Zorina Medrano Jimenez
Expediente 211/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 211/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Zorina Medrano Jimenez
Actuaciones
- Principal
Nuevo Laredo, Tamaulipas, nueve de agosto de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, se advierte que no se interpuso recurso de revisión en contra de la resolución de veintinueve de junio de dos mil dieciocho (fojas 35 a 37), en la que se sobreseyó fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de derechos fundamentales, asimismo, que ya transcurrió el término de diez días que señala el numeral 86 de la Ley de Amparo, para hacerlo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se acuerda: Se declara que ha causado estado la resolución de veintinueve de junio de dos mil dieciocho, que sobreseyó fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 211/2018-2, promovido por Zorina Medrano Jiménez, contra los actos que reclamó de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como concluido. Por otra parte, se considera que el presente juicio es susceptible de destrucción en términos de lo expuesto en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, en razón de que no existen documentos originales exhibidos por las partes y no es de relevancia documental. Asimismo, conforme al acuerdo citado, en su oportunidad, remítase el presente asunto a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos conducentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado, relativo al registro de juicios de amparo. Notifíquese.(2)
- Principal
SE NOTIFICA POR ESTA VÍA A LA PARTE QUEJOSA: "Nuevo Laredo, Tamaulipas, dieciocho de julio de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos, se advierte que el veintinueve de junio del año en curso se dictó sobreseimiento fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, ordenándose la notificación personal a las partes. En cumplimiento a ello, la actuaria de la adscripción notificó dicho auto al licenciado Ricardo Alberto Cruz Haro, en su carácter de autorizado de la impetrante (foja 42). Sin embargo, revisado que fue el expediente se advierte que dicho profesionista no es parte en el juicio que nos ocupa. Consecuentemente, se comisiona a la actuaria de la adscripción para que notifique la determinación de veintinueve de junio pasado a la quejosa Zorina Medrano Jiménez, levantando la constancia correspondiente. Notifíquese personalmente a la quejosa. " ; Nuevo Laredo, Tamaulipas, veintinueve de junio de dos mil dieciocho. Vista la cuenta; agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad y como complemento del mismo, exhibe copia certificada de las constancias que integran el expediente laboral 549/7/2009 de su índice. Ahora bien, de la lectura íntegra de las constancias que exhibe la autoridad responsable, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que cesaron los efectos del acto reclamado. En efecto, el precepto aludido establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El texto transcrito establece que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hubieren cesado; es decir, cuando el acto que constituye la materia del juicio quede insubsistente, y las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, extinguiendo por completo todas las consecuencias jurídicas, a virtud de un acto posterior y diverso. Así lo sostuvo la Segunda Sala del Tribunal Constitucional al emitir la jurisprudencia 2a./J. 59/99 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, materia común, página 38, Novena Época, registro 193758, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En efecto, en el presente caso se actualiza dicha causa de improcedencia, toda vez que el acto materia de reclamo por parte de la quejosa, consistente en la omisión de acordar su escrito de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, presentado en el expediente laboral 549/7/2009 ha cesado en sus efectos. Para demostrar la causa de improcedencia precisada, se estima necesario invocar las constancias allegadas en fotocopias certificadas por el Presidente de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante oficio 956/2018 recibido en esta misma fecha, a las que se les da valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de las que se advierte que en fecha veinte de junio de dos mil dieciocho, se dio contestación al escrito de veintitrés de mayo del año en curso, presentado por la quejosa en el expediente laboral 549/7/2009. Esta actuación provoca la cesación de efectos del acto reclamado por la impetrante, quien se dolía de la omisión de la autoridad responsable -Junta Especial Número 7 de la Local de Conciliación y Arbitraje- en acordar su escrito presentado el veintitrés de mayo de dos mil dieciocho en el procedimiento laboral 549/7/2009. Esto, porque la autoridad responsable ha destruido todos los efectos de la omisión reclamada, de modo tal que las cosas vuelven al estado que tenían antes, como si se hubiera otorgado el amparo. Se afirma lo anterior, ya que debe tomarse en consideración que la demanda de derechos fundamentales fue presentada el cuatro de junio de dos mil dieciocho, esto es, con antelación a que se emitiera el acuerdo correspondiente a la promoción de la quejosa, de veintitrés de mayo de esta anualidad, presentada dentro del expediente laboral 549/7/2009 -cuya omisión de acordar se reclama en el presente controvertido constitucional-, lo que lleva a concluir que la omisión que en un principio se reclamó ha dejado de existir, pues durante la tramitación del juicio de amparo que ahora se resuelve, la junta responsable dictó el auto correspondiente al escrito de la impetrante en dicho juicio laboral; proceder con el que ha destruido todos los efectos de esa omisión reclamada, de modo tal que las cosas vuelven al estado que tenían antes, como si se hubiera otorgado el amparo. Lo anterior atendiendo a que la demanda de garantías se presentó el cuatro de junio de dos mil dieciocho y con posterioridad a ello, es decir, hasta el veinte del citado mes y año, la autoridad responsable acordó el escrito presentado por la impetrante el veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, en los autos del expediente laboral 549/7/2009 de su índice. De ahí que, resulta incuestionable que cesaron los efectos del acto impugnado, restituyéndose a al impetrante en el pleno goce del derecho fundamental que estimó vulnerado, toda