Zulema Guadalupe Corzo Camacho

Expediente 1436/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1436/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
04/04/2018

Partes del expediente

  • Zulema Guadalupe Corzo Camacho

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cuatro de abril de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, residente en esta ciudad, con el que remite testimonio de la ejecutoria dictada dentro de la queja 201/2017, de su índice, así como copia certificada del juicio de amparo 1436/2017, del índice de este juzgado, en la que determinó lo siguiente: "PRIMERO. Se confirma el proveído recurrido, por el cual se desecha la demanda de garantías. SEGUNDO. La presente sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, en los términos precisados en el último considerando de este fallo; asimismo, se ordena glosar la constancia de captura de sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes." Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales conducentes. Acúsese recibo de estilo. Con base en lo previsto en el precepto 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto que desechó de plano la demanda; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Ahora bien, respecto de las copias certificadas que devuelve la autoridad oficiante, se ordena su destrucción para evitar así la dualidad de constancias innecesarias; por lo tanto, comisiónese para tal efecto al Actuario Judicial adscrito a este órgano de control constitucional. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; trece de diciembre de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual acusa recibo del diverso 31717/2017 del índice de este juzgado y anexos, e informa que admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra el auto de veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, radicándolo con el número 201/2017. Notifíquese.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; siete de diciembre de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de ***, parte quejosa, por medio del cual interpone RECURSO DE QUEJA contra el auto de veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 13 a 19), en el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se rinde informe sobre la materia de la queja, en el sentido que es cierto que este órgano de control constitucional emitió el acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, en el que se desechó de plano la demanda de amparo por notoria improcedencia; por tanto, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, el original y copia del escrito del recurso de queja, copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el presente expediente y el informe sobre la materia de la queja, para la substanciación del medio de impugnación interpuesto. Sin que sea aplicable al caso, lo establecido en el artículo 101, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en el sentido de notificar a la totalidad de las partes la interposición de la queja, puesto que el recurso es contra el desechamiento de la demanda y por ende, no se dio intervención a las demás partes. Notifíquese.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO DE VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, QUE DICE: "Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por *** contra actos de la autoridad señalada como: 1. Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cintalapa de Figueroa, Chiapas. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 1436/2017-4-A. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se deduce que el motivo manifiesto e indudable de improcedencia que afecte la demanda de amparo, debe ser evidente por sí mismo, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación haga inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto", significa, claro, evidente; mientras que "indudable", cierto, seguro, que no puede dudarse. Ahora, de un estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado esencialmente el siguiente: ".el punto resolutivo segundo parte infine del apartado resuelve de la sentencia interlocutoria de fecha 15 del mes de agosto del año 2017, en la cual se declara procedente de forma parcial las prestaciones de mi escrito inicial de mi demanda incidental de liquidación de la sociedad conyugal.". Lo anterior, pues a juicio de esta juzgadora se actualiza la causa de improcedencia prevista fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, que señala: "61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo.". De la cita que antecede se aprecia que el principio de definitividad refiere a la exigencia de agotar recursos y medios de defensa ordinarios antes de acudir al juicio de amparo indirecto, a fin de modificar, revocar o nulificar el acto impugnado. Ello, ya que al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa, no pueden analizarse cuestiones respecto de las cuales la ley común prevea un medio legal ordinario que pueda hacerse valer. En efecto, dada la naturaleza del procedimiento del que deriva el acto reclamado, resulta necesario invocar el contenido de los artículos 419, 420, 421, 663, 664, 667 y 671 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas, los cuales son del tenor literal siguiente: "Artículo 419.- Los incidentes se tramitaran con un escrito de cada parte y tres días para resolver. Artículo 420.- Si se promoviere prueba, deberá ofrecerse en los escritos relativos, fijando los puntos sobre que debe versar, y se citara para una audiencia indigerible en la que se reciba la prueba, se oigan brevemente las alegaciones y se dicte la resolución. Artículo 421.- La sentencia admitirá apelación en el efecto devolutivo, salvo la del incidente de nulidad por falta de emplazamiento, que será en ambos efectos y en los casos en que la ley expresamente lo determine. Las resoluciones que en segunda instancia resuelvan un incidente no admiten recurso alguno." "Artículo 663.- El recurso de apelación tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. Artículo 664.- Pueden apelar: el litigante si creyere haber recibido algún agravio, los terceros que hayan salido al juicio y los demás interesados a quienes perjudique la resolución judicial. Artículo 667.- El litigante al interponer la apelación ante el juez, expresara los agravios que considere le cause la resolución recurrida. La apelación interpuesta contra autos o interlocutorias deberán hacerse valer en el término de seis días y las que se interpongan contra sentencia definitiva, en un plazo de nueve días, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación. Artículo 671.