Zoila Velasco Vázquez y Otros.

Expediente 353/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
353/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
07/07/2021

Partes del expediente

  • Zoila Velasco Vázquez y Otros.
  • Zoila Velasco Vázquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; siete de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda de amparo, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Una vez cumplido el término a que se refiere el punto anterior, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 21. 3. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintitrés de junio de dos mil veintiuno. DESAHOGO DE PREVENCIÓN Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos la diligencia de veintidós de junio de dos mil veintiuno, de la que se advierte que ***, ratifica el contenido y firma del escrito recibido en este juzgado el once de junio del año en curso, mismo que se registró con el folio 7420, del que se advierte que la demanda de amparo la promueve por propio derecho, y amplia los antecedentes relativos a los hechos de los que deriva el acto reclamado. DESECHAMIENTO Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara; el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis 2a.LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Página 448, Materia Común, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Ahora, de un estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señaló como actos reclamado el siguiente:  El auto de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio ejecutivo mercantil ***, del índice del Juzgado Tercero Civil del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el que se tuvo por precluido el derecho de la quejosa para reclamar intereses moratorios, y en consecuencia, ordenó la devolución del documento base de la acción a la parte demandada, asimismo, dejó sin efecto el embargo trabado e inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio. Al respecto, en cuanto a los actos marcados con el número uno, a criterio de esta juzgadora se advierte se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que a la letra señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" El citado precepto consagra uno de los principios rectores del juicio de amparo: el principio de definitividad del acto reclamado, que no es otra cosa que la improcedencia del juicio de amparo contra actos recurribles. De manera que, previamente a la interposición del juicio de amparo, la parte quejosa debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución o acto reclamado, que le causa perjuicio; de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener satisfacción a sus pretensiones, se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Por lo que, si pasando por alto tales consideraciones las partes afectadas por actos de autoridad no tuvieren la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable o ante la jurisdicción ordinaria, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de Distrito se suplantaría en las facultades de la autoridad a quien correspondiera conocer del medio ordinario de defensa respectivo. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, los gobernados deben, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con los siguiente tópicos: Por disposición constitucional: I. Actos que afectan a terceros extraños al juicio o al procedimiento del cual emanan. II. Actos respecto de los cuales, la ley que los rige, exige mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución. III. Actos que importan una violación a los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución General de la República. Por disposición de la Ley de Amparo: I. Actos o resoluciones que se impugnan con motivo del primer acto de aplicación de una ley que se estima es inconstitucional. II. Actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; III. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; IV. Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. V. Actos o resoluciones respecto de las cuales, la ley que las rige, no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra. VI. Actos o resoluciones que carezcan de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Por disposición de los criterios jurisprudenciales. I. Cuando únicamente se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República, como lo es la garantía de audiencia (con la salvedad de que si se conoce el acto y/o procedimiento reclamado antes de que se dicte sentencia o resolución definitiva, el quejoso está obligado a agotar los medios ordinarios de defensa, si es tercero extraño por equiparación, es decir, si fue señalado como parte demandada en el juicio o procedimiento de que se trate y no ha sido debidamente emplazado). II. Cuando los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste reglamenta no se contempla su existencia. Respecto de los casos de excepción aludidos, es ilustrativa por identidad de razón la tesis de la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal de rubro y texto: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.". Cabe aclarar que aun en los casos en los cuales se reclamen actos dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, el quejoso se encuentra obligado a agotar los recursos o medios ordinarios de defensa que