Zualy Jahiel Raya González

Expediente 687/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 24 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
687/2022
Año
2022
Actuaciones
24
Última actuación
05/09/2023

Partes del expediente

  • Zualy Jahiel Raya González
  • Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social del Estado de Tamaulipas. Ciudad Victoria, Tamaulipas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la totalidad de las partes se encuentran notificadas de la sentencia terminada de engrosar el nueve de agosto de dos mil veintitrés (fojas 318 a 334); así como del proveído de veintidós de agosto del año en curso (foja 384), por el que se tuvo por interpuesto el recurso de revisión hecho valer por la autoridad responsable Presidente de la República, por conducto de su representante legal; consecuentemente, remítanse los autos del juicio de amparo, el escrito original de expresión de agravios y una copia del mismo para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al órgano colegiado, al Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, en turno, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, para la substanciación del citado recurso. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Se comisiona a la secretaria para que certifique si algún tribunal colegiado tuvo conocimiento previo del presente asunto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Judith Alhelí Andrade Villafán, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, asistida de Martha Beatriz Ortega Santos, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, veintidós de agosto de dos mil veintitrés. Vista la cuenta, agréguese a los autos el oficio que remite la autoridad responsable Presidente de la República, por conducto de su representante legal, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia terminada de engrosar el nueve de agosto de dos mil veintitrés (fojas 318 a 334), dictada dentro del presente juicio de amparo. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el citado medio de impugnación, por lo que, una vez notificadas las partes, y dentro del término de tres días contado a partir del día siguiente al que se integre debidamente el expediente, remítase el mismo al Tribunal Colegiado en turno del Décimo Noveno Circuito, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, para su substanciación, junto con el original del escrito de expresión de agravios, así como la copia correspondiente para el Ministerio Público de la Federación adscrito a ese órgano colegiado, las copias restantes distribúyanse entre las partes para su notificación. Dese vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y fórmese cuaderno de antecedentes. Notifíquese, y personalmente a la quejosa. Así lo proveyó y firma Judith Alhelí Andrade Villafán, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, asistida de Martha Beatriz Ortega Santos, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cúmplase.

  4. Principal

    VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo ***, promovido por ****, contra actos de la Delegación Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social del Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y de otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el uno de diciembre de dos mil veintidós, en oficialía de partes de este Juzgado de Distrito, **** solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por el acto que a continuación se transcriben: "(.) III. AUTORIDADES RESPONSABLES: a) DELEGACIÓN ESTATAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS con domicilio ampliamente conocido en Ciudad Victoria Tamaulipas. b) DIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES COORDINACIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, con domicilio ampliamente conocido en Ciudad Victoria Tamaulipas. c) SUBDELEGADO ESTATAL CON RESIDENCIA EN NUEVO LAREDO TAMAULIPAS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, con domicilio conocido en Nuevo Laredo Tamaulipas. d) H. CONGRESO DE LA UNIÓN (CÁMARA DE DIPUTADOS Y CÁMARA DE SENADORES), con domicilio ampliamente conocido en la Ciudad de México. e) PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, con domicilio ampliamente conocido en la Ciudad de México. f) SECRETARIO DE GOBERNACIÓN, con domicilio ampliamente conocido en la Ciudad de México. IV. ACTO RECLAMADO: Del H. CONGRESO DE LA UNIÓN (Cámara de Senadores y Cámara de Diputados), reclamo la discusión, aprobación, expedición, sanción e iniciación de la vigencia del Decreto por el que se expide el artículo 132 fracción III de la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995, que es inconstitucional por vulnerar en mi perjuicio las garantías constitucionales contenidas en los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Del C. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, reclamo la promulgación, publicación y ejecución del Decreto por el que se expide el artículo 132 fracción III de la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995, que es inconstitucional por vulnerar en mi perjuicio las garantías constitucionales contenidas en los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Del C. SECRETARIO DE GOBERNACIÓN, reclamo, el refrendo, firma y publicación del Decreto por el que se expide el artículo 132 fracción III de la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995, que es inconstitucional por vulnerar en mi perjuicio las garantías constitucionales contenidas en los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Del C. DELEGADO ESTATAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, reclamo, el acto de aplicación del artículo 132 fracción III de la Ley del Seguro Social vigente mediante Resolución Negativa de Pensión de fecha 2 de marzo de dos mil veintidós, notificada el día 16 de los corrientes la cual es inconstitucional por vulnerar en mi perjuicio las garantías constitucionales contenidas en los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Del C. DIRECTOR DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES COORDINACIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, reclamo, el acuerdo y su orden de aplicación del artículo 132 fracción III de la Ley del Seguro Social vigente mediante Resolución Negativa de Pensión de fecha 2 de marzo de dos mil veintidós, notificada el día 16 de los corrientes la cual es inconstitucional por vulnerar en mi perjuicio las garantías constitucionales contenidas en los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Del C. SUBDELEGADO ESTATAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, reclamo, la ejecución del artículo 132 fracción III de la Ley del Seguro Social vigente mediante Resolución Negativa de Pensión de fecha 2 de marzo de dos mil veintidós, notificada el día 16 de los corrientes la cual es inconstitucional por vulnerar en mi perjuicio las garantías constitucionales contenidas en los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (.)" La promovente manifestó como derechos fundamentales violados los previstos en los artículos 1, 4, 16 y 123 de la Constitución Federal. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO. Mediante proveído de dos de diciembre de dos mil veintidós, este juzgado de distrito registró la demanda con el número de juicio de amparo ****, la admitió a trámite, dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete, solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, y señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 32 a 35). Ampliación de demanda de amparo. En auto de tres de marzo de dos mil veintitrés, se admitió la ampliación de la demanda de amparo en cuanto a la nueva autoridad responsable Jefe del Departamento de Pensiones Subdelegacional, con residencia en esta ciudad, de quien la quejosa reclamó la emisión del acto de aplicación del artículo 132, fracción III, de la Ley del Seguro Social, mediante Resolución Negativa de Pensión de fecha dos de marzo de dos mil veintidós, notificada el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós; solicitándose el informe justificado, y fijándose hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 270 a 277). Audiencia Constitucional. En la fecha y hora señaladas para ello, se llevó a cabo la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en Nuevo Laredo, Tamaulipas, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, 33, 35, 37, párrafo tercero, y 107 de la Ley de Amparo, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales, en específico en su punto de acuerdo cuarto, fracción XIX, segundo párrafo. Se afirma lo anterior, en virtud de que las consecuencias de los actos reclamados tienen ejecución en esta ciudad, donde este juzgado tiene jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así, del análisis íntegro practicado al escrito inicial de demanda y su ampliación, se concluye que la quejosa reclama: De las autoridades responsables Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Presidente de la República y Secretario de Gobernación, en el ámbito de su respectiva competencia: - La expedición, promulgación, referendo y publicación del Decreto por el que se expide el artículo 132, fracción III, de la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y cinco. De las autoridades responsables Delegado Estatal, Director de Prestaciones Económicas y Sociales, Subdelegado Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social y Jefe del Departamento de Pensiones Subdelegacional, todas del Instituto Mexicano del Seguro Social: - El acto de aplicación del artículo 132, fracción III, de la Ley del Seguro Social, en la resolución negativa de pensión de dos de marzo de dos mil veintidós, notificada el dieciséis de noviembre de esa anualidad. Apoya a lo anterior, por el criterio que la conforma, la tesis P. VI/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Así como la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. EXISTENCIA DE ACTOS RECLAMADOS. Son ciertos los actos reclamados de las autoridades responsables Secretaría de Gobernación, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos -por conducto de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social-, Social, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, consistentes en la expedición, promulgación, referendo y publicación del Decreto por el que se expide el artículo 132, fracción III, de la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, pues así lo manifestaron al rendir su respectivo informe justificado (fojas 58 a 60, 65 a 71, 196 y 258 a 262). Aunado a que la certeza de la norma reclamada no está sujeta a prueba, pues constituye un hecho notorio para quien resuelve, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dado