- De los autos y sentencias interlocutorias que deriven una ejecución que pueda causar daño irreparable o de difícil reparación y la apelación proceda en el efecto devolutivo, se admitirá en ambos efectos si el apelante lo solicita al interponer el recurso, en el que deberá señalar los motivos por los que considera el daño irreparable o de difícil reparación. En este caso, el juez deberá resolver si admite la apelación en ambos efectos, debiendo fijar el monto de la garantía que exhibirá el apelante, en un término de seis días a fin de que surta efectos la suspensión. Dicha garantía atenderá a la cuantía del asunto y no podrá ser inferior al equivalente de sesenta días del salario mínimo general vigente en el estado. De no exhibirse la garantía en el plazo señalado, la apelación solo se admitirá en efecto devolutivo." (El resaltado no forma parte de la transcripción) En ese contexto, atendiendo a lo dispuesto por la ley de la materia, se determina que la quejosa, antes de instar el juicio de amparo, debió acatar el principio de definitividad, pues contra la resolución incidental de quince de agosto de dos mil diecisiete, en que resolvió el incidente de liquidación de la sociedad conyugal promovido por la quejosa en contra de *** (demandado en el juicio de origen), procede el recurso de apelación; sin embargo, no se interpuso, lo que hace que la instancia constitucional sea improcedente, sin que dicho acto se esté previsto como una excepción contemplada en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, toda vez que el punto que se reclama, contenido en la resolución interlocutoria reclamada en esta instancia constitucional, no se refiere a actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resoluciones que nieguen la libertad bajo caución o que establezcan los requisitos para su disfrute, decidan sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa; de persona extraña al procedimiento o, que para la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. En lo que respecta al numeral 663 se desprende que el recurso de apelación tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior; enseguida, en términos del diverso 667, el litigante al interponer la apelación ante el juez, expresará los agravios que considere le cause la resolución recurrida, y que la misma en tratándose de interlocutoria debe interponerse dentro del término de seis días. En consecuencia, dado que los actos que por esta vía reclama la parte quejosa, pueden ser confirmados, revocados o modificados, mediante el medio de impugnación que la ley de la materia establece para ello, y siendo parte del procedimiento, está obligado a agotar dicho recurso, previo a intentar el juicio de amparo, para así cumplir con el principio de definitividad que rige en materia de amparo, pues no obstante que dichos actos pudieran considerarse de imposible reparación, lo cierto es que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, señala expresamente que el amparo procederá contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan. No puede soslayarse que el juicio constitucional es un juicio extraordinario, cuya procedencia y tramitación está regida por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre el gobernante y el gobernado. Así, los principios o normas fundamentales que estructuran el juicio de amparo, se encuentran previstos en el artículo 107 de la Constitución General de la República, entre los que se encuentra el de definitividad, que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. Dicho principio establece que el juicio es únicamente procedente contra actos definitivos, es decir, obliga a la quejosa a agotar previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, pues como se precisó, el juicio de amparo se forjó como un medio extraordinario de defensa, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales, como son, entre otros, aquéllos que ya no son susceptibles de ser revisados a través de los citados recursos o medios de defensa ordinarios. . Lo que en el caso no ocurre, en virtud que contra la resolución interlocutoria de quince de agosto de dos mil diecisiete, que resolvió el incidente de liquidación de la sociedad conyugal promovido por la quejosa en contra de *** (demandado en el juicio de origen), procede el recurso de apelación, sin que fuera interpuesto por la quejosa. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevé la ley que rige dicho acto, el cual tiene como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo, aun cuando se traten de actos de imposible reparación. . Sin que pase desapercibido por esta juzgadora que el recurso de apelación admite la suspensión del acto, de acuerdo con los artículos 668, 669, 670 y 671 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas, de los que se desprende que el recurso de apelación puede ser admitido en un solo efecto o en ambos efectos, que cuando la misma se haya admitido sólo en el efecto devolutivo, no se suspenderá la ejecución de la sentencia, auto o providencia apelados y que por el contrario, de ser admitida en ambos efectos, se deberá de suspender la ejecución de la resolución apelada. Asimismo, prevén que sólo se admitirá en ambos efectos cuando así se encuentre previsto en la ley; sin embargo, si la sentencia interlocutoria deriva en una ejecución de difícil reparación, la apelación será admitida en ambos efectos, por lo que su ejecución será suspendida hasta que cause ejecutoria la sentencia de segunda instancia, lo cual también puede ser alegado por la parte que interponga el recurso de apelación correspondiente; por lo que dicho recurso es idóneo y efectivo para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes cometidas en el acto impugnado. En las relatadas consideraciones, si la parte promovente no agotó el medio de defensa ordinario establecido en la ley para combatir el acto que reclama en esta instancia constitucional, se colige que en el caso se actualizan de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo establecido por el artículo 113 en relación con el diverso 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se estima procedente DESECHAR DE PLANO la demanda promovida por la quejosa, por resultar notoriamente improcedente. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno y en Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que refiere en su escrito inicial de demanda. Asimismo, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene por autorizado en términos amplios a *** toda vez que su cédula profesional se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y así haberlo solicitado la parte quejosa. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que estos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. . PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese."

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