Zotero Mendez Martinez
Expediente 994/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 994/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 05/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Zotero Mendez Martinez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
MESA II "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el auto que DESECHÓ la demanda de amparo origen de este expediente; con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso d) del citado Acuerdo General, y atendiendo a que se desechó la demanda, este expediente es DESTRUIBLE, después de tres años. Se estima que el expediente carece de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA II "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de septiembre de dos mil veintidós. Vista la diligencia de trece de septiembre del presente año, en desahogo del requerimiento formulado al promovente en auto de ocho de septiembre del presente año, se advierte que el promovente ZOTERO MÉNDEZ MARTÍNEZ, estampó su firma en dicha diligencia, y una vez que se le hizo de conocimiento lo establecido por el artículo 261, fracción I de la Ley de Amparo, bajo protesta de decir verdad la reconoció como propia. Por lo que al efecto se provee: Vista de nueva cuenta la demanda de amparo promovida por ZOTERO MÉNDEZ MARTÍNEZ, así como el escrito de desahogo de la prevención formulada en auto inicial y la firma plasmada en la diligencia de cuenta, se pretendió cumplir con la prevención formulada en auto inicial. Sin embargo, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito está obligado a examinar la demanda y si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharse de plano. En efecto, el citado numeral establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del citado precepto legal, se advierte que el juez de distrito debe desechar la demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; lo que se traduce en un obstáculo para que el órgano de control pueda pronunciarse sobre la regularidad del acto que se reclama, conforme a los parámetros de legalidad, constitucionalidad, o convencionalidad que resulten aplicables. Cabe precisar que, por "manifiesto", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia que cumpla con las características señaladas en el párrafo anterior, es aquél que está plenamente demostrado. Además, se debe tener la certeza y plena convicción de que la causal que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que, aún en el supuesto de admitirse y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. En ese entendido, del análisis integral del ocurso inicial, del aclaratorio y de la diligencia de veintidós de abril de dos mil veintidós, se advierte que en el presente asunto SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA CONTENIDA EN LOS ARTÍCULOS 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 6°, AMBOS DE LA LEY DE LA MATERIA Y 107, FRACCIÓN I CONSTITUCIONAL, YA QUE EL JUICIO DE AMPARO DEBE SEGUIRSE A INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA, los que disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6.- El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o cualquier persona en los casos previstos en esta ley. Cuanto el acto reclamado derive de un procedimiento penal podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita.". "Artículo 107, fracción I. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)". En el caso, el juicio de amparo resulta improcedente porque la firma que calza la demanda de amparo y el escrito aclaratorio, difieren notablemente entre sí y respecto de la firma estampada por el p, romovente en la diligencia de trece de septiembre del actual, que bajo protesta de decir verdad Zotero Méndez Martínez reconoció como propia, lo cual se puede percibir a simple vista sin necesidad de ser perito en la materia. De igual forma, se destaca que en la diligencia en comento, el promovente Zotero Méndez Martínez, ante la presencia de la secretaria judicial adscrita a este Juzgado, que se encuentra investida de fe pública, estampó su firma autógrafa en la diligencia, quien cotejó la firma estampada en la diligencia en comento y que bajo protesta de decir verdad reconoció como propia, lo cual le dota a esa firma como de plena certeza de correspondencia al quejoso. De ahí que sin necesidad de ser experto en la materia se aprecia que la firma de Zotero Méndez Martínez, difiere en todos y cada uno de sus trazos con las firmas plasmadas en el escrito inicial de demanda y escrito aclaratorio presentados a su nombre (inclusive difieren entre sí), tal como se advierte a continuación: Firma plasmada en el escrito de demanda. Firma plasmada en el escrito aclaratorio. Firma plasmada en la diligencia de trece de septiembre del actual. ... Aclarado lo anterior, se advierte que en el caso, la firma de la demanda de amparo, la cual fue presentada en la oficialía de partes de este juzgado el treinta de agosto de dos mil veintidós, difiere