la ley que rige el acto prevea, antes de acudir al juicio de amparo. Al respecto, resulta aplicable por identidad de razón, la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL.". En la especie, el acto reclamado se hace consistir, esencialmente, en el auto de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio ejecutivo mercantil ***, del índice del Juzgado Tercero Civil del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el que se tuvo por precluido el derecho de la quejosa para reclamar intereses moratorios, y en consecuencia, ordenó la devolución del documento base de la acción a la parte demandada, asimismo, dejó sin efecto el embargo trabado e inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio. En contra de la citada determinación, previo a ejercer la acción constitucional de amparo, la parte quejosa debió agotar el recurso de revocación previsto por el artículo 1334, relacionado con el numeral 1339 del Código de Comercio, vigentes al momento de interposición del juicio ejecutivo mercantil, que señalan: "Art. 1,334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. (.). Art. 1,339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $593,712.73 (Quinientos noventa y tres mil setecientos doce pesos 73/100 M.N.) por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. (.) Las sentencias que fueren recurribles, conforme al primer párrafo de este artículo, lo serán por la apelación que se admita en ambos efectos, salvo cuando la Ley expresamente determine que lo sean sólo en el devolutivo. Sólo serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o cuando lo disponga este código, y la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación, de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo. (.)". De la lectura de los aludidos preceptos legales se desprende que los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente, en materia comercial, únicamente serán apelables en caso de que así lo fuera la sentencia definitiva, y que tal medio de defensa procederá contra ésta en negocios cuyo monto sea mayor a $593,712.73 (Quinientos noventa y tres mil setecientos doce pesos 73/100 M.N.) por concepto de suerte principal -monto que anualmente será actualizado-; mientras que el numeral 1334 dispone que los autos que no fueren apelables, y los decretos, serán recurribles mediante revocación. En el caso, del escrito de demanda, se tiene que la suerte principal del negocio de origen es por la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100), circunstancia que lo coloca dentro de los llamados asuntos de cuantía menor, contra los que resulta improcedente la apelación conforme a la invocada codificación, mas no el recurso de revocación mencionado, que resulta procedente contra los autos que no fueren apelables. En tales condiciones, la parte agraviada se encontraba obligada a agotar dicho medio de defensa ordinario previo a la promoción del juicio de amparo, pues a través del mismo podía lograr la modificación, revocación o nulificación del proveído reclamado. Orienta lo anterior, por el espíritu que informa, la jurisprudencia 1a./J. 70/2013 (10a.) , emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012)". Asimismo, la jurisprudencia 1a./J. 59/2010 , sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS INAPELABLES, DICTADOS EN JUICIOS MERCANTILES CUANDO POR SU MONTO SE VENTILEN EN JUZGADOS DE PAZ O DE CUANTÍA MENOR, O EL MONTO SEA INFERIOR A DOSCIENTOS MIL PESOS". Sin que en el caso, la inconforme se encuentre en alguna de las causas de excepción a que se refiere la hipótesis de improcedencia de referencia, pues el asunto versa sobre aspectos de naturaleza mercantil, en el que el acto reclamado en análisis no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, menos aun de incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso; ni se trata de un auto de vinculación a proceso. Además, la quejosa no tiene el carácter de tercera extraña, en virtud que de manifiesta bajo protesta de decir verdad que es la parte actora en el juicio ejecutivo mercantil, por ende estaba facultada para intentar el recurso de revocación. Consecuentemente, no procede estimar que la recurrente se encontraba en un caso de excepción al principio de definitividad, al haber estado en aptitud de interponer el recurso ordinario correspondiente, antes de acudir al juicio de garantías, a partir de que tuvieron conocimiento del acto reclamado. En ese orden de ideas, como se evidenció, la procedencia del recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del Código de Comercio, no se sujeta a interpretación adicional, así como tampoco su fundamento legal es insuficiente para determinarla. Por tanto, al no haber hecho valer la parte quejosa previamente al ejercicio de la acción constitucional, el medio de defensa idóneo, es evidente que inobservó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo; por tanto, el acto reclamado en mención no puede estimarse definitivo para los efectos del juicio de amparo, y por ello, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo establecido por el artículo 113 en relación con el diverso 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). En consecuencia se niega la devolución de los documentos que en su caso exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita). Notifíquese.