que tratándose de la impugnación de actos de esa naturaleza, éstos se acreditan plenamente con la publicación de la disposición de observancia general cuestionada, en virtud de que el derecho no es objeto de prueba. Apoya a lo anterior, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba". De igual manera, es cierto el acto reclamado de las autoridades responsables Subdelegado, Delegado, Jefe de Prestaciones Económicas y Jefe del Departamento de Pensiones, todos del Instituto Mexicano del Seguro Social, que se hizo consistir en el acto de aplicación del artículo 132, fracción III, de la Ley del Seguro Social, en la resolución negativa de pensión de dos de marzo de dos mil veintidós, notificada el dieciséis de noviembre de esa anualidad, pues así lo manifestaron al rendir su respectivo informe justificado (fojas 49, 79, 202 a 256 y 303 a 308). Lo que además se corrobora con las constancias que en copia certificada exhibieron el Delegado Estatal (fojas 80 a 133), el Jefe de Prestaciones Económicas (fojas 203 a 256), y el Jefe de Departamento de Pensiones (fojas 304 a 308), todos del Instituto Mexicano del Seguro Social, como anexo a sus informes con justificación, documentales a las que se otorga pleno valor probatorio por haber sido expedidas por funcionario público en ejercicio de sus funciones, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2. Ilustra lo anterior, por el criterio que la conforma, la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Previamente al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia invocadas por las partes o que de oficio este juzgado advierta, de conformidad con lo señalado en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, por lo que hace al refrendo y publicación del artículo 132 de la Ley del Seguro Social, tildado de inconstitucional en su fracción III, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción III, de la Ley de Amparo. Los citados preceptos disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; (.)" El numeral transcrito en primer término, establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia ley de la materia; por otra parte, de conformidad con la fracción III del transcrito numeral 108, el refrendo del decreto promulgatorio de una ley o la publicación de ésta, serán reclamables en amparo únicamente cuando se les atribuyan vicios propios. Luego, tomando en consideración que en el presente sumario, el objeto de estudio lo constituye, entre otros actos, el refrendo y la publicación del artículo 132, fracción III, de la Ley del Seguro Social, sin que se reclamen por vicios propios, el juicio de amparo resulta improcedente respecto de dichos actos, atribuidos al Secretario de Gobernación y al Presidente de la República; en consecuencia, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio a su respecto por cuanto a los referidos actos reclamados, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio. Sustenta esta decisión, la jurisprudencia PC.I.A. J/49 A del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice lo siguiente: "AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL QUEJOSO IMPUGNA EL REFRENDO Y LA PUBLICACIÓN DE AQUÉLLAS, PERO NO POR VICIOS PROPIOS. Si el quejoso no combate por vicios propios los actos de refrendo y publicación de una norma general, de modo que omite exponer conceptos de violación y no hay causa de pedir suficiente para destruir la pretensión de su constitucionalidad, y sin que se advierta que proceda la suplencia de la queja deficiente, específicamente por una cuestión de constitucionalidad formal de esos actos, procede decretar la improcedencia del juicio en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracciones III y VIII, ambos de la Ley de Amparo". Al no haberse hecho valer diversa causa de improcedencia, y esta juzgadora no advierte alguna de oficio, se procede al estudio de fondo del asunto, atendiendo a los conceptos de violación formulados por la quejosa. QUINTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Previo al estudio de los conceptos de violación formulados por la promovente, resulta necesario precisar que la fracción III del artículo 132 de la Ley del Seguro Social, aquí reclamada, fue derogada mediante el "DECRETO por el que se derogan las fracciones II y III del artículo 132 de la Ley del Seguro Social, y las fracciones II y III del artículo 136 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado", publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, vigente a partir del día siguiente al de su publicación. Sin embargo, lo anterior no produce una cesación de efectos del acto reclamado, pues dicho precepto se reclama con motivo de un acto de aplicación, contenido en la "Resolución Negativa de Pensión", de dos de marzo de dos mil veintidós (foja 304), por lo que esta juzgadora analizará el referido acto de aplicación, pues en el caso, la derogación acontecida sólo produce efectos hacia el futuro, impidiendo que ella se aplique a hechos realizados con posterioridad a la fecha en que se produjo, pero no abarca los efectos realizados durante la época en que estuvo en vigor, los cuales, en el caso, provocaron una afectación en la esfera jurídica de la quejosa, que solo puede ser subsanada mediante la protección de la Justicia de la Unión. Aplica a lo anterior, por el criterio que la conforma y por identidad, la jurisprudencia