Zulema Osornio Sánchez

Expediente 1022/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1022/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
23/09/2019

Partes del expediente

  • Zulema Osornio Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de la que se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido en queja el auto tres de septiembre de dos mil diecinueve; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2 de la Ley de la Materia, se declara que dicho auto en el que se tuvo no presentada la demanda de amparo promovida por Zulema Osornio Sanchez, ha causado estado. Hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y con apoyo en el diverso artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, vistas las constancias de autos el presente expediente carece de relevancia documental y sin que se advierta del mismo documento alguno en original exhibido por las partes, lo anterior se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio; en tal virtud, en términos del punto Vigésimo Primero, fracción I, del citado Acuerdo General, el presente asunto es susceptible de ser destruido.

  2. Principal

    Visto el estado de autos del cual se aprecia que el término de cinco días que se le concedió a la quejosa Zulema Osornio Sánchez, para que desahogara la prevención formulada en auto de seis de agosto de dos mil diecinueve, le feneció el veintinueve del mismo mes y año, sin que lo hubiera hecho así; por ende, se declara precluido el derecho a dicha quejosa para desahogar el requerimiento decretado en ese proveído. Por tanto, se le hace efectivo el apercibimiento ahí inserto, y con fundamento en lo dispuesto por el penúltimo párrafo, del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo, promovida por la quejosa de mérito, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad.

  3. Principal

    Visto el escrito presentado por ***********, mediante el cual pretende desahogar la prevención formulada en auto de seis de agosto del año en curso, para que bajo protesta de decir verdad, precisara de manera concisa y clara los antecedentes del acto reclamado, en los términos ahí señalados. Atento a su contenido, dígase al promovente que no ha lugar a tenerle desahogando la prevención formulada en el que se le requirió a la directa quejosa Zulema Osornio Sánchez, a efecto de que bajo protesta de decir verdad, señalara de manera concisa, precisa y clara los antecedentes del acto reclamado, en los términos ahí señalados; ya que dicha prevención debe ser desahogada por la directa quejosa y no por conducto de su autorizado. Lo anterior, sin que obste que en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, el autorizado puede realizar los actos que estime necesarios para la defensa de la quejosa, sin embargo, su autorización no puede equipararse a un mandato judicial al no ser apoderado o representante legal, pues sus facultades procesales se otorgan a partir de la presentación de la demanda y no antes; en el caso, dicha prevención, debe ser desahogada de forma personal por la directa quejosa, pues es a esta a quien le constan los hechos ocurridos previo a la promoción del juicio de amparo y no a su autorizado, por lo que resulta indispensable que la protesta de ley sea manifestada por la quejosa y enseguida precisar los antecedentes que le fueron requeridos. En consecuencia, y dado que aún se encuentra transcurriendo el plazo concedido para desahogar el mencionado requerimiento, faltando cuatro días más para que concluya dicho plazo; por tanto, se suspende dicho plazo temporalmente, dado que el escrito de mérito fue presentado ante este juzgado el quince de agosto de dos mil diecinueve, fecha en que inició el plazo concedido, sin embargo, se reiniciará el día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de este proveído; apercibido que de no hacer manifestación alguna al respecto, este Juzgado se pronunciará en lo que en derecho corresponda.

  4. Principal

    Se tiene recibida la demanda de amparo, contra actos del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. Regístrese como juicio de amparo indirecto número 1022/2019-II; fórmese expediente impreso y electrónico. Ahora, respecto a las formalidades de la demanda de amparo, éste órgano jurisdiccional realizará el análisis que corresponde, ello, en uso de la facultad que confiere el artículo 114 de la Ley de Amparo vigente, que señala: Por tanto, con fundamento en citado numeral 108, fracción V, en relación con el 114, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, prevéngase a la quejosa para que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos legales la notificación del presente acuerdo, y bajo protesta de decir verdad, manifieste: Cuándo fue la última vez que dio impulso dentro del expediente laboral 21/2017, a fin de continuar con la secuela procesal del mismo, esto es, la fecha de presentación del escrito en el que se aprecie que haya solicitado al Tribunal responsable, dictará el auto admisorio de pruebas. Es así en razón de que, en sesión de nueve de enero de dos mil diecinueve, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 294/2018, indicó que era menester establecer un plazo único para conocer cuándo la autoridad jurisdiccional laboral incurrió en una demora que, prácticamente, constituyera una verdadera interrupción arbitraria del proceso, es decir, una abierta dilación en la prosecución del juicio. En ese tenor, a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofreciera seguridad jurídica a las partes en el juicio laboral se concluyó que, contra dilaciones presuntivamente excesivas en el dictado de proveídos y laudos, o en la realización de cualquier otra diligencia, el amparo indirecto será procedente cuando hubieren transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. En esa virtud resulta indispensable para el análisis de la procedencia del juicio de amparo, que la parte quejosa, señale el escrito en el que haya solicitado a la autoridad laboral responsable, el dictado del auto admisorio de pruebas. En el entendido, que al desahogar la presente aclaración deberá exhibir copias suficientes del ocurso de desahogo, a fin de estar en aptitud de emplazar a todas las partes procesales, así como, allegar los acuses de recibo de la o las promociones en las que solicitó a la autoridad responsable el impulso del procedimiento de cuya omisión reclama. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo aquí ordenado, dentro del lapso indicado, se procederá conforme a lo dispuesto por el penúltimo párrafo del artículo 114, de la Ley de Amparo; es decir, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Así también, hágase del conocimiento a la impetrante de amparo que deberá conducirse con verdad, habida cuenta que afirmar hechos falsos y omitir los que le consten está tipificado como delito, en términos del artículo 261, fracción I de la Ley de Amparo vigente que a la letra dice: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.". DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la promovente en su escrito de demanda y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona, dada la materia del acto reclamado. TRANSPARENCIA Finalmente, de acuerdo a lo establecido en los artículos 1, 3, 4, 9 y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la precitada Ley, mediante notificación por lista en los estrados de este Juzgado, hágase del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial.

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