, Guerrero, por lo que, previo al cuaderno de antecedentes que se deje del mismo, remítase el presente expediente, a la oficialía de partes común de dichos juzgados, y en caso de aceptar la competencia planteada, solicítese al titular del juzgado que por razón de turno conozca del presente asunto, el acuse de recibo correspondiente. Lo anterior sin que implique una desobediencia a lo ordenado por el Tribunal Colegiado de cuenta, pues de las propias constancias que remitió se advierte la notoria incompetencia de este órgano jurisdiccional, además de que el propio artículo 45 de la Ley de Amparo lo permite. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio para oír y recibir toda clase de documentos y notificaciones el ubicado en la calle Vicente Guerrero, número 30, colonia centro de esta ciudad; y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Decideria Maceda Salazar, toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Manuel Leyva Sánchez, por no contar con el anterior requisito.

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