notoriamente con la del escrito de desahogo de prevención recibido en el local de este órgano jurisdiccional el siete de septiembre del presente año y con la plasmada en la diligencia de trece de septiembre del presente año, de la que se advierte que Zotero Méndez Martínez. Bajo esa línea de ideas, resulta indispensable precisar que quien acude a un órgano jurisdiccional para accionar una demanda, como en el caso el juicio de amparo, debe suscribir los escritos que promueve, ya que sólo así se acredita su voluntad. Por ello, toda vez que la firma autógrafa del escrito inicial, difiere de la firma que Zotero Méndez Martínez, reconoció como suya en diligencia de trece de septiembre del actual, se concluye que la demanda de amparo y el escrito aclaratorio, no fueron suscritos por Zotero Méndez Martínez, por lo que al no tener la certeza de que dicha persona fue quien suscribió tales documentos y por ende plasmó su voluntad de accionar el juicio de amparo, DEBE DESECHARSE POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, ya que en términos de lo dispuesto por la fracción I, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 6° de la ley reglamentaria, el juicio de amparo, siempre debe promoverse a instancia de parte agraviada y por tanto, el ocurso de demanda deber ser firmado por el interesado o su representante para que quede manifestada su voluntad de instar el juicio constitucional. Por tanto, si bien conforme a la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ... De lo anterior, se tiene que existe facultad del suscrito para oficiosamente ordenar el desahogo de la prueba pericial en grafoscopía; sin embargo, se considera que en el caso, la discrepancia entre las firmas es notoria a simple vista, por lo que se concluye que el escrito de demanda y el aclaratorio, no fueron signados por Zotero Méndez Martínez, puesto que las firmas que lo calzan difieren totalmente entre sí, motivo por el cual, se arriba a tal conclusión. Lo anterior es así, ya que de darle el trámite correspondiente, después de su comparecencia ante el juzgado, sería fomentar la práctica de que cualquier persona, sin ser la interesada, firmara una demanda con el propósito de presentarla oportunamente, para después, en cualquier tiempo subsanar la omisión de voluntad con la ratificación de quien no la suscribió. Ilustra lo anterior, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la página 1391, Tomo IX, marzo de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 194514, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DISCREPANCIA DE LA FIRMA QUE LA CALZA Y LA ESTAMPADA EN LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN DE LA MISMA. La determinación de desechar por notoriamente improcedente la demanda de amparo, cuando existe discrepancia notoria entre la firma que la calza y la de la diligencia de ratificación de la misma, es correcta tomando en consideración que el juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, y por tanto la demanda de amparo debe ser firmada por el interesado o por su representante para que quede de manifiesto la voluntad de instar el juicio; pues estimar lo contrario, significaría aceptar como válido el proceder de un apoderado que se presenta a ratificar una demanda que no suscribió, con lo que se fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona, sin ser la interesada, firmara una demanda con el propósito de presentarla oportunamente, para después, en cualquier tiempo subsanar la omisión de voluntad con la ratificación de quien no la suscribió." Por tanto, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, resulta notoria e indudable la causa de improcedencia que se menciona respecto de los actos indicados, por lo que SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual se prioriza que el quejoso tenga conocimiento con antelación del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la parte quejosa promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Sin que lo aquí expuesto trascienda a la idoneidad y eficacia del juicio de amparo y de los medios de defensa que en el procedimiento respectivo surgen, pues el acceso de todo gobernado a un recurso efectivo, no implica necesariamente que se le libere de cumplir con los requisitos cuya procedencia, normativamente reglada impone, o se vulnere el principio de instancia de parte agraviada que rige el juicio de amparo, ni que en todo caso, deba emitirse un pronunciamiento sobre la Litis. Es así, porque en la resolución de los juicios para la protección de derechos fundamentales, deben tenerse presentes las particularidades que se implican en la emisión de las sentencias respectivas; esto es, el acatamiento de todas las reglas que definen y delimitan el hacer y modo de actuar de los tribunales federales al ejercer sus funciones propias, de modo que, so pretexto de un nuevo paradigma en la protección de los derechos humanos, el órgano de control no puede separarse de su propio