vez que constituye una situación idéntica a la que habría existido si el acto reclamado no se hubiese planteado en el mundo fáctico. Por tanto, como la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la destrucción de los actos de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos y que, además, no dejó huella alguna en la esfera jurídica de la quejosa -como aconteció en el presente caso- resulta indudable que respecto del acto ya precisado que le fue reclamado a la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y, en consecuencia, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia constitucional en el juicio de garantías promovido por Zorina Medrano Jiménez, en términos de la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia. No obsta a lo anterior el hecho de que el informe justificado rendido por la autoridad responsable, no haya estado a la vista de las partes por el plazo de ocho días que dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, toda vez que al advertirse una causa de improcedencia de manera notoria, manifiesta e indudable, -como en el caso acontece-, la cual con ningún elemento de prueba pudiera desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, página 386, registro 184572, del rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Consecuentemente, se dejan sin efecto las diez horas del cinco de julio de dos mil dieciocho, señaladas para el verificativo de la audiencia constitucional en este juicio de garantías (foja 5). Sin que pase inadvertido que la quejosa en su escrito inicial de demanda señala como derecho fundamental violado en su perjuicio, el consagrado en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (derecho de petición); sin embargo, al tratarse el acto reclamado de una omisión acontecida en un procedimiento laboral, el actuar de la autoridad se rige -en el caso-, por lo dispuesto en el artículo 17 constitucional. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno relativo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente. (2)
- Principal
Nuevo Laredo, Tamaulipas, seis de junio de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por ***************, contra actos de la Junta Número Siete de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1º, 3°, 107, 108, 115 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite en sus términos; fórmese expediente y regístrese con el número 211/2018-2, que es el que cronológicamente le corresponde. Incidente de suspensión Sin que haya lugar a tramitar incidente de suspensión por no haber sido solicitado. Audiencia constitucional Cítese a las partes a la audiencia constitucional que tendrá verificativo en este juzgado a las diez horas del cinco de julio de dos mil dieciocho. Agente del Ministerio Público Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete. Informe justificado Pídase informe justificado a la autoridad responsable, la que en términos del precepto 117 de la Ley de Amparo, deberá rendir dentro del plazo de quince días, siguientes a aquel en que reciba el oficio en el que se le solicita, en el cual deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, y de ser el caso, remita copia certificada y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, en la inteligencia que de no hacerlo así, se presumirá cierto el acto que se reclama, salvo prueba en contrario; asimismo, se le impondrá una multa de cien a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio; lo anterior, en términos del artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, y de conformidad con los artículos primero, segundo y quinto transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Causas de sobreseimiento Con fundamento en los artículos 64 y 251 de la ley de la materia, prevéngase a las partes que para el caso de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, debiendo, de ser posible, acompañar las constancias que así lo acrediten; de no hacerlo, a la omisa se le impondrá una multa de treinta a trescientos días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme a las disposiciones establecidas en la parte final del párrafo que antecede. Conocimiento previo Requiérase a la autoridad responsable para que al rendir su informe con justificación, comunique a este órgano de control constitucional si tiene conocimiento de algún juicio de amparo que se relacione con el acto que se reclama, o sea, que haya sido promovido por la misma parte quejosa o que derive del mismo procedimiento del que emana el acto que aquí se reclama; lo anterior, a efecto de aprovechar, en su caso, el conocimiento previo del asunto y evitar el dictado de resoluciones contradictorias. Tercero interesado Este órgano jurisdiccional se reserva tener con el carácter de tercero interesado a alguna persona, hasta en tanto la autoridad rinda su informe justificado, en el que se advierta que le asiste tal carácter, por afectarle de manera directa. Capítulo de pruebas Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase a la promovente ofreciendo como prueba de su intención la documental que anexa a su escrito de demanda, sin perjuicio de ser tomada en consideración en el momento procesal oportuno. Domicilio y autorizado Como lo solicita la quejosa, téngasele señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el mencionado en su escrito de demanda y como autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la licenciada **********. Habilitación de días y horas inhábiles Atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia como lo dispone el artículo 17 Constitucional, y conforme a lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico En atención al Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, y artículo 3 de la Ley de Amparo, que prevé que los órganos están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincida íntegramente para la consulta de las partes; por consiguiente, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Transparencia Por último, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de dos de junio dos mil nueve, así como en el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar la información que considere en relación con el expediente en el que se actúa, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte en este asunto, atendiendo las formalidades previstas en la legislación federal aplicable. Notifíquese. (2)
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