P./J.51/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS. APLICACIÓN DE LA TESIS JURISPRUDENCIAL QUE LLEVA POR RUBRO "LEY DEROGADA. ESTUDIO IMPROCEDENTE DE SU CONSTITUCIONALIDAD, SIN ACTO CONCRETO DE APLICACIÓN." (PUBLICADA CON EL NÚMERO 192 EN EL APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 1917-1995, TOMO I, MATERIA CONSTITUCIONAL, PÁGINA 189). Del análisis de las ejecutorias que integran la jurisprudencia citada, especialmente de la primera de ellas, se deriva que su origen yace en la impugnación de normas cuya aplicación entrañaba una prohibición in genere, que sólo prevalecería durante la vigencia de la ley, pero que derogada cesaría su efecto prohibitivo permitiendo, por tanto, que el gobernado actuara en aquel sentido. En esta hipótesis, la concesión de la protección constitucional no tendría efecto alguno, dado que en ningún caso podría surtir efectos sobre el pasado, pues no podría volver en el tiempo para reparar la violación causada por la aplicación de aquella norma, facultando al quejoso para realizar lo que le fue vedado y que ahora le es permitido. Por ello, debe estimarse que la jurisprudencia en comento sólo es aplicable cuando la ley reclamada entraña una prohibición y no cuando genera una obligación de actuar en determinado sentido, o sea, una obligación de hacer o permitir que se haga. En esta última hipótesis, la derogación de la ley no libera a quienes fueron sus destinatarios de las consecuencias que hayan podido o puedan derivar de su observancia o inobservancia por todo el periodo durante el que estuvo vigente, ya que, a pesar de la derogación, los obligados a acatarla deben responder de los actos realizados al amparo de la misma y, por ende, sufrir las consecuencias desfavorables derivadas de su aplicación; a más de que, por regla general y salvo disposición expresa -como sería aquella norma transitoria que impidiera la aplicación de la ley derogada, incluso a los hechos ocurridos bajo su vigencia, en cuyo caso quedaría destruida la ley desde su promulgación misma-, la derogación de la ley sólo produce efectos hacia el futuro, impidiendo que ella se aplique a hechos realizados con posterioridad a la fecha en que se produjo, pero no abarca los realizados durante la época en que estuvo en vigor, los cuales provocaron una afectación en la esfera jurídica de los gobernados que sólo puede ser subsanada, en su caso, mediante la protección de la Justicia de la Unión." Precisado lo anterior, en sus conceptos de violación la quejosa argumenta que la determinación reclamada que declaró improcedente su solicitud de pensión por viudez, vulnera los derechos de igualdad y seguridad social previstos en los artículos 1 y 123, apartado A, fracción XXIX, de la Constitución Federal, al restringir sus derechos sólo por tener menos de un año desde la fecha en que contrajo matrimonio con el asegurado, y la fecha de su extinción, ello con fundamento en el artículo 132, fracción III, de la Ley del Seguro Social. Argumento que se estima fundado, por lo siguiente. El artículo 1 de la Constitución Federal, establece lo siguiente: "Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas." Ahora, conforme con lo dispuesto en ese precepto constitucional, debe precisarse que el principio de igualdad ante la ley no implica necesariamente que todos los individuos deban encontrarse siempre y en cualquier circunstancia en condiciones de absoluta igualdad, sino que dicho principio se refiere a la igualdad jurídica, que se traduce en el derecho de todos los gobernados de recibir el mismo trato que aquellos que se encuentran en similar situación de hecho. Lo anterior significa que no toda desigualdad de trato es violatoria de los derechos fundamentales, sino sólo cuando produce distinción entre situaciones objetivas y de hecho iguales, sin que exista para ello una justificación razonable e igualmente objetiva; por ello, a iguales supuestos de hecho corresponden similares situaciones jurídicas, pues en este sentido el legislador no tiene prohibición para establecer en la ley una desigualdad de trato, salvo que ésta resulte injustificada. Al respecto, cobra particular importancia la Jurisprudencia 1ª./J. 37/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "IGUALDAD. CASOS EN LOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE HACER UN ESCRUTINIO ESTRICTO DE LAS CLASIFICACIONES LEGISLATIVAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 1º. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). Por tanto, debe decirse que para estar en concordancia con los derechos constitucionales de igualdad debe atenderse a las consecuencias jurídicas que derivan de la ley, las que deben ser de tal manera proporcionada que ayuden a conseguir un trato igualitario. Por su parte, el artículo 123, apartado A, fracción XXIX, Constitucional, prevé lo siguiente: "Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: XXIX. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo: (.) XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares. (.)" El citado precepto tutela el derecho a un régimen completo de seguridad y justicia social, a través del cual se protege a los trabajadores en activo o pensionados. A su vez, el artículo 132, fracción III, de la Ley del Seguro Social, a la fecha de emisión del oficio reclamado, disponía lo siguiente: "Artículo 132. No se tendrá derecho a la pensión de viudez que establece el artículo anterior, en los siguientes casos: I. Cuando la muerte del asegurado acaeciera antes de cumplir seis meses de matrimonio; II. Cuando hubiese contraído matrimonio con el asegurado después de haber cumplido éste los cincuenta y cinco años de edad, a menos que a la fecha de la muerte haya transcurrido un año desde la celebración del enlace, y III. Cuando al contraer matrimonio el asegurado recibía una pensión de invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada, a menos de que a la fecha de la muerte haya transcurrido un año desde la celebración del matrimonio. Las limitaciones que establece este Artículo no regirán cuando al morir el asegurado o pensionado la viuda compruebe haber tenido hijos con él". Del numeral transcrito se observan los supuestos en los que el cónyuge supérstite no tendrá derecho a recibir la pensión de viudez, esto es, cuando la muerte del asegurado acontezca antes de cumplir seis meses de matrimonio, cuando hubiese contraído matrimonio con el asegurado después de haber cumplido éste los cincuenta y cinco años de edad, a menos que a la fecha de la muerte haya transcurrido un año desde la celebración del enlace, o cuando al contraer matrimonio, el asegurado recibía una pensión de invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada, a menos de que a la fecha de la muerte haya transcurrido un año desde la celebración del matrimonio. Bajo ese contexto, confrontado el contenido del arábigo reclamado con los preceptos constitucionales, se advierte que el derecho de igualdad fue inobservado en su creación, lo que transgrede además el derecho fundamental de seguridad social, porque si la pensión de viudez se actualiza con la muerte del trabajador o del pensionado, y de acuerdo al orden de preferencia de los familiares derechohabientes, en primer lugar se encuentra el cónyuge supérstite siempre que no se tengan hijos, no debe ser motivo para no otorgarla por circunstancias ajenas al trabajador o pensionado, como lo es que su muerte acaeciera antes de cumplir un año de matrimonio. En efecto, para la procedencia de la pensión de viudez el legislador la condiciona a que la muerte del trabajador o pensionado no ocurra dentro de los periodos señalados, posteriores a la celebración del matrimonio, es decir, a una causa ajena a él mismo, porque si bien la fijación de la fecha del matrimonio se encuentra a su alcance, no lo es la de su muerte, atendiendo a las circunstancias en que puede producirse. Así es, si un trabajador contrae matrimonio, y a su muerte no habían transcurrido seis meses o un año, entonces el cónyuge supérstite no tendrá derecho a la pensión de viudez, a menos de que hubiesen procreado hijos. Ello es así, pues el último párrafo del invocado numeral 132 de la Ley del Seguro Social, establece que tales limitaciones no serán aplicables cuando al morir el trabajador o el pensionado, el cónyuge compruebe tener hijos con él, lo que hace aún más evidente la inconstitucionalidad del aludido normativo 132 de la Ley del Seguro Social, ya que por la simple existencia de hijos, el legislador, sin mayor explicación, hace procedente el otorgamiento de la pensión de viudez. Al crearse el artículo reclamado el legislador condicionó que a la muerte del trabajador o pensionado si ésta no ocurre dentro de los periodos señalados de seis meses o un año, posterior a la celebración del matrimonio, se estableció la improcedencia de la pensión de viudez, tomando en consideración una causa ajena al afiliado, porque si bien la fijación de la fecha de dicho matrimonio se encuentra a su alcance, no lo es la de su muerte, atendiendo a las circunstancias en que pueda producirse, además, el legislador autorizó el pago de la pensión de viudez cuando la cónyuge supérstite hubiese procreado hijos, causa también ajena al afiliado y a su cónyuge. En relación con el derecho fundamental de la seguridad social, esta juzgadora estima que se contraviene, por lo siguiente. El artículo 123, apartado A, fracción XXIX, de la Constitución Federal, considera como derecho fundamental de los trabajadores, protegerlos ante la contingencia de su muerte, lo que necesariamente implica la protección de su familia en caso de fallecimiento, de ahí que tendría que analizarse si los criterios de distinción por los cuales el legislador estimó que dicho acontecimiento no los protege en determinados supuestos, tuvo motivos realmente justificados para restringir los derechos que otras personas, en igual situación, sí tienen. Dicho precepto tutela el derecho a un régimen completo de seguridad y justicia social, a través del cual se protege a los trabajadores en activo o pensionados, y, en vía de consecuencia, a sus beneficiarios, entre los cuales se ubica la esposa, sin hacer mayor distinción al respecto, es decir, que se reconoce el derecho de la cónyuge supérstite a la seguridad social, a través del otorgamiento de medidas económicas o en especie, tendientes a lograr su protección, mediante el disfrute de una vida adecuada y el acceso a la salud, no obstante que el asegurado hubiese fallecido antes de que transcurriera el plazo de un año entre la fecha en la cual contrajeron nupcias y aquella en que aconteciera su deceso. Tiene aplicación la tesis XVII.1º.C.T.41 L (10ª.) sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro y texto disponen lo siguiente: "PENSIÓN DE VIUDEZ. EL ARTÍCULO 132, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, AL LIMITAR SU OTORGAMIENTO AL CÓNYUGE SUPÉRSTITE A QUE CUANDO AL CONTRAER MATRIMONIO EL ASEGURADO RECIBÍA UNA PENSIÓN DE INVALIDEZ, VEJEZ, O CESANTÍA EN EDAD AVANZADA, A MENOS DE QUE, A LA FECHA DE LA MUERTE, HAYA TRANSCURRIDO UN AÑO DESDE LA CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO, ES VIOLATORIO DE LOS ARTÍCULOS 1º. Y 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. De los artículos 1º. y 123, apartado A, fracción XXIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierten las garantías de igualdad y seguridad social, que tutelan los derechos subjetivos del gobernado a ser tratado en la misma forma que todos los demás, y los derechos de los beneficiarios del trabajador de quedar protegidos ante su fallecimiento. Bajo ese tenor, si la pensión de viudez se actualiza con la muerte del trabajador, el numeral 132, fracción III, de la Ley del Seguro Social, al limitar su otorgamiento a que cuando al contraer matrimonio el asegurado recibía una pensión de invalidez, vejez, o cesantía en edad avanzada, a menos de que a la fecha de la muerte haya transcurrido un año desde la celebración del matrimonio, transgrede los derechos fundamentales protegidos por las garantías aludidas, habida cuenta que condiciona su otorgamiento a una causa ajena al trabajador, pues si bien, la fijación de la data del matrimonio se encuentra a su alcance, no lo está la de su muerte, atendiendo a las circunstancias en que puede producirse. Aunado a que el último párrafo del numeral citado establece que estas limitaciones no regirán cuando al morir el asegurado o pensionado la viuda compruebe haber tenido hijos con él, lo que hace más evidente la inconstitucionalidad del precepto en comento, ya que por la simple existencia de hijos el legislador, sin mayor explicación, hace procedente el otorgamiento de la pensión de viudez. Luego, dado que en la exposición de motivos no se expresó justificación alguna del porqué el trato diferente otorgado al cónyuge supérstite, en el caso de la exclusión marcada en el referido artículo 132, ni aquéllos se aprecian del propio contexto de la ley, debe estimarse que esta exclusión resulta injustificada y, por ende, dicho precepto es violatorio de los citados artículos 1º. y 123 constitucionales". En razón de lo expuesto y dado que, en el presente caso, el legislador no expresó en la exposición de motivos justificación alguna del porqué el trato diferente otorgado al cónyuge supérstite, en el caso de las exclusiones marcadas en el invocado numeral 132 de la Ley del Seguro Social -como lo es la relativa a la temporalidad del matrimonio a la muerte del de cujus- ni aquéllos se aprecian del propio contexto de la ley reclamada, debe estimarse que tal exclusión resulta injustificada y, por ende, violatoria de la garantía de igualdad y al derecho fundamental de la seguridad social prevista en la propia Constitución Federal. Ahora bien, el acto de aplicación de la norma controvertida, el cual se contiene en la "RESOLUCIÓN NEGATIVA DE PENSIÓN", de dos de marzo de dos mil veintidós, dispone lo siguiente: (.) De dicha resolución se obtiene que se declaró improcedente el otorgamiento de la pensión de viudez a la quejosa, sustentándose en el artículo 132, fracción III, de la Ley del Seguro Social, porque a la fecha en que la promovente contrajo matrimonio con el extinto asegurado, él se encontraba disfrutando de una pensión de invalidez, no habiendo transcurrido un año del enlace hasta la fecha de defunción, aunado a que no comprobó haber procreado hijos con él. Numeral que, conforme con lo expuesto, resulta inconstitucional, porque como estableció el Alto Tribunal, el derecho a recibir una pensión de viudez surge con la muerte del trabajador pensionado, y el hecho de que la esposa o concubina no hubiesen tenido hijos con el de cujus, o que hubiese transcurrido menos de un año entre la fecha en que se llevó a cabo el matrimonio y aquélla en que falleció el trabajador, no debe ser motivo para negar ese beneficio, se insiste, por corresponder a circunstancias ajenas al asegurado, dado que la finalidad de la pensión de viudez es la subsistencia de la concubina o cónyuge supérstite, beneficiaria del trabajador, después de acaecida su muerte. Además, la distinción establecida entre la viuda que comprueba haber tenido hijos con el asegurado, y la concubina o cónyuge supérstite que no los hubiese tenido, no tiene razón legal alguna, porque se funda exclusivamente en la simple existencia de hijos, sin que en el proceso legislativo se hubiesen expuesto motivos que la justifiquen, lo cual hace que el precepto incurra en una de las prohibiciones específicas de discriminación contenidas en el artículo 1, párrafo tercero, Constitucional, al menoscabar los derechos de aquellas personas que no tengan hijos, lo que atenta contra su dignidad humana, y tiene por objeto anular o menoscabar sus derechos y libertades, en contravención al derecho fundamental de igualdad previsto en ese numeral, lo que, a su vez, impide que se cumplan los fines de protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, artesanos, empleados domésticos, y otros sectores sociales y sus familiares, previstos en el artículo 123, apartado A, fracción XXIX, de la misma norma fundamental, a través del otorgamiento de