  3. Principal

    CON APOYO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE VEINTITRÉS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintitrés de junio de dos mil veintiuno. DESAHOGO DE PREVENCIÓN Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos la diligencia de veintidós de junio de dos mil veintiuno, de la que se advierte que ***, ratifica el contenido y firma del escrito recibido en este juzgado el once de junio del año en curso, mismo que se registró con el folio 7420, del que se advierte que la demanda de amparo la promueve por propio derecho, y amplia los antecedentes relativos a los hechos de los que deriva el acto reclamado. DESECHAMIENTO Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara; el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis 2a.LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Página 448, Materia Común, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Ahora, de un estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señaló como actos reclamado el siguiente:  El auto de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio ejecutivo mercantil ***, del índice del Juzgado Tercero Civil del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el que se tuvo por precluido el derecho de la quejosa para reclamar intereses moratorios, y en consecuencia, ordenó la devolución del documento base de la acción a la parte demandada, asimismo, dejó sin efecto el embargo trabado e inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio. Al respecto, en cuanto a los actos marcados con el número uno, a criterio de esta juzgadora se advierte se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que a la letra señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" El citado precepto consagra uno de los principios rectores del juicio de amparo: el principio de definitividad del acto reclamado, que no es otra cosa que la improcedencia del juicio de amparo contra actos recurribles. De manera que, previamente a la interposición del juicio de amparo, la parte quejosa debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución o acto reclamado, que le causa perjuicio; de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener satisfacción a sus pretensiones, se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Por lo que, si pasando por alto tales consideraciones las partes afectadas por actos de autoridad no tuvieren la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable o ante la jurisdicción ordinaria, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de Distrito se suplantaría en las facultades de la autoridad a quien correspondiera conocer del medio ordinario de defensa respectivo. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, los gobernados deben, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con los siguiente tópicos: Por disposición constitucional: I. Actos que afectan a terceros extraños al juicio o al procedimiento del cual emanan. II. Actos respecto de los cuales, la ley que los rige, exige mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución. III. Actos que importan una violación a los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución General de la República. Por disposición de la Ley de Amparo: I. Actos o resoluciones que se impugnan con motivo del primer acto de aplicación de una ley que se estima es inconstitucional. II. Actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; III. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; IV. Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. V. Actos o resoluciones respecto de las cuales, la ley que las rige, no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra. VI. Actos o resoluciones que carezcan de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Por disposición de los criterios jurisprudenciales. I. Cuando únicamente se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República, como lo es la garantía de audiencia (con la salvedad de que si se conoce el acto y/o procedimiento reclamado antes de que se dicte sentencia o resolución definitiva, el quejoso está obligado a agotar los medios ordinarios de defensa, si es tercero extraño por equiparación, es decir, si fue señalado como parte demandada en el juicio o procedimiento de que se trate y no ha sido debidamente emplazado). II. Cuando los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste reglamenta no se contempla su existencia. Respecto de los casos de excepción aludidos, es ilustrativa por identidad de razón la tesis de la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal de rubro y texto: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.". Cabe aclarar que aun en los casos en los cuales se reclamen actos dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, el quejoso se encuentra obligado a agotar los recursos o medios ordinarios de defensa que la ley que rige el acto prevea, antes de acudir al juicio de amparo. Al respecto, resulta aplicable por identidad de razón, la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL.". En la especie, el acto reclamado se hace consistir, esencialmente, en el auto de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio ejecutivo mercantil ***, del índice del Juzgado Tercero Civil del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el que se tuvo por precluido el derecho de la quejosa para reclamar intereses moratorios, y en consecuencia, ordenó la devolución del documento base de la acción a la parte demandada, asimismo, dejó sin efecto el embargo trabado e inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio. En contra de la citada determinación, previo a ejercer la acción constitucional de amparo, la parte quejosa debió agotar el recurso de revocación previsto por el artículo 1334, relacionado con el numeral 1339 del Código de Comercio, vigentes al momento de interposición del juicio ejecutivo mercantil, que señalan: "Art. 1,334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. (.). Art. 1,339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $593,712.73 (Quinientos noventa y tres mil setecientos doce pesos 73/100 M.N.) por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. (.) Las sentencias que fueren recurribles, conforme al primer párrafo de este artículo, lo serán por la apelación que se admita en ambos efectos, salvo cuando la Ley expresamente determine que lo sean sólo en el devolutivo. Sólo serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o cuando lo disponga este código, y la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación, de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo. (.)". De la lectura de los aludidos preceptos legales se desprende que los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente, en materia comercial, únicamente serán apelables en caso de que así lo fuera la sentencia definitiva, y que tal medio de defensa procederá contra ésta en negocios cuyo monto sea mayor a $593,712.73 (Quinientos noventa y tres mil setecientos doce pesos 73/100 M.N.) por concepto de suerte principal -monto que anualmente será actualizado-; mientras que el numeral 1334 dispone que los autos que no fueren apelables, y los decretos, serán recurribles mediante revocación. En el caso, del escrito de demanda, se tiene que la suerte principal del negocio de origen es por la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100), circunstancia que lo coloca dentro de los llamados asuntos de cuantía menor, contra los que resulta improcedente la apelación conforme a la invocada codificación, mas no el recurso de revocación mencionado, que resulta procedente contra los autos que no fueren apelables. En tales condiciones, la parte agraviada se encontraba obligada a agotar dicho medio de defensa ordinario previo a la promoción del juicio de amparo, pues a través del mismo podía lograr la modificación, revocación o nulificación del proveído reclamado. Orienta lo anterior, por el espíritu que informa, la jurisprudencia 1a./J. 70/2013 (10a.) , emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012)". Asimismo, la jurisprudencia 1a./J. 59/2010 , sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS INAPELABLES, DICTADOS EN JUICIOS MERCANTILES CUANDO POR SU MONTO SE VENTILEN EN JUZGADOS DE PAZ O DE CUANTÍA MENOR, O EL MONTO SEA INFERIOR A DOSCIENTOS MIL PESOS". Sin que en el caso, la inconforme se encuentre en alguna de las causas de excepción a que se refiere la hipótesis de improcedencia de referencia, pues el asunto versa sobre aspectos de naturaleza mercantil, en el que el acto reclamado en análisis no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, menos aun de incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso; ni se trata de un auto de vinculación a proceso. Además, la quejosa no tiene el carácter de tercera extraña, en virtud que de manifiesta bajo protesta de decir verdad que es la parte actora en el juicio ejecutivo mercantil, por ende estaba facultada para intentar el recurso de revocación. Consecuentemente, no procede estimar que la recurrente se encontraba en un caso de excepción al principio de definitividad, al haber estado en aptitud de interponer el recurso ordinario correspondiente, antes de acudir al juicio de garantías, a partir de que tuvieron conocimiento del acto reclamado. En ese orden de ideas, como se evidenció, la procedencia del recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del Código de Comercio, no se sujeta a interpretación adicional, así como tampoco su fundamento legal es insuficiente para determinarla. Por tanto, al no haber hecho valer la parte quejosa previamente al ejercicio de la acción constitucional, el medio de defensa idóneo, es evidente que inobservó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo; por tanto, el acto reclamado en mención no puede estimarse definitivo para los efectos del juicio de amparo, y por ello, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo establecido por el artículo 113 en relación con el diverso 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). En consecuencia se niega la devolución de los documentos que en su caso exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita). Notifíquese.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; catorce de junio de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de quien se ostenta como ***. De conformidad con el artículo 6 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que la ley lo permita expresamente y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor. Ahora, por firma autógrafa, se entiende según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española: "Nombre y apellido, o título de una persona que ésta pone con rúbrica al pie de un documento escrito de mano propia o ajena, para darle autenticidad o para obligarse a lo que en él dice". El vocablo "firma" proviene del latín firmare, cuyo significado es afirmar o dar fuerza. A su vez, la palabra "firma", se define como "Afirmar, dar firmeza y seguridad a una cosa" (diccionario citado). En este orden de ideas y trasladando los mencionados conceptos al campo del derecho constitucional, debe decirse que la firma consiste en asentar al pie del escrito el nombre y apellido de la persona que lo emite, en la forma en que acostumbra hacerlo, con el propósito de expresar la voluntad de las partes de ejercer un derecho. En el caso en concreto, la firma plasmada en el escrito de cuenta, es notoriamente distinta a la estampada en la demanda de amparo, como se advierte del siguiente cuadro comparativo: FIRMA DE ESCRITO DE DEMANDA FIRMA DE ESCRITO DE CUENTA En esa medida, no se tiene la certeza de que fue su voluntad presentar el escrito, pues la firma que contiene el ocurso de cuenta es notoriamente distinta a la que aparece al calce del escrito inicial de demanda. A efecto de estar en posibilidades de acordar lo procedente, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, requiérase a la promovente para que comparezca ante este órgano jurisdiccional, con identificación oficial vigente y advertida de las penas en que incurre quien declara con falsedad ante autoridad, manifieste si ratifica o no la firma que calza en el escrito que se atiende e indique si la reconoce como suya, apercibida que de no hacer manifestación alguna, se tendrá por no presentado el ocurso de cuenta. Tiene apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 3a. 24 , emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro a la letra se transcribe: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA." En ese sentido, y a fin de que la quejosa esté en aptitud de comparecer al desahogo del referido requerimiento, prográmese en la "Agenda OJ" disponible en el Portal de Servicios en Línea, la cita a que hace alusión el artículo 6 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En consecuencia, se fijan las trece horas con treinta minutos del veintidós de junio de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la diligencia de ratificación de firma ordenada en el presente juicio. Hágase del conocimiento de la parte quejosa que para tal efecto, se ha creado un Código QR con el cual podrá ingresar a las instalaciones de este Juzgado de Distrito el día y la hora precisados, mismo que será entregado por conducto del actuario en caso de ser notificada de manera personal, sin perjuicio de que para el supuesto en que sea notificado por medio de aviso, citatorio o por lista, el referido Código se dejará en el acceso del edificio respectivo y se dará aviso a la administración del mismo con la fecha y horario de la diligencia, de modo que cuando acuda a la cita pueda ingresar. Asimismo, infórmesele que deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar el contacto físico, siguiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por coronavirus (COVID-19), para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, emitido por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, y empleando el equipo de protección. Notifíquese.

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