ámbito de competencias, pues sólo dentro de éstas es que puede ejercer el control de legalidad, constitucionalidad y de convencionalidad que le corresponde; siempre que sea viable el instar del gobernado conforme a la normatividad aplicable. Al respecto, son aplicables, en lo conducente, los criterios sustentados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis publicadas en las páginas 530 y 525, respectivamente, del Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, (registros 2002359 y 2005917) de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo". "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental.". En términos de lo que dispone el artículo 1° constitucional, los órganos competentes del Poder Judicial de la Federación para efectuar el control de los actos de autoridad que constitucional y legalmente les corresponde en la instancia respectiva, y a través de esa función tutelar en su máxima expresión los derechos humanos, sólo pueden actuar en el ámbito de sus propias competencias, por lo que no deben apartarse de la regulación propia que el derecho positivo interno (constitucional, legal y jurisprudencial) les impone, y desde ahí, a partir de una competencia reglada, ser operadores jurídicos vigorosos para darle eficacia a esa protección de los derechos fundamentales, pero siempre atendiendo a la forma y términos en que se ha dispuesto el despliegue de sus atribuciones. En ese orden de ideas, partiendo del ámbito de las competencias que corresponden a este juzgador federal, es que se analizó el juicio de amparo, en los términos que se han desarrollado, sin que con ello se pueda atribuir infracción alguna al derecho de acceso a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sin que lo anterior genere perjuicio a Zotero Méndez Martínez, ya que como se precisó en líneas que anteceden, no se tiene la certeza de que plasmó su voluntad para accionar el juicio de amparo, por lo que en su caso, quedan a salvo sus derechos para ejercer dicha acción por propio derecho. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA DEBIDO A QUE NO ACUDIO AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL, NO OBSTANTE EL AVISO QUE SE LE DEJÓ PARA TAL EFECTO. MESA II "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de septiembre de dos mil veintidós. Vista la diligencia de trece de septiembre del presente año, en desahogo del requerimiento formulado al promovente en auto de ocho de septiembre del presente año, se advierte que el promovente ZOTERO MÉNDEZ MARTÍNEZ, estampó su firma en dicha diligencia, y una vez que se le hizo de conocimiento lo establecido por el artículo 261, fracción I de la Ley de Amparo, bajo protesta de decir verdad la reconoció como propia. Por lo que al efecto se provee: Vista de nueva cuenta la demanda de amparo promovida por ZOTERO MÉNDEZ MARTÍNEZ, así como el escrito de desahogo de la prevención formulada en auto inicial y la firma plasmada en la diligencia de cuenta, se pretendió cumplir con la prevención formulada en auto inicial. Sin embargo, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito está obligado a examinar la demanda y si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharse de plano. En efecto, el citado numeral establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del citado precepto legal, se advierte que el juez de distrito debe desechar la demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; lo que se traduce en un obstáculo para que el órgano de control pueda pronunciarse sobre la regularidad del acto que se reclama, conforme a los parámetros de legalidad, constitucionalidad, o convencionalidad que resulten aplicables. Cabe precisar que, por "manifiesto", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia que cumpla con las características señaladas en el párrafo anterior, es aquél que está plenamente demostrado. Además, se debe tener la certeza y plena convicción de que la causal que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que, aún en el supuesto de admitirse y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. En ese entendido, del análisis integral del ocurso inicial, del aclaratorio y de la diligencia de veintidós de abril de dos mil veintidós, se advierte que en el presente asunto SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA CONTENIDA EN LOS ARTÍCULOS 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 6°, AMBOS DE LA LEY DE LA MATERIA Y 107, FRACCIÓN I CONSTITUCIONAL, YA QUE EL JUICIO DE AMPARO DEBE SEGUIRSE A INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA, los que disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6.- El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o cualquier persona en los casos previstos en esta ley. Cuanto el acto reclamado derive de un procedimiento penal podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita.". "Artículo 107, fracción I. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)". En el caso, el juicio de amparo resulta improcedente porque la firma que calza la demanda de amparo y el escrito aclaratorio, difieren notablemente entre sí y respecto de la firma estampada por el p, romovente en la diligencia de trece de septiembre del actual, que bajo protesta de decir verdad Zotero Méndez Martínez reconoció como propia, lo cual se puede percibir a simple vista sin necesidad de ser perito en la materia. De igual forma, se destaca que en la diligencia en comento, el promovente Zotero Méndez Martínez, ante la presencia de la secretaria judicial adscrita a este Juzgado, que se encuentra investida de fe pública, estampó su firma autógrafa en la diligencia, quien cotejó la firma estampada en la diligencia en comento y que bajo protesta de decir verdad reconoció como propia, lo cual le dota a esa firma como de plena certeza de correspondencia al quejoso. De ahí que sin necesidad de ser experto en la materia se aprecia que la firma de Zotero Méndez Martínez, difiere en todos y cada uno de sus trazos con las firmas plasmadas en el escrito inicial de demanda y escrito aclaratorio presentados a su nombre (inclusive difieren entre sí), tal como se advierte a continuación: Firma plasmada en el escrito de demanda. Firma plasmada en el escrito aclaratorio. Firma plasmada en la diligencia de trece de septiembre del actual. ... Aclarado lo anterior, se advierte que en el caso, la firma de la demanda de amparo, la cual fue presentada en la oficialía de partes de este juzgado el treinta de agosto de dos mil veintidós, difiere notoriamente con la del escrito de desahogo de prevención recibido en el local de este órgano jurisdiccional el siete de septiembre del presente año y con la plasmada en la diligencia de trece de septiembre del presente año, de la que se advierte que Zotero Méndez Martínez. Bajo esa línea de ideas, resulta indispensable precisar que quien acude a un órgano jurisdiccional para accionar una demanda, como en el caso el juicio de amparo, debe suscribir los escritos que promueve, ya que sólo así se acredita su voluntad. Por ello, toda vez que la firma autógrafa del escrito inicial, difiere de la firma que Zotero Méndez Martínez, reconoció como suya en diligencia de trece de septiembre del actual, se concluye que la demanda de amparo y el escrito aclaratorio, no fueron suscritos por Zotero Méndez Martínez, por lo que al no tener la certeza de que dicha persona fue quien suscribió tales documentos y por ende plasmó su voluntad de accionar el juicio de amparo, DEBE DESECHARSE POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, ya que en términos de lo dispuesto por la fracción I, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 6° de la ley reglamentaria, el juicio de amparo, siempre debe promoverse a instancia de parte agraviada y por tanto, el ocurso de demanda deber ser firmado por el interesado o su representante para que quede manifestada su voluntad de instar el juicio constitucional. Por tanto, si bien conforme a la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ... De lo anterior, se tiene que existe facultad del suscrito para oficiosamente ordenar el desahogo de la prueba pericial en grafoscopía; sin embargo, se considera que en el caso, la discrepancia entre las firmas es notoria a simple vista, por lo que se concluye que el escrito de demanda y el aclaratorio, no fueron signados por Zotero Méndez Martínez, puesto que las firmas que lo calzan difieren totalmente entre sí, motivo por el cual, se arriba a tal conclusión. Lo anterior es así, ya que de darle el trámite correspondiente, después de su comparecencia ante el juzgado, sería fomentar la práctica de que cualquier persona, sin ser la interesada, firmara una demanda con el propósito de presentarla oportunamente, para después, en cualquier tiempo subsanar la omisión de voluntad con la ratificación de quien no la suscribió. Ilustra lo anterior, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la página 1391, Tomo IX, marzo de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 194514, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DISCREPANCIA DE LA FIRMA QUE LA CALZA Y LA ESTAMPADA EN LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN DE LA MISMA. La determinación de desechar por notoriamente improcedente la demanda de amparo, cuando existe discrepancia notoria entre la firma que la calza y la de la diligencia de ratificación de la misma, es correcta tomando en consideración que el juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, y por tanto la demanda de amparo debe ser firmada por el interesado o por su representante para que quede de manifiesto la voluntad de instar el juicio; pues estimar lo contrario, significaría aceptar como válido el proceder de un apoderado que se presenta a ratificar una demanda que no suscribió, con lo que se fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona, sin ser la interesada, firmara una demanda con el propósito de presentarla oportunamente, para después, en cualquier tiempo subsanar la omisión de voluntad con la ratificación de quien no la suscribió." Por tanto, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, resulta notoria e indudable la causa de improcedencia que se menciona respecto de los actos indicados, por lo que SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual se prioriza que el quejoso tenga conocimiento con antelación del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la parte quejosa promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Sin que lo aquí expuesto trascienda a la idoneidad y eficacia del juicio de amparo y de los medios de defensa que en el procedimiento respectivo surgen, pues el acceso de todo gobernado a un recurso efectivo, no implica necesariamente que se le libere de cumplir con los requisitos cuya procedencia, normativamente reglada impone, o se vulnere el principio de instancia de parte agraviada que rige el juicio de amparo, ni que en todo caso, deba emitirse un pronunciamiento sobre la Litis. Es así, porque en la resolución de los juicios para la protección de derechos fundamentales, deben tenerse presentes las particularidades que se implican en la emisión de las sentencias respectivas; esto es, el acatamiento de todas las reglas que definen y delimitan el hacer y modo de actuar de los tribunales federales al ejercer sus funciones propias, de modo que, so pretexto de un nuevo paradigma en la protección de los derechos humanos, el órgano de control no puede separarse de su propio ámbito de competencias, pues sólo dentro de éstas es que puede ejercer el control de legalidad, constitucionalidad y de convencionalidad que le corresponde; siempre que sea viable el instar del gobernado conforme a la normatividad aplicable. Al respecto, son aplicables, en lo conducente, los criterios sustentados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis publicadas en las páginas 530 y 525, respectivamente, del Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, (registros 2002359 y 2005917) de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo". "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental.". En términos de lo que dispone el artículo 1° constitucional, los órganos competentes del Poder Judicial de la Federación para efectuar el control de los actos de autoridad que constitucional y legalmente les corresponde en la instancia respectiva, y a través de esa función tutelar en su máxima expresión los derechos humanos, sólo pueden actuar en el ámbito de sus propias competencias, por lo que no deben apartarse de la regulación propia que el derecho positivo interno (constitucional, legal y jurisprudencial) les impone, y desde ahí, a partir de una competencia reglada, ser operadores jurídicos vigorosos para darle eficacia a esa protección de los derechos fundamentales, pero siempre atendiendo a la forma y términos en que se ha dispuesto el despliegue de sus atribuciones. En ese orden de ideas, partiendo del ámbito de las competencias que corresponden a este juzgador federal, es que se analizó el juicio de amparo, en los términos que se han desarrollado, sin que con ello se pueda atribuir infracción alguna al derecho de acceso a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sin que lo anterior genere perjuicio a Zotero Méndez Martínez, ya que como se precisó en líneas que anteceden, no se tiene la certeza de que plasmó su voluntad para accionar el juicio de amparo, por lo que en su caso, quedan a salvo sus derechos para ejercer dicha acción por propio derecho. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
MESA II "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de Zotero Méndez Martínez, mediante el cual pretende cumplir con la prevención que le fue realizada en proveído de treinta y uno de agosto del actual. Sin embargo, se advierte que la firma plasmada en el ocurso antes mencionado, difiere notoriamente con la diversa que obra en la demanda de amparo origen de este juicio, tal y como se advierte en el siguiente recuadro: Demanda de amparo. Escrito aclaratorio En consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de este último ordenamiento, requiérase a la promovente para que a las doce horas del trece de septiembre del presente año, comparezca debidamente identificado con documento vigente al despacho de este Juzgado Federal; y en diligencia relativa, bajo protesta de decir verdad, manifieste si reconoce como suya la firma estampada en el escrito, y en su caso la ratifique. Apercibida de no comparecer en los términos indicados, el citado escrito se agregar a los autos únicamente para que obre como corresponda. Por tanto, se comisiona al actuario adscrito, para que en el acto de la notificación personal a la promovente, haga entrega del código QR relativo a la cita programada, el cual deberá traer consigo a la cita programada. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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