los seguros relacionados con el ramo de vida previstos en la Ley del Seguro Social. Máxime, que la pensión por causa de muerte no es una concesión gratuita o generosa, sino que constituye un seguro que se activa con la muerte del trabajador o pensionado, y deriva directamente de las aportaciones que éste haya hecho por determinado número de años de trabajo productivo y una de las finalidades de tales aportaciones es garantizar, aunque sea en una parte, la subsistencia de su familia después de acaecida su muerte; así el disfrute de ese derecho busca hacer efectiva la garantía de la previsión social, orientada a otorgar tranquilidad y bienestar de los familiares del trabajador o pensionado finado. De esta manera, no obstante que la Constitución Federal prevé como derecho fundamental la igualdad de las personas ante la ley, y el derecho a que los integrantes de las familias de los trabajadores, sin mayor distinción, disfruten, entre otros, de los seguros de vida, el legislador ordinario, con infracción a tales valores fundamentales, estableció un trato distinto para tener acceso a dicha pensión proporcionada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, tratándose de la concubina o cónyuge supérstite que no tenga hijos. Apoya estas consideraciones, por el sentido que la orienta, la jurisprudencia P./J. 150/2008 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ISSSTE. EL ARTÍCULO 136 DE LA LEY RELATIVA, AL LIMITAR LA PENSIÓN DE VIUDEZ DEL CÓNYUGE SUPÉRSTITE, ES VIOLATORIO DE LOS ARTÍCULOS 1o. Y 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007). El artículo 129 de la ley establece que ante la muerte del trabajador por causas ajenas al servicio, cualquiera que sea su edad y hubiere cotizado al Instituto por 3 años o más, dará origen a las pensiones de viudez, concubinato, orfandad o ascendencia; asimismo, el artículo 131 contiene el orden de los familiares derechohabientes para recibirla y en primer lugar señala al cónyuge supérstite sólo si no hay hijos o en concurrencia con éstos si los hay y son menores de 18 años o mayores de esa edad si están incapacitados o imposibilitados parcial o totalmente para trabajar; o bien, hasta 25 años previa comprobación de que están realizando estudios de nivel medio o superior en planteles oficiales o reconocidos y que no tengan trabajo. Por su parte, el artículo 136 de la ley del Instituto refiere una serie de supuestos en los cuales el cónyuge supérstite no tendrá derecho a recibir la pensión de viudez; sin embargo, esto último transgrede las garantías de igualdad y de seguridad social, porque si la pensión de viudez se actualiza con la muerte del trabajador o del pensionado, y de acuerdo al orden de preferencia de los familiares derechohabientes, en primer lugar se encuentra el cónyuge supérstite siempre que no se tengan hijos; no deben ser motivo para no otorgarla, circunstancias ajenas al trabajador o pensionado, como lo es que su muerte suceda antes de cumplir 6 meses de matrimonio o un año, cuando a la celebración de éste, el trabajador fallecido tuviese más de 55 años o tuviese una pensión de riesgos de trabajo o invalidez, es decir, condiciona la muerte del trabajador o del pensionado que es una causa ajena al mismo, porque si bien la fijación de la fecha de dicho matrimonio se encuentra a su alcance, no lo es la de su muerte. A mayor abundamiento, el último párrafo del referido artículo establece que tales limitaciones no serán aplicables cuando al morir el trabajador o el pensionado, el cónyuge compruebe tener hijos con él, lo que hace aún más evidente la inconstitucionalidad del precepto en comento, ya que por la simple existencia de hijos, el legislador sin mayor explicación, hace procedente el otorgamiento de la pensión de viudez. En esa virtud, atendiendo a que el artículo 123, Apartado B, fracción XI, inciso a) de la Constitución Federal considera como derecho fundamental de los trabajadores protegerlos ante la contingencia de su muerte, lo que necesariamente implica la protección de su familia en caso de fallecimiento, tendría que analizarse si los criterios de distinción por los cuales el legislador estimó que dicho acontecimiento no los protege en determinados supuestos, tuvo motivos realmente justificados para restringir los derechos que otras personas, en igual situación, sí tienen, y dado que el legislador no expresó en la exposición de motivos justificación alguna del porqué el trato diferente otorgado al cónyuge supérstite, en el caso de las exclusiones marcadas en el artículo 136, ni aquéllos se aprecian del propio contexto de la ley, debe estimarse que tal exclusión resulta injustificada y por ende, violatoria de la garantía de igualdad y al derecho fundamental de la seguridad social prevista en la propia Constitución." También es aplicable, por sus razonamientos, la tesis 1o.28 L, emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, que establece lo siguiente: "PENSIÓN POR VIUDEZ. PARA OTORGARLA NO DEBE EXIGIRSE LA CONDICIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 154, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL DEROGADA, CONSISTENTE EN QUE A LA FECHA DE LA MUERTE DEL ASEGURADO QUE GOZABA DE UNA PENSIÓN POR INVALIDEZ, VEJEZ O CESANTÍA EN EDAD AVANZADA, HAYA TRANSCURRIDO UN AÑO DESDE LA CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO, AL SER INCONSTITUCIONAL DICHO PRECEPTO. Hechos: Una persona demandó al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el otorgamiento de una pensión por viudez a partir de la fecha del fallecimiento de su esposo, con los incrementos y mejoras correspondientes, precisando que su cónyuge, antes de morir, percibía una pensión por cesantía en edad avanzada. Con las pruebas que aportó en el juicio, la actora demostró que tuvo la calidad de concubina del pensionado por 28 años aproximadamente, antes de haber contraído matrimonio civil con la persona fallecida; por tanto, quedó acreditada su calidad de concubina de conformidad con el artículo 152 de la Ley del Seguro Social derogada y, en consecuencia, se condenó al instituto demandado a otorgarle la pensión solicitada. Contra esa determinación el instituto promovió juicio de amparo directo y argumentó que la quejosa carecía del derecho a recibir la pensión porque el fallecimiento aconteció antes de que transcurriera un año desde la celebración del matrimonio. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la condición de que el matrimonio haya durado un año cuando el asegurado gozaba de una pensión por invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada, establecida en el artículo 154, fracción III, de la Ley del Seguro Social derogada, no debe exigirse para otorgar la pensión por viudez, pues basta que exista el matrimonio. Justificación: Lo anterior es así, pues el artículo 154 de la citada Ley del Seguro Social, al prever que la cónyuge supérstite no tendrá derecho a la pensión por viudez cuando la muerte del asegurado acaeciere antes de cumplir seis meses de matrimonio (fracción I); cuando hubiese contraído matrimonio con el asegurado después de haber cumplido éste los cincuenta y cinco años de edad, a menos que a la fecha de la muerte haya transcurrido un año desde la celebración del enlace (fracción II), o cuando al contraer matrimonio el asegurado recibía una pensión de invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada, a menos de que a la fecha de la muerte haya transcurrido un año desde la celebración del matrimonio (fracción III), es inconstitucional, ya que dicha pensión se actualiza con la muerte del trabajador o del pensionado y, de acuerdo al orden de preferencia de los familiares derechohabientes para obtenerla, en primer lugar se encuentra el cónyuge supérstite, aunque no hubieran tenido hijos; por tanto, debe excluirse la aplicación del requisito de tiempo transcurrido entre la celebración del matrimonio y la muerte del asegurado, ya que tal precepto establece para no otorgarla circunstancias ajenas al trabajador o pensionado, como lo es que su muerte suceda antes de cumplir seis meses o un año de matrimonio. Además, basta que el asegurado tuviera a su favor una pensión por cesantía en edad avanzada, para que la beneficiaria tuviera derecho a la pensión por viudez." SEXTO. DECISIÓN Y EFECTOS. Al ser fundado el concepto de violación analizado en el apartado anterior, con fundamento en los artículos 74, fracción IV, y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa ****, para el efecto de que las autoridades responsables, en el ámbito de sus atribuciones: 1. Desincorporen de la esfera jurídica de la quejosa, el artículo 132, fracción III, así como su último párrafo, de la Ley del Seguro Social. 2. Dejen insubsistente la "RESOLUCIÓN NEGATIVA DE PENSIÓN", de dos de marzo de dos mil veintidós, por la que se negó la pensión por viudez, y se ordena a la autoridad responsable Jefe del Departamento de Pensiones Subdelegacional, con residencia en esta ciudad, emitir otra donde prescinda de citar como fundamento expresa o implícitamente el artículo 132, fracción III, así como su último párrafo, de la Ley del Seguro Social. 3. Se le reconozca a la quejosa ****, el derecho a recibir la pensión por viudez. SÉPTIMO. PUBLICACIÓN DE SENTENCIA. De conformidad con lo establecido en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Federal y 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los órganos jurisdiccionales deben proteger los datos personales de las partes en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que éstas hagan valer el derecho de oponerse a su publicación, por lo que ante la falta de manifestación expresa de las partes, de oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que procede es ordenar la publicación de la presente sentencia con supresión de datos personales. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 63, fracción IV, 74 y 75 de la Ley de Amparo; se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo ***, por los actos y autoridades señalados en el considerando cuarto, por los motivos ahí expuestos. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ****, por los actos reclamados de las autoridades responsables señaladas en el considerando segundo, y para los efectos precisados en el considerando sexto de esta sentencia. TERCERO. Publíquese esta sentencia con supresión de datos personales, en términos de su último considerando. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Judith Alhelí Andrade Villafán, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, hoy nueve de agosto de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado, ante Martha Beatriz Ortega